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Sin verdad y sin justicia: la sentencia de García Luna

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Opinión de Ytzel Maya | El Universal |

“Usted es igual que El Chapo Guzmán”, le dijo el juez Cogan el pasado 16 de octubre a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien fue condenado en la Corte del Distrito de Nueva York por narcotráfico y delincuencia organizada. El “zar antidrogas”, que encabezó la fallida estrategia de seguridad durante el sexenio de Calderón, pasará treinta y ocho años en prisión. Frente a esta sentencia, se vuelve ineludible insistir en las implicaciones de la relación entre el Estado y el crimen organizado.

No existe crimen organizado sin la existencia del Estado. Los acuerdos de colaboración por debajo del agua, la corrupción de las autoridades a nivel local, estatal y nacional, permiten la sobrevivencia de las organizaciones criminales. Tras la sentencia de García Luna, esperábamos el silencio del expresidente Felipe Calderón, aquel quien le otorgó de manera irrestricta el control de la seguridad del país. Sin embargo, el criminal de guerra -permítanme llamarle así a quien inició esta guerra tan dolorosa- se hizo presente el mismo día que dictaron la sentencia en un hilo de la red social X. En su hilo, Calderón se deslinda de las actividades criminales de García Luna y reafirma, sin asomo de conciencia, que no se arrepiente de haber emprendido una “lucha por la seguridad de los mexicanos”. Hay una manera especial de ser cínico e insensible, este es un ejemplo de aquello.

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El lenguaje bélico, sin embargo, lo delata. Calderón inició una guerra que pretendía ser una política de seguridad, pero que no tenía nada de política ni siquiera un ápice de un objetivo de mantener la seguridad en el país. Han pasado 18 años desde que Felipe Calderón inició una guerra que tantas y tantas vidas ha costado. Esta estrategia de guerra no sólo no disminuyó la violencia que pretendía erradicar sino que la exacerbó. Nuestra generación creció con miedo. Era común, entre los años 2006 y 2012, escuchar cada día en las noticias el anuncio de una masacre. Se volvió común dejar de guardar a nuestros padres en los celulares como “mamá” y “papá” porque ser secuestrados era, siempre, una posibilidad. En las escuelas ubicadas en zonas de lucha por la “plaza” aprendimos a protegernos de los tiroteos. Nos enseñaron a diferenciar entre el sonido de los fuegos artificiales y los balazos.

Los datos son imposibles de ocultar. De acuerdo con el registro de mortalidad del INEGI, para el año 2006, antes del inicio del sexenio de Calderón, la tasa de homicidios se encontraba en 4.8 por cada 100 mil habitantes; para la mitad de la administración, en 2009, la tasa de homicidios ya se había duplicado. Al terminar este sexenio, en 2012, la tasa de homicidios ya se había casi triplicado, llegando a alrededor de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Desde 2006, hasta la fecha, la violencia no ha dejado de aumentar. La culpa de esto reside, en parte, tanto en Calderón como en García Luna.

Y sin embargo, la condena de García Luna no otorga verdad ni justicia para las víctimas de la “Guerra contra las drogas”. Felipe Calderón sigue impune. Jorge Mercado y Javier Arredondo, asesinados por elementos del Ejército dentro del campus Tec de Monterrey en 2010, tuvieron que esperar más de una década para llegar a una sentencia que no alcanzó a los verdaderos responsables debido a la cadena de mando. Como ellos, cientos y miles de víctimas de la guerra siguen esperando justicia. La sentencia de García Luna nos reafirma, además, que la DEA sabía de sus nexos con el Cártel de Sinaloa e, incluso así, siguió colaborando con él. Tanto Genero García Luna como Felipe Calderón tienen que ser juzgados como criminales de guerra por violaciones graves a derechos humanos. Tristemente parece que, para eso, todavía falta esperar mucho.

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Una acción inesperada, pero necesaria

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Opinión de Elisur Arteaga Nava

“… a los hombres grandes no hay que tocarlos y, si se los toca, es preciso acabar con ellos (Istorie fiorentini, libro IV, 30, en Machiavelli, tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze, 1971, p. 735).

Este domingo que pasó (22 de febrero de 2026) fuimos testigos de una aplicación práctica del principio maquiavélico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho y algunos de sus guardaespaldas fueron eliminados. La autoridad comenzó a imponerse. Lo hizo a cambio de pagar un precio elevado en vidas humanas. Esas pérdidas, por el lado que se les vea, son lamentables; mucho más lo son cuando se trata de elementos castrenses, cuya acción se enderezó a imponer la vigencia de la ley y en acatamiento de órdenes emanadas de superiores jerárquicos. Que alguien muera en cumplimiento del deber es lamentable; el sacrificio es digno de reconocimiento y encomio. Son héroes en un mundo en el que suponíamos ya no se daban.

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El costo en vidas, sobre todo de aquellos que cayeron en cumplimiento de su deber, fue inmenso. Muchas familias quedaron en estado de indefensión.

La zona en que tuvieron lugar los hechos estuvo y está en estado de sitio: no se permite la libre circulación ni el ejercicio pleno de las libertades; está convertida en un distrito militar y sus habitantes sujetos a revisión: de sus personas y de sus domicilios. Lo que es explicable y, a la vez, lamentable. Lo es por cuanto a que en la Constitución existen bases para actuar de esa manera, que no se han agotado.

No se ha dispuesto una suspensión de derechos y garantías en los términos que establece el artículo 29 constitucional. Nadie lo ha hecho notar. Explica, pero no justifica, el que se haya procedido de esa manera el poder de fuego de la delincuencia, la violencia ejercida por ella, la gravedad de los hechos y el poder adquirido por Nemesio Oseguera, tanto en la zona de los hechos como en el país, en general.

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Nemesio Oseguera era un grande en el sentido maquiavélico. Lo era por razón de los hombres armados, recursos económicos y armamento con que contaba y de los que disponía. También lo era por las grandes porciones del territorio nacional que tenía bajo su control. Había que acabar con esa situación.

Pese a lo anterior, todo demuestra que el respeto de la Constitución, como sucedió durante los gobiernos priistas, sigue siendo potestativo y no obligatorio también para los gobiernos morenistas.

AMLO, por las razones que hayan sido, no se metió con Nemesio Oseguera pese a que sabía de su existencia, de su actuación, de su vida y milagros. Su inacción es imperdonable e inexcusable. Dejó crecer el problema hasta que se volvió incontrolable. Como en todo: en su ánimo de quedar bien con todos, el llamado “mejor presidente que ha tenido México”, dejó crecer también ese problema.

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Una vez iniciada la lucha contra la delincuencia, por aconsejar la prudencia política, es preciso llevarla hasta sus últimas consecuencias. La presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, en general, saben que tienen el apoyo de los mexicanos. Ella, sabiendo que cuenta con el Congreso de la Unión, para no seguir violando la Carta Magna, debe echar mano de la institución prevista en el artículo 29 constitucional. Mucho más se justifica hacerlo para pacificar y restablecer el orden en el territorio nacional.

Por virtud de las acciones emprendidas el domingo 22 de febrero se tocó a un grande: a Nemesio Oseguera; muerto éste, la política realista aconseja que también se toque a sus cómplices y a todas las ramificaciones de su organización criminal. Existen los medios constitucionales para fundar las acciones que se emprendan.

De actuarse de manera tímida o ilegal, es esperarse que la reacción de la delincuencia organizada se deje sentir durante el Mundial de Futbol. Hay muchos elementos de tecnología avanzada para atentar contra quienes participen en la competencia o de quienes asistan a ella. Por ello, iniciada que fue la acción, nada debe detenerla; se debe ir hasta sus últimas consecuencias.

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Ironía de la vida: la zona en que el Mencho operaba, detalles menos detalles más, es la misma en la que actuó el tuerto Manuel Lozada, alias el Tigre de Álica. Éste, aprovechándose de la inestabilidad en que cayó el país por virtud de la guerra de Tres años y de la invasión francesa, estuvo en posibilidad de levantar un ejército de bandoleros de más de siete mil hombres (J. Meyer, Manuel Lozada, Tusquets, México, 2015, p. 127); él, con base en su poder real, se dio el lujo de disponer de una reforma agraria aplicable en la zona bajo su control. Traicionó a la República y al presidente Juárez; apoyó a Maximiliano.

Porfirio Díaz, el 10 de noviembre de 1871, como general en jefe del Ejército Constitucionalista, reconoció y declaró como un muevo estado al séptimo cantón de esa entidad (Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, tomo XV, México, 1970, p. 546). El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente, declaró la región como distrito militar y, con base en esa declaración, mandó al ejército; puso al frente del ejército a dos militares excepcionales: Ramón Corona y Sóstenes Rocha. Las tropas federales acabaron con el bandolerismo generalizado que había en la zona. Manuel Lozada fue fusilado el 19 de julio de 1873. Para resguardo de la zona, durante el resto del siglo XIX la región siguió siendo un distrito militar.

El Constituyente de 1917 dispuso que el séptimo distrito se convirtiera en un nuevo estado con el nombre de Nayarit (art. 47 de la Constitución).

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Entre el Tigre Manuel Lozada y el Mencho existe otra coincidencia: en la caída de ambos hubo faldas de mujer de por medio.

Una vez emprendida la acción de persecución y castigo contra esa delincuencia específica, es preciso llevar la acción hasta sus últimas consecuencias. Se tocó a un grande: es preciso, como dice Maquiavelo, spegnere, extinguirlo, acabarlo, pero hacerlo con base en la ley; se debe impedir que sus seguidores se reagrupen y reaccionen y que lo hagan con perjuicio de los mexicanos y del Estado de derecho.

 

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Más allá del narcotráfico

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El devastador impacto ambiental del Cártel de Jalisco Nueva Generación en América Latina

La violencia en México se intensificó tras un operativo militar en el sur del estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En represalia, el cártel desató una ola de ataques y bloqueos en varios puntos del país que ya dejan más de 60 personas muertas.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Mantenía una extensa red dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Su expansión también ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Investigaciones periodísticas de Mongabay Latam documentan cómo miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico viven atrapados entre la pobreza, la extorsión y la violencia, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.

En tierra, la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG. Además, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. En Ecuador, bandas de piratas asociadas al cártel mexicano controlan puertos y extorsionan a pescadores artesanales, extendiendo la violencia más allá de las fronteras mexicanas.

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Jalisco es el segundo estado productor de aguacate en México. Imágenes satelitales revelan cómo la expansión de este cultivo ha generado una grave pérdida de bosque. A esto se suma que detrás de este negocio hay mafias criminales que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico mexicana están atrapados entre la pobreza y la violencia del narcotráfico. El Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza los mares para expandir sus negocios ilícitos. Investigamos el caso.

Más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. Así lo revela la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que además encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación lidera esta red criminal.

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Más del 70 % de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, en Ecuador, paga extorsiones para salir a pescar. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos, desapariciones y asesinatos. Piratas y bandas como Los Lobos, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, controlan el narcotráfico en el puerto

 

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El Mencho es el mensaje

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Opinión de Raymundo Sánchez

Lo dijo perfecto el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la conferencia mañanera del pasado lunes: “Se demostró la fuerza del Estado mexicano”, en referencia al operativo del Ejército con el que se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, uno de los más peligrosos capos del planeta.

En efecto, la acción militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que la fuerza del Estado mexicano es mucho mayor a la de cualquier grupo delictivo, con lo que se modifica la percepción sobre el poder real y efectivo de la delincuencia organizada.

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Bastaron un impecable trabajó de inteligencia entre México y Estados Unidos, y un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, al mando de Omar García Harfuch, para dejar acéfalo al mayor grupo criminal de México, al que se le atribuyen más de 75 mil homicidios, la desaparición de 10 mil personas en Jalisco y un poderío económico de 20 mil millones de dólares.

Un cártel que, además, opera en 29 de las 32 entidades de México, y cuyos tentáculos se extienden a 40 países de Europa, América, Asia, África, y a las 50 entidades de Estados Unidos. Un poder mucho mayor al que en su momento tuvo el colombiano Pablo Escobar. Pero ni así le alcanzó para evadir la acción del gobierno mexicano el pasado domingo.

En ese sentido, el operativo ejecutado por la Defensa Nacional fue en sí mismo un muy poderoso mensaje para los miembros de la delincuencia organizada, que hasta el sexenio pasado se les dejó imponer su ley, controlar 70 por ciento del territorio nacional, poner y quitar gobernantes y crear un Estado paralelo, mientras Palacio Nacional les daba abrazos y a lo mucho les advertía que los acusaría con su abuelita.

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Ahora, el gobierno cambió la ecuación a los maleantes y a sus cómplices en la política: el Estado dio un primer paso para recuperar el monopolio del uso de la fuerza y los territorios que les cedieron en el sexenio pasado. Y lo hace con calibres de uso exclusivo del Ejército.

También les hizo entender que la primera mujer presidentA no repetirá la historia del culiacanazo, cuando el 17 de octubre de 2019 el entonces presidente López ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, inmediatamente después de que fuerzas federales lo habían aprehendido en Culiacán.

Pero, sobre todo,

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el operativo para eliminar a El Mencho mostró al mundo que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas sí tienen la capacidad de combatir con éxito a los grupos delictivos

, del tamaño que sean, sin la intervención operativa de agentes estadounidenses. Y que, si sus antecesores en el gobierno no lo hicieron, evidentemente fue porque no quisieron. ***

EN EL VISOR:

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Toda la cuatroté respaldó y felicitó a la presidentA Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que resultó abatido el capo

Nemesio Rubén Oseguera.

No así el fundador del movimiento, cuyo silencio dice más que mil palabras.

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POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR RAYMUNDO@HERALDODEMEXICO.COM @R_SANCHEZP

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