El morenista Javier Velázquez utiliza el poder público para proteger a su retoño.

Poza Rica, Ver.- Casi un año después de que la periodista pozarricense Lidia Alejandra López Castañeda denunciara a Francisco Javier Velázquez Straffon bien, hijo del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, por violencia de género y discriminación, las autoridades parecen haber olvidado el tema, observándose un cúmulo de irregularidades, la más grave es que perdieron un dictamen psicológico practicado a la víctima con el que se demuestra una clara afectación a la comunicadora.

En entrevista a la periodista, quien ejerce esta labor desde hace 20 años, señaló que los hechos ocurrieron desde el 5 de julio del 2020, cuando de manera directa fue señalada y discriminada en redes sociales por el hijo del actual alcalde.

¿Qué habría derivado la agresión?, la reportera responde que desde su perfil de Facebook (ella) había lanzado una crítica al gobierno municipal por las graves fallas para contener la pandemia por COVID-19 y que dichas omisiones habían causado la muerte de trabajadores del ayuntamiento.

Las publicaciones de Lidia López, como es mejor conocida, fueron suficientes para que el hijo de Velázquez Vallejo iniciara una campaña de odio y desprestigio en las redes sociales, misma que la reportera asegura, se gestó desde el departamento de Comunicación Social del mismo ayuntamiento y con ayuda de Beatriz Bonilla Herrera, actual directora.

Con expresiones de odio y sumamente delicadas por constituir delitos como violencia en razón de género, el hijo del presidente se expresó de ella como “la vaca sagrada del periodismo”, además la tachó de “hiena inmunda”.

Y es que la comunicadora expuso que uno de los trabajadores municipales pereció en medio de la pandemia debido a que la administración actual no tomó medidas adecuadas y se encontraba trabajando en los módulos instalados por el municipio. La respuesta de Velázquez Straffon no se hizo esperar para defender a su padre:

“La persona mencionada por esta pseudo comunicadora efectivamente era empleado del gobierno de Poza Rica, pero al pertenecer a un grupo de riesgo de enfermedad no realizaba tareas en los módulos de sanitización, módulos que, ¡cómo han sido atacados por los CHAYOTEROS como Lidia López!”, expuso.

Con la intención de denostar la imagen de la reportera, que al gobierno municipal le ha causado incomodidad por la exposición de constantes errores y desatinos, el hijo del presidente ha posteado mensajes de odio e incita al desprecio de la sociedad. “Eres una vergüenza para el periodismo, Lidia López”, señala.

REINA LA IMPUNIDAD

El 8 de julio del 2020, la comunicadora, harta de los constantes ataques, decidió denunciar ante la fiscalía en Poza Rica por hechos constitutivos de delitos en razón de género.

Acompañada de su asesor jurídico, Lidia exigió a la fiscalía que se castigara conforme a derecho a su agresor y a quien resultara responsable, pero no descartó la posibilidad de conciliar el caso.

Dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/ESP-F4/415/2020, la fiscal Brenda Lizbeth Gutiérrez Suárez comenzó con las diligencias básicas, pero el caso no avanzó como la víctima deseaba. Por ejemplo, aunque la denuncia fue interpuesta desde el mes de julio, fue hasta el 29 de octubre que la misma fiscalía ordenó una valoración psicológica mediante oficio 3928, y en atención a la carpeta 415/2020 se solicitó a Ofelia Téllez Valle Rojo, quien ostenta el cargo de perito jefe regional de los Servicios Periciales: “Solicito a usted designe perito en psicología a fin de que realice con perspectiva de género, y derechos humanos, valoración psicológica”, dice el documento. En el mismo oficio, la FGE ordena establecer mediante dictamen si Lidia López contaba o no con daño emocional y/o psicológico, efecto atemorizante y estado de zozobra.

Pero la víctima tuvo que esperar cuatro meses más para esta diligencia, fue hasta el 23 de febrero que la citaron en Papantla, donde la sometieron a una valoración, de la que la perito Ariana Mestizo Santiago, adscrita al distrito judicial de Papantla, concluyó que, basándose en los resultados obtenidos en la valoración, se determina que la reportera presentaba un daño psicológico que denotaba inestabilidad en su estado emocional, frecuentes sentimientos de culpa, poca tolerancia a la ansiedad, necesidad de apoyo y, sobre todo, que se sentía amenazada.

Sobre si los hechos denunciados causaban un efecto atemorizante, la perito concluyó que “se encuentran signos compatibles a un estado de zozobra como inseguridad”.

La misma trabajadora de la FGE advirtió en el informe, que la recuperación requería de al menos 10 sesiones psicológicas con un costo mínimo de 500 pesos cada una, pero siempre y cuando las agresiones que se investigan no se repitieran.

DILATAN INVESTIGACIÓN

Desde que la denuncia fue interpuesta y el tema causó indignación entre reporteros de la región, la fiscalía mostró pasividad en la ejecución de las diligencias, pues se tiene documentado que a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, las Mujeres, Niños y Niñas y Trata de Personas tardó 10 meses en realizar las diligencias básicas, para después declararse incompetente de esa investigación.

Todo parece indicar que la administración de Francisco Javier Velázquez Vallejo culminará y su hijo no será imputado por los delitos cometidos contra la comunicadora.

Lo más grave es que se han entregado evidencias que soportan la investigación, pero no ha pasado nada. Y mientras la FGE dilata la investigación, seguramente para favorecer al hijo del actual alcalde, la víctima teme por su integridad y su estado de salud se ha visto afectado, tal y como lo demuestra la psicóloga.

FISCALES “PIERDEN” DICTAMEN

Para el 18 de noviembre del 2020, el imputado fue requerido por la FGE y acudió acompañado de su abogado Héctor Hernández García, se reservó su derecho a declarar y solicitó copia del expediente.

Este lunes, la reportera se dijo molesta porque además de la inacción de las autoridades, tras meses de soportar la negligencia de los servidores públicos a cargo del caso, acaban de notificarle que en fecha 25 de mayo y mediante oficio 1020, la fiscalía que integró el caso se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas con sede en Tuxpan, cuyo titular, Ricardo Cárdenas, ha sido incapaz de esclarecer agresiones a reporteros desde que fue colocado en el puesto. Es decir, resulta curioso que después de que el imputado conociera el contenido de la investigación, el dictamen que comprueba el daño causado, se perdió.

Bajo ese pretexto, seguramente la fiscalía pretende no ejercitar acción penal contra el agresor de Lidia López, y quien se ha caracterizado desde hace tiempo por humillar y denostar la imagen de determinadas personas a través de redes sociales, pues como la reportera explica, en complicidad de Beatriz Bonilla, una simple “aplasta botones” en conocida estación de radio y hoy directora de Comunicación Social en Poza Rica, han realizado imputaciones falsas a varios comunicadores por el simple hecho de criticar los actos corruptos de la actual administración.

CABILDO SE DESLINDA

En la misma queja, interpuesta por la comunicadora, pidió al ayuntamiento fijar una postura y sobre todo, que Beatriz Bonilla deslindara al ayuntamiento de estos señalamientos, pero no lo hicieron, ni siquiera por tratarse de una mujer y ciudadana que paga impuestos. La víctima acusó la falta de sororidad.

López Castañeda, como ciudadana de este municipio y ejerciendo su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, también solicitó a los integrantes del cabildo emitir una postura respecto a los hechos que, si bien no involucraban de manera directa al ayuntamiento, tenían como principal responsable al hijo del presidente.

La respuesta llegó días después. El documento que también exhibió la afectada señala que desde el punto de vista de los ediles, se trata de un tema entre particulares, y por lo tanto, se deslindaron; sin embargo, tres regidores se dijeron en contra y no firmaron este documento.

En tanto, por cuanto hace al señalamiento hacia Beatriz Bonilla, el contralor José Manuel Lugo Dauzón poco puede esperarse, pues de todas las quejas recibidas en lo que va la actual administración no se conoce sanción alguna.

Y LA LEY OLYMPIA?

A Lidia López le queda claro que pese a que en Veracruz y toda la república mexicana se aprobó la Ley Olympia que castiga con cárcel a quien cometa este tipo de delitos, en Poza Rica son pocos los funcionarios o familiares de estos, los que han sido sometidos a la acción de la justicia, lo que quiere decir, que el caso podría quedar impune o en archivo temporal.

Aunque ha recibido apoyo de organismos como Artículo 19 y CIMAC, así como de reporteros, que incluso han dado testimonio ante la FGE para robustecer la investigación, asegura que es penoso observar el desinterés de la Fiscalía, la Comisión de los Derechos Humanos, e incluso de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, que en su momento no movieron ni un dedo.

Lidia Alejandra López Castañeda es una reportera que ha destacado por su trayectoria en diversos medios impresos y electrónicos, responsabiliza a la familia del actual presidente ante posibles represalias, pues sabe que este es su principal medio de ataque.

Y aunque las autoridades prácticamente han sido omisas y le han dado la espalda a la comunicadora, grupos de mujeres han brindado apoyo, otros señalan que Francisco Javier Velázquez Straffon disfruta humillar a quienes le rodean y posee complejos de inferioridad por ser hijo de la primera autoridad, por ejemplo, cuando fiel a su estilo, escribió en sus redes sociales respecto al mercado Poza Rica como un “mercado culero”, sí, el mismo que su padre en casi cuatro años no pudo dar ni siquiera “una manita de gato”.

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