YANGA FOCO ROJO en inseguridad. Y no es para menos, pues en días recientes un abogado ampliamente conocido y estimado entre la comunidad yanguense fue privado de la vida por personas desconocidas sin que, como es costumbre, la Policía Municipal pudiera siquiera darse una idea de quien o quienes cometieron el crimen. No es para menos, teniendo como jefe máximo a un Johnny Bravo región cuatro, pues a medio año de gobierno, Rafael Aguilar Martínez, está más interesado en que luzca bien el fleco de su cabello, que, en gobernar a su municipio, donde los habitantes se preguntan que, va a hacer ahora el alcalde tras está lamentable perdida. Por lo menos en lo inmediato, todo parece indicar que mantenerse indiferente, pues es bien conocida su costumbre de no asistir a las mesas de seguridad en donde se definen líneas de acción para precisamente, reforzar la vigilancia en los municipios. Lo que sí es un hecho, es que subirse al ladrillo de la presidencia municipal al parecer ya lo mareó, pues antes atendía a todo mundo y ahora, ni de su carro se quiere bajar para saludar a quienes le brindaron su apoyo en campaña o se han acercado para intentar apoyarlo. En Yanga es evidente que ni siquiera hacen falta detractores externos, pues Rafael tiene al enemigo en casa, donde cada equipo avanza en direcciones separadas mientras don Rafa Bravo, se la lleva tranquilo y como dicen los Wapayasos: relajado relajado relajado.

LE QUEDÓ GRANDE el cargo a Angélica Peña Martínez, que, en menos de un año, ya convirtió a Cuitláhuac en cueva de ladrones. En poco más de 5 meses, los robos y ejecuciones incrementaron de manera alarmante y no bastando con eso, las alarmas se encendieron al ser detenido el comandante de la Policía Municipal y cinco de sus elementos, a quienes se acusa del delito de desaparición. A la par, la Fiscalía General de la República les sumó cargos por secuestro y tortura. Así como usted lee, los encargados de garantizar la seguridad de los habitantes, eran los mismos que los desaparecen. Y es que no es lo mismo hacer una aparición fugaz en eventos públicos, tomarse la foto y salir corriendo, o alzar la mano para votar una reforma importante a distancia mientras se encuentra en una fiesta, a gobernar uno de los municipios donde la inseguridad se vive a diario.

BACHES, DE ZENTLA AL MUNDO y es que, ante el anuncio de que se grabarán varias escenas de la película “La Mansión” en este municipio, a la alcaldesa, Miriam Lopez Cid le entró la desesperación y ahora sí, mandó a bachear la carretera que conduce a Corazón de Jesús Piña, donde se filmará la cinta. La falta de tacto y nula capacidad de dialogo, que caracterizan a su administración, género malestar entre los habitantes de la zona, quienes afirman que ni siquiera se les consultó sobre el cierre de la carretera que los afectará durante una semana. Y es que, mientras en Huatusco la gente está emocionada y busca acercarse a los sets de grabación, además que se sienten orgullosos porque las calles de la ciudad quedarán inmortalizadas en una película, en Zentla, los baches serán la carta de presentación del municipio. Mientras tanto, quienes deseen entrar o salir de la zona, tendrán que esperar varias horas para poder pasar, ya que todo parece indicar que la administración municipal no tomó previsiones de rutas alternas o bueno, algo para no perjudicar a la ciudadanía, quien por cierto, se sigue preguntando en donde está la señora presidenta, a quien ahora solo pueden ver en fotografía, porque disponible, ya no está para nadie. Por ahora es todo, hasta la próxima.

Opinión de Raymundo Riva Palacios | El Financiero |

La visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado. No hay detalles sobre la investigación en su contra, pero la pista que se le sigue desde el año pasado es conocida por el gobierno.

El interés en el senador se descubrió aquí en septiembre, cuando, tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual financió ocho campañas para gobernador en 2021 (https://shorturl.at/kX61R).

La información que recibió García Harfuch fue la razón de la insistencia de la presidenta para que aceptara una embajada, que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por López Obrador, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que finalmente renunció a ella en febrero. López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México, que es lo que sugería Rubio que se llevara a cabo, en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses han cuestionado, en sus conversaciones con las mexicanas, la debilidad de las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde fundó la organización criminal La Barredora, que era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. Esa organización se extendió a la frontera con Guatemala con el respaldo del exgobernador de Chiapas y cuñado del senador, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre el cual ya se abrió una investigación paralela.

La confirmación del Departamento de Estado al gobierno mexicano de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción en contra de López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del expresidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente. Los hijos de López Obrador, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente en el contrabando de combustible.

El gobierno estadounidense le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Los dos han negado que la información sobre sus visas que dio a conocer el diario Los Angeles Times fuera cierta. La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales.

La información que se ha enviado desde Washington, por lo que ha trascendido, no se detendrá en esos gobernadores. Sin que se hayan dado a conocer los nombres de quienes están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado, incluye a otro número no precisado de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel de Morena; y aunque predominan los militantes de ese partido, también hay investigaciones contra funcionarios estatales y locales de otros institutos.

La información de la cancelación de la visa de López Hernández coincidió con una serie de acciones en el Capitolio para fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal y ubicar su combate como un asunto de seguridad nacional. El 14 de mayo, el senador republicano, John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional (https://shorturl.at/AP7yN). La iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.

No es el único presunto crimen por el que lo están investigando. Los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que buscó introducir ganado, aparentemente de Nicaragua, que en realidad provenía de Venezuela, y que creó una red criminal que atraviesa Chihuahua, un estado que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, donde respalda con apoyo político y sus financieros, a la senadora Andrea Chávez. La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están a nombre de prestanombres vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador.

El senador ha sido discreto, pero eficaz. Su principal financiero, Fernando Padilla, que inyectó dinero en la precampaña de la senadora Chávez y se ha convertido en el principal fondeador de recursos de Iván Silva, que dirige la empresa consultora Heurística y que es el principal estratega electoral de la presidenta. La relación entre Sheinbaum y López Hernández no es buena, y, al igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue invitado a no asistir al discurso de la presidenta hace dos domingos para celebrar dos años de su victoria en las urnas.

Las investigaciones contra el senador y los tres gobernadores, de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno mexicano, ha provocado que algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas. No se reveló quiénes de los cuatro son los que no pueden utilizar el dinero que tengan en cuentas en aquel país, ni sobre el detalle de las propiedades que asegurarán las autoridades estadounidenses.

López Hernández es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, por su presunto papel de haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México.

Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL