Donará un mes de su salario a madres buscadoras

Tras la petición realizada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y respaldada por simpatizantes de Morena de realizar donaciones para Cuba, el diputado Carlos Bautista, del Movimiento del Sombrero en Michoacán, anunció que también donará un mes de su sueldo, pero no con el mismo destino.

En lugar de sumarse a las donaciones dirigidas a Cuba, el legislador optó por apoyar una causa local vinculada a la crisis de desapariciones en México.

Apoyo a madres buscadoras en Michoacán

El diputado informó a través de redes sociales que su salario será entregado a colectivos de madres buscadoras en Michoacán, quienes realizan labores para localizar a personas desaparecidas en la entidad.

«Yo también donaré un mes de mi sueldo. Pero yo se lo quiero dar a las Madres buscadoras de Michoacán», escribió el legislador.

Estos colectivos han cobrado relevancia en los últimos años ante la falta de respuestas institucionales, convirtiéndose en actores clave en la localización de personas desaparecidas.

Llamado de AMLO y Situación en Cuba

Explicación de la reciente convocatoria del expresidente para donar a Cuba ante su crisis económica.

El pasado 14 de marzo de 2026, el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió su retiro político para solicitar donaciones ciudadanas destinadas a Cuba.

El llamado surge en respuesta a la grave crisis energética y alimentaria que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo económico.

Opinión de Jorge Triana

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum se estrelló en la Cámara de Diputados. Morena no consiguió la mayoría calificada y la presidenta sufrió su primera gran derrota legislativa. En el gobierno estaban convencidos de que tenían los votos y terminaron descubriendo que su coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo no era tan sólida como presumían. Fue un enorme fracaso, por donde se le vea.

La reacción llegó casi de inmediato. Apenas 24 horas después de la votación, la presidenta anunció lo que llamó Plan B de reforma electoral. En teoría se trataría de una nueva ruta para impulsar cambios mediante leyes secundarias. En realidad, se trata de una maniobra evidente para tratar de eclipsar la derrota política. El paquete que se ha mencionado incluye varias ideas: adelantar la consulta de revocación de mandato para que coincida con la elección intermedia de 2027, permitir consultas populares sobre temas electorales, reducir el tamaño y el presupuesto de Congresos locales y ayuntamientos, introducir ajustes relacionados con la elección judicial y recortar salarios dentro del Instituto Nacional Electoral. Algunas de estas propuestas no son nuevas. Si se empatara la revocación con la elección legislativa, la contienda dejaría de centrarse en el Congreso y se convertiría en un plebiscito alrededor de la presidenta. La elección de medio sexenio se transformaría en una campaña donde la figura presidencial dominaría el debate público. El discurso que acompaña estas propuestas es el de siempre: austeridad, reducción del costo del sistema político y eliminación de privilegios. Es un argumento que suena bien y que conecta fácilmente con parte de la opinión pública. El problema aparece cuando se revisan los números. Si se recortaran algunos legisladores en Congresos pequeños, el ahorro sería de algunas decenas de millones de pesos, una cifra marginal frente a presupuestos estatales que se cuentan en miles de millones. Algo similar ocurre con los cabildos municipales. Reducir algunos regidores difícilmente cambia de manera significativa las finanzas de un ayuntamiento. El ahorro termina siendo más simbólico que real. Pero más allá del contenido de las propuestas, lo que llama la atención es otra cosa: la falta de reflejos y creatividad política. La presidenta está repitiendo exactamente el mismo libreto que utilizó Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos años.

En 2022 López Obrador presentó una reforma constitucional electoral. Como respuesta nació la llamada marea rosa. La iniciativa también fue rechazada en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada. Tras esa derrota anunció un “Plan B” para modificar leyes secundarias e intentar imponer por otra vía parte de los cambios que no había podido aprobar en la Constitución. Su esfuerzo terminó en la Suprema Corte, que invalidó el paquete de reformas por violaciones al proceso parlamentario. Ese mismo año ocurrió algo muy parecido en otro tema. El presidente envió al Congreso una reforma constitucional en materia eléctrica que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como monopolio estatal. La iniciativa fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada. La reacción fue inmediata. Al día siguiente se votó otra iniciativa presidencial para “nacionalizar” el litio. Aquello fue una pantomima legislativa. El litio ya está nacionalizado en México desde la Constitución de 1917 y, si se quiere ser más estricto, desde la de 1857, que estableció el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo. La medida no cambiaba nada esencial. Su función era propagandística: fabricar una victoria para enterrar la derrota. La lógica que hoy se observa con el llamado Plan B de Sheinbaum es exactamente la misma. Después de un revés legislativo importante necesita producir rápidamente una nueva iniciativa que permita cambiar la conversación pública y proyectar la idea de que el gobierno sigue avanzando y conserva y nada ha cambiado. No se trata de una estrategia particularmente innovadora. Es manejo de crisis, control de daños y operación cicatriz. La presidenta intenta recuperar el control de la agenda pública después de una durísima derrota política. Cuando una reforma nace como respuesta a un golpe político suele tener un objetivo distinto al que se anuncia en el discurso. No se trata de mejorar el sistema electoral ni de controlar el gasto público excesivo. Se trata de cerrar filas, reconstruir la narrativa y cobrar la factura política de la derrota.

Por eso el nombre correcto no es Plan B, es Plan V de venganza. _____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

Opinión de José Gil Olmos |

La alianza duró lo que dura la conveniencia, y la caducidad de dicha alianza de los partidos del Trabajo y Verde con Morena se terminó, pues ya no les convenía mantenerla luego de las intenciones de recortarles presupuesto y posiciones políticas como sigue pretendiendo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora con el Plan B de reformas electorales.

Durante casi toda su vida política el PT y el PVEM han sobrevivido gracias a la ayuda que han tenido de los partidos en el gobierno.

El PT y el PVEM han sido y son rémoras que se montan en los partidos fuertes. Primero a espaldas del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Y de ahí tienen el usufructo obteniendo un total de 151 curules en las cámaras de diputados y del Senado, así como presidencias municipales y gubernaturas.

Pero por sí solos no tienen la fuerza y el apoyo ciudadano para mantenerse. Y no lo tienen porque están muy alejados para lo que supuestamente fueron creados.

El Partido del Trabajo no tiene ninguna representatividad en el gremio de los trabajadores y el Partido Verde es únicamente el negocio de la familia González que no encabezan ninguna defensa del medio ambiente, sino lo contrario: la aprovechan para realizar negocios inmobiliarios con las reservas naturales como ahora lo está haciendo en Quintana Roo.

A lo largo de su participación electoral desde las elecciones de 1994 los dos partidos han obtenido su registro con base en alianzas. Por sí solos su crecimiento es nulo o escaso. Por ejemplo, de acuerdo con el INE, el PT tiene una reducción de sus militantes de 24% en su padrón, pues paso de 457 mil 624 en el periodo 2023-2025 a 351 mil 925 en el más reciente corte.

Por su parte, el Verde tuvo un crecimiento de unos 150 mil afiliados en el mismo lapso, pero no porque tenga más simpatizantes de su causa, sino gracias a las maniobras que hizo el ahora senador y exgobernador Manuel Velasco principalmente en las comunidades indígenas de Chiapas.

La fama que precede a ambos partidos es de escándalos de corrupción, nepotismo, negocios, influyentismo y violaciones a la ley electoral. Sobre esto último, tanto el PT como el PVEM son los más sancionados por el INE pues entre ambos han desembolsado 191 millones 456 mil pesos de multas por violar la ley electoral.

El PT ha sido el más multado con 89 millones 578 mil pesos en 2023, y 33 millones 263 mil de enero a agosto de 2024, es decir, más de 122 millones de pesos. En tanto que el Partido Verde tuvo una reducción de 48 millones 479 mil pesos de sus prerrogativas de 2023, así como 20 millones 135 mil hasta agosto de este año por sanciones.

Con Morena los dos partidos han tenido sus mejores momentos pues vendieron caro sus votos en las elecciones de 2018 y 2024 y en recompensa para lograr las reformas enviadas desde Palacio Nacional. En la actualidad, PVEM tiene 77 diputaciones y PT 51 en la Cámara de Diputados de México. Mientras que en el Senado el Verde tiene 14 escaños y el Partido del Trabajo nueve.

Si se rompe la alianza con Morena para la elección intermedia de 2027, en que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, tanto el PT como el partido Verde difícilmente por sí solos mantendrán la misma presencia.

Cabe aquí la posibilidad de que busquen nuevas alianzas para seguir sobreviviendo. Así lo han hecho toda su vida y esa es la única forma en que mantengan su registro para 2030.

Morena, por su parte, podría apostar a ir en alianza con los nuevos partidos que alcanzarían su registro. Sus votos reforzarían la hegemonía de Morena en la Cámara de Diputados y en las 17 gubernaturas.

Pero hasta ahora las negociaciones están detenidas porque los posibles partidos nuevos: PAZ, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia, no tienen aún el registro del INE. Ya se verá cómo operan en Morena ante la amenaza del rompimiento definitivo con PT y PVEM y si el llamado Plan B electoral llega a buen puerto.