Opinión de Sofía García | El Heraldo de México |

Como era de esperarse, Miguel Ángel Yunes Márquez no se quedó quieto. Aunque se dice independiente —porque no le quedó otra— opera para varios, en privado, sin importar los colores, y es sabido que no son de fiar, por lo que Morena no puede confiarse. El senador veracruzano ha sostenido reuniones con panistas locales para asegurarles su respaldo en algunos municipios, mientras mantiene canales abiertos con el partido guinda. Tiene un pie en cada lado del río. Colmillo político, le llaman. O conveniencia descarada.

Pero ese juego doble no ha salido gratis. En Veracruz, el chapulineo ha hecho más ruido que las propuestas. En Xalapa, la oposición se desfondó antes de empezar: el PAN y PRI postularon candidatos que, según su propia militancia, no tienen con qué dar la pelea. Maribel Ramírez Topete, exdiputada de Movimiento Ciudadano, es reconocida como buen perfil, pero sin estructura. Y Silvio Lagos, ex diputado federal y notario, arrastra el lastre de su pasado con sus cercanos Fidel Herrera y Javier Duarte.

En el puerto, Morena apuesta a quitarle el bastión al PAN. Pero el apoyo tácito de Yunes a la 4T fracturó al panismo, abrió grietas internas y dejó a muchos sin brújula. En medio del reacomodo, quien más fuerza ha ganado es la propia gobernadora Rocío Nahle. Tras celebrar el fracaso de Yunes de sumarse oficialmente a Morena, Nahle ha movido sus fichas y colocado a perfiles cercanos en plazas clave. En Boca del Río, impuso a Bertha Ahued, quien además del respaldo del aparato estatal, carga con el apellido de Ricardo Ahued Bardahuil, actual secretario de Gobierno.

El PAN todavía podría retener Boca del Río, pero ya no será un paseo. Morena empieza a hacerles ruido, en un municipio donde antes ni pintaban.

Y mientras la lucha local se tensa, a nivel federal Rocío Nahle enfrenta otro frente: el desastre de Dos Bocas. La refinería estrella del sexenio pasado sigue sin refinar. Tres años después de su “inauguración”, apenas alcanza 48 mil barriles diarios, lejos de los 340 mil prometidos. Y para llegar a esa meta, aún necesita una inversión extra de mil millones de dólares para infraestructura que, en su momento, nadie contempló.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió, desde finales del año pasado, auditar, acelerar pagos a proveedores y frenar el despilfarro. La obra, que debía costar 8 mil millones de dólares, ya supera los 20 mil millones. Y el costo político apenas comienza.

FISCALÍA DE SLP AMENAZA A MADRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA

En San Luis Potosí, la Fiscalía no solo ha sido omisa frente a casos de violencia vicaria, también ha amenazado e intimidado a las madres que buscan justicia. Sí, a quienes tienen la custodia legal de sus hijos y que aun así han tenido que salir a las calles porque sus hijos fueron sustraídos por sus exparejas.

Mujeres marcharon en la capital potosina

para exigir el regreso de sus hijos, quienes fueron arrebatados sin que la autoridad actúe. La respuesta de la

 Fiscalía General del Estado de SLP,

de acuerdo con las víctimas, ha sido con

evasivas legales y, lo más grave, amenazas.

Uno de los casos más recientes es el de

Ian Yael Escobedo Juárez,

de diez años, sustraído por su padre el 21 de marzo. Su madre,

Daniela Martínez

, permitió que conviviera con él. No volvió a saber nada de él. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda, sí, pero ha sido incapaz de recuperarlo. Otro, es el caso de

Alanna Sofía Ortiz Guerrero

, de cinco años, quien también fue sustraída el 12 de febrero. La madre y la abuela saben dónde está, lo han denunciado. En plena protesta, con presencia de colectivas y medios, funcionarios de la

FGJESLP ofrecieron diálogo a puerta cerrada

, desde adentro se menciona que la fiscal

María Manuela García Cázares

minimiza porque tiene otras prioridades. “Es un problema familiar”, dijo ante la prensa. No. No es un asunto privado.

Es un delito. Tal vez la fiscal no lo sepa.

Nos vemos a las 8 por el 8  POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

Opinión de Gustavo Rentería | El Heraldo de México |

La corrupción es un mal que aqueja a prácticamente todas las naciones. El manejo de multimillonarios recursos públicos le ofrece fácilmente a los encumbrados en el poder a quedarse con porcentajes de todo ese dinero utilizado. No estamos diciendo que esté bien, pero la mayoría de los que buscan altas posiciones, no es para trabajar por los demás, no nos chupemos el dedo a estas alturas. Claro, hay honrosas excepciones en todo el orbe.

El verdadero problema es la maldita impunidad. Es decir, quien la hace, aquí no la paga. Un buen ejemplo es el caso Odebrecht. Latinoamérica reaccionó rápidamente y México sigue navegando en la impunidad. Esta región del planeta investigó y castigó; pero aquí, se protegió y nadie pagó los platos rotos.

Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil) fue condenado en 2017 por recibir dinero en efectivo de funcionarios de la empresa. Se habla de 4 millones de dólares. Su condena fue anulada, pero tuvo que regresar el dinero.

Alejandro Toledo (presidente de Perú) fue condenado, en 2024, a 20 años de prisión por recibir 35 millones de dólares. A cambio, dio concesiones para construir y operar carreteras.

Pedro Pablo Kuczynski (presidente de Perú) vive en arresto domiciliario -por su edad- por lavado de activos para la empresa brasileña.

Alan García (presidente de Perú) ya fallecido, también recibió sobornos para que Odebrecht construyera el metro de Lima. Se suicidó en abril de 2019, cuando la policía llegó a detenerlo.

Keiko Fujimori (candidata presidencial de Perú) lavó activos y vive en prisión preventiva por recibir 1.2 millones de dólares de la empresa.

Jorge Glas (vicepresidente de Ecuador) 

fue condenado en 2017 a seis años de prisión. Fue liberado en 2022.

Juan Manuel Santos (presidente de Colombia)

fue acusado por recibir sobornos de la empresa; fue absuelto por falta de pruebas, pero todos los señalan como culpable.

Ricardo Martinelli (presidente de Panamá)

lavó activos por 6 millones de dólares, a cambio de ofrecer a Odebrecht el metro de la ciudad.

Mauricio Funes (presidente de El Salvador) 

huyó a Nicaragua acusado de enriquecimiento ilícito gracias a la empresa.

Otto Pérez Molina (presidente de Guatemala)

financió su campaña con 32 millones que llegaron en un avión desde São Paulo. Y

Ollanta Humala (presidente de Perú)

fue condenado ayer a 15 años de prisión, junto con su esposa, por recibir 3 millones de dólares para financiar su campaña. Aquí en nuestro país,

Emilio Lozoya es el único menso señalado. No quiere abrir la boca.

¿Ya está claro que en México impera la impunidad?

COLOFÓN:

*Fui testigo del

Zócalo Ciudadano

#24. La Jefa de Gobierno,

Clara Brugada

, el Secretario de Gobierno,

César Cravioto

, y prácticamente todo el Gabinete,

atienden directamente a quien se acerque.

*Hasta el domingo 27 en la CDMX hay un

gran despliegue de seguridad con motivo de la Semana Santa.

*Casi

15 mil elementos, con 268 vehículos, 40 motos, cinco grúas, 22 ambulancias, y un helicóptero

protegiendo a los turistas.  POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX            X: @GUSTAVORENTERIA

Opinión de Mauricio Merino | El Universal |

Me gustaría escribir que no existe la más mínima posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos tenga una incursión militar en México, pero no sería verdad. De hecho, ha sucedido varias veces. No me refiero a la guerra y la invasión de 1846 que terminó, un tristísimo 2 de febrero de 1848, con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano; ni a la llamada “expedición punitiva” organizada para castigar la incursión de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, en 1916.

No. Hablo de intervenciones mucho más recientes, como la del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, que desató la guerra entre bandas enfrentadas que ha bañado de sangre y de zozobra a Sinaloa. No hace mucho, supimos de la operación llamada “rápido y furioso” que distribuyó armas entre organizaciones criminales para rastrear sus usos y destinos y acabó perdiéndoles el rastro y expandiendo la violencia en territorio mexicano. Hoy sabemos que hay drones militares volando sobre México, pero no sabemos para qué ni tampoco qué secuelas vendrán tras ellos.

Los Estados Unidos siempre han tenido un doble rasero moral para juzgar lo que toleran en su territorio y lo que hacen fuera de él. De hecho, ha sido la única democracia del mundo que ha combatido a otros regímenes igualmente democráticos para hacer prevalecer sus intereses. Ahora que estamos recordando a Eduardo Galeano a diez años de su muerte, bastaría volver a leer Las Venas Abiertas de América Latina para constatar que esas intervenciones americanas (¿antiamericanas?) han sucedido una y otra vez a lo largo de nuestro continente. La democracia más poderosa del planeta ha preferido convivir con dictaduras más o menos sometidas que negociar con otras democracias consolidadas.

Por otra parte, el presidente Donald Trump ha mostrado que es un ludópata del poder y la política. Su afición por los casinos es una metáfora de su forma de entender el mundo: para él, todo es un juego que gana quien apuesta con más fuerza y convicción porque sabe esgrimir sus “leverage” (su influencia, sus palancas, su poder). Hasta ahora, sus fichas se han ceñido al tablero de los aranceles. Pero ya anticipó hasta dónde estaría dispuesto a llegar al designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y revelar, con desparpajo, que la Casa Blanca no ha descartado ninguna opción para enfrentar a esas organizaciones a quienes se culpa del tráfico de fentanilo.

Si el presidente Trump decidiera intervenir con armas para detener a algunos capos de los cárteles o para destruir laboratorios, casas de seguridad o campos de adiestramiento en territorio mexicano, pondría al gobierno de Claudia Sheinbaum entre la espada y la pared y nos llevaría, como país y como región, a una situación apenas comparable con las que vivimos en el Siglo XIX. La tecnología de esa intervención violenta sería distinta, pero la motivación y la reacción serían las mismas. En materia de poder, casi nada ha cambiado.

De ahí que, aunque una decisión de esa magnitud fuese aplaudida por la mayoría en los Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que en México sería reprobada de manera casi unánime. De suceder, renacería el nacionalismo de bandera, tequila y canto; y los cárteles, cuya fama pública se ha ido arraigando tanto como sus redes y tentáculos (véase nomás el éxito de los corridos tumbados), podrían acabar convertidos en héroes patrios para el imaginario popular. Y si Trump quisiera insistir en que esa intervención habría respondido a la complicidad entre el gobierno mexicano y las organizaciones criminales, las consecuencias serían funestas.

No es imposible que eso suceda ni que los esfuerzos diplomáticos de México para lidiar con el ludópata sean traicionados. Pero en ese juego, todos acabaríamos perdiendo.