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Dictan primera sentencia por lavado y crimen organizado en caso ‘Estafa Maestra’

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Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra.

Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.

Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.

Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados – que se definirán en siguientes audiencias – podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.

Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.

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Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.

Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.

No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.

El caso de la FGR

En su acusación presentada ante la jueza los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo) sostuvieron que entre 2012 y 2018 operó una organización delictiva en la Sedesol y Sedatu con la que se lograron desviar más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada.

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“Actuando todos con pleno conocimiento de permanencia e intervención en el esquema delictivo hoy conocido como Estafa Maestra. Este esquema tuvo como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25., con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”, señala el escrito de la acusación final.

Para ejemplificar el funcionamiento de la organización delictiva los fiscales profundizaron en el caso de un convenio firmado desde la Sedesol con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones de pesos para el levantamiento de unos padrones y encuestas. Los servicios, según la acusación, se simularon y el dinero terminó en empresas fachada.

La investigación de los fiscales apoyada en auditorías federales sostuvo que Orozco Martínez participó en los procedimientos irregulares de contratación y validó servicios que no se prestaron de forma adecuada. En tanto, la empresa de la que era apoderado Valenciano Zapata fue la receptora de los recursos desviados a través del referido convenio. Ello pese a que dicha compañía no tuvo participación en los servicios prestados.

Sin esas acciones, consideró la jueza federal en su resolución, no hubiera sido posible que la organización delictiva lograra extraer los recursos públicos.

Cabos sueltos

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Las personas sentenciadas son, según la propia FGR, integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal. Ninguno de ellos fue acusado de haberse beneficiado con los recursos malversados o haber organizado o coordinado el esquema delictivo. El destino final de los recursos no se ha esclarecido.

El proceso penal asentado en la causa penal 400/2020 ha enfrentado dificultades para llegar a los principales responsables. Por un lado, aunque en 2021, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de Rosario Robles (que según la acusación es la líder del esquema), esta no fue cumplimentada pese a no existir obstáculo alguno, pues la exfuncionaria estaba plenamente localizable y en prisión preventiva por otro proceso. A la postre la orden fue cancelada gracias a un amparo obtenido por la exsecretaria de Estado.

La FGR aún está en posibilidades de citar a una audiencia inicial a Robles para intentar detonar el proceso penal en su contra, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

Por otro lado, este caso surgió de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 en la que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversas declaraciones y otros datos de prueba identificaron al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como el principal operador y beneficiario del fraude.

Sin embargo, las autoridades a cargo de la indagatoria no procedieron en contra de dicho exfuncionario. Un informe revelado por la organización TOJIL en mayo pasado evidenció un esquema de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en que estarían implicados fiscales y otros funcionarios para proteger a Zebadúa y sus cómplices.

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Tras la publicación de esa información la FGR a través de su Fiscalía de Asuntos Internos inició formalmente dos carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción en contra de varios de los fiscales y ex fiscales a cargo de este caso. El asunto sigue en desarrollo.

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Huracán ‘Simon’ y tormenta ‘Trudy’ generarán lluvias muy fuertes en Coahuila, Chihuahua, Durango, Edomex, Guerrero y Oaxaca

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A las 09:00 horas de este miércoles 14 de octubre, el huracán ‘Simon’, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 km/h.

‘Simon’ refuerza lluvias en el occidente; ‘Trudy’ se ubica frente a Oaxaca y Guerrero

La circulación de ‘Simon’ refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en los estados del occidente de México.

A su vez, la tormenta tropical ‘Trudy’ se ubicó a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 600 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país, y se prevé que en los próximos días evolucione a huracán.

Pronóstico de lluvias muy fuertes y riesgo de deslaves e inundaciones

El pronóstico meteorológico para este miércoles es de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca; lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas; chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

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Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, y las de mayor intensidad podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Plataformas tendrán 30 días para reforzar la seguridad digital de menores tras decreto de Sheinbaum

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Las empresas de servicios digitales tendrán un plazo de 30 días naturales para adecuar sus plataformas a las disposiciones de protección de niñas, niños y adolescentes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmara el decreto de entornos digitales seguros, cuya publicación está prevista para este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento obliga a las compañías a limitar, desde el diseño de sus servicios, la exposición de menores a contenidos de violencia, acoso y abuso sexual, así como a retirar de inmediato cualquier material de riesgo detectado en perfiles de personas menores de edad.

Al referirse a los compromisos asumidos por las empresas, Sheinbaum explicó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” que estas solicitaron un mes para preparar sus sistemas. Añadió que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento a las medidas y advirtió que, si no se cumplen, se avanzaría hacia una ley que también contemple sanciones.

“Tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea. Las plataformas estuvieron de acuerdo; lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad, y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, puntualizó la mandataria.

En las mesas de trabajo participaron empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, informó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján. De acuerdo con la funcionaria, las compañías reconocieron la necesidad de contar con este instrumento, que establece obligaciones de cumplimiento obligatorio, aunque no contempla sanciones de manera directa. También deberán efectuar los ajustes técnicos correspondientes y documentar ante la autoridad las acciones adoptadas dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor.

El fundamento jurídico de la medida es el Artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Alcalde Luján explicó que el decreto se organiza en cinco ejes para establecer las obligaciones de las plataformas y fortalecer la protección de este sector de la población.

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Respecto al primer eje, se prohíbe permitir el acceso, la exposición o la recomendación algorítmica a menores de contenidos, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

El segundo apartado dispone que las plataformas incorporen medidas de seguridad desde su diseño y las mantengan activas de forma predeterminada. Entre sus obligaciones están identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que inciten o generen violencia, clasificar los contenidos por edad, verificar la edad de los usuarios, habilitar herramientas de supervisión para madres, padres o personas tutoras y facilitar mecanismos para reportar usuarios o materiales de riesgo.

En cuanto a la cooperación institucional, las empresas deberán disponer de un contacto permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para responder a requerimientos de información de la autoridad investigadora. También tendrán que conservar y entregar evidencia relevante y notificar inmediatamente a las autoridades cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

Como cuarto eje, se prevé reforzar la orientación y el acompañamiento psicológico a través de la Línea de la Vida, disponible en el 800-911-2000, además de promover en la comunidad educativa la guía “El ABC de las emociones”, relacionada con la salud mental y el uso consciente de las redes sociales.

El quinto punto instruye a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a instalar una Mesa de Trabajo que coordine la elaboración de propuestas de regulación para fortalecer la defensa de menores en los espacios digitales. A su vez, las plataformas deberán documentar e informar las medidas implementadas para cumplir con el decreto en un máximo de 30 días naturales a partir de su entrada en vigor.

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Aseguran casi 10 millones de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

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Autoridades federales aseguraron cerca de 10 millones de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras detectar un contenedor con 9 millones 948 mil piezas de cigarrillos ilegales.

ANAM, Marina, FGR y SSPC identificaron el cargamento mediante control documental

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó y aseguró el contenedor derivado de las medidas de control y retroalimentación documental proporcionada por la Aduana de Lázaro Cárdenas.

FGR inició carpeta de investigación; contenedor quedó asegurado en la aduana

La FGR inició una carpeta de investigación, mientras que el contenedor quedó asegurado en la aduana.

La ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

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