Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR

• No se trata únicamente de un atentado contra una periodista. Se trata de un ataque frontal contra la libertad de expresión, contra el derecho de la sociedad a estar informada y contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
• Mientras los responsables materiales e intelectuales del secuestro y ejecución de Roxana permanezcan sin castigo, el mensaje para los agresores seguirá siendo el mismo: en México matar, desaparecer o intimidar periodistas son impunes.

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital, Veracruz, haciéndose pasar por policías. ¿Ordenó Rocío Nahle a policías el secuestro y ejecución de Roxana por investigar su corrupción?

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han documentado la gravedad de la violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos en México y madres buscadoras de desaparecidos.

En lo que va del año 2026, ONU-DH ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras, tres de ellas buscadoras de Guanajuato. Demanda garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos realicen su labor libremente y con la protección necesaria.

La investigación de la periodista Roxana Guzmán Ramírez fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, fueron detenidas seis personas por su presunta participación en el secuestro, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido por la Marina en Coatzacoalcos por su presunta implicación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

En redes sociales y algunos espacios digitales ha circulado la versión de que Roxana investigaba la corrupción de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pero no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía ni respaldada de manera concluyente por investigaciones periodísticas verificadas.

Rocío Nahle es una mujer soberbia, intolerante a la crítica que señale su inmensa corrupción donde esté, Cámara de Senadores o Diputados, Secretaria de Energía o usurpando una gubernatura. Es una mujer autoritaria y vengativa. ¡Urge revocación de mandato!

México atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea. La violencia criminal, la impunidad y la corrupción han erosionado los cimientos del Estado de derecho hasta el punto de convertir a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, madres buscadoras, candidatos, funcionarios públicos y ciudadanos comunes en víctimas cotidianas de una espiral de terror que parece no tener fin.

En este escenario, la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, y la presunta participación de policías municipales en el delito que investiga la autoridad, constituyen un golpe demoledor para la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y procurar justicia. Cuando quienes portan un uniforme y juraron proteger a la sociedad aparecen bajo sospecha de actuar al margen de la ley, la frontera entre el Estado y la delincuencia organizada comienza a desdibujarse de manera alarmante.

No se trata únicamente de un atentado contra una periodista. Se trata de un ataque frontal contra la libertad de expresión, contra el derecho de la sociedad a estar informada y contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Cada agresión contra un comunicador pretende sembrar miedo, imponer silencio y enviar un mensaje intimidatorio a quienes investigan la corrupción, documentan la violencia o exhiben los abusos del poder.

El periodismo libre incomoda porque ilumina aquello que muchos quisieran mantener en la oscuridad. Por ello, cuando un periodista es amenazado, desaparecido o asesinado, la víctima no es solamente una persona o un medio de comunicación: es toda la sociedad, que pierde una voz indispensable para vigilar al poder y exigir rendición de cuentas.

La gravedad del caso aumenta si se confirma la participación de servidores públicos. Ningún gobierno puede aspirar a legitimidad cuando elementos de sus propias corporaciones son investigados por delitos tan graves. La infiltración del crimen en las instituciones policiales representa una de las amenazas más serias para la gobernabilidad democrática y exige una respuesta firme, transparente y sin consideraciones políticas.

México no puede acostumbrarse a que la violencia sea la norma ni aceptar que la impunidad continúe siendo la regla. Las cifras de periodistas asesinados, desaparecidos y amenazados durante las últimas décadas reflejan un fracaso estructural del Estado para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Mientras los responsables materiales e intelectuales permanezcan sin castigo, el mensaje para los agresores seguirá siendo el mismo: en México matar, desaparecer o intimidar periodistas puede salir prácticamente gratis.

La exigencia social debe ser categórica. La investigación debe realizarse con absoluta independencia, agotando todas las líneas de investigación, sin excluir la posible participación de servidores públicos ni la intervención de grupos criminales. La verdad no puede subordinarse a intereses políticos, electorales o de imagen gubernamental.

La justicia para Roxana Guzmán Ramírez no es únicamente una demanda de su familia o del gremio periodístico. Es una causa nacional. Porque cuando el miedo sustituye a la libertad y el silencio desplaza a la verdad, pierde la democracia, pierde el Estado de derecho y pierde México.

¡México se pudrió y se desangra! Pero todavía está a tiempo de demostrar que la ley puede imponerse sobre la impunidad, que las instituciones pueden recuperar la confianza ciudadana y que ningún poder, legal o criminal, está por encima del derecho de los mexicanos a conocer la verdad y vivir en un país donde ejercer el periodismo no sea una sentencia de muerte.

alfredo_daguilar@hotmail.com

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@efektoaguila