Opinión de José Carreño Figueras | El Heraldo de México |

El debate en torno a jueces politizados, partisanos o ideologizados ocurre en todo el mundo, especialmente en México luego de la elección judicial del domingo, pero se da también en momentos en que se registra un creciente distanciamiento entre el presidente Donald Trump y el Poder Judicial en Estados Unidos.

La sorpresa no está en los choques de Trump con jueces liberales, sino sus cada vez más frecuentes choques con jueces conservadores, incluso muchos que él mismo nombró durante su primer mandato (2016-2020), y que siguen una doctrina literal de aplicación de la letra de la ley sin consideraciones políticas. En el papel Trump, parecería estar en una situación muy favorable: disfruta de una ventaja considerable en los tribunales federales, especialmente la Suprema Corte.

De aquellos, 1,700 en total, nombró ya a 234, pero de los nueve jueces supremos, seis son conservadores, incluso tres designados por él, y tres son considerados como liberales. Trump, sin embargo, parece convencido de que esa situación le permite manejarse con «manga ancha» y prescindir de la supervisión judicial o, simplemente, tener su acuerdo de antemano.

Pero no ha sido así. De acuerdo con Paul Collins, profesor de Estudios Legales y Políticos de la Universidad de Massachussetts-Armherst, «aunque pueda parecer extraño que los jueces nombrados por Trump estén fallando en su contra, en realidad no lo es tanto. En cambio, es un ejemplo de lo que sucede cuando un presidente se extralimita en su autoridad y adopta posturas legales que ni siquiera sus propios jueces designados pueden respaldar». De hecho, parece una conclusión compartida por analistas conservadores, no necesariamente pro-Trump.

Durante su primer régimen, Trump se apoyó en las recomendaciones de la Sociedad Federalista, un grupo de abogados de ideología conservadora, que presenta ahora como empeñada en adelantar por separado sus propias ambiciones y agenda en vez de las posiciones del gobierno.

Pero la agrupación fundada en 1982 ha sido definida como una agrupación «organizada más en torno a un enfoque judicial compartido que a lealtades personales» y renuente a la intimidación. «Es probable que los jueces simpatizantes de la Sociedad Federalista perciban el ataque de Trump como lo que realmente es: un rechazo a la idea de que incluso los jueces afines deberían poder frenarlo, y una promesa de no nombrar más que aduladores sin principios en el futuro», aseguró el analista Andrew Egger, de la publicación conservadora cibernética The Bulwark (El Baluarte).

Trump, sin embargo, ha tenido triunfos significativos, como el apoyo que el año pasado le dio la Suprema Corte al aprobar una redefinición del concepto de inmunidad presidencial que le permitió cubrirse legalmente y escapar a acusaciones sobre su presunta responsabilidad en el motín del seis de enero de 2021. Para Trump no es suficiente ahora que sus decisiones enfrenten rechazo judicial a decisiones sobre universidades, despidos del gobierno federal, deportaciones masivas y tácticas policiales de mano dura.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR     JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

Opinión de Eduardo Gaytán Mendieta | Expansión |

Exactamente dentro de un año el balón rodará en el Mundial de 2026. Una Copa del Mundo histórica, sí, pero no por las razones que en México nos quieren vender. Nos han repetido hasta el hartazgo que seremos la primera nación en organizar tres Mundiales. Lo que no dicen es que esta tercera vez seremos apenas un actor de reparto; no el protagonista, ni siquiera el antagonista. México aparece como comparsa de una jugada maestra de negocios, concebida y ejecutada con precisión quirúrgica por Estados Unidos.

La candidatura “United 2026” fue una estrategia brillante en la que el país de las barras y las estrellas no solo consiguió quedarse con el pastel, sino además hacer que México le ayudara a hornearlo. Y claro, de paso y con gusto compartir algunas migajas. Estados Unidos aprovechó la pasión futbolera de nuestro país, su peso simbólico ante la FIFA y su condición de puente cultural con América Latina para construir una candidatura irrefutable. ¿El resultado? 78 de los 104 partidos se jugarán en suelo estadounidense. Canadá, un país sin tradición futbolera, tendrá 13, y México, el único de los tres con fútbol en las venas, 13 también; dicho sea de paso, ninguno más allá de los octavos de final. Lo repito para que quede claro: ningún partido de cuartos, semifinales y mucho menos la final se jugará en México. La gran fiesta del fútbol pasará por nuestro territorio como un desfile de luces del que apenas veremos el reflejo. Ah, pero claro, tenemos la inauguración; premio de consolación. Realidad brutal para quienes aún creen que México “co-organiza” el Mundial. Esto suena bien en discursos políticos y spots promocionales, pero no resiste un análisis serio. No hay co-organización posible cuando uno pone los estadios, los aficionados y la pasión, y el otro se queda con los negocios, el calendario y la gloria. Estados Unidos no compartirá el Mundial: lo administrará. Cuando de negocio se trata, ellos mandan. Y el negocio es monumental. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo pasará de 64 a 104 partidos, incrementando los ingresos por derechos televisivos, patrocinadores y venta de boletos de forma exponencial. Con la venta de entradas y derechos de transmisión generará más de 7,000 millones de dólares (2.5 veces el PIB de Belice), según estimaciones preliminares. El 75% de esos partidos, con su respectivo valor comercial, se jugarán en nuestro vecino país del norte; lo demás es utilería. Canadá y México son apenas escenografía, piezas necesarias para dar credibilidad a una propuesta que, sin ellos, habría sido (probablemente) rechazada por la FIFA ante las nuevas exigencias geopolíticas de inclusión regional. Y mientras que, ciudades como Nueva York o Los Ángeles se frotan las manos para cada una recibir una derrama cercana a los 500 millones de dólares, en México ya comenzaron las alertas, especialmente con el hospedaje. La Ciudad de México, que recibirá apenas cinco partidos, espera a cinco millones de visitantes; una cifra que rebasa por mucho la capacidad hotelera de 54,000 habitaciones disponibles, (de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México). ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la infraestructura, la movilidad, la seguridad, los servicios para responder a esa demanda? La respuesta, incómoda pero necesaria es: no. México tiene estadios, sí. Tres grandes sedes: el Estadio Azteca, (aún en remodelación y una prohibición de cambio de nombre por parte de la FIFA, por cierto), el BBVA en Monterrey y el Akron en Guadalajara, pero mostró muy poco músculo político y económico para influir en el diseño del torneo, y bajó la voz en la repartición de los partidos clave. No es un Mundial compartido. Es el Mundial estadounidense, con licencia simbólica para que México presuma ser “triple sede histórica”. El resto es marketing. La narrativa triunfalista que desde ya promueven autoridades y medios de comunicación es, en el mejor de los casos, ingenua; en el peor, cínica. Nos vendieron una fiesta que no organizamos. Nos prestaron una etiqueta que no nos pertenece. Y ahora, nos piden que celebremos como si verdaderamente fuéramos protagonistas.

México debe aspirar a mucho más. Si íbamos a compartir la Copa, debimos negociar en serio. Elevar considerablemente el número de partidos, exigir ronda de cuartos y semifinales, garantizar beneficios comerciales tangibles, asegurarnos una porción real del control organizativo. No se hizo. Y hoy, a 12 meses del silbatazo inicial, solo queda la parafernalia. El Mundial de 2026 será un éxito…para Estados Unidos que entendió perfectamente el valor comercial del futbol, y que supo usar a México como palanca emocional para acceder a él. A nosotros nos toca mirar, aplaudir… y pagar la cuenta. El futbol es negocio. Y en este negocio nos tocó ser extras. ______ Nota del editor: Eduardo Gaytán Mendieta (X: @legaytane) es un comunicólogo y estratega en medios de comunicación, CEO y fundador de la agencia E3 Media. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como Imagen Televisión, Televisión Mexiquense y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Columna de opinión por Alan Sayago Ramírez

El pasado 1 de junio, Veracruz vivió una elección que en el papel parecía histórica: se renovaron las 212 alcaldías, por primera vez con periodos de cuatro años, gracias a la reforma electoral y se eligieron cargos del Poder Judicial mediante voto directo. Pero en la práctica, lo que se impuso no fue la democracia, sino el desinterés. No ganó ningún partido: ganó la abstención.

Según cifras del OPLE, apenas el 59.34% del electorado participó en las elecciones municipales. Aunque a primera vista puede parecer una cifra aceptable, el descenso es preocupante: en 2013 votó el 67.2%, en 2017 bajó al 63.4%, en 2021 al 59.9%, y ahora ni siquiera seis de cada diez veracruzanos acudieron a las urnas. Veracruz se está desmovilizando, poco a poco… pero de forma constante.

El fenómeno se sintió en todo el estado. Úrsulo Galván cayó de 62% a 48.3%, Minatitlán se quedó en 47.5%, Sayula de Alemán bajó a 46.7%. Son cifras que duelen, porque detrás de cada punto menos hay miles de personas que decidieron no participar. No es un simple número: es una señal.

Ni siquiera Xalapa, la capital del estado y corazón político de Veracruz, logró destacarse demasiado. En el distrito Xalapa 1 votaron 124,160 personas, es decir, un 64.9%; en Xalapa 2, apenas el 62.99%. Aunque ambos distritos superaron la media estatal, el contraste con municipios como Magdalena, Coetzala y Landero y Coss —donde la participación fue superior al 88%, es alarmante. ¿Qué está pasando?

La respuesta incomoda: la democracia se está vaciando de sentido. No es que la gente no sepa votar, es que siente que ya no sirve. En zonas marcadas por la inseguridad, la pobreza y promesas rotas, la elección se vive como una rutina sin alma. ¿Para qué votar si nada cambia? ¿Para qué ir a las urnas si el resultado no mejora mi calle, mi escuela o mi futuro?

Y el caso del Poder Judicial lo confirmó: una elección inédita, con posibilidad de elegir jueces y magistrados, terminó siendo ignorada por la mayoría. Solo entre el 12.57% y el 13.32% del padrón participó. No hubo campañas de difusión claras ni pedagogía cívica. A muchos les pusieron esa boleta en las manos sin que supieran siquiera qué estaban eligiendo. Un fracaso anunciado.

El politólogo Thomas Patterson, en su libro The Vanishing Voter, explica que la abstención no es apatía: es una enfermedad democrática alimentada por la desconfianza, el hartazgo y la falta de consecuencias visibles tras el voto. Y en Veracruz, esa enfermedad avanza. Porque no hay legitimidad sin participación, y sin legitimidad no hay democracia que aguante.

Lo que pasó el 1 de junio no es una anécdota, es una advertencia. Cuando más de cuatro de cada diez personas deciden no votar —teniendo opciones, viviendo en democracia y enfrentando problemas reales—, el problema no está en la boleta, sino en el vínculo roto entre el pueblo y el poder.

Hoy, más que invitar a votar, toca reconstruir razones para hacerlo. Hablarle claro a quienes tienen entre 12 y 37 años, explicarles que votar no es un favor al sistema, sino un acto de defensa personal. Porque si tú no eliges, alguien más lo hace por ti. Y ese alguien puede no pensar en ti.

Veracruz tiene que escuchar lo que dijeron las urnas vacías. Porque cuando la ciudadanía guarda silencio, lo hace por algo. Y si no reparamos ese silencio, puede convertirse en el principio del fin de nuestra democracia representativa.

Alan Sayago Ramírez.

Delegado de la asociación política Estatal GAMEC, licenciado en Derecho, maestro en política y gestión pública y Doctorante en Derecho.

Redes Sociales: @alansayagor