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Crimen organizado usa estrategias de guerra en Chiapas

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Denuncian defensores de derechos humanos

Obligada a cavar trincheras, montar retenes, entregar sus bienes, mostrar sus teléfonos, sus mensajes, callar, pedir permiso hasta para oficiar un servicio religioso, hacerla de servidumbre, o ser abusada sexualmente, así vive la población de las zonas sierra-fronterizas de Chiapas.

Las personas están atrapadas en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, documentó una red de organizaciones de la sociedad civil.

En un informe difundido este martes, las defensoras señalaron que los grupos criminales utilizan estrategias y mecanismos que, de acuerdo al marco legal del Derecho Internacional Humanitario, tiene las características de un Conflicto Armado No Internacional.

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El documento está firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Resaltan que la situación en la que viven más de medio millón de habitantes de al menos 12 municipios chiapanecos se agrava porque los hechos han sido negados reiteradamente por el gobierno mexicano, en particular por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

El informe titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, detalla que los grupos del crimen organizado operan a pesar de que las fuerzas armadas del gobierno mexicano tienen una fuerte presencia en la región.

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Según testimonios de la población afectada, los militares han actuado de manera cómplice u omisa a favor de estos grupos.

El documento desglosa los rasgos de complicidad y consentimiento de las estructuras de gobierno, como militares, la Fiscalía estatal, cuerpos policiacos y funcionarios, a las fuerzas criminales.

“Tal es el grado de inserción, que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, refiere uno de los pobladores que participó en el informe.

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Los organismos humanitarios detallan que el Estado mexicano tiene responsabilidades éticas y jurídicas, y la negativa a proteger a la población civil de los atentados de los grupos armados organizados podría llevarlo a responder ante cortes internacionales.

Por ello, piden a la comunidad internacional realizar una misión de verificación en los municipios afectados, con el propósito de instar a las autoridades mexicanas a asumir sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos humanos en la zona.

El informe también explica que frente a esta situación, a pesar de las amenazas y asesinatos, la población civil ha salido a la calle, ha hecho llamados de auxilio públicos pidiendo la intervención de las autoridades, como la marcha por la paz que se dio en enero de 2023.

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Sin embargo, los organismos humanitarios también reconocen que como estrategias de supervivencia para evitar ser torturados o asesinados, pobladores se han visto obligados a participar en acciones violentas, a servir como vigilantes o sicarios.

Ello, añaden, está provocando la fragmentación de los vínculos comunitarios al desconfiar de los propios vecinos, además de importantes efectos psicosociales, principalmente estrés y paranoia.

Por esta situación, los organismos pidieron nuevamente al gobierno reconocer que en Chiapas se vive una situación de conflicto armado que exige la atención humanitaria hacia la población.

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A la comunidad internacional pidieron realizar una misión de verificación en los municipios afectados por la situación de violencia reportada en el informe, investigar y definir el conflicto como Conflicto Armado No Internacional.

Esto para definir responsabilidades en términos jurídicos nacionales e internacionales, que puedan llevar ha acciones para la desarticulación de la violencia.

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Nacionales

En vivienda, el verdadero Cártel Inmobiliario (II)

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¿Quién es Rodrigo Chávez? Es sociólogo por la UNAM. Fue miembro fundador de la Asamblea de Barrios, en 1987. Diputado local durante la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se debe señalar la relación que tiene con Martí Batres. Durante la gestión de éste como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, fue su asesor. Posteriormente, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, el ahora titular del ISSSTE solicitó licencia y su lugar lo ocupó el titular de Conavi.

En 2018, fue nombrado coordinador ejecutivo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

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En enero de este año, el entonces diputado por el PAN, Luis Chávez, integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, dijo que había recibido a varios integrantes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), quienes denunciaron que dirigentes como Alejandro López Villanueva, lucran con la vivienda con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Invi.

Al respecto, el entonces diputado federal, Jorge Triana, aseguró que López Villanueva había acumulado denuncias por actuar de manera ilegal en el tema de la vivienda en la Ciudad de México, principalmente en Tláhuac, bajo la protección de Batres.

Entre las organizaciones que han sido beneficiadas por el Invi está la Unión Popular Benita Galeana, la cual fue constituida a fines de los 90 con el apoyo de Batres y actualmente es dirigida por Víctor Hugo Espinoza Rodríguez, un personaje cercano al director general del ISSSTE.

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Se ha denunciado que los miembros de la Unión Popular “Benita Galeana” despojan o engañan a los dueños de los predios, los invaden y luego se los otorgan al Invi para la construcción de vivienda popular, para ellos.

En enero de este año, un grupo de personas encabezado por Víctor Hugo Espinosa Rodríguez, trató de invadir un predio localizado en la calle de Kramer, número 79, colonia Atlántida, en la alcaldía Coyoacán, pero los vecinos solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varios elementos policiacos lo impidieron.

Ahora, como director del ISSSTE, Martí manejará el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Conavi con Ricardo Chávez, y la nueva Secretaría de Vivienda con su aliado Inti Muñoz y Guadalupe Chávez Contreras –hermana de Rodrigo–, quien será la coordinadora general de Unidades Habitacionales.

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Por lo pronto, Lorena García, coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (AMOR), ha denunciado el nulo avance de sus gestiones y la limitación de los recursos para las obras que ya tenían en desarrollo en: Eje Central Lázaro Cárdenas 53, tramo Santa María la Redonda, colonia Centro; Durango 119, colonia Roma Norte; y Allende 48, colonia Centro.

La dirigente social ha señalado que la alcaldía Cuauhtémoc, donde están esos predios, se ha convertido en el principal destino de los “nómadas digitales” por lo cual se ha incrementado el valor de la tierra en la demarcación y “ahora cada predio es un interés económico y político de Chávez Contreras y otros funcionarios, en especial del Invi”.

De acuerdo Lorena García, el titular de Conavi “ha tratado por todos los medios –y más hoy por ser un funcionario federal– de quedarse con los predios de Zacatecas 74, Chihuahua 191, colonia Roma Norte, así como el predio de Comonfort 2 y plaza Comonfort 22, usando convenios de desocupación que le quitaban a los compañeros todo derecho a regresar, este modelo también se repitió en el caso de Zacatecas pues el 14 de febrero de este año también buscaron desalojarlos”.

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La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Noticias En La Mira.

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Hallan seis cuerpos con signos de violencia en la carretera Reynosa-San Fernando

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Seis cuerpos fueron localizados durante la mañana de este viernes en una brecha del kilómetro 56 de la carretera federal 97, en el tramo Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido Plan de Alazán.

Los cadáveres, apilados, maniatados y con aparentes impactos de bala, fueron descubiertos durante un operativo de seguridad realizado por la Guardia Estatal.

Por su parte, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó el hallazgo en sus redes sociales y destacó que las investigaciones ya están en curso.

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Peritos forenses, junto con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), trabajaron en el sitio para levantar evidencias y trasladar los cuerpos.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad o género de las víctimas.

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Escalada de violencia en la región

Cabe destacar, que la última semana estuvo marcada por enfrentamientos en la región fronteriza de Tamaulipas, particularmente en San Fernando, donde la violencia dejó tres policías muertos.

Estos incidentes han afectado la vida cotidiana de los habitantes, generando ausentismo escolar y la suspensión de actividades en algunas instituciones.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, señaló que los enfrentamientos responden a los operativos implementados para recuperar el control de la seguridad en la zona.

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En ese sentido, aseguró que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales y estatales en los puntos críticos.

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Detienen a alcaldesa y mandos de seguridad en Edomex

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Una fuerte movilización se registró en los municipios de Tejupilco, Ixtapaluca, Amanalco, Texcaltitlán, así como en Naucalpan, donde fueron detenidos diversos mandos de seguridad, así como una alcaldesa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se trata del llamado “Operativo Enjambre”, en el que se detuvieron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra funcionarios acusado de facilitar actividades delictivas.

En sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense indicó que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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Entre los detenidos se encuentra la presidenta municipal de Amanalco, María Elena ‘N’, quien es investigada por la presunta comisión de diversos hechos delictivos, por lo que será puesta a disposición de la autoridad judicial.

También se confirmaron las detenciones de Rodolfo ‘N’, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca; Eraclio ‘N’, director de Seguridad de Tejupilco; así como Omar ‘N’, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan.

En medio de este operativo trascendió que el titular de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro ‘N’, fue localizado sin vida al interior de su oficina.

Al respecto, medios locales informaron que se habría quitado la vida para no ser detenido por las autoridades, por lo que al notar la presencia de los uniformados se disparó con un arma de fuego.

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