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Acumula FGR reveses

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Los asuntos de más alto perfil son el talón de Aquiles de la Fiscalía General de la República (FGR).

En los cinco años de la actual Administración, la FGR acumula una treintena de reveses judiciales en los litigios penales que los propios fiscales denominan como relevantes y la tendencia se ha acentuado en el último año.

La FGR informó hace unos días que en 2023 obtuvo mil 150 sentencias favorables para las víctimas y registró mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

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Sin embargo, en los casos de mayor trascendencia pública, si bien son un porcentaje mínimo, es donde son evidentes los descalabros en distintas instancias judiciales.

Sentencias absolutorias, negativas y cancelaciones de órdenes de aprehensión, devoluciones de solicitudes de captura, no vinculaciones a proceso, anulación de pruebas clave para un juicio, libertades provisionales y la suspensión condicional de procesos sin el pago de un solo peso, han sido algunas de las resoluciones adversas para la autoridad ministerial.

De 34 fallos adversos para la actual Administración de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz, siete fueron dictados entre 2019 y 2022, mientras que 27 se emitieron apenas de enero de 2023 a la fecha, de acuerdo con una revisión hemerográfica.

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El mayor número de resoluciones contrarias coincide con la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relevo del ex Ministro Arturo Zaldívar.

Y también con la confrontación abierta del Presidente Andrés López Obrador contra el Poder Judicial de la Federación, al que con regularidad acusa de privilegios económicos y cuestiona por sus fallos, exhibiendo a jueces y Magistrados en sus conferencias matutinas.

El que quizá sea el caso de mayor relevancia que la FGR ha llevado a los tribunales en lo que va de esta Administración es el del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, un expediente que fue reactivado después de haber estado en la reserva desde hace un cuarto de siglo.

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El primer lanzamiento de la Fiscalía fue una solicitud de orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, un ex agente del Cisen al que señala como el “segundo tirador”, pero un juez federal negó librar la captura.

El juzgador concluyó que la FGR no tenía elementos para sustentar un acuerdo previo entre el asesino confeso, Mario Aburto, y el ex agente de inteligencia. La prueba que los vinculaba, el dicho de una mujer que dijo que ambos tuvieron contacto, fue desestimada porque la testigo cambió su declaración 25 años después.

Pero no es el único asunto destacado en el que se han registrado los reveses. Casos de supuesta corrupción como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado, así como el de Genaro García Luna y sus colaboradores, son parte de esa lista.

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Lozoya, por ejemplo, se anotó tres victorias judiciales: le cancelaron el proceso por el caso Agronitrogenados sin pagar un solo peso; anularon los documentos bancarios que prueban los sobornos en el caso Odebrecht, y fue rechazada la petición de FGR para transferir a la Federación la propiedad de su residencia en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones.

Robles ya fue absuelta en segunda instancia del caso más importante que le imputaron por la Estafa Maestra, y a Collado también le cancelaron el proceso de mayor penalidad que le iniciaron, por el caso de la Caja Libertad, y otro en el que lo señalaron de coludirse con un funcionario de la extinta PGR para tramitar el desbloqueo de su dinero en Andorra.

García Luna también litigó hasta lograr que se negara una de las órdenes de aprehensión en su contra, la de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos.

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Y en el caso de tráfico de armas conocido como “Rápido y Furioso”, donde también tiene orden de aprehensión, sus ex colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas ya libraron las acusaciones penales.

El caso Ayotzinapa, uno de los de mayor trascendencia pública de los últimos años, no ha estado exento de fallos adversos para la Fiscalía.

José Luis Abarca y 19 agentes de la Policía de Iguala fueron absueltos en un juicio por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Apenas la semana pasada, ocho militares acusados de la desaparición de los estudiantes quedaron en libertad provisional, tras siete meses en prisión. La FGR volvió a pedir sus capturas y ayer empezaron a ser detenidos.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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