El cierre del casino Winpot en Pachuca, Hidalgo, ha suscitado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés que involucran a funcionarios estatales y empresarios vinculados al sector de los juegos de azar. A pesar de contar con permisos vigentes y resoluciones judiciales que ordenan su reapertura, el establecimiento permanece cerrado, afectando a más de 200 empleados.

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), encabezada por Luis Alberto Mercado Hernández, clausuró el casino el pasado 4 de diciembre bajo el argumento de violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, los operadores del casino aseguran haber cumplido con los requisitos legales, incluyendo áreas exclusivas para fumadores, y obtuvieron amparos para continuar operando.

Desde el sector empresarial y político, se han emitido críticas señalando que el gobernador Julio Menchaca Salazar no ha intervenido para resolver la situación, incluso cuando existen resoluciones judiciales que ordenan levantar la suspensión del casino. Esto ha generado suspicacias sobre posibles intereses detrás de la clausura.

Documentos obtenidos por este medio revelan que el casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro de Winpot, podría haber salido beneficiado tras el cierre de su competidor directo. Este establecimiento es operado por las empresas Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyos accionistas incluyen a Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración del estado de Hidalgo.

Elías Marianno Gil Valdez es hijo de Sergio Jacinto Gil García, principal accionista de Petolof y personaje señalado en investigaciones previas como operador de una red de corrupción vinculada con la Dirección General de Juegos y Sorteos, unidad perteneciente a la Secretaría de Gobernación. En 2022, Gil García fue acusado de exigir “moches” a casineros para evitar sanciones y permitirles operar sin restricciones.

Además, según fuentes documentadas, Gil García abrió un casino en San Jerónimo, lo que generó controversia al contradecir las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no permitiría nuevas salas de apuestas durante su gobierno.

Registros oficiales muestran que otro de los accionistas de Hermes S.A. de C.V. es Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido como “el hombre del pantalón”. Investigaciones de medios nacionales señalan que Martínez Domínguez ha estado implicado en diversas acusaciones de corrupción y fraude.

Entre las denuncias más destacadas se encuentra su participación en la “Estafa Siniestra”, un esquema donde se desviaron recursos públicos a través de empresas fachada. Además, se le ha vinculado a la venta de tabletas de origen chino con sobreprecio a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, operación que presuntamente se realizó sin licitación y mediante adjudicación directa.

Por otro lado, Martínez Domínguez ha sido señalado como operador financiero clave durante el gobierno del exgobernador Omar Fayad, con quien habría colaborado en la adjudicación de contratos directos y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Uno de los casos más emblemáticos es el desarrollo del complejo comercial Vía Dorada, que comparte cercanía con el casino que ahora administra.

Resoluciones judiciales ignoradas

El casino Winpot, con más de 18 años de operación, cuenta con áreas exclusivas para fumadores diseñadas conforme a la normativa. A pesar de esto, fue clausurado bajo el argumento de violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Según los operadores del casino, presentaron un amparo y suspensión que les permite operar sin estar sujetos a estas disposiciones.

El 9 y el 27 de diciembre, un juez federal ordenó levantar los sellos de clausura y permitir la reapertura del casino. No obstante, los operadores señalan que la Copriseh no ha cumplido estas órdenes, lo que mantiene el negocio cerrado y a más de 200 familias sin ingresos.

La falta de acción del gobernador Julio Menchaca Salazar ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia y los principios de legalidad. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial y otros actores políticos han señalado que este caso no solo afecta a los empleados del casino, sino que también pone en duda el manejo de la administración estatal frente a los posibles conflictos de interés que involucran a funcionarios de alto nivel.

Durante la madrugada de este jueves 9 de enero ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en inmediaciones de San Juan del Río, en Querétaro, donde una persona murió y siete más fueron detenidas.

Los hechos ocurrieron cerca de la una de la mañana en Avenida Monterrey, acceso a la comunidad de Cazadero, en los límites con el estado de Hidalgo.

🚨 Enfrentamiento en San Juan del Río, Querétaro

Civiles armados se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional.

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Reportan un presunto agresor muerto, otro herido y siete detenidos. pic.twitter.com/qAE0BfOIZf

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 9, 2025

Se sabe que la agresión ocurrió cuando la Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia en la zona y fueron emboscados por civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta.

El ataque ocurrió un día después de que las autoridades desmantelaran diversos puntos ilegales de venta de combustible, también conocido como huachicol, en San Juan del Río.

Sin embargo, de momento no se ha confirmado si los detenidos formaban parte de un grupo delictivo dedicado al huachicol en Querétaro.

Medios locales informaron que durante el enfrentamiento uno de los civiles armados fue abatido, mientras que siete de los implicados fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La zona donde ocurrió la agresión se encuentra bajo resguardo de elementos federales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que revisará la problemática de los presuntos adeudos de más de 112 millones de pesos que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y sus filiales mantienen con pequeñas y medianas empresas.

Durante su conferencia matutina del 9 de noviembre, la mandataria fue cuestionada por la reportera Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx, sobre la falta de pago a contratistas que participaron en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Debido a su tamaño, (los proveedores) han tenido que recurrir ya a despidos de trabajadores, a préstamos y a endeudarse para sobrepasar la situación, la cual ya es insostenible. Ante esto mi pregunta sería, Fonatur, Comunicaciones y Transportes, o incluso, Sedena, que fueron las que contrataron a ICA y presuntamente tendrían adeudos con ésta ¿podrían tomar cartas en el asunto para que cientos de trabajadores mantengan sus fuentes de ingreso?”, planteó Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx.

El perjuicio es en contra de pequeñas y medianas empresas como ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, Marco Antonio Valdez, Kypcon Ingenieros Civiles y Construcciones Peñascos.

Sheinbaum explicó que los procesos de pago a contratistas en obras públicas suelen ser complejos debido a los trámites administrativos involucrados, como la supervisión y aprobación de estimaciones.

Por su parte, la reportera cuestionó si desde dependencias como la Defensa tomarán acciones para garantizar que la compañía de Guadalupe Phillips y sus filiales cumplan con sus responsabilidades.

Así, aunque Sheinbaum Pardo aseguró desconocer si existían adeudos, se dijo segura de que se atenderá a las afectadas, ya que al cierre fiscal de 2024 fue positivo en términos de pagos a contratistas y que cualquier saldo pendiente responde a procesos administrativos que requieren supervisión y aprobación de estimaciones de obra.

“Hay un procedimiento largo para poder pagar una estimación de obra, eso es importante que se conozca, cuando una empresa contratista hace una obra, para poder cobrar lo que corresponde que hizo, que viene después de la obra que realizó, pues hay estimaciones a veces son paquetes muy grandes que describen claramente qué obra se hizo, hay supervisión de qué esta obra se llevó a cabo, entonces a lo mejor hay estimaciones pendientes que no se han pagado, se tendrían que pagar y seguramente, no conozco que tenga adeudos, pero si tiene adeudos, estoy segura que los van a saldar”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Construcciones Peñascos, KYPCON, Marco Antonio Valdez Gutiérrez e ICAPSA han pedido intervención gubernamental para asegurar el cumplimiento de los pagos, esenciales para su supervivencia en el sector, ya que ni ICA ni filiales como Constructora El Cajón, Hidroeléctrica Yesca, Península Maquinaria y Equipo Pesado, Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados, o Constructora MT de Oaxaca, han respondido a los intentos para conciliar sobre el caso.

De acuerdo con las quejosas, durante su colaboración con ICA y subsidiarias, su proveeduría fue utilizada para la conclusión de proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.