El proyecto, un distribuidor vial en Villahermosa, se planeó para finalizar antes de 2022 con un costo de 526 millones, pero su construcción siguió hasta 2024 y cerró con un sobrecoste del 20%

“A mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros”, dijo, seguro, el político Adán Augusto López Hernández. Le cuestionaban por los elevados pagos recibidos de privados mientras era servidor público. Lo que no contó es que ser su cliente y amigo también trae beneficios para las empresas. Durante su tiempo como gobernador de Tabasco dio contratos por 592 millones de pesos a una red de compañías que habían usado durante más de una década los servicios de su notaría y la de su hermano Melchor.

Constructora Santandreu, propiedad de su amigo de juventud y cliente Manuel Santandreu, y empresas relacionadas con él, recibieron un total de 477 millones de pesos en cinco licitaciones públicas diferentes de su gran obra como gobernador de Tabasco: el distribuidor vial de Avenida Universidad en Villahermosa. En el único otro grupo que ganó un contrato sustancial—115 millones de pesos— para esta construcción está CM del Golfo, también cliente de los López Hernández. Estas asignaciones resaltan más al ver que, antes de la llegada de su amigo y notario Adán Augusto a la gobernatura de Tabasco y de acuerdo a los registros públicos, Constructora Santandreu llevaba años sin contratos de obra pública estatal relevantes.

Este distribuidor vial nació con la idea de ser el legado que López Hernández para la capital de su Estado. A principios de 2020 se publicó la licitación para la primera etapa del “Paso Vehicular sobre boulevard Adolfo Ruíz Cortines y avenida Universidad” y se aseguró que, en dos años, cuatro etapas y con un costo de 526 millones de pesos, la obra estaría terminada y mejoraría el tráfico en la ciudad. Pero no se inauguró completa hasta 2024, enfrentó críticas de los vecinos por su falta de utilidad y su precio final superó los 670 millones. Es decir, un sobrecoste del 20%. Pese a los retrasos y sobrecostos, además de haber malas prácticas en las adjudicaciones, Constructora Santandreu siguió ganando todos los contratos importantes. Se preguntó al equipo de prensa del senador, pero a cierre de edición no hubo respuesta.

Para su arranque se presentaron 16 propuestas. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco (SOTOP) las desechó todas menos la de Constructora Santandreu y las del grupo de CM del Golfo. Finalmente ganó el concurso Constructora Santandreu con 210 millones de pesos, aunque había dos ofertas más bajas.

Esto se repitió a lo largo de toda la construcción. De 48 propuestas presentadas por otras tantas empresas y grupos para las cuatro primeras licitaciones, las autoridades de Tabasco desecharon todas menos las relacionadas con Santandreu y CM del Golfo. Algunas empresas con experiencia en contratos públicos, como Constructora Gaype o Grupo Industrial Rubio, se presentaron a las tres primeras licitaciones sin lograr ni una sola vez ser calificadas como solventes.

Un documento del Centro Global Anticorrupción en Infraestructura, una red internacional de organizaciones independientes que promueve medidas anticorrupción para el sector de infraestructura, considera sospechosas este tipo de prácticas. “El proceso de precalificación y licitación puede ser corrompido para dar ventaja a los contratistas favoritos”, y cita ejemplos como “rechazar a otros licitadores potenciales que estén debidamente calificados a fin de mejorar las perspectivas del licitador preferido” o “manipular la evaluación de la oferta otorgando puntos injustificados al licitador preferido o deduciendo puntos injustificadamente de los competidores”.

Cuando en agosto de 2020 se licitó la segunda etapa, de las 13 propuestas, otra vez fueron descartadas todas menos Constructora Santandreu y el grupo de CM del Golfo, siendo este último, con 115 millones, el afortunado. CM del Golfo pertenece a José Rubén Ferrer del Río, que ha sido acusado de vender a través de su constructora equipo médico a hospitales de Tabasco durante los años de López Hernández como gobernador. Fue cliente de la notaría 13 de 2005 a 2013. La tercera licitación, de 93 millones, se la llevó Tabasco Casa. Su accionista principal y representante es Carlos Jesús Santandreu, hermano de Manuel.

López Hernández pertenece a una familia de poder de Tabasco. Su padre, Payambé López Falconi, fue el notario que ayudó al expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la fundación del PRD en Tabasco. Adán Augusto siguió una carrera política clásica: afiliado al PRI, luego se pasó al PRD en 2003 y finalmente, en 2014, se sumó a las filas de Morena. Desde ahí ganó la gubernatura de Tabasco en enero de 2019, donde estuvo hasta agosto de 2021, hasta que López Obrador, lo llamó para convertirse en su segundo secretario de Gobernación y principal operador político. Dejó como gobernador interino a Carlos El Capitán Merino, amigo cercano y suplente habitual de López Hernández.

En el libro El hombre grande: Adán Augusto López, un ensayo escrito con el decir de la gente, una hagiografía por encargo publicada cuando López Hernández competía para ser heredero de López Obrador, Manuel Santandreu aparece descrito tres veces como su amigo de largo aliento. Además, Adán Augusto y su hermano Melchor, que administraban las notarías 27 y 13 de Tabasco, fueron fedatarios en nueve de sus empresas entre 1996 y 2010. Santandreu también es socio en otras empresas de Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad de Tabasco de López Hernández, Hernán Bermúdez Requena. Este policía acabó como cabeza de una organización criminal con el apodo Comandante H o El Abuelo, protegido por Adán Augusto y su grupo.

En la cuarta licitación, “Construcción de paso superior tipo herradura para retorno”, se volvió a desechar toda oferta que no estuviera relacionada de Constructora Santandreu o CM del Golfo, además hubo evidencias de simulación de competencia. Se adjudicó a Santandreu por 57 millones, aunque tuvo un costo final de 67 millones de pesos. Las siguientes dos licitaciones, que básicamente fueron para arreglar problemas constructivos derivados de una mala planeación y ejecución, las ganó de nuevo Constructora Santandreu.

La quinta, “Rehabilitación del Paso Superior vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines”, se adjudicó por 19 millones; mientras que la sexta etapa, llamada “Construcción de paso superior vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines”, según facturas en poder de EL PAÍS, acabó costando 64 millones de pesos. Sobre esta obra, además, se ha tendido un manto de opacidad: Cuando ya estaba anunciado el distribuidor vial, un ciudadano solicitó por Transparencia el proyecto de la obra, pero la SOTOP declaró esta información como clasificada durante cinco años.