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Sin verdad y sin justicia: la sentencia de García Luna

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Opinión de Ytzel Maya | El Universal |

“Usted es igual que El Chapo Guzmán”, le dijo el juez Cogan el pasado 16 de octubre a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien fue condenado en la Corte del Distrito de Nueva York por narcotráfico y delincuencia organizada. El “zar antidrogas”, que encabezó la fallida estrategia de seguridad durante el sexenio de Calderón, pasará treinta y ocho años en prisión. Frente a esta sentencia, se vuelve ineludible insistir en las implicaciones de la relación entre el Estado y el crimen organizado.

No existe crimen organizado sin la existencia del Estado. Los acuerdos de colaboración por debajo del agua, la corrupción de las autoridades a nivel local, estatal y nacional, permiten la sobrevivencia de las organizaciones criminales. Tras la sentencia de García Luna, esperábamos el silencio del expresidente Felipe Calderón, aquel quien le otorgó de manera irrestricta el control de la seguridad del país. Sin embargo, el criminal de guerra -permítanme llamarle así a quien inició esta guerra tan dolorosa- se hizo presente el mismo día que dictaron la sentencia en un hilo de la red social X. En su hilo, Calderón se deslinda de las actividades criminales de García Luna y reafirma, sin asomo de conciencia, que no se arrepiente de haber emprendido una “lucha por la seguridad de los mexicanos”. Hay una manera especial de ser cínico e insensible, este es un ejemplo de aquello.

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El lenguaje bélico, sin embargo, lo delata. Calderón inició una guerra que pretendía ser una política de seguridad, pero que no tenía nada de política ni siquiera un ápice de un objetivo de mantener la seguridad en el país. Han pasado 18 años desde que Felipe Calderón inició una guerra que tantas y tantas vidas ha costado. Esta estrategia de guerra no sólo no disminuyó la violencia que pretendía erradicar sino que la exacerbó. Nuestra generación creció con miedo. Era común, entre los años 2006 y 2012, escuchar cada día en las noticias el anuncio de una masacre. Se volvió común dejar de guardar a nuestros padres en los celulares como “mamá” y “papá” porque ser secuestrados era, siempre, una posibilidad. En las escuelas ubicadas en zonas de lucha por la “plaza” aprendimos a protegernos de los tiroteos. Nos enseñaron a diferenciar entre el sonido de los fuegos artificiales y los balazos.

Los datos son imposibles de ocultar. De acuerdo con el registro de mortalidad del INEGI, para el año 2006, antes del inicio del sexenio de Calderón, la tasa de homicidios se encontraba en 4.8 por cada 100 mil habitantes; para la mitad de la administración, en 2009, la tasa de homicidios ya se había duplicado. Al terminar este sexenio, en 2012, la tasa de homicidios ya se había casi triplicado, llegando a alrededor de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Desde 2006, hasta la fecha, la violencia no ha dejado de aumentar. La culpa de esto reside, en parte, tanto en Calderón como en García Luna.

Y sin embargo, la condena de García Luna no otorga verdad ni justicia para las víctimas de la “Guerra contra las drogas”. Felipe Calderón sigue impune. Jorge Mercado y Javier Arredondo, asesinados por elementos del Ejército dentro del campus Tec de Monterrey en 2010, tuvieron que esperar más de una década para llegar a una sentencia que no alcanzó a los verdaderos responsables debido a la cadena de mando. Como ellos, cientos y miles de víctimas de la guerra siguen esperando justicia. La sentencia de García Luna nos reafirma, además, que la DEA sabía de sus nexos con el Cártel de Sinaloa e, incluso así, siguió colaborando con él. Tanto Genero García Luna como Felipe Calderón tienen que ser juzgados como criminales de guerra por violaciones graves a derechos humanos. Tristemente parece que, para eso, todavía falta esperar mucho.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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