Internacionales
EUA alcanza acuerdo de culpabilidad con el autor intelectual de atentados del 11-S
Washington, Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos informaron este miércoles que alcanzaron un acuerdo con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, y otros dos acusados, que incluye según la prensa una declaración de culpabilidad para evitar un juicio que conlleve pena de muerte.
Estos pactos con Mohammed y dos cómplices acercan sus casos a una resolución luego de pasar años estancados en trámites previos al juicio, mientras los acusados permanecían retenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Un comunicado del Pentágono indicó que por el momento no se harán públicos los detalles del acuerdo, pero el diario New York Times informó que Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa Al Hawsawi acordaron declararse culpables de conspiración a cambio de una cadena perpetua, en lugar de un juicio en el que se enfrentaban a la pena capital.
Los fiscales habían detallado esa propuesta en una carta el año pasado, pero la iniciativa dividió a las familias de las casi 3 mil personas muertas en los ataques, ya que algunos todavía desean que los acusados afronten la pena de muerte.
🚨🇺🇸BREAKING: 9/11 CONSPIRATORS CUT PLEA DEALS
Khalid Shaikh Mohammad, Walid Bin ‘Attash, and Mustafa al Hawsawi have reached plea agreements.
The agreements were confirmed by Susan Escallier, the Convening Authority for Military Commissions.
Terms of the deals are not… pic.twitter.com/VB97j9jnnr
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 31, 2024
La mayoría de las disputas legales en torno a los casos de estos hombres se han centrado en si podían ser juzgados con imparcialidad tras haber sido sometidos a torturas sistemáticas por la CIA en los años posteriores al 11-S, una cuestión espinosa que los acuerdos de culpabilidad ayudan a evitar.
Mohammed era considerado uno de los lugartenientes más inteligentes y de mayor confianza de Osama bin Laden, jefe de Al Qaeda, antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán. Después pasó tres años en prisiones secretas de la CIA antes de llegar a Guantánamo en 2006.
Este ingeniero de formación, que ha afirmado haber ideado los atentados del 11-S “de la A a la Z”, ha sido acusado de participar en una serie de grandes complots contra Estados Unidos, país en el que cursó estudios universitarios.
Además de planear la operación para derribar las Torres Gemelas, Mohammed afirma haber decapitado personalmente al periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002 con su “bendita mano derecha” y haber colaborado en el atentado contra el World Trade Center de 1993, en el que murieron seis personas.
Recluidos en Guantánamo
Bin Attash, saudí de origen yemení, supuestamente entrenó a dos de los secuestradores de los aviones con los que se perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Sus interrogadores estadounidenses dijeron que también confesó haber comprado los explosivos y reclutado a miembros del equipo que mató a 17 marineros en un ataque contra el buque militar USS Cole.
Se refugió en el vecino Pakistán tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y fue capturado allí en 2003, tras lo cual fue recluido en la red de prisiones de la CIA cuya ubicación es confidencial.
Al Hawsawi, por su parte, es sospechoso de gestionar la financiación de los atentados del 11-S. Detenido en Pakistán el 1 de marzo de 2003, también fue prisionero en cárceles secretas antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.
Estados Unidos utilizó esa base naval aislada en territorio cubano para recluir a los milicianos capturados durante la conocida como “Guerra contra el terror” que siguió a los atentados, en un intento de impedir que los acusados reclamaran los derechos que les otorga la legislación estadounidense.
La instalación militar albergó a 800 presos en su momento álgido, pero desde entonces han sido repatriados lentamente a otros países. El presidente Joe Biden se comprometió antes de su elección a intentar cerrar Guantánamo, pero el centro sigue abierto.
En otro caso relacionado con el 11-S, el Departamento de Justicia denegó la petición de Zacarias Moussaoui, el llamado “vigésimo secuestrador”, de cumplir el resto de su cadena perpetua en Francia.
En una carta manuscrita dirigida a la jueza Leonie Brinkema, obtenida por el sitio web Legal Insurrection, Moussaoui –la única persona condenada en Estados Unidos en relación con los atentados del 11 de septiembre- expresaba su temor a ser ejecutado si Donald Trump recupera la presidencia en los comicios de noviembre.
Una portavoz del Departamento de Justicia dijo que esa dependencia no discute las solicitudes de transferencia de prisioneros, pero señaló que Moussaoui está “cumpliendo una cadena perpetua tras su condena por delitos de terrorismo“.
“El Departamento de Justicia planea hacer cumplir esta cadena perpetua bajo custodia estadounidense”, añadió la vocera.
Columnas
Cómo la apertura de tiendas privadas de alimentos en Cuba destapó una desigualdad invisible
Juan y Elisa* son una pareja de jubilados cubanos de más de 80 años.
Sus pensiones no superan los 5.800 pesos mensuales en conjunto (US$11,6 según el cambio informal), mientras que una botella de aceite y una caja de 30 huevos valen alrededor de US$7.
Se levantan cada día; compran un pan en el mercado estatal, lo parten a la mitad y lo desayunan con té azucarado.
A veces cuidan niños y personas con discapacidad de sus vecinos, lo que les permite recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.
Por la noche terminan la otra mitad del pan y beben más té.
Así pasan una jornada «buena» en una rutina en la que solo se puede vivir al día.
El de Juan y Elisa es uno de los casos vulnerabilidad extrema que se dan en Cuba estudiados por la socióloga Mayra Paula Espina, de la Universidad de La Habana.
La licenciada observa cada vez más disparidades en un país con datos limitados sobre desigualdad y pobreza.
No lejos de la casa de los pensionistas, un supermercado privado oferta queso de cabra, yogur, embutidos, pescados y jamón español.
Es una minoría la que puede pagar sus precios, pero aún así el negocio prospera.
Desde que el gobierno socialista de Cuba aprobó la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a fines de 2021, el otrora monopolio estatal de la venta de alimentos cede protagonismo ante la iniciativa privada.
Es un cambio de modelo que para muchos cubanos ha supuesto disponer de un abanico más amplio de productos alimenticios y de primera necesidad que antes se encontraban a cuentagotas.
Pero que también, según Espina y el investigador cubano-estadounidense de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, ha terminado por destapar la desigualdad en una isla que en los años 80 había logrado una equidad asombrosa.
«Ya en los años dorados de la revolución había desigualdad, pero a fines de los 90 se empezó a notar más. Hoy los precios del sector privado son inasequibles para la mayoría de cubanos y se vive una desigualdad rampante que antes no se veía», le dice Bustamante.
Las grietas de la igualdad
Cuba vive su peor crisis energética y económica desde que en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, su principal aliado político y comercial, y las finanzas de la isla colapsaron.
Hoy el país sufre los estragos de sus deficiencias productivas, la caída del turismo, el embargo económico estadounidense y las tensiones con el gobierno de Donald Trump, que amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.
Venezuela fue durante décadas el mayor proveedor de combustible de Cuba, pero se apoyo quedó cortado con la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas a comienzos de enero.
Tras la debacle de los 90, Cuba nunca se recuperó del todo.
Hoy muchos cubanos recuerdan aquel «Periodo Especial» porque, como entonces, conviven con un racionamiento extremo, largos apagones, restricciones de transporte y dificultades para acceder a alimentos.
Sin embargo, la crisis actual no afecta a todos de la misma forma que antes.
Cuba alcanzó un envidiable nivel de igualdad en en los años 80, dos décadas después del triunfo de la revolución socialista de Fidel Castro.
«Grupos en desventaja ascendieron en un proceso de igualamiento que alcanzó un coeficiente Gini bajísimo, de un 0,24», describe Espina.
El índice Gini es cómo el Banco Mundial mide la inequidad, siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad.
Por comparar, EE.UU. obtuvo un 0,40 en 1989. Uruguay, a menudo destacado como uno de los países menos desiguales de América Latina, ha oscilado entre 0,39 y 0,40 en los últimos cuatro años.
«Pero la crisis de los 90 interrumpió los avances en Cuba. Grupos rezagados que habían mejorado, como la población no blanca, mujeres y residentes del campo, fueron los primeros en verse afectados», analiza Espina.
La economía cubana se contrajo un tercio de su producto interior bruto (PIB) tras el colapso soviético.
Una de las medidas que implantó el gobierno cubano fue legalizar el uso del dólar.
«Circularon dólares estadounidenses y pesos cubanos. El país también se abrió más al turismo», cuenta Bustamante.
La igualdad se agrietó. «La gente que trabajaba en turismo o recibía remesas accedía a dólares o al desaparecido peso cubano convertible (CUC) vivía mucho mejor», añade el investigador.
Con la dolarización convivieron dos tipos de tiendas de distribución de alimentos: unas dolarizadas y más surtidas; y otras en moneda nacional, en muchos casos subsidiadas, con oferta limitada.
A comienzos de los 2000 el salario medio en Cuba en el sector estatal rondaba los 200 pesos cubanos, equivalentes a unos US$10 al cambio.
Quien no tenía familiares en el exterior o trabajaba en alguna industria vinculada al turismo o comercio extranjero debía buscar entradas adicionales, ya fuese vendiendo bienes o servicios o recurriendo al multiempleo informal.
Durante décadas, y hasta hoy, ha sido común que profesionales con títulos universitarios trabajen en sectores distintos al que correspondía a sus estudios para obtener ingresos suficientes.
Liberalización privada
Espina evita hablar de ganadores o perdedores del colapso de los 90, pero advierte que hubo quien ascendió aprovechando la gestión de la crisis y quien cayó estrepitosamente.
A pesar de ello, un factor continuaba maquillando las desigualdades que afloraban entre los cubanos.
«El Estado seguía siendo el gestor de la desigualdad. Las tiendas surtidas y dolarizadas, llamadas TRD, estaban en manos de militares. Pero ahora es el sector privado quien ocupa más ese espacio. No son la raíz, pero sí el chivo expiatorio del problema», explica Bustamante.
La liberalización de las empresas privadas fue una medida adoptada por el gobierno cubano tras los golpes de la pandemia y el desmantelamiento, por parte de Trump, del acercamiento económico entre Cuba y EE.UU. que se dio durante la segunda presidencia de Barack Obama (2013-2017).
Al cierre de 2024 había alrededor de 10.000 Mipymes privadas activas en Cuba, de acuerdo a cifras oficiales, con el 60% registradas en La Habana, la capital.
La mayoría se dedican a la agricultura, industrias manufactureras –excepto el azúcar–, hoteles y restaurantes; construcción, comercio y reparación de efectos personales.
«El sector privado ha demostrado una capacidad para importar bienes que el Estado no tenía y está siendo una enorme ayuda para muchos en estos momentos delicados», reflexiona Bustamante.
Meses antes de la liberalización de las Mipymes, Cuba reunificó sus monedas y dejó al peso cubano como moneda oficial.
Fue un error, según Bustamante. «Se devaluó el peso y el sector privado, necesitado de dólares para importar bienes, recurrió al mercado informal interno. Eso disparó el costo de las transacciones y los precios se volvieron inasequibles para la mayoría».
Bolsillos segmentados
El académico sostiene que la economía de Cuba está segmentada.
Espina añade que la caída en el acceso a alimentos y medicamentos subvencionados no ayuda a mitigar la precarización y la desigualdad.
Según su trabajo de campo, estima que alrededor del 45% de la población cubana vive en situación de pobreza económica, mientras que en la otra punta se sitúa un 11%-13% que vive en condiciones por encima de la media.
«Son aproximaciones riesgosas porque no están hechas a partir de estadísticas oficiales, sino de datos como el precio de la canasta básica, los ingresos del sector privado, salarios, pensiones y experiencias personales», aclara la investigadora.
Brasil, a menudo señalado por el Banco Mundial como uno de los países más desiguales de América Latina, tiene un índice de pobreza del 23%.
Espina describe que la segmentación de la sociedad cubana se refleja en los diferentes tipos de supermercados.
«Hay unos ‘bodegones’ muy surtidos con productos nacionales orgánicos y de importación de mucha calidad y precios altos, donde solo compran frecuentemente los de capa media-alta: gente que trabaja en embajadas, extranjeros y cubanos que alcanzan ese nivel».
Más diseminadas por los barrios hay otras tiendas con oferta más limitada, menos calidad y precios más bajos, aunque igualmente costosos para la media.
«Los encuentras en municipios más humildes, en bajos de edificios, con apenas un mostrador. Ahí accede un grupo más variado de modestas remuneraciones», explica la profesora.
Por último, la población con ingresos muy bajos busca las ofertas de menor precio o recibe asistencia social del Estado o de alguna iglesia.
Otra alternativa para comprar bienes son algunos supermercados estatales dolarizados y mercados agropecuarios, con precios igualmente restrictivos.
También existen tiendas online donde familiares en el extranjero compran productos a sus parientes en Cuba que son distribuidos a los hogares en una especie de «Amazon cubano», describe Bustamante.
«El tema de los alimentos es un indicador grande de pobreza. En otros tiempos, la distribución subvencionada aseguraba un mínimo. Podías ser pobre, pero tenías para comer lo esencial. Hoy eso desapareció», asegura Espina.
«Todo aquel por debajo de ese 11% que calculo con mejores condiciones debe recurrir al multiempleo formal e informal y obviar la calidad y diversidad de lo que come. Otros, en extrema pobreza, mendigan o comen de basureros», añade.
«La Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas»
En julio de 2025, la exministra cubana del Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió después de unas polémicas declaraciones en las que cuestionó la mendicidad.
«Hay gente que se hace pasar por mendigo para ganar dinero fácil», había dicho ante la Asamblea Nacional.
El caso generó fuertes críticas en redes sociales y el presidente Miguel Díaz-Canel censuró públicamente los comentarios de Feitó por considerarlos «desconectados de las realidades que vivimos».
«No se defiende a la Revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos», declaró el mandatario, quien reconoció la existencia de mendigos en la isla.
El PIB cubano ha caído un 11% en los últimos años.
«Desde la pandemia Cuba vive entrampada, desgastada, sin poderse recuperar», dice Espina.
Eso se ha notado en la migración, con más de un millón de cubanos abandonando la isla entre 2021 y 2023. Es el mayor éxodo en la historia del país.
Medidas aperturistas como la liberalización del sector privado no encauzan el rumbo aunque supongan una vía de escape para muchos.
Ahora, con la escasez crítica de combustible, Espina teme que ese 11%-13% que vive en buenas condiciones disminuya porque, por ejemplo, en ese grupo hay muchos que dependen del transporte para subsistir.
En un discurso a comienzos de febrero, Díaz-Canel aseguró que estaba dispuesto a «un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema», aunque «sin presiones».
Trump ha repetido que hay conversaciones en marcha entre ambos ejecutivos, algo negado por su homólogo cubano.
El fondo que puede tocar Cuba parece pender de una relación, la de Washington y La Habana, que en más de 60 años ha dado pocos síntomas de normalizarse.
*Juan y Elisa son nombres ficticios para respetar la confidencialidad de las investigaciones de la socióloga Mayra Paula Espina.
Columnas
Quién es Emanuel Shaleta, el obispo arrestado en San Diego por presunto lavado de dinero
Autoridades del condado de San Diego detuvieron el 5 de marzo de 2026 al obispo caldeo Emanuel Shaleta en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por autoridades locales y reportada por ACI Prensa.
El religioso enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho por lavado de dinero y un agravante por delito financiero de “cuello blanco”, según registros judiciales citados por el medio especializado en información de la Iglesia católica.
Tras el arresto, las autoridades trasladaron al obispo a la Cárcel Central de San Diego. Los registros judiciales indican que la fianza se fijó en 125 mil dólares para uno de los cargos de malversación.
La investigación comenzó en agosto de 2025 después de que un representante de la Catedral Caldea de San Pedro Apóstol, ubicada en la ciudad de El Cajón, entregara a las autoridades documentos y testimonios relacionados con el manejo de recursos de la iglesia, según informó ACI Prensa.
Las autoridades del condado asignaron el caso a la unidad especializada en delitos financieros, que inició una indagatoria sobre movimientos de fondos vinculados con la administración de la diócesis.
El arresto ocurrió cuando Shaleta intentaba abordar un vuelo con destino a Roma, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses.
Emanuel Shaleta: origen y trayectoria dentro de la Iglesia católica caldea
Emanuel Hana Shaleta nació en Fishkhabour, en el norte de Irak, dentro de una comunidad vinculada a la Iglesia católica caldea.
Recibió la ordenación sacerdotal el 31 de mayo de 1984 y comenzó su ministerio pastoral en comunidades caldeas vinculadas a la Iglesia católica oriental.
La Iglesia caldea forma parte de las iglesias orientales que mantienen comunión con la Santa Sede y que conservan tradiciones litúrgicas propias.
El 9 de agosto de 2017 el papa Francisco lo nombró obispo de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol en San Diego, jurisdicción que atiende a comunidades caldeas en el oeste de Estados Unidos.
La instalación oficial como obispo se realizó el 29 de agosto de ese mismo año.
Como responsable de la eparquía, Shaleta encabezó la administración de parroquias y actividades pastorales de la comunidad caldea en California y otros estados del país.
La catedral principal de la diócesis se encuentra en la ciudad de El Cajón, en el condado de San Diego, una zona donde reside una de las comunidades caldeas más numerosas fuera de Medio Oriente.
Investigación interna en la Iglesia antecede al arresto del obispo
Antes de la detención, Shaleta enfrentaba una investigación dentro de la Iglesia relacionada con denuncias sobre el manejo de recursos de la diócesis.
Según reportes citados por ACI Prensa, la investigación eclesiástica se abrió después de que surgieran señalamientos sobre la administración financiera de la diócesis.
En enero de 2026, el obispo presentó su renuncia al cargo episcopal en medio de la investigación interna.
Durante una misa celebrada el 22 de febrero de 2026, Shaleta rechazó públicamente las acusaciones que circulaban en redes sociales y medios de comunicación.
El religioso afirmó que las versiones difundidas sobre su conducta no correspondían a los hechos.
Algunas de esas versiones mencionaban presuntas conductas personales fuera del ámbito eclesiástico, pero esas afirmaciones no forman parte de los cargos presentados por las autoridades estadounidenses.
Proceso judicial en Estados Unidos y seguimiento del caso
El caso contra el obispo se desarrolla en tribunales del estado de California, donde deberá responder a los cargos relacionados con presuntos delitos financieros.
Las autoridades investigan el manejo de fondos vinculados con actividades de la diócesis y recursos provenientes de donaciones y operaciones administrativas.
El proceso judicial continuará con audiencias en tribunales locales mientras la fiscalía presenta las pruebas relacionadas con los movimientos financieros investigados.
Internacionales
Monumental bronca entre Cruzeiro y Atlético Mineiro impone récord de expulsados en Brasil
La Final del Campeonato Mineiro de Breasil, entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputado este domingo en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, pasará a la historia por la campal generalizada sobre el césped entre los jugadores de ambos equipos justo antes del final y las 23 expulsiones que decretó el árbitro tras la contienda, que no pudo mostrar en el momento ante la magnitud del tumulto.
Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del futbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.
Con 1-0 a favor del Cruzeiro, con gol de Kaio Jorge a los 60 minutos, la tremenda tangana, en la que hubo puñetazos y patadas a lo largo de todo el terreno de juego, comenzó con una disputa entre el centrocampista del Cruzeiro, Christian, y el portero de Atlético Mineiro, Everson, que se enzarzaron en la disputa de un balón.
Cruzeiro and Atletico Mineiro met last night in the Brazil Cup Final.
Just the 23 Red Cards… 😭🇧🇷 pic.twitter.com/XYYYcMFLlL
— Football Fights (@Footballfights) March 9, 2026
A partir de este instante se organizó una tremenda reyerta que comenzó en dicha portería y acabó llegando prácticamente a la otra meta entre golpes, puñetazos, patadas, carreras, que tardó en ser aplacada para poder disputarse el minuto final del encuentro.
El colegiado Matheus Candaçan posteriormente decidió 23 expulsiones, 21 de ellas justificadas así:
Expulsado por: durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto.
Las dos excepciones fueron las de Christian, expulsado por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta”, y el guardameta por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.
😅🇧🇷 JAJA, la reacción de los hinchas de Cruzeiro en el momento que se armó la tangana vs Atlético Mineiro.
pic.twitter.com/qWeifZ4fCV https://t.co/lHCx7fL5T6
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026
Los otros 21 expulsados fueron, por el Cruzeiro, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge; y por Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.
Todos tendrán que cumplir la sanción en la próxima edición del Campeonato Mineiro.
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