Opinión de Héctor Alejandro Quintana / Sin embargo /

En estos días el Juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, tomó una decisión muy reveladora, al negar la posibilidad de un nuevo juicio al exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, quien se mantiene como un delincuente juzgado cuyo ciclo final llegará cuando reciba sentencia por sus crímenes en octubre de este año.

Parte del debate público mexicano debería en este momento centrarse en las implicaciones que esa decisión jurídica del Juez Cogan implican, que en buena medida son la reiteración de algo que se comprobó desde febrero de 2023, pero de lo que había fuertes indicios y pruebas desde 2005: que García Luna es un narcotraficante y que el Gobierno donde fungió de Secretario de Seguridad Pública, el de Felipe Calderón, fue un grupúsculo al servicio del crimen organizado.

Sin embargo, hasta este momento no encontramos a un círculo rojo que discuta el tema hasta el hartazgo, donde se acuse de “narcos” a Felipe Calderón y su entorno aún activo en política, como la reciente exdiputada Margarita Zavala, o el hijo de ambos Luis Felipe, aspirante a ser uno más de los múltiples de ciberporros y acosadores digitales que ensucian el discurso público en redes para ganar fama y, probablemente, aspirar a algún cargo público.

La decisión de Cogan solidifica una tesis que ya era incontrovertible. Mucho tendría que decirse respecto a los narcogobiernos cuando se observa a un funcionario como García Luna, quien se mantuvo incólume en su cargo en seguridad pública por seis años; en un Gabinete cambiante donde hubo, por ejemplo, cinco secretarios de Gobernación. Y con el antecedente de que voces oficiales, como la de Ángeles Dauahare y Herrera Valles, alertaron a Calderón y a Mouriño desde 2006 del tipo de pillo que era García Luna. Y con la evidencia, mostrada por la prensa y reclamada en el Congreso por legisladores como Fernández Noroña, de que la riqueza y patrimonio de García Luna y Cristina Pereyra creció inexplicablemente de 2006 a 2012.

Y con el peso del argumento también de que parte del entorno de García Luna en la organización que creó, la Policía Federal, hoy está preso, procesado, confeso o prófugo, como ha sido el caso de Luis Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate o Ramón Pequeño García.

En suma, esos hechos incontestables apuntan sin duda a que las tramas de corrupción y crimen organizado fomentadas por el Gobierno de Calderón son quizá la punta de un iceberg de corruptelas y violencia gestadas por el propio entorno del Poder Ejecutivo. Eso debería ser un ejemplo de lo que es un narcogobierno. Las voces públicas mexicanas, más allá de ideologías, hoy deberían tener un consenso acerca de que ese sexenio fue uno de muerte y corrupción, y que sus actores, por negligentes o corruptos, deberían estar en el escarnio público sin contemplaciones.

Pero no es así. Lo que abunda en muchas voces públicas hoy es, de nuevo, la especulación que satisfaga los propios deseos, aunque con ello se omita la evidencia. Todo apunta a que seguiremos escuchando voces sesudas que acusan que el de López Obrador es el verdadero narcosexenio basados en la evidencia, entre comillas, de que saludó a la mamá de “El Chapo” (aunque éste esté en la cárcel); basados en que “soltó a Ovidio Guzmán” (aunque hoy éste esté en el sistema penitenciario estadunidense); o ya de plano en engañifas como que “López Obrador seguro está con el narco porque ha ido varias veces a Badiraguato” o porque en las conferencias matutinas se refiere a capos del narco por su nombre y no por su apodo.

Este tipo de argumentos están más cerca del esoterismo que de la evidencia. Pero han sido suficientes para acusar a un gobernante de narco y endilgar a su sucesora, Claudia Sheinbaum, la etiqueta de “narcocandidata”, pregón que se hace con base en las campañas de granjas de bots más caras en la historia de una red sociodigital como X, antes Twitter.

¿Por qué hechos contundentes y bien documentados como la prisión a varios capos del calderonismo no es suficiente para definir a ese grupo político de narcos, pero un montón de paparruchas y especulaciones irracionales sí son suficientes para acusar al de López Obrador de narcogobierno?

Y sobre otros ámbitos, la actitud de la comentocracia amlofóbica es la misma. Hoy, por ejemplo, el partido del Presidente, Morena, de 2018 a 2024 ha sido protagónico en lograr que en 10 entidades de la República el aborto seguro sea no sólo despenalizado, sino un derecho. Esta evidencia es lo de menos. A esa comentocracia le basta basarse en una palabra desafortunada de una frase aislada que López Obrador dijo un día sobre una marcha feminista para concluir que es un político que odia a las mujeres y que su partido es conservador.

Aquí el problema no es que los voceros de la amlofobia tengan a la falacia de evidencia incompleta como base de sus convicciones. El asunto parece ser más simplista. Desde hace años parecen haber renunciado a la realidad y haberse entregado a confundir sus deseos con el análisis político.

Porque esa actitud no comenzó en 2018. La etiqueta hoy de narcogobierno contra AMLO suple a la que en 2006 en su momento fue la de que era un peligro para México porque tenía el apoyo logístico y bélico del ejército bolivariano de Hugo Chávez. O la etiqueta en 2012, donde cínicamente mintió la propaganda del PAN, y se le acusó de ser el candidato peligroso porque llamaba a un levantamiento armado a jóvenes de Tlatelolco. Todo lo cual, desde luego, era falaz.

El problema no está en equivocarse o caer en noticias falsas. El problema está en empecinarse en ellas, aunque el tiempo y los hechos las desmientan. Tal vez de haber recurrido a esta mínima prueba ya no digamos de autocrítica, sino de decencia, hoy habría un debate público más sano y se revisarían las tareas de este Gobierno que sí son reales, como el hecho de que la violencia disminuyó, aunque sigue en números alarmantes o que aún faltan 22 entidades federativas donde los derechos de las mujeres siguen entrampados.

No se trata aquí de un dilema simplón de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es una cuestión más grave: el sentido común de muchos opositores al Presidente se ha construido con base en mentiras y odio. Y no parece que, en el cambio de sexenio, haya la voluntad política de trocar la bilis por las neuronas.