Xalapa, Veracruz.- La coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal continúa fortaleciendo las acciones preventivas y los proyectos estratégicos para proteger a la población de Poza Rica ante los riesgos asociados a la temporada de lluvias. En este marco, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, participó en la Reunión del Consejo Estatal de Protección Civil y en la instalación del Puesto de Comando de Veracruz, encabezados por la gobernadora Rocío Nahle García y con la participación de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la sesión se dio seguimiento a las acciones preventivas y proyectos estratégicos que permitirán fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir riesgos para la población de Poza Rica, destacando la construcción integral del muro de protección, la planta de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, obras que forman parte de una visión conjunta entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para atender necesidades prioritarias del municipio.

La Presidenta Municipal destacó que estas acciones representan un avance importante para la seguridad y bienestar de las familias pozarricenses, al tratarse de proyectos que contribuirán a mitigar riesgos de inundación, mejorar el manejo de las aguas residuales y fortalecer la infraestructura urbana de la ciudad.

Asimismo, refrendó la disposición del Ayuntamiento de Poza Rica para continuar trabajando de manera coordinada con la Federación y el Gobierno del Estado, fortaleciendo las medidas preventivas, el monitoreo permanente y la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Con la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, Poza Rica avanza en la consolidación de obras y acciones estratégicas orientadas a proteger a la población, fortalecer la resiliencia del municipio y brindar mayor seguridad a las familias ante los retos que representa la temporada de lluvias.

Irma Santander

Un grupo de más de 30 familias asentadas en la zona colindante entre las colonias Divina Providencia y Teresa Morales, en Coatzacoalcos, denunció estar viviendo bajo el acoso, extorsión  y la amenaza de desalojo por parte de la constructora  Nuevas Generaciones SA de CV, propiedad presuntamente de Oscar de la Cruz Cruz, quien reclama la propiedad de los terrenos donde estas personas han vivido por más de tres décadas.

Miguel Alberto Palma Hernández, uno de los vecinos afectados, detalló que el problema se concentra en la calle Tulum con Cerro de la Mesa, un área que anteriormente formaba parte de los derechos de vía federal cerca de la calle General Anaya.

Según los habitantes, el predio era originalmente un pantano que ellos mismos rellenaron y habilitaron con recursos propios. Aunque hace años le compraron a un particular que tampoco les dio algún documento que los acredite como dueños.

“Tenemos 32 años viviendo aquí. Nosotros se lo compramos a personas que lo tenían también, como era pantano, nosotros lo rellenamos; esta calle, si se da cuenta, nosotros le invertimos como 17 y 18 mil pesos entre todos para meterle puro escombro”, declaró Palma Hernández.

IRREGULARIDADES Y AMENAZAS

Los vecinos  señalaron  que comenzaron a recibir una notificación de  la empresa Nuevas Generaciones  en donde se les dice que si están viviendo fuera  de los  linderos o en el límite del derecho de vía de Ferrocarriles Nacionales de México tendrán que pagar por esos predios.

Sin embargo, el señor Miguel Alberto añadió que la empresa pretende obligarlos a pagar 999 pesos por metro cuadrado o, en su defecto, desalojarlos utilizando maquinaria pesada.

El conflicto ha llegado a las amenazas e intimidación, incluso, otras de las vecinas mencionó que los que construyeron sus viviendas algunas de láminas o concreto, en el callejón que colinda con la calle General Anaya les pretenden vender en 200 mil pesos y quienes no están en el perímetro, 170 mil pesos. De no pagar tendrían que abandonar los terrenos.

“El señor nos viene a amenazar, que nos va a echar las máquinas y nos va a tumbar todo porque él es el dueño. O sea, ya viene sobre amenaza y amenaza a toda la gente”, manifestó el denunciante.

El presunto dueño argumenta haber adquirido el terreno a Ferrosur hace 15 años; no obstante, los  inconformes, subrayaron que al acudir a instancias correspondientes, la respuesta recibida es que dicha empresa ferroviaria no realiza ventas a terceros.

A pesar de no contar con escrituras,  poseen los servicios básicos como luz, agua y numeración oficial, y han mantenido la posesión pacífica del lugar durante 32 años.

EXIGEN INTERVENCIÓN DEL ALCALDE

Ante la incertidumbre jurídica y el temor a perder sus hogares, los afectados

han intentado gestionar una audiencia con el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García, quien los atendió y les solicitó no pagar nada a nadie.

Les explicó que muchas colonias presentar problemas de tenencia de la tierra.

Los  vecinos reiteraron a la autoridad municipal intervenir  y esclarecer  la situación legal de los predios; aclararon que no se niegan a regularizar su situación patrimonial, siempre y cuando se demuestre la autenticidad de la propiedad del supuesto dueño.

Cabe señalar que este conflicto se suma a una serie de situaciones similares registradas en el municipio, donde inmobiliarias y particulares han reclamado terrenos en zonas de expansión urbana, dejando a decenas de familias en situaciones de alta vulnerabilidad.

Osvaldo Antonio Sotelo

A casi siete años de uno de los atentados más violentos registrados en Veracruz, autoridades judiciales determinaron la culpabilidad de Edgar “N”, conocido como “El Negro”, al ser señalado como el autor intelectual del ataque perpetrado contra el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, donde perdieron la vida 29 personas y al menos diez más resultaron lesionadas.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Coatzacoalcos, el órgano jurisdiccional emitió un fallo condenatorio en contra del líder criminal, al considerar acreditada su responsabilidad en la planeación y orden de la agresión ocurrida la noche del 27 de agosto de 2019.

De acuerdo con las investigaciones y testimonios presentados durante el proceso, el ataque fue organizado un día antes en una vivienda utilizada como casa de seguridad en la región sur de Veracruz. Según la relatoría judicial, Edgar “N” habría ordenado a sus subordinados ejecutar una acción armada contra el establecimiento, presuntamente por la negativa de los propietarios a permitir la distribución de drogas vinculadas a su grupo delictivo.

Aquella noche, un grupo de hombres armados irrumpió en el centro nocturno. Tras someter a los vigilantes, roció gasolina en distintas áreas del inmueble y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. En cuestión de minutos, las llamas consumieron gran parte del establecimiento, atrapando a clientes, empleados y bailarinas en medio del caos.

El saldo fue devastador: 29 personas fallecieron y diez más resultaron heridas, lo que convirtió este ataque en uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de la entidad.

Las investigaciones posteriores permitieron la captura de varios de los participantes materiales, algunos de los cuales colaboraron con las autoridades al aportar información clave para reconstruir la cadena de mando y la planeación del atentado.

Tras el fallo condenatorio, Edgar “N” quedó formalmente declarado culpable por estos hechos. Será a finales del próximo mes cuando las autoridades judiciales determinen la sentencia que deberá cumplir por su responsabilidad en la masacre del Caballo Blanco, una tragedia que marcó a Coatzacoalcos y conmocionó a todo el país.