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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha colocado sobre la mesa otra joya políticamente atractiva: liquidar la bursatilización municipal para “sanear” las finanzas de los ayuntamientos. Sin embargo, al revisar la ingeniería financiera, los contratos vigentes y el procedimiento legal seguido hasta ahora, la propuesta se desdibuja. Lo que se presenta como solución estructural luce, en realidad, como una operación incompleta, opaca y con un costo que nadie ha explicado con precisión. Un posible distractor de la deuda adquirida por su administración este año.

Un mecanismo que nunca fue gratuito

La bursatilización municipal -instrumentada en 2008 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y operada financieramente desde la subsecretaría de finanzas por Javier Duarte de Ochoa- permitió a 199 ayuntamientos acceder de manera anticipada a más de 1,207 millones de pesos.

El intercambio prometido fue liquidez inmediata a cambio de comprometer ingresos futuros. Los municipios cedieron el 20% del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos y el 7.5453% de sus participaciones federales.

No fue un programa de apoyo. Fue deuda estructurada con garantía pública.

Desde entonces, mes con mes, ese porcentaje es retenido automáticamente. El flujo no pasa por decisión municipal, está contractualizado. Y ese esquema sigue vigente.

Un negocio financiero, no político

Detrás del instrumento hay una arquitectura financiera definida:

• Banco Invex, S.A., como representante común de los tenedores.
• Grupo Financiero Multiva, S.A., como fiduciario.
• Inversionistas institucionales -fondos, casas de bolsa, bancos- como tenedores de los certificados.

No hay margen para cantinflear; estos actores operan bajo lógica de rendimiento. Su incentivo no es aliviar finanzas públicas, sino maximizar retornos sobre flujos garantizados.

Bajo esa premisa, cualquier renegociación que implique pérdida de valor es improbable. Y hasta ahora, no existe evidencia pública de que se estén dando condiciones para ello.

Liquidar no abarata, encarece

El gobierno estatal ha reconocido un saldo pendiente superior a 1,300 millones de pesos. Pero el dato es incompleto.

La deuda está indexada a UDIS, lo que implica actualización inflacionaria. A esto se añade el elemento de que los tenedores han exigido el pago de primas sobre saldos insolutos en caso de liquidación anticipada.

Traducido en términos claros, salir antes cuesta más.

Aquí se desarma el eje de los beneficios que intenta vender el gobierno morenista de Rocío Nahle. La discusión no es si se puede pagar, sino bajo qué condiciones y con qué fuente de financiamiento.

Por lo tanto, vale preguntar:

• ¿De dónde saldrá el recurso para liquidar?
• ¿Se trasladará la carga a los municipios?
• ¿El estado contratará nueva deuda para cubrir la existente?

Si el mecanismo implica financiamiento adicional -incluso con banca comercial como BBVA México-, no hay saneamiento. Hay refinanciamiento.

No existe “borrón y cuenta nueva”. Existe un costo financiero que, hasta ahora, las autoridades del gobierno de Veracruz no han dado a conocer.

El flanco legal: decisiones sin órgano colegiado

El déficit no es solo financiero. Es jurídico.

La estrategia estatal ha promovido adhesiones municipales sin respaldo de cabildo. Esto contraviene directamente:

• El artículo 115 constitucional, que reconoce a los ayuntamientos como órganos colegiados.
• La Ley de Disciplina Financiera, que exige autorización formal, análisis de sostenibilidad y transparencia.

Sin aprobación en sesión de cabildo, cualquier acto que comprometa la hacienda municipal carece de eficacia jurídica.

Aun así, se ha construido una narrativa de respaldo generalizado que no se sostiene en documentos válidos. La participación ha sido parcial; el sustento legal, insuficiente.

¿Más deuda en paralelo?

Mientras se plantea la liquidación de la bursatilización como un acto de disciplina financiera, el gobierno estatal ha contratado nueva deuda.

En enero de 2026 se suscribieron dos créditos por más de 4,860 millones de pesos, con vencimiento en 2040 y tasas variables ligadas a la TIIE, tal y como se dio a conocer en Palabras Claras el pasado 14 de abril (Nahle suma deuda por 4,860 mdp; Veracruz rebasa los 50 mil millones)

El efecto es directo, las participaciones federales continúan comprometidas a largo plazo.

La contradicción es estructural. Se propone liberar flujos, pero simultáneamente se vuelven a hipotecar.

Un patrón que se repite

El intento de desactivar la bursatilización no es nuevo. En la administración del también morenista Cuitláhuac García Jiménez, el proceso quedó incompleto por falta de aprobaciones municipales.

El escenario actual reproduce ese patrón con adhesiones incompletas, prisa política y debilidad jurídica.

A ello se añade la presión para obtener firmas lo cual podría configurar responsabilidades administrativas si se acredita coacción o uso indebido de funciones.

Opacidad estructural

El proceso comparte la falta de información verificable. Por ejemplo, no se han transparentado los términos reales de negociación con los tenedores, el costo total de la liquidación anticipada, la fuente precisa de los recursos y el impacto fiscal en municipios y el estado.

Sin estos elementos, el proyecto no puede evaluarse técnicamente. Permanece en el terreno del rollo discursivo, populista.

En cualquier operación de esta naturaleza la constante es que el costo no desaparece, se redistribuye. Entonces, ¿quién paga?. Si pagan los municipios, se compromete su operación; si paga el estado, aumenta su exposición financiera y si interviene el mercado, exigirá rendimiento. En todos los casos, hay impacto.

En conclusión, la liquidación de la bursatilización municipal podría ser una medida practicable bajo condiciones de legalidad, transparencia y viabilidad financiera. Pero en su estado actual, no cumple con ninguno de esos criterios de manera integral.

Más que un rescate, el esquema apunta a una reconfiguración de deuda sin claridad operativa ni consenso institucional.

Y en finanzas públicas, cuando el costo no se explica, termina trasladándose -con intereses- al siguiente ciclo de gobierno.

Finalmente, en todo tipo de decisión, hay que ver el costo-beneficio. Será importante analizar la versión oficial de la administración de Rocío Nahle.