Irma Santander

A partir de este fin de semana, el Gobierno del Estado implementará operativos de alcoholímetro en las principales ciudades del estado.

Todo conductor que registre un resultado superior a los 0.40 miligramos por litro en aire espirado será acreedor a una sanción y su vehículo será retenido conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito del Estado.

De igual manera, exhortó a los automovilistas a la prevención, “si van a ingerir bebidas alcohólicas, eviten manejar o asegúrense de contar con un conductor designado que no haya consumido alcohol para evitar contratiempos”, expuso.

En el operativo participan Tránsito del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal, Derechos Humanos, y la Jurisdicción Sanitaria número 11 con médicos.

VIGILANCIA Y PROCEDIMIENTOS LEGALES

El delegado enfatizó que la función de la CEDH es supervisar que el proceso sea transparente y seguro.

Esto incluye la verificación de que los equipos de medición funcionen correctamente y se realice el cambio de boquilla desechable en cada procedimiento.

“Vamos en calidad de observadores, pero sí estamos pendientes de que el trato sea el adecuado, que se dirijan con respeto y que los protocolos para la revisión sean los que están establecidos”, señaló Hernández Sarmiento.

Sobre la mecánica de la sanción, aclaró que si el conductor no aprueba el test y no cuenta con un acompañante con 0.0 de alcohol que pueda hacerse cargo de la unidad, el vehículo será trasladado al corralón con grúa.

Ante la variabilidad de los metabolismos, el funcionario subrayó, “Cada individuo es diferente; habrá quienes con unos cuantos sorbos puedan sobrepasar el límite. Si vas a manejar, no ingieras absolutamente ninguna bebida alcohólica”.

Esta medida se formalizó el pasado 15 de junio, cuando la gobernadora Rocío Nahle García confirmó la extensión de los operativos de alcoholímetro a Coatzacoalcos y Poza Rica. Tras evaluar los resultados obtenidos en Xalapa durante la Mesa de Seguridad, la mandataria instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública coordinar la implementación inmediata en estos municipios.

El objetivo principal es disminuir los accidentes viales, los cuales han sido identificados como una de las causas más frecuentes de percances graves en el estado de Veracruz.

Coatzacoalcos, Ver.- Un juez de control determinó que El Negro Zamora, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación, ordenó el ataque al bar Caballo Blanco, en donde murieron 33 personas y otras 10 resultaron heridas.

Los violentos hechos se registraron en agosto del 2019 en Coatzacoalcos, cuando integrantes del crimen organizado llegaron hasta el antro y balearon a clientes y empleados, en represalia porque el dueño se negó a distribuir droga de la organización.

De acuerdo con el testigo protegido identificado con el alias de “Marcus”, “El Negro Zamora” era jefe de plaza, además que en la cadena de mando también aparecían Adán “N”, alias “El Gato”, y “Leo”, alias “El Verde”.

En la audiencia se expuso que el atentado se organizó un día antes, el 26 de agosto de 2019, en una casa de seguridad del municipio de Tatahuicapan. Según el testimonio de “Marcus” y el análisis presentado en el proceso, Zamora Martínez dio la orden vía telefónica a “El Gato” y a “Leo”, quienes estaban reunidos con el testigo protegido.

Será en las próximas horas que el juez encargado del caso determine la sentencia de El Negro Zamora, que podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Irma Santander

Un grupo de más de 30 familias asentadas en la zona colindante entre las colonias Divina Providencia y Teresa Morales, en Coatzacoalcos, denunció estar viviendo bajo el acoso, extorsión  y la amenaza de desalojo por parte de la constructora  Nuevas Generaciones SA de CV, propiedad presuntamente de Oscar de la Cruz Cruz, quien reclama la propiedad de los terrenos donde estas personas han vivido por más de tres décadas.

Miguel Alberto Palma Hernández, uno de los vecinos afectados, detalló que el problema se concentra en la calle Tulum con Cerro de la Mesa, un área que anteriormente formaba parte de los derechos de vía federal cerca de la calle General Anaya.

Según los habitantes, el predio era originalmente un pantano que ellos mismos rellenaron y habilitaron con recursos propios. Aunque hace años le compraron a un particular que tampoco les dio algún documento que los acredite como dueños.

“Tenemos 32 años viviendo aquí. Nosotros se lo compramos a personas que lo tenían también, como era pantano, nosotros lo rellenamos; esta calle, si se da cuenta, nosotros le invertimos como 17 y 18 mil pesos entre todos para meterle puro escombro”, declaró Palma Hernández.

IRREGULARIDADES Y AMENAZAS

Los vecinos  señalaron  que comenzaron a recibir una notificación de  la empresa Nuevas Generaciones  en donde se les dice que si están viviendo fuera  de los  linderos o en el límite del derecho de vía de Ferrocarriles Nacionales de México tendrán que pagar por esos predios.

Sin embargo, el señor Miguel Alberto añadió que la empresa pretende obligarlos a pagar 999 pesos por metro cuadrado o, en su defecto, desalojarlos utilizando maquinaria pesada.

El conflicto ha llegado a las amenazas e intimidación, incluso, otras de las vecinas mencionó que los que construyeron sus viviendas algunas de láminas o concreto, en el callejón que colinda con la calle General Anaya les pretenden vender en 200 mil pesos y quienes no están en el perímetro, 170 mil pesos. De no pagar tendrían que abandonar los terrenos.

“El señor nos viene a amenazar, que nos va a echar las máquinas y nos va a tumbar todo porque él es el dueño. O sea, ya viene sobre amenaza y amenaza a toda la gente”, manifestó el denunciante.

El presunto dueño argumenta haber adquirido el terreno a Ferrosur hace 15 años; no obstante, los  inconformes, subrayaron que al acudir a instancias correspondientes, la respuesta recibida es que dicha empresa ferroviaria no realiza ventas a terceros.

A pesar de no contar con escrituras,  poseen los servicios básicos como luz, agua y numeración oficial, y han mantenido la posesión pacífica del lugar durante 32 años.

EXIGEN INTERVENCIÓN DEL ALCALDE

Ante la incertidumbre jurídica y el temor a perder sus hogares, los afectados

han intentado gestionar una audiencia con el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García, quien los atendió y les solicitó no pagar nada a nadie.

Les explicó que muchas colonias presentar problemas de tenencia de la tierra.

Los  vecinos reiteraron a la autoridad municipal intervenir  y esclarecer  la situación legal de los predios; aclararon que no se niegan a regularizar su situación patrimonial, siempre y cuando se demuestre la autenticidad de la propiedad del supuesto dueño.

Cabe señalar que este conflicto se suma a una serie de situaciones similares registradas en el municipio, donde inmobiliarias y particulares han reclamado terrenos en zonas de expansión urbana, dejando a decenas de familias en situaciones de alta vulnerabilidad.