Nacionales
Dictan primera sentencia por lavado y crimen organizado en caso ‘Estafa Maestra’

Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra.
Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.
Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.
Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados – que se definirán en siguientes audiencias – podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.
Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.
Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.
Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.
No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.
El caso de la FGR
En su acusación presentada ante la jueza los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo) sostuvieron que entre 2012 y 2018 operó una organización delictiva en la Sedesol y Sedatu con la que se lograron desviar más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada.
“Actuando todos con pleno conocimiento de permanencia e intervención en el esquema delictivo hoy conocido como Estafa Maestra. Este esquema tuvo como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25., con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”, señala el escrito de la acusación final.
Para ejemplificar el funcionamiento de la organización delictiva los fiscales profundizaron en el caso de un convenio firmado desde la Sedesol con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones de pesos para el levantamiento de unos padrones y encuestas. Los servicios, según la acusación, se simularon y el dinero terminó en empresas fachada.
La investigación de los fiscales apoyada en auditorías federales sostuvo que Orozco Martínez participó en los procedimientos irregulares de contratación y validó servicios que no se prestaron de forma adecuada. En tanto, la empresa de la que era apoderado Valenciano Zapata fue la receptora de los recursos desviados a través del referido convenio. Ello pese a que dicha compañía no tuvo participación en los servicios prestados.
Sin esas acciones, consideró la jueza federal en su resolución, no hubiera sido posible que la organización delictiva lograra extraer los recursos públicos.
Cabos sueltos
Las personas sentenciadas son, según la propia FGR, integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal. Ninguno de ellos fue acusado de haberse beneficiado con los recursos malversados o haber organizado o coordinado el esquema delictivo. El destino final de los recursos no se ha esclarecido.
El proceso penal asentado en la causa penal 400/2020 ha enfrentado dificultades para llegar a los principales responsables. Por un lado, aunque en 2021, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de Rosario Robles (que según la acusación es la líder del esquema), esta no fue cumplimentada pese a no existir obstáculo alguno, pues la exfuncionaria estaba plenamente localizable y en prisión preventiva por otro proceso. A la postre la orden fue cancelada gracias a un amparo obtenido por la exsecretaria de Estado.
La FGR aún está en posibilidades de citar a una audiencia inicial a Robles para intentar detonar el proceso penal en su contra, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.
Por otro lado, este caso surgió de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 en la que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversas declaraciones y otros datos de prueba identificaron al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como el principal operador y beneficiario del fraude.
Sin embargo, las autoridades a cargo de la indagatoria no procedieron en contra de dicho exfuncionario. Un informe revelado por la organización TOJIL en mayo pasado evidenció un esquema de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en que estarían implicados fiscales y otros funcionarios para proteger a Zebadúa y sus cómplices.
Tras la publicación de esa información la FGR a través de su Fiscalía de Asuntos Internos inició formalmente dos carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción en contra de varios de los fiscales y ex fiscales a cargo de este caso. El asunto sigue en desarrollo.
Columnas
Yunes: el colmilludo que juega con todos

Opinión de Sofía García | El Heraldo de México |
Como era de esperarse, Miguel Ángel Yunes Márquez no se quedó quieto. Aunque se dice independiente —porque no le quedó otra— opera para varios, en privado, sin importar los colores, y es sabido que no son de fiar, por lo que Morena no puede confiarse. El senador veracruzano ha sostenido reuniones con panistas locales para asegurarles su respaldo en algunos municipios, mientras mantiene canales abiertos con el partido guinda. Tiene un pie en cada lado del río. Colmillo político, le llaman. O conveniencia descarada.
Pero ese juego doble no ha salido gratis. En Veracruz, el chapulineo ha hecho más ruido que las propuestas. En Xalapa, la oposición se desfondó antes de empezar: el PAN y PRI postularon candidatos que, según su propia militancia, no tienen con qué dar la pelea. Maribel Ramírez Topete, exdiputada de Movimiento Ciudadano, es reconocida como buen perfil, pero sin estructura. Y Silvio Lagos, ex diputado federal y notario, arrastra el lastre de su pasado con sus cercanos Fidel Herrera y Javier Duarte.
En el puerto, Morena apuesta a quitarle el bastión al PAN. Pero el apoyo tácito de Yunes a la 4T fracturó al panismo, abrió grietas internas y dejó a muchos sin brújula. En medio del reacomodo, quien más fuerza ha ganado es la propia gobernadora Rocío Nahle. Tras celebrar el fracaso de Yunes de sumarse oficialmente a Morena, Nahle ha movido sus fichas y colocado a perfiles cercanos en plazas clave. En Boca del Río, impuso a Bertha Ahued, quien además del respaldo del aparato estatal, carga con el apellido de Ricardo Ahued Bardahuil, actual secretario de Gobierno.
El PAN todavía podría retener Boca del Río, pero ya no será un paseo. Morena empieza a hacerles ruido, en un municipio donde antes ni pintaban.
Y mientras la lucha local se tensa, a nivel federal Rocío Nahle enfrenta otro frente: el desastre de Dos Bocas. La refinería estrella del sexenio pasado sigue sin refinar. Tres años después de su “inauguración”, apenas alcanza 48 mil barriles diarios, lejos de los 340 mil prometidos. Y para llegar a esa meta, aún necesita una inversión extra de mil millones de dólares para infraestructura que, en su momento, nadie contempló.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió, desde finales del año pasado, auditar, acelerar pagos a proveedores y frenar el despilfarro. La obra, que debía costar 8 mil millones de dólares, ya supera los 20 mil millones. Y el costo político apenas comienza.
FISCALÍA DE SLP AMENAZA A MADRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA
En San Luis Potosí, la Fiscalía no solo ha sido omisa frente a casos de violencia vicaria, también ha amenazado e intimidado a las madres que buscan justicia. Sí, a quienes tienen la custodia legal de sus hijos y que aun así han tenido que salir a las calles porque sus hijos fueron sustraídos por sus exparejas.
Mujeres marcharon en la capital potosina
para exigir el regreso de sus hijos, quienes fueron arrebatados sin que la autoridad actúe. La respuesta de la
Fiscalía General del Estado de SLP,
de acuerdo con las víctimas, ha sido con
evasivas legales y, lo más grave, amenazas.
Uno de los casos más recientes es el de
Ian Yael Escobedo Juárez,
de diez años, sustraído por su padre el 21 de marzo. Su madre,
Daniela Martínez
, permitió que conviviera con él. No volvió a saber nada de él. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda, sí, pero ha sido incapaz de recuperarlo. Otro, es el caso de
Alanna Sofía Ortiz Guerrero
, de cinco años, quien también fue sustraída el 12 de febrero. La madre y la abuela saben dónde está, lo han denunciado. En plena protesta, con presencia de colectivas y medios, funcionarios de la
FGJESLP ofrecieron diálogo a puerta cerrada
, desde adentro se menciona que la fiscal
María Manuela García Cázares
minimiza porque tiene otras prioridades. “Es un problema familiar”, dijo ante la prensa. No. No es un asunto privado.
Es un delito. Tal vez la fiscal no lo sepa.
Nos vemos a las 8 por el 8 POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
Nacionales
Los Alegres del Barranco se presentan en la Fiscalía de Jalisco tras difundir imágenes de ‘El Mencho’ en concierto

Los integrantes de la agrupación Los Alegres del Barranco se presentaron a comparecer ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social de la Fiscalía de Jalisco, después de que difundieran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en el Auditorio Telmex.
La Fiscalía del Estado inició una investigación en su contra por presunta apología del delito por el concierto del 29 de marzo, el cual se considera un delito de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal de Jalisco.
De acuerdo con medios locales, los cuatro integrantes del grupo musical, así como un representante y un promotor de espectáculos se presentaron a la Fiscalía, pero no rindieron ninguna declaración.
Los Alegres del Barranco fueron citados a declarar al jueves 10 de abril, pero no se presentaron, por lo que se reiteró el llamado, de modo que fue hasta el jueves 17 de abril cuando acudieron en compañía de sus representantes legales.
“Seis personas relacionadas con una agrupación musical comparecieron ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social como parte de una carpeta iniciada por una presunta apología del delito”, publicó la Fiscalía de Jalisco en sus redes sociales.
Los Alegres del Barranco se presentaron en la Fiscalía de Jalisco pero se negaron a declarar por enaltecer a El Mencho del CJNG (Información en el enlace) https://t.co/I5YDpreV1F pic.twitter.com/aeCcGA35MK
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 18, 2025
¿Por qué se investiga a Los Alegres del Barranco?
A finales de marzo de viralizó en redes sociales videos de un concierto en el Auditorio Telmex, donde Los Alegres del Barranco rindió homenaje a Nemesio Oseguera cuando interpretaron ‘El dueño del palenque‘, canción que hace referencia al narcotraficante, mientras proyectaban imágenes de él.
Por ello, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa la carpeta de investigación 21010/2025 por presunta apología del delito.
De acuerdo con el Código Penal de Jalisco provocar públicamente la comisión de un delito o hacer apología de este o de algún vicio puede castigarse con hasta seis meses de prisión.
Nacionales
Hallan cuerpo sin vida de voluntario durante incendio en Morelos; PC advierte de riesgos en la zona

Cándido González Martínez, ejidatario de 53 años, falleció la noche del miércoles mientras participaba como voluntario en el combate de un incendio forestal en el cerro de San Diego Tepantongo, en el municipio de Atlatlahucan, al norte del estado de Morelos.
Su cuerpo fue localizado calcinado por otros brigadistas que regresaron a la zona tras notar su ausencia.
El incendio se registró en la parte alta del corredor Ajusco-Chichinautzin, una región forestal que fue afectada recientemente por múltiples incendios.
⚫🕊️ #QEPD || Un ejidatario murió al intentar junto con integrantes del Comisariado Ejidal acudir a sofocar un incendio en la zona protegida de la sierra de #Chichinautzin que corresponde a la comunidad de San Diego Tapatongo de #Atlatlahucan, ante la falta de atención de las… pic.twitter.com/rSrnv5ftqM
— Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) April 17, 2025
Ante esta situación, autoridades de Protección Civil del estado exhortaron a la población a no acercarse a las zonas afectadas si no se cuenta con la capacitación y experiencia necesarias.
El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, advirtió sobre los riesgos que representa la participación de personas no entrenadas en este tipo de emergencias.
“Hacemos un llamado a toda la comunidad, porque si bien es cierto, tienen el incendio cerca, no es recomendable que voluntarios por sí solos vayan si no tienen antes una capacitación. El riesgo es muy fuerte, no sólo por el tipo de terreno, sino por los cambios que se dan del viento de un momento a otro”, explicó.
Restringen acceso al Tepozteco
En respuesta a la emergencia, la comunidad de Tepoztlán determinó restringir el acceso al cerro del municipio, incluyendo al Tepozteco, tanto para turistas como para residentes. La decisión fue tomada en asambleas comunitarias y se implementó mediante la colocación de mantas en los accesos principales.
Los pobladores señalaron que la medida es indefinida y busca proteger la zona tras los recientes incendios que han afectado más de mil 250 hectáreas de bosque. Particularmente en Santo Domingo Ocotitlán, se reportan más de 360 personas activas en labores de control del fuego.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones oficiales para evitar riesgos adicionales.
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