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Suspensiones en casos de homicidio y secuestro ponen bajo escrutinio a juzgado de Tijuana

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Los efectos de distintos amparos en procesos por homicidio calificado y secuestro han puesto bajo la lupa la actuación de la jueza Cristina Martínez Aguilar, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Tijuana, luego de que algunas suspensiones derivaron en nuevas audiencias sobre prisión preventiva y, en un caso, permitieron que un imputado continuara su proceso en libertad.

El portal Animal Político dio a conocer una serie de expedientes que han generado cuestionamientos entre abogados y operadores del sistema de justicia de Baja California. Entre los casos aparecen los amparos 792/2026 y 852/2026, promovidos en favor de una misma persona y relacionados con procesos por homicidio calificado.

Ambos expedientes registraron sus principales actuaciones entre agosto y septiembre de 2026. En el amparo 792/2026, una suspensión provisional derivó en la revisión de la prisión preventiva impuesta dentro del proceso penal. En el 852/2026, después de concederse la suspensión se celebró una nueva audiencia en la que fue sustituida la medida cautelar, por lo que el imputado pudo continuar el procedimiento en libertad.

La atención sobre el juzgado no se limita a estos dos casos. Animal Político también refiere los incidentes de suspensión 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V, vinculados con investigaciones por homicidio calificado. Uno de estos asuntos trascendió el ámbito judicial después de que la madre de una víctima expuso la situación ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias.

Los cuestionamientos alcanzan además un proceso por secuestro. En el amparo 846/2026-I, relacionado con la causa penal 1065/2023, la representación ministerial presentó un recurso de queja contra la determinación del juzgado, al considerar que sus efectos incidían sobre la medida cautelar impuesta al procesado.

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Otro de los puntos planteados por litigantes tiene que ver con la participación de las distintas partes en los juicios de amparo. Según lo publicado por el portal, en algunos procedimientos podrían no haber sido llamados todos aquellos con interés jurídico en las consecuencias de las suspensiones, entre ellos representantes de las víctimas y autoridades ministeriales.

A estos casos se suman señalamientos sobre la posible existencia de intermediarios relacionados con personal del juzgado, a quienes se atribuyen gestiones para obtener resoluciones favorables. También se menciona que algunas quejas sobre la actuación del órgano jurisdiccional habrían sido presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial y permanecerían pendientes de resolución. Hasta ahora, se trata de señalamientos que deberán ser acreditados y analizados por las instancias correspondientes.

La coincidencia de distintos expedientes en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito ha llevado a abogados de Baja California a pedir que se revisen aspectos como el turno de los asuntos, los criterios empleados para conceder las suspensiones y sus efectos sobre las medidas cautelares previamente dictadas por jueces de control.

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Asesinan a Jonathan Prieto, músico del grupo Dezzendente, en Salamanca, Guanajuato

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Un músico fue asesinado a balazos este jueves en Salamanca, Guanajuato. La víctima fue identificada como Jonathan Prieto, integrante del grupo Dezzendente, una agrupación musical local del regional mexicano.

El joven músico fue acribillado a balazos mientras desempeñaba sus labores como ayudante en un puesto de tacos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque armado se registró minutos antes de las 10:00 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, cuando el músico se encontraba en el puesto de tacos ubicado sobre la calle Cazadora, muy cerca de la avenida Faja de Oro.

Hombres armados irrumpieron en el negocio de tacos y dispararon de manera directa contra la víctima para enseguida escapar con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el trabajador del puesto de tacos asesinado fue identificado como Jonathan Prieto, integrante de la agrupación musical Dezzendente.

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Investigan a constructora con presencia en México por presunta corrupción en España

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La constructora española Azvi, vinculada con proyectos ferroviarios en México como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, forma parte de una investigación de la Guardia Civil por presuntas comisiones ilegales en contratos de obra pública. La compañía tiene operaciones en el país mediante Construcciones Urales y fue requerida por las autoridades españolas, que también solicitaron documentación a Adif, organismo encargado de administrar la infraestructura ferroviaria.

La investigación busca esclarecer posibles pagos a cambio de adjudicaciones gubernamentales y determinar si parte de esos recursos se utilizó para adquirir propiedades a nombre de personas cercanas a José Luis Ábalos, exministro de Transportes de España. En el expediente también aparece Koldo García, antiguo asesor del exfuncionario, ambos señalados por su posible participación en la red de comisiones.

Uno de los movimientos financieros bajo revisión corresponde a una operación inmobiliaria realizada en abril de 2024 por Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. La mujer compró un local acondicionado como vivienda tipo loft y una plaza de estacionamiento en el distrito de Vallecas, Madrid, por un total de 125 mil euros. Los investigadores buscan determinar si el dinero utilizado para cubrir la operación tuvo relación con los presuntos pagos ilegales vinculados con contratos ferroviarios.

De acuerdo con información publicada por El País y El Confidencial, De la Torre tenía entonces 25 años y pagó 7 mil 500 euros mediante transferencia bancaria, mientras que los 117 mil 500 euros restantes los cubrió con un solo cheque. La compra no requirió un crédito hipotecario y llamó la atención de los investigadores porque no habían identificado ingresos que justificaran el origen de los recursos.

Las autoridades también revisan conversaciones de WhatsApp entre Ábalos y García, incluidas en un informe policial de marzo de 2025. En esos mensajes, el exministro solicitó a su antiguo asesor realizar gestiones ante instituciones bancarias para conseguir un préstamo de 130 mil euros destinado a su pareja. Además, las diligencias contemplan posibles transferencias de dinero a las cuentas de De la Torre.

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Como parte de las actuaciones, el jueves 5 de noviembre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la vivienda del exministro en Valencia y detuvieron a su pareja, quien posteriormente quedó en libertad a la espera de una posible citación judicial. El operativo incluyó otras cinco detenciones, entre ellas la de Cristian Corvillo, militante socialista que trasladó en su vehículo a Pedro Sánchez durante algunos recorridos de las elecciones internas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2017. Las seis personas recuperaron su libertad.

En paralelo, los investigadores solicitaron documentación a Grupo Azvi, con sede en Sevilla, y a Adif para revisar posibles irregularidades en contratos de infraestructura. El expediente contempla posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Hasta ahora, la constructora informó que colaboró con las autoridades mediante la entrega de documentos y expresó su confianza en que las diligencias permitan acreditar la legalidad de sus actuaciones.

La participación de Azvi en proyectos ferroviarios mexicanos corresponde a sus operaciones mediante Construcciones Urales, empresa que ha intervenido en obras del Tren Maya y del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La investigación en España se concentra en posibles comisiones relacionadas con contratos públicos y en el rastreo de recursos, por lo que las diligencias buscan establecer si existió alguna relación entre las adjudicaciones investigadas y las operaciones financieras bajo revisión.

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CAAAREM busca prevenir fraudes en importaciones con apoyo de agentes aduanales

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La revisión de mercancías y documentos comerciales entre México y Estados Unidos abrió una nueva oportunidad de colaboración para los agentes aduanales. La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) ofreció a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) la capacidad técnica de las 38 asociaciones que la integran para mejorar la detección de irregularidades en las operaciones de importación y exportación.

El ofrecimiento se produjo tras Operation Trade Bridge, un operativo conjunto de la ANAM y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que se desarrolló del 19 al 23 de octubre de 2026 en la frontera de Otay Mesa. Las autoridades concentraron las inspecciones en envíos de productos electrónicos y textiles de alto valor, con el propósito de identificar posibles incumplimientos en las operaciones comerciales.

El informe de la CBP reportó que durante esos cinco días se inspeccionó el 80% de los envíos objetivo. Entre las inconsistencias detectadas figuran diferencias en los valores declarados, las fracciones arancelarias, las descripciones y cantidades de los productos, además de información sobre su país de origen. Algunos de los expedientes todavía requieren verificaciones adicionales.

Para la CAAAREM, estos hallazgos muestran la importancia de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y revisión documental entre ambos países. Por ello, manifestó su respaldo a las acciones contra la subvaluación, la triangulación de mercancías y el uso indebido de las preferencias arancelarias previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prácticas que afectan el comercio legal y la recaudación.

La Confederación también propuso aprovechar la intervención de los agentes aduanales en la integración de los pedimentos, documentos que concentran información sobre las mercancías y sirven como referencia para las revisiones de las autoridades. Su participación en la captura y validación de estos datos, señaló el organismo, puede contribuir a mejorar la precisión de los registros comerciales.

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Al respecto, el presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, planteó que el sector participe de manera más activa en las estrategias de cumplimiento aduanero. “Los Agentes Aduanales somos quienes capturamos y validamos esa información, y estamos listos para ser parte activa de la solución“, afirmó.

La CBP informó que Operation Trade Bridge también permitió fortalecer el intercambio de datos en tiempo real mediante la comparación de registros de exportación, documentación comercial e información aduanera. Como parte del seguimiento, las autoridades mexicanas y estadounidenses prevén ampliar sus canales de comunicación y continuar con las investigaciones que involucren a fabricantes, importadores y exportadores, así como la verificación del origen de los productos.

Ante este proceso, la CAAAREM reiteró su política de cero tolerancia a las malas prácticas y puso a disposición de la ANAM la experiencia de sus asociaciones para mejorar la calidad de la información declarada, verificar el origen de las mercancías y anticipar riesgos en las operaciones de comercio exterior.

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