Este martes 6 de octubre se reportó la muerte de la periodista Melina Morquecho, una de las promotoras de la cultura más reconocidas en el país. Las autoridades revelaron la posible causa del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades estatales, el cuerpo de Melina López Muñoz —nombre completo de la comunicadora—, se localizó en la plata alta de su casa ubicada en el municipio de Poza Rica, Veracruz, tras recibir un reporte.

Aunque las autoridades no revelaron quién encontró a la periodista en estado inconscientes, sí se enfatizó en que de manera inmediata elementos de la Policía Ministerial se dirigieron al inmueble ubicado en colonia Santa Emilia donde ya había policías estatales y paramédicos que determinaron que Morquecho ya no contaba con signos vitales.

Peritos adscritos a la Fiscalía Regional de Tuxpan acordaron la zona, al tiempo que procedieron con el levantamiento del cuerpo para así iniciar con las investigaciones.

De manera inicial se reportó que la periodista murió a consecuencia de asfixia por sofocación accidental, descartando la localización de huellas de violencia o algún otro indicio que señalara los hechos como un posible homicidio.

A pesar de lo anterior, se informó que se mantendrían las investigaciones correspondientes a modo de confirmar que se trató de un accidente doméstico.

Melina Morquecho trascendió por dedicar más de dos décadas al periodismo cultural en diversos menos escritos.

Aunque se le considera como una comunicadora debido a que contaba con una especialidad en periodismo narrativo, trascendió que contaba con una licenciatura en Economía.

La periodista es reconocida además por su lucha por los derechos de las mujeres y por dar cobertura a diversos temas sociales y de historia local.

Diversos colegas lamentaron los hechos resaltando también su labor como poeta y escritora, ramas donde abordó la perspectiva de género.

Irma Santander / CDP NOTICIAS

Autoridades educativas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 85 de Coatzacoalcos, detectaron un brote de piojos y liendres en un grupo, por lo que el Comité de Salud implementó filtros de revisión en la entrada del plantel para evitar una propagación masiva.

La directora de la institución educativa, Claudia López Mendoza, explicó que estas acciones buscan garantizar la seguridad tanto del alumnado como del personal docente, administrativo y de los padres de familia visitantes.

“Se detectó que en uno de nuestros grupos había un brote y para evitar más contagios se le pide a la población del CBTIS 85 que tome sus medidas”, detalló la directiva.

Para ingresar a las instalaciones, las autoridades endurecieron los protocolos de control en la entrada principal. Personal de servicios escolares y orientación educativa supervisa el cumplimiento de los lineamientos sanitarios y realiza la observación de mochilas.

“A los padres de familia se les pide el apoyo, primero a las señoritas traer el  cabello amarrado para evitar el contagio y a los jóvenes que traigan el corte escolar lo más bajo que puedan y pues revisión en casa para evitar un contagio masivo entre todos los muchachos”, puntualizó López Mendoza.

Asimismo, el Comité de Salud exhortó a evitar compartir artículos personales como gorras, peines o broches, además de sugerir el uso preventivo de repelente especializado.

Estas medidas forman parte de un esquema permanente de prevención orientado a evitar la deserción escolar y brindar asesorías a los estudiantes que lo requieran.

REFUERZAN FILTROS POR INCREMENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

Paralelamente al problema de pediculosis, el plantel educativo enfrenta un repunte de enfermedades respiratorias que afecta a maestros, administrativos y alumnos, situación que ha generado la emisión constante de justificantes médicos por cuadros de tos, temperatura y gripa.

Derivado de esta situación y con fundamento en los acuerdos del Comité de Salud, la dirección general dio  un aviso oficial dirigido a la comunidad escolar.

“Derivado del aumento de casos de enfermedades respiratorias, se recomienda a la población escolar (estudiantes, docentes, administrativos, y padres de familia que ingresen al plantel) el uso obligatorio de cubrebocas, del 6 al 16 de octubre con la finalidad de disminuir los contagios, así como portar gel antibacterial de uso personal y lavado frecuente de manos”, detalla el comunicado oficial del comité.

La directora recalcó que el objetivo central de las  medidas temporales es reducir los contagios durante las semanas previas a los periodos de evaluación y recuperación, garantizando que los jóvenes permanezcan en las aulas y no interrumpan su preparación académica.

Comunicado/ CDP noticias

El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen de decreto que adiciona un Capítulo VI, denominado Cohabitación Forzada, y el artículo 190 Octodecies al Título V Bis del Libro Segundo del Código Penal, para imponer de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años.

Esta reforma, aprobada con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 21 de mayo por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.

De acuerdo con lo aprobado, se crea el Capítulo VI Cohabitación Forzada y se establece en el Artículo 190 Octodecies que comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a sostener una unión informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, instancias dictaminadoras, coinciden con el promovente en relación con atender la cohabitación forzada mediante una disposición penal específica, toda vez que la imposición de una vida de pareja puede comprometer la libertad, la continuidad educativa, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, se considera pertinente la propuesta de reconocer y sancionar esta conducta dentro del Título relativo a los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.

De igual forma, el dictamen destaca que legislación de protección a niñas, niños y adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y prevé medidas frente a las prácticas nocivas con fines de unión formal, informal o consuetudinaria, “la iniciativa contribuye a esa protección desde el ámbito penal, sin sustituir las acciones de prevención, atención y restitución de derechos que corresponden a las autoridades”.

Voz de las fuerzas políticas

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Liud Herrera Félix precisó que este dictamen atiende una realidad que no puede seguirse permitiendo, “que niñas, niños y adolescentes sean obligados, inducidos o sometidos a vivir en una unión como si se tratara de un matrimonio, aun cuando no exista un vínculo jurídico formal”.

Agregó que esta reforma no se limita a incorporar un nuevo delito al Código Penal, sino que busca cerrar una puerta que permitía que una práctica prohibida continuara ocurriendo bajo otra forma, dejando establecido con absoluta claridad que ninguna condición social, circunstancia personal o decisión de terceros puede estar por encima del interés superior de la niñez y de la obligación del Estado de proteger plenamente sus derechos.

La diputada Roxana Barragán Hernández informó que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vota a favor del dictamen, para que en Veracruz ninguna niña, niño o adolescente tenga que vivir una unión que alguien más decidió por ellos. Añadió que para quien vivió una unión así, debe brindarse el apoyo psicológico que necesite y el acompañamiento para continuar sus estudios y decidir sobre su futuro, “debe recibirse sin que se le culpe por lo ocurrido, con respeto a su privacidad y a lo que tiene que decir”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que esta normatividad aprobada representa una deuda pendiente con la niñez veracruzana y que la protección de las niñas, niños y adolescentes es una obligación de las y los legisladores. De igual forma, se pronunció porque los sistemas DIF estatal y municipales vigilen el cumplimiento de esta reforma.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García consideró que esta modificación fortalece las herramientas para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que todavía persisten y que muchas veces permanecen ocultas dentro de los hogares o de las propias comunidades. Agregó que la aplicación de este nuevo delito deberá hacerse con responsabilidad y con criterios claros, para que conceptos como unión informal, convivencia constante o vida equiparable al matrimonio sean interpretados atendiendo siempre el interés superior de la niñez.

La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su voto a favor e indicó que esta reforma busca combatir las prácticas ancestrales que deberían erradicarse por el bien de las propias comunidades, “esta modificación es una contribución para proteger a la niñez y que nuestra Constitución privilegia como un bien mayor de la sociedad”.