José Alberto Martínez Luna, ex presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca, fue víctima de un atentado la noche del 22 de junio, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba sobre la carretera federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco.

Exalcalde y escolta heridos; segundo escolta fallece en el ataque

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca detalló que los agresores dispararon contra la unidad en la que se transportaba Martínez Luna.

El expresidente municipal y un escolta resultaron heridos y acudieron por su propio pie a un hospital, donde se reportan estables.

Sin embargo, un segundo escolta, identificado como Juan José Cruz, elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, perdió la vida en el ataque.

Fiscalía activa protocolos y coordina operativo con Guardia Nacional

Tras tener conocimiento del atentado, la Fiscalía de Oaxaca activó protocolos de actuación ministerial para dar con los responsables.

En coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal y la Guardia Nacional se establecieron puntos de revisión para dar seguimiento al caso.

Mientras el jersey de la Selección Mexicana es anunciado por la marca Adidas como el más vendido del Mundial 2026, detrás del éxito comercial hay una historia que ha pasado más desapercibida, la de la empresa mexicana Grupo Martex, responsable de producir las 5 millones de las camisetas oficiales que hoy circulan entre aficionados dentro y fuera del país.

La operación se concentra en Irapuato, Guanajuato, donde Grupo Martex desplegó durante alrededor de 18 meses una estrategia de manufactura para responder a una demanda estimada en cinco millones de piezas. La producción llegó a volúmenes de hasta 120 mil jerseys por día y requirió reforzar procesos de corte, sublimado, confección y control de calidad para cumplir con estándares internacionales.

La empresa encabezada por Santiago Martí se ha convertido en uno de los principales socios manufactureros de Adidas en América Latina. Fundada hace más de nueve décadas como una compañía textil familiar, hoy también produce para otras marcas deportivas internacionales y ha apostado por automatización, innovación y tiempos de entrega más cortos frente a competidores asiáticos.

Para Martí Ascencio, el proyecto mundialista representó tanto un reto de escala como una oportunidad para demostrar que la manufactura mexicana puede competir globalmente.

“Para nuestra plantilla de colaboradores ha sido un orgullo dar vida a la camiseta de la Selección Mexicana de fútbol, por lo que nos preocupamos por mantener nuestra baja de tiempos frente a la región asiática”, señaló el directivo.

En otra comparación sobre la magnitud del proyecto añadió: “Un estadio de fútbol alberga 80 mil personas; estamos hablando de camisetas para un estadio y medio cada día”.

El desempeño comercial del uniforme abre también una lectura más amplia para la industria nacional. Más allá del impacto deportivo o de mercadotecnia, el caso muestra cómo una cadena de suministro instalada en México logró capturar una parte relevante del negocio global alrededor del Mundial.

En esta ocasión, el fenómeno del jersey del Tri no sólo se explica por el entusiasmo de la afición, sino por una capacidad manufacturera que encontró en el torneo su mayor escaparate. DA

Investigaciones internas y auditorías promovidas durante la gestión del entonces director general del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Adrián Chávez López, identificaron presuntas irregularidades administrativas y financieras que derivaron en denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud.

La documentación, integrada por trabajadores de la institución, abarca un periodo de enero de 2024 a junio de 2026 y reúne nueve carpetas con actas administrativas certificadas, análisis forenses de metadatos y denuncias penales relacionadas con el manejo de recursos y otras conductas presuntamente irregulares.

Entre los expedientes figuraría una carpeta de investigación activa en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos sexuales, en la que aparece señalado Cuauhtémo,c Óscar Ruiz Osorno, dirigente de la Sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Uno de los principales hallazgos corresponde a presuntos pagos irregulares por horas extraordinarias y compensaciones a personal con comisión sindical. De acuerdo con la documentación, entre enero de 2021 y septiembre de 2023 se habrían erogado 2 millones 461 mil 138.98 pesos bajo esos conceptos.

Las investigaciones refieren que parte de los pagos fue justificada mediante actividades vinculadas con la operación del denominado “Sindibus”, un servicio de transporte para trabajadores del hospital. Sin embargo, los expedientes cuestionan la procedencia de algunas de las horas extraordinarias autorizadas debido a los horarios limitados en que operaba dicho servicio.

Los registros también señalan autorizaciones bajo conceptos como operador de unidad tipo van, ejecución del programa “Actívate”, labores de mensajería en enfermería y apoyo al “Sindibus”, categorías que aparecen de forma recurrente en los formatos utilizados para respaldar pagos extraordinarios.

Las auditorías internas revisaron además el ejercicio presupuestal de la institución. Según los documentos, el gasto en horas extraordinarias alcanzó 13 millones 23 mil 50 pesos frente a un presupuesto autorizado de 4 millones 273 mil 867 pesos, lo que representó un sobreejercicio de 305 por ciento.

En el rubro de servicios eventuales y compensaciones, la documentación reporta erogaciones por 27 millones 225 mil 677 pesos, cuando la asignación original fue de 6 millones 651 mil 138 pesos. La diferencia equivale a un sobreejercicio de 405 por ciento.

Como parte de las acciones emprendidas durante la administración de Adrián Chávez López, el 24 de septiembre de 2024 se levantó un acta administrativa contra el entonces subdirector de Recursos Humanos, Raúl Ángeles Aparicio, por un presunto daño patrimonial calculado en un millón 209 mil 767.31 pesos.

Los hallazgos se suman a reportes sobre conflictos internos y revisiones administrativas realizadas en distintas áreas del hospital durante los últimos meses de la gestión del exdirector.