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Reforma judicial de AMLO, atole con el dedo para el pueblo bueno y sabio 

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Diría el carnicero, vayamos por partes

¿Se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí.

¿La reforma de AMLO es la solución? No, pues es su venganza contra la SCJN por batearle sus caprichos anticonstitucionales y porque para los ciudadanos de a pie no será más sencillo acceder a la justicia.

¿La razón?

1.- La reforma de AMLO no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local, y de plano omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son el primer contacto de las personas que buscan justicia.

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2.- Su reforma se enfoca en los juzgadores federales, sacar a los que ya están, reducir el periodo de sus encargos, bajarles el sueldo e imponer la creación de un tribunal para “disciplinarlos”. ¿Se portan mal? ¿De acuerdo con quién?

Café con piquete

Basta ver esto para darse cuenta de que esta reforma no es para robustecer a una institución, fortalecer a la justicia, mejorarla, hacerla más abierta y transparente o para crear nuevos mecanismos para defender derechos humanos.

Así pues, se echa la culpa a la Corte y a los jueces y magistrados de cosas que son responsabilidad de poderes judiciales locales.

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Se acusa a jueces de cosas que son responsabilidad de las fiscalías de cada estado y, ojo, de los presidentes de los tribunales locales, aunque suelen ser designados por los propios integrantes del tribunal; se votan entre ellos.

O sea, sí hacen una elección, pero muchas veces es ‘namás’ para taparle el ojo el macho, pues son impuestos por los gobernadores.

Además, se ha alimentado la idea de que todos los jueces que liberan personas son corruptos y esto puede llegar a que se validen detenciones ilegales o se condene a gente que fue torturada. ¿Y las fiscalías, apá? Son las que no hacen bien su trabajo, léase no investigan y, por lo tanto, no integran bien las carpetas.

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Mordida de pan dulce

La oposición ha cuestionado su viabilidad y sus implicaciones para la independencia judicial, pero sin presentar una propuesta alternativa concreta, ni posicionarse claramente respecto a si consideran que el Poder Judicial requiere una reforma de fondo.

¿Cuáles son los cambios más polémicos de la reforma?

-La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

-La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal; este escenario implicará el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces.

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Las voces más alarmadas entre los expertos ven en esta reforma la justificación de “una purga” que derivará en que la impartición de justicia esté bajo el control político del Estado, pues, en el caso de la SCJN, la iniciativa plantea renovar de golpe a todos los integrantes del máximo tribunal cada 12 años, en lugar del actual sistema escalonado; este modelo podría politizar a la Suprema Corte y comprometer a sus integrantes, así como llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la misma.

Por su parte, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente tiene funciones administrativas y disciplinarias, abre la puerta a una excesiva concentración de poder y a posibles abusos e injerencias indebidas en un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Con esto, se estaría desapareciendo de tajo un contrapeso fundamental dentro del propio Poder Judicial, como advierte el IMCO.

El presidente argumenta que estas medidas ayudarán a “limpiar la corrupción” y a resolver problemas estructurales dentro del Poder Judicial.

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Sin embargo, organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Stanford Law School Impact Lab han advertido que la elección popular de jueces viola estándares internacionales y socava la democracia, al poner en riesgo la independencia judicial.

“La elección de jueces por voto popular es una mala idea, pues los convertiría en actores políticos en lugar de árbitros imparciales”, advirtió el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío.

¿Y la justicia local, apá?

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Será la gran deuda de la ‘4T’ con la ciudadanía

Hoy en día, quienes hemos tenido la infortuna de utilizar el Poder Judicial sabemos que, cuando llegamos a los tribunales federales, el acceso a la justicia mejora drásticamente. Leído lo anterior, el problema para la ciudadanía de a pie está en los tribunales locales.

Repito, no podemos olvidar que en México los presidentes de los tribunales locales suelen ser impuestos por los gobernadores y AMLO de esto no dice ni pío en su reforma.

Tampoco aborda cómo replantear el papel que desempeñan las policías de investigación y los ministerios públicos en la integración de expedientes que terminan en un juzgado.

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Ni la mejora de las competencias y la pericia de quienes impartirán justicia de los jueces.

Fuerte a pico de botella

En resumidas cuentas, esta reforma no mejorará la terrible experiencia de ir a levantar una denuncia y lidiar con las MP. Cuando usted vaya a denunciar que su hija no aparece, el ministerio público le seguirá diciendo “ay, señora, su hija seguro se fue con el novio. Regresa en tres días”. Cuando usted vaya a levantar una denuncia porque lo asaltaron, no tendrá empatía del ministerio público, tampoco cuando vaya por violencia familiar, pues tampoco toca el tema de cómo apoyar, investigar y juzgar con perspectiva de género.

Tampoco será más fácil el encontrar el cuerpo de una mujer víctima de un feminicidio, pues de los médicos legistas tampoco habla nada la reforma de AMLO. Una familia puede tardar años en encontrar el cuerpo de su familiar porque el médico legista dijo que la víctima tenía veintitantos años y en realidad era menor de edad.

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Lo dicho, está reforma sólo es la venganza de AMLO ante la SCJN, pero nos quiere dar atole con el dedo.

Finalmente, hay que preguntarse cómo se va a financiar la elección de tantos juzgadores si no se destinará dinero público para las campañas. ¿Cómo evitarán que los grupos criminales, el poder económico y los partidos capturen esos puestos?

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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Lluvia provocó severas inundaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán

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Coatzacoalcos, Veracruz.- Las fuertes lluvias que se registraron la noche de este miércoles 20 de noviembre, por el paso del Frente Frío 10, generaron desbordamiento de arroyos, avenidas inundadas, árboles y semáforos derivados, en municipios del sur de Veracruz.

Las precipitaciones intensas comenzaron a registrarse desde las 20:00 horas y se extendieron durante casi dos horas, provocando las mayores afectaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán, donde el agua ingresó a algunos hogares, aunque en menor proporción.

En el Puerto de Coatzacoalcos, se reportaron decenas de calles inundadas, y el desbordamiento de los canales de aguas residuales, donde una camioneta fue arrastrada por la corriente hacia un canal de aguas residuales, y el conductor y su acompañante estuvieron a punto de quedar atrapados.

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El incidente se registró después de las 21:00 horas sobre la avenida Jirafas, frente al fraccionamiento Punta Caracol, un sector que siempre se inunda cuando se registran precipitaciones intensas. De acuerdo con el reporte, se trata de una camioneta, blanca Pickup, propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo conductor perdió el control, derivado de la gran cantidad de agua que avanzaba sobre la calle.

La unidad quedó con la parte frontal dentro del canal de aguas, por lo que el conductor y su acompañante, abandonaron la unidad antes de que esta cayera por completo. Y fueron auxiliados por vecinos que se acercaron tras ver el incidente. Posteriormente arribaron cuerpos de emergencia y elementos policiacos, quienes solicitaron la intervención de una grúa para sacar la unidad, quedando todo en un susto.

En tanto que, en Minatitlán se reportó el desbordamiento de los arroyos La oaxaqueña y Ordaz, provocando que las viviendas cercanas se vieran afectadas por filtración de agua. En fraccionamientos privados como la Soto Inés, también se reportaron inundaciones por el colapso de las alcantarillas.

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En esta localidad, se viralizó un video donde se observa como un refrigerador es arrastrado por la corriente sobre la calle 26 de abril en el Centro de la ciudad.

Cuerpos de emergencia y elementos policiacos, se movilizaron para ayudar a las personas que resultaron afectadas, en su mayoría automovilistas varados.

Las lluvias cesaron después de las 22:00 horas, pero se espera continúen para este jueves 21 de noviembre, por lo que la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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