Una joven de 18 años murió en Baja California Sur tras caer de un juego mecánico conocido como El Péndulo, durante las Fiestas de Fundación de Cabo San Lucas la noche del 20 de octubre, hechos que ya investigan las autoridades.

Barra de seguridad se levantó en funcionamiento y la joven cayó del asiento

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento de la tragedia. Con el juego en funcionamiento, la barra de seguridad que cubre hombros y torso se levantó, provocando que la joven resbalara del asiento y cayera.

🚨 TRAGEDY IN MEXICO: 18-YEAR-OLD WOMAN DIES AFTER FALLING FROM AMUSEMENT PARK RIDE

A fun-filled festival in Cabo San Lucas, Mexico, turned into a tragedy after 18-year-old Gabriela Rodríguez Tezoco died following a fall from a thrill ride known as “El Péndulo,” also called the Loop Fighter. The accident happened on the night of October 20, 2026, during the traditional Cabo San Lucas festivities. Videos recorded by people at the fair reportedly captured the terrifying moments when Gabriela fell from the ride while it was moving. Initial reports indicate that her shoulder-and-torso safety restraint appeared to rise, but investigators have not yet determined exactly what caused the accident.

Emergency personnel rushed to help Gabriela, and she was transported by ambulance for medical treatment. Sadly, she later died from her injuries. Following the incident, authorities suspended the ride and ordered safety inspections of the other attractions at the festival. An investigation is underway to determine whether a mechanical failure, a problem with the restraint system, or another factor contributed to the tragedy. The incident has raised serious questions about amusement ride safety as Gabriela’s family, friends, and community mourn her loss.

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— Mighty News (@Mighty__News) October 23, 2026

El Péndulo siguió en funcionamiento varios segundos más, hasta que un encargado lo detuvo y servicios de emergencia se movilizaron. La víctima fue trasladada a un hospital, donde murió al recibir atención médica.

PGJE abre carpeta de investigación y asegura el juego mecánico

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Asimismo, se realizó el aseguramiento precautorio del juego y la zona del siniestro para los dictámenes que determinarán las causas probables de la caída de la joven, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad requeridos para la operación del mismo.

Con la garantía de que las actividades electorales seguirán desarrollándose con normalidad, Guadalupe Taddei Zavala pidió que los señalamientos recientes sobre su gestión sean atendidos por los cauces institucionales. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) fijó esta postura este jueves, durante la sesión extraordinaria del Consejo General, y aseguró: “El INE está de pie, está trabajando y está fuerte, y así llegará a las elecciones, cumpliendo su deber con México”.

Respecto a las dudas sobre el manejo de recursos públicos, Taddei dijo confiar en que el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevarán a cabo las revisiones correspondientes y determinarán si hubo alguna irregularidad. Aseguró que proporcionará la información requerida y recordó que el organismo mantiene mecanismos permanentes de fiscalización.

La consejera presidenta sostuvo que el Instituto no dejará de cumplir sus obligaciones por las críticas recibidas. “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques, tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, afirmó, al tiempo que llamó a los actores políticos a presentar sus diferencias por las vías legales y evitar que la autoridad electoral sea colocada como contrincante.

Taddei también señaló que es necesario diferenciar las críticas legítimas de las afirmaciones sin pruebas suficientes que pueden afectar la confianza de la ciudadanía. “La crítica es legítima, la fiscalización es necesaria, nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público”, expresó. En ese contexto, invitó a quienes han formulado cuestionamientos a conocer las labores de las juntas locales y distritales y los procedimientos administrativos que sustentan el trabajo electoral.

Mientras avanzan las revisiones, indicó, el personal del INE sigue con la actualización del padrón electoral, la preparación de casillas y la elaboración de acuerdos rumbo a los próximos comicios.

El consejero electoral Jorge Montaño Ventura se pronunció a favor de que los señalamientos se sometan a revisión institucional y resaltó que la Presidencia está dispuesta a participar en los procedimientos. Añadió que las empresas proveedoras mencionadas en las críticas concurren a licitaciones desde 2019, antes de que Taddei asumiera el cargo en abril de 2023.

También recordó que el Instituto dio a conocer recientemente un micrositio de transparencia dedicado a las licitaciones, diseñado para facilitar la consulta de información sobre contrataciones. Montaño Ventura pidió a las autoridades fiscalizadoras actuar sin presiones y llamó a mantener la responsabilidad en el debate público.

En las intervenciones posteriores, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano, y Carlos Guillermo Díaz Robles, representante de Morena, coincidieron en que las acusaciones deben resolverse conforme a la ley y sin emitir juicios anticipados. Zavala Gutiérrez pidió revisar exhaustivamente a los integrantes del Consejo General, mientras Díaz Robles cuestionó que se soliciten renuncias antes de que las autoridades determinen si existen responsabilidades.

Al cierre, las intervenciones convergieron en que las instancias competentes deben revisar los señalamientos y establecer si hay responsabilidades. Taddei reiteró que las actividades electorales seguirán adelante mientras se desarrollan los procedimientos, a fin de que las revisiones permitan despejar dudas sobre el uso de recursos públicos.

El caso de Richard Halliday, militar estadounidense desaparecido en Ciudad Juárez y posteriormente declarado muerto por autoridades de Estados Unidos, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante una denuncia que incluye señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la familia del soldado presentó la denuncia el 27 de mayo de 2026 y acusó a Campos de mentir respecto a su conocimiento sobre la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua. También señaló al fiscal Carlos Manuel Salas por una presunta intervención en el expediente estatal relacionado con la desaparición.

La denuncia quedó incorporada al expediente federal relacionado con el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno y el fiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo. Los señalamientos deberán ser revisados por las autoridades federales para determinar si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que cuenta con la carpeta de investigación 37-2020-0031343, abierta el 2 de octubre de 2020, luego de que Robert Halliday, padre del militar, denunciara su desaparición en Ciudad Juárez.

La dependencia estatal explicó que cerró la investigación el 11 de abril de 2023 después de recibir un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento registró un cruce vehicular hacia México el 28 de marzo de 2020 y un retorno a El Paso, Texas, pocos minutos después, sin posteriores registros de ingreso al país.

La FGE indicó que el Ejército estadounidense cambió el 24 de abril de 2024 el estatus de Halliday de desaparecido a fallecido y estableció el 23 de julio de 2020 como fecha de su muerte. El informe no precisó el modo ni la causa del fallecimiento y los restos del militar no fueron localizados.

El caso tuvo una actualización posterior. El 24 de enero de 2025, el Departamento del Ejército de Estados Unidos reclasificó oficialmente la muerte de Halliday bajo el estatus de deceso “en acto de servicio” en México.

En la denuncia ante la FGR, los familiares sostienen que existió una presunta manipulación de las actuaciones ministeriales iniciadas en Ciudad Juárez y responsabilizan directamente a Maru Campos y a Carlos Manuel Salas.

La fiscalía de Chihuahua sostuvo que sus archivos corresponden a la investigación iniciada en 2020 y que cualquier denuncia presentada ante la FGR debe ser atendida por la autoridad federal. También rechazó que Halliday hubiera participado en el operativo realizado en El Pinal durante 2026.

La información que dio origen al pronunciamiento de la FGE no señaló que el militar hubiera participado físicamente en ese operativo. El punto central corresponde a la denuncia de la familia ante la FGR y a los señalamientos sobre el manejo del expediente estatal relacionado con su desaparición.