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Sí, Presidente: se retractó porque mintió… 

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La última jugada legal de Emilio Lozoya que di a conocer aquí en la Sobremesa del pasado lunes 15 de julio y que consistió en descalificar la denuncia que él mismo presentó, como parte de acuerdos inconfesables con la FGR y vaya usted a saber con quién más del gobierno federal, fue materia de dos preguntas al presidente López Obrador en las mañaneras del martes y miércoles de esta semana.

Café con piquete

Pues más allá de las preguntas, que celebro se hayan hecho, porque claramente no resultaron del todo cómodas, las respuestas vaya que me llamaron la atención.

Después de más o menos mil 300 mañaneras, podemos sostener que el Presidente no sólo opina desde su plataforma, sino que gobierna, marca pauta, agenda y anticipa muchas veces lo que habrá de suceder tanto en políticas públicas como en asuntos judiciales, y el caso Lozoya es uno de ellos.

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Dice el Presidente que su pecho no es bodega, que no es su fuerte la venganza, pero desde aquí yo le pregunto: ¿y las consecuencias, Presidente?

El martes pasado, cuando se le preguntó su opinión respecto de que Lozoya mintió para obtener un beneficio para ser “testigo protegido”, el Presidente respondió que es un asunto que tiene que ver con la fiscalía y que, si mintió, que se retracte, que estos asuntos son muy “cuesta arriba” y que la denuncia no fue en su gobierno.

Siéntese cómodamente, pues se puede caer

Como una víctima de las mentiras de Lozoya en su denuncia, una periodista que ha hecho de este asunto la crónica de más largo aliento y con más detalle, pero sobre todo como mexicana, le pregunto con respeto, Presidente:

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¿y las consecuencias?, ¿basta una retractación de un criminal confeso, un embaucador que lo engañó a usted y a su gobierno entero y que por su culpa personas fueron a la cárcel, están siendo perseguidas y años de trayectoria en servicio público manchados para siempre?, ¿no hay consecuencias para quien miente a la autoridad que investiga los delitos?

Estas preguntas las hago con los pelos de la burra en la mano, porque de que mintió, ya no hay duda; y de que todo el dinero de Odebrecht está en sus cuentas y de su familia, tampoco.

De que le mintió a usted, a su gobierno, al fiscal y de que trató de usarlos, ¡tampoco!

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Es verdad legal. Está condenado en definitiva.

De que se retractó, tampoco; ya dijo y ratificó y reconoció que su denuncia es nula, que la firmó sin presencia de abogado, el pobrecito, y que, en todo caso, dijo lo que dijo para que le cumplieran un ofrecimiento de impunidad total. Un criterio de oportunidad, un acuerdo reparatorio pegado como sanguijuela a Alonso Ancira y su chequera, o una suspensión del proceso, y no sólo para él sino para toda su familia.

¿No le da curiosidad, Presidente, saber quién acercó a Lozoya a la ‘4T’? ¿No le enoja que Lozoya, en su más puro estilo, haya exhibido a su gobierno como una entidad no confiable y que hace acuerdos al margen de la ley para favorecer delincuentes y perseguir adversarios?

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Inhale y exhale, pues…

Lo pregunto porque usted es una víctima más de Lozoya, una piedra más de su empedrado para obtener la impunidad que tanto ansía. Porque Lozoya nunca ha pedido justicia como yo, ha exigido impunidad. A costa de todo y al precio que sea.

No está por demás recordarle a usted y al respetable que, en la mañanera del 20 de agosto de 2020, el titular del Poder Ejecutivo federal, con una de las aprobaciones más altas en la historia de México y en el mundo entero, dijo que le parecía que la denuncia era cierta y recomendó, a todo el país, su lectura y difusión en las redes sociales. Y no sólo eso, en un video desde Palacio Nacional, esta patraña de mentiras le mereció a usted calificarla como “lectura obligatoria”, “durísima”.

Y vuelvo a preguntar, ¿no habrá consecuencias para quien manipuló al hombre más seguido, más admirado y más poderoso de México? El peso de sus palabras, Presidente, y la credibilidad que le vendió Lozoya y su familia, es uno que todos los que fuimos señalados venimos cargando en nuestras reputaciones y que cambió nuestras vidas para siempre.

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Usted dijo el martes que la denuncia se presentó en el gobierno pasado; un lapsus. Sin embargo, dejo aquí, para el registro, que la denuncia fue presentada y producto de acuerdos entre Lozoya y funcionarios de este gobierno. De su gobierno, el 11 de agosto de 2020.

Como una de las víctimas de Lozoya lo he denunciado por daño moral; vamos 3-0. Por falsedad en declaraciones, fiscalía CDMX, ¿cuándo comenzamos en juicio, así como por amenazas?, y sigo esperando las medidas cautelares pertinentes.

De hecho, Lozoya ya aceptó que no pudo probar ninguno de sus dichos en mi contra y de mi hija, faltando a la ética de #ConLosNiñosNo. Y lo que hizo fue echar al agua a su gobierno, a la fiscalía, diciendo que su denuncia fue producto de un acuerdo, que firmó solito, sin abogado, y que su denuncia es nula y vale cero, igual que él.

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En mi caso, no es venganza lo que quiero, pero haber probado que sus dichos son mentiras, al punto de que tuviera que desestimar su denuncia com-ple-ti-ta, no es suficiente. Busco que haya consecuencias legales y dejar un precedente que deje claro que no se puede denunciar en falso, y lo invito a dejar otro para que los corruptos no jueguen con las instituciones.

Para un México con justicia, tiene que haber consecuencias: castigos y reparaciones. ¿Por qué la fiscalía no decide relanzar el asunto, ordenarlo y reencauzar el poder del Estado contra el criminal confeso? ¿Por qué no pedir el sobreseimiento de Jorge Luis Lavalle, quien perdió su libertad, su reputación, pero, sobre todo, tuvo que procesar en una celda el dolor más grande que un padre puede sentir? ¿Por qué no cancelar la orden de aprehensión que pesa sobre Carlos Treviño, que antes que defenderse decidió denunciar las mentiras de Lozoya y no le han dado acceso a su carpeta desde hace más de un año? ¿Por qué someter al país a tener que ver al criminal confeso de Lozoya bajándose de un Mercedes Benz, como si fuera a la audiencia en Madrid y pitorreándose de México entero?

Yo ya hice mi parte, Presidente, y voy a seguir. Lozoya ya mintió, ya se retractó. Que sigan las consecuencias. Es lo menos que merece él y merecemos los mexicanos. Y como lo dijo el miércoles en la mañanera, “la justicia puede tardar, pero va a llegar”. Sentencia demoledora contra Lozoya y su familia.

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PD. He sido crítica del mal actuar de la fiscalía CDMX. Lo seguiré siendo porque soy ciudadana y periodista. Espero que el retraso a proceder contra Lozoya no sea una represalia por mis textos y mi labor.

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

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Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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Lluvia provocó severas inundaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán

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Coatzacoalcos, Veracruz.- Las fuertes lluvias que se registraron la noche de este miércoles 20 de noviembre, por el paso del Frente Frío 10, generaron desbordamiento de arroyos, avenidas inundadas, árboles y semáforos derivados, en municipios del sur de Veracruz.

Las precipitaciones intensas comenzaron a registrarse desde las 20:00 horas y se extendieron durante casi dos horas, provocando las mayores afectaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán, donde el agua ingresó a algunos hogares, aunque en menor proporción.

En el Puerto de Coatzacoalcos, se reportaron decenas de calles inundadas, y el desbordamiento de los canales de aguas residuales, donde una camioneta fue arrastrada por la corriente hacia un canal de aguas residuales, y el conductor y su acompañante estuvieron a punto de quedar atrapados.

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El incidente se registró después de las 21:00 horas sobre la avenida Jirafas, frente al fraccionamiento Punta Caracol, un sector que siempre se inunda cuando se registran precipitaciones intensas. De acuerdo con el reporte, se trata de una camioneta, blanca Pickup, propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo conductor perdió el control, derivado de la gran cantidad de agua que avanzaba sobre la calle.

La unidad quedó con la parte frontal dentro del canal de aguas, por lo que el conductor y su acompañante, abandonaron la unidad antes de que esta cayera por completo. Y fueron auxiliados por vecinos que se acercaron tras ver el incidente. Posteriormente arribaron cuerpos de emergencia y elementos policiacos, quienes solicitaron la intervención de una grúa para sacar la unidad, quedando todo en un susto.

En tanto que, en Minatitlán se reportó el desbordamiento de los arroyos La oaxaqueña y Ordaz, provocando que las viviendas cercanas se vieran afectadas por filtración de agua. En fraccionamientos privados como la Soto Inés, también se reportaron inundaciones por el colapso de las alcantarillas.

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En esta localidad, se viralizó un video donde se observa como un refrigerador es arrastrado por la corriente sobre la calle 26 de abril en el Centro de la ciudad.

Cuerpos de emergencia y elementos policiacos, se movilizaron para ayudar a las personas que resultaron afectadas, en su mayoría automovilistas varados.

Las lluvias cesaron después de las 22:00 horas, pero se espera continúen para este jueves 21 de noviembre, por lo que la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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