Columnas
Reforma judicial de AMLO, atole con el dedo para el pueblo bueno y sabio
Diría el carnicero, vayamos por partes
¿Se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí.
¿La reforma de AMLO es la solución? No, pues es su venganza contra la SCJN por batearle sus caprichos anticonstitucionales y porque para los ciudadanos de a pie no será más sencillo acceder a la justicia.
¿La razón?
1.- La reforma de AMLO no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local, y de plano omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son el primer contacto de las personas que buscan justicia.
2.- Su reforma se enfoca en los juzgadores federales, sacar a los que ya están, reducir el periodo de sus encargos, bajarles el sueldo e imponer la creación de un tribunal para “disciplinarlos”. ¿Se portan mal? ¿De acuerdo con quién?
Café con piquete
Basta ver esto para darse cuenta de que esta reforma no es para robustecer a una institución, fortalecer a la justicia, mejorarla, hacerla más abierta y transparente o para crear nuevos mecanismos para defender derechos humanos.
Así pues, se echa la culpa a la Corte y a los jueces y magistrados de cosas que son responsabilidad de poderes judiciales locales.
Se acusa a jueces de cosas que son responsabilidad de las fiscalías de cada estado y, ojo, de los presidentes de los tribunales locales, aunque suelen ser designados por los propios integrantes del tribunal; se votan entre ellos.
O sea, sí hacen una elección, pero muchas veces es ‘namás’ para taparle el ojo el macho, pues son impuestos por los gobernadores.
Además, se ha alimentado la idea de que todos los jueces que liberan personas son corruptos y esto puede llegar a que se validen detenciones ilegales o se condene a gente que fue torturada. ¿Y las fiscalías, apá? Son las que no hacen bien su trabajo, léase no investigan y, por lo tanto, no integran bien las carpetas.
Mordida de pan dulce
La oposición ha cuestionado su viabilidad y sus implicaciones para la independencia judicial, pero sin presentar una propuesta alternativa concreta, ni posicionarse claramente respecto a si consideran que el Poder Judicial requiere una reforma de fondo.
¿Cuáles son los cambios más polémicos de la reforma?
-La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
-La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal; este escenario implicará el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces.
Las voces más alarmadas entre los expertos ven en esta reforma la justificación de “una purga” que derivará en que la impartición de justicia esté bajo el control político del Estado, pues, en el caso de la SCJN, la iniciativa plantea renovar de golpe a todos los integrantes del máximo tribunal cada 12 años, en lugar del actual sistema escalonado; este modelo podría politizar a la Suprema Corte y comprometer a sus integrantes, así como llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la misma.
Por su parte, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente tiene funciones administrativas y disciplinarias, abre la puerta a una excesiva concentración de poder y a posibles abusos e injerencias indebidas en un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Con esto, se estaría desapareciendo de tajo un contrapeso fundamental dentro del propio Poder Judicial, como advierte el IMCO.
El presidente argumenta que estas medidas ayudarán a “limpiar la corrupción” y a resolver problemas estructurales dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Stanford Law School Impact Lab han advertido que la elección popular de jueces viola estándares internacionales y socava la democracia, al poner en riesgo la independencia judicial.
“La elección de jueces por voto popular es una mala idea, pues los convertiría en actores políticos en lugar de árbitros imparciales”, advirtió el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío.
¿Y la justicia local, apá?
Será la gran deuda de la ‘4T’ con la ciudadanía
Hoy en día, quienes hemos tenido la infortuna de utilizar el Poder Judicial sabemos que, cuando llegamos a los tribunales federales, el acceso a la justicia mejora drásticamente. Leído lo anterior, el problema para la ciudadanía de a pie está en los tribunales locales.
Repito, no podemos olvidar que en México los presidentes de los tribunales locales suelen ser impuestos por los gobernadores y AMLO de esto no dice ni pío en su reforma.
Tampoco aborda cómo replantear el papel que desempeñan las policías de investigación y los ministerios públicos en la integración de expedientes que terminan en un juzgado.
Ni la mejora de las competencias y la pericia de quienes impartirán justicia de los jueces.
Fuerte a pico de botella
En resumidas cuentas, esta reforma no mejorará la terrible experiencia de ir a levantar una denuncia y lidiar con las MP. Cuando usted vaya a denunciar que su hija no aparece, el ministerio público le seguirá diciendo “ay, señora, su hija seguro se fue con el novio. Regresa en tres días”. Cuando usted vaya a levantar una denuncia porque lo asaltaron, no tendrá empatía del ministerio público, tampoco cuando vaya por violencia familiar, pues tampoco toca el tema de cómo apoyar, investigar y juzgar con perspectiva de género.
Tampoco será más fácil el encontrar el cuerpo de una mujer víctima de un feminicidio, pues de los médicos legistas tampoco habla nada la reforma de AMLO. Una familia puede tardar años en encontrar el cuerpo de su familiar porque el médico legista dijo que la víctima tenía veintitantos años y en realidad era menor de edad.
Lo dicho, está reforma sólo es la venganza de AMLO ante la SCJN, pero nos quiere dar atole con el dedo.
Finalmente, hay que preguntarse cómo se va a financiar la elección de tantos juzgadores si no se destinará dinero público para las campañas. ¿Cómo evitarán que los grupos criminales, el poder económico y los partidos capturen esos puestos?
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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.
Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.
Columnas
Morena no es México, no se engañen
Opinión de Jorge Romero Herrera
El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.
Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.
Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.
En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.
Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.
Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.
Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Sheinbaum relanza al PAN
Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |
Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.
Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.
Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.
Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.
El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.
POR JUAN IGNACIO ZAVALA
@juanizavala
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Incongruencias
Opinión de Raymundo Riva Palacio
¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.
rrivapalacio2024@gmail.com
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