Cuitláhuac, Ver.– La mañana de este miércoles se tiñó de sangre luego de que un hombre fuera asesinado a balazos sobre la avenida 13, esquina con calle 9, tras ser interceptado por sujetos armados, cuando la víctima fue sorprendida por los agresores, que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida para después escapar con rumbo desconocido.

Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias; sin embargo, al arribar al sitio, paramédicos únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento la víctima permanece en calidad de no identificada, mientras las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Irma Santander

En el primer semestre de 2026 , la  delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumuló  un total de 15 expedientes de queja relacionados con diversas irregularidades en escuelas públicas de Coatzacoalcos.

Tonatiuh Hernández Sarmiento, delegado regional del organismo, confirmó que el acoso escolar constituye la problemática más recurrente denunciada ante esta instancia.

De acuerdo con el funcionario, el fenómeno es multifactorial y complejo.

“Tenemos varias situaciones, alumnos contra alumnos, docentes contra alumnos; son diversas situaciones y cada caso es particular”, explicó.

El delegado detalló que el organismo también ha recibido reportes internos dentro de los centros educativos, donde personal docente manifiesta inconformidad por el trato recibido por parte de sus compañeros o superiores jerárquicos.

Hernández Sarmiento precisó que, si bien el proceso de investigación es exhaustivo, se activan de manera inmediata los protocolos de salvaguarda.

“Durante el tiempo que duran las investigaciones, la Secretaría de Educación de Veracruz aplica sus protocolos y los cambian de área para evitar que se sigan dando las conductas”, reveló.

INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 83 DE PAJAPAN

De manera particular, la delegación atiende la  queja colectiva presentada por padres de familia del municipio de Pajapan, referente a la falta de maestros y pésimas condiciones en la Escuela Secundaria Técnica Industrial 83.

Tras la protesta de los padres de familia hace unos días, se procedió a realizar las diligencias y entrevistas a testigos.

El  delegado calificó el caso como una problemática integral que afecta el derecho a la educación de calidad.

“Efectivamente, a lo que nos refería un numeroso grupo de madres y padres de familia, es falta de maestros, muchísimas horas libres por parte de los alumnos y alumnas, que las instalaciones también ya se encuentran bastante dañadas, que esta situación la vienen sufriendo desde el 2019 y no les dan ninguna solución”, enfatizó el titular de la CEDH.

La preocupación de los tutores se concentra  en el rezago académico que enfrentan los estudiantes, quienes, ante la carencia de personal docente, continúan avanzando de grado sin obtener la educación de excelencia a la cual tienen derecho.

Cabe señalar que, de acuerdo con la delegación, este es el primer expediente formal registrado este año específicamente por falta de maestros, a diferencia de las quejas por acoso, que presentan una incidencia mayor.

Actualmente, todos los expedientes se mantienen en etapa de trámite, bajo el proceso de investigación necesario para determinar, en su momento, la existencia de violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones pertinentes.

Irma Santander 

El  operativo de alcoholimetría realizado el pasado fin de semana en la Avenida Universidad de Coatzacoalcos ha desatado una ola de denuncias por parte de los automovilistas afectados, quienes señalaron una serie de irregularidades que van desde la aplicación arbitraria de multas máximas hasta el daño y robo de pertenencias dentro de sus unidades mientras permanecieron en el corralón.

Uno de los principales reclamos de los ciudadanos es la falta de transparencia en la imposición de las sanciones.

Según los testimonios, a pesar de que el reglamento de tránsito especifica tabuladores basados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) dependiendo de la gravedad de la falta —donde las multas pueden variar según existan agravantes o no—, las autoridades aplicaron de manera generalizada la multa más alta.

Documentos obtenidos por los afectados muestran la infracción máxima  de $13,491.00 pesosaplicada a diversos conductores.

“A todos nos pusieron la multa más alta; no se basan en el tabulador”, señaló uno de los denunciantes, quien aseguró que incluso quienes no incurrieron en daños a terceros fueron sancionados con el tope máximo.

EL MODUS OPERANDI DEL CORRALÓN: PAGOS INFORMALES

La situación se complica en el servicio de arrastre a cargo de la empresa denominada Grúas de México.

Los automovilistas reportaron  que el proceso de liberación del vehículo se lleva a cabo mediante una dinámica irregular, es decir, todo el trámite se realiza exclusivamente a través de WhatsApp, sin oficinas físicas de atención al público.

Se exige el pago de $5,014.00 pesos por concepto de arrastre y corralón, mediante transferencias a cuentas de personas físicas —en este caso, a nombre de un tercero identificado como “Gustavo Martínez”—, sin que se emita factura o nota fiscal que respalde el pago.

Los denunciantes afirmaron  que la empresa no se hace responsable por el estado de las unidades ni por los objetos que se encuentran dentro de ellas.

DAÑOS, RAYONES Y ROBO DE PERTENENCIAS

Los conductores, quienes el lunes acudieron al corralón de Grúas de México, coincidieron en que los vehículos fueron entregados con daños físicos visibles, como rayones en el cofre provocados durante el arrastre, y daños en el interior de los tableros.

Más grave aún, reportaron  el robo de pertenencias que dejaron al interior de los autos. Entre los objetos  sustraídos se encuentran teléfonos celulares (algunos utilizados para labores de transporte por aplicación), artículos de valor sentimental como rosarios, entre otros.

EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA

Los  afectados calificaron  el operativo y el proceso posterior de liberación como “un robo institucionalizado”.

En total, un automovilista puede llegar a pagar cerca de $20,000 pesos entre la multa de tránsito y el servicio de grúa.

Los ciudadanos hicieron  un llamado a las autoridades estatales para que se investigue el actuar de los elementos de tránsito y se audite la operación de Grúas de México, con el fin de frenar lo que consideran una estrategia de recaudación ilegal.