El gobierno de Chiapas, encabezado ahora por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, se enfila a endeudarse más… pero para tapar el boquete financiero que dejó la gubernatura del verde-ecologista Manuel Velasco Coello (2012-2018), aliado de la 4T.

Aunque el mandatario Ramírez Aguilar recibió del Congreso estatal la autorización para solicitar créditos por hasta 12 mil millones de pesos y pese a que anunció como una de sus prioridades el aumento de recursos para el combate a la inseguridad que padece el estado, la millonaria cifra es exactamente la misma a la suma a la deuda adquirida en la administración de Velasco.

Además, a la par del anuncio sobre el aumento del presupuesto para tareas de seguridad, la realidad es que el gasto público recibirá un golpe financiero, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso vía fast track.

Pese a que la deuda pública estatal se disparó durante el sexenio de Juan Sabines, el gobernador verde-ecologista también contrató empréstitos, mientras que el morenista Rutilio Rendón no recurrió a créditos, pero en su gobierno se pagaron altos intereses por deudas vigentes.

El decreto del presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado precisa que el techo de endeudamiento servirá para hacer una reestructuración o refinanciamiento de deudas específicas, cuyas fechas e instituciones bancarias donde se adquirieron corresponden a las que contrató Manuel Velasco durante su gobierno, por los 12 mil millones de pesos.

El anteproyecto de presupuesto fue presentado al Congreso por el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, apenas ocho días después de asumir el cargo, fue turnado de manera inmediata y para el 26 de diciembre último estaba ya aprobado, prácticamente sin debate alguno de la Legislatura con mayoría de Morena.

De acuerdo con el decreto publicado el 31 de diciembre, para el paquete fiscal de 2025 el presupuesto de egresos de la entidad será de casi 132 mil millones de pesos a ejercer por los tres poderes y organismos autónomos.

El secretario de Finanzas declaró que habría prioridad presupuestal sobre el tema de seguridad pública.

El fast track legislativo fue evidente. En la sesión en que se aprobó hubo pocas intervenciones en tribuna como las de la diputada del PAN Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y la de los diputados por Morena Javier Jiménez y María Mandiola, el primero exsecretario de Hacienda estatal y la segunda, presidenta de la Comisión de Hacienda. Esta última, que fue funcionaria del gobierno de Rutilio Escandón, subió a la tribuna a defender las obras de Escandón, actualmente cónsul de México en Miami.

Opacidad

En Chiapas, el debate sobre la orientación del “paquete fiscal” no existió. Al no conocerse su contenido antes de su aprobación, los sectores sociales, económicos y productivos ignoraban cuánto será la inversión gubernamental en su sector.

“Cada presupuesto gubernamental por supuesto que significa una inversión pública. Siempre hay –o debería haber– prioridades de gobierno y, en consecuencia, habrá perdedores y ganadores; por eso se necesita transparencia. Aquí aprueban todo”, denuncia en entrevista el economista Jorge López Arévalo, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

En Chiapas, dice el profesor de la UNACH:

Hay una democracia de baja intensidad. Es imposible un debate entre la sociedad y el gobierno. No hay presupuesto participativo ni parlamento abierto.

Doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, López Arévalo destaca que la contratación de deuda se destinaría a pagar deuda generada en el periodo 2012-2018, cuando gobernó la entidad el abanderado del Partido Verde, aliado de la 4T y actual senador Manuel Velasco.

“Dice que fue invertido en obras productivas, pero eso es lo que dice la ley, pero por lo general no se observa y a cualquier cosa se le llama inversión productiva”, agrega.

Las deudas de Velasco

De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre último, el Ejecutivo estatal, vía la Secretaría de Finanzas, está facultado para solicitar créditos financieros hasta por 12 mil millones de pesos.

El decreto precisa que ese crédito no incluirá intereses y que se podrá adquirir con “las instituciones financieras del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, para destinarlo al refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de largo plazo a cargo del Estado”.

También se dictó que el financiamiento “podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito, a un plazo de hasta veinticinco años contados a partir de la fecha de contratación o de la primera disposición de cada contrato de crédito”.

El decreto indica que el financiamiento será destinado al refinanciamiento y reestructura de todos o cualesquiera de cinco créditos que el gobierno estatal mantiene con la banca comercial mexicana y con Banobras. Esos créditos fueron adquiridos con Banorte, Santander y BBVA.

Tres de esos créditos fueron contratados el mismo día, el 12 de junio de 2014, y cada uno con algunas de las instituciones bancarias señaladas, por lo que corresponden al sexenio de Manuel Velasco.

Dos meses después de esos tres primeros créditos (es decir, en agosto de ese año) el gobierno de Velasco celebró otro contrato, ahora con Banobras y repitió la operación financiera en febrero de 2018 con la misma institución gubernamental.

Esos cinco créditos tienen un saldo a noviembre último de 12 mil millones de pesos totales, precisamente la cantidad por la que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo adquirir deuda.

Incluso señala que la “fuente de pago” será “hasta el treinta por ciento de las participaciones presentes y futuras que corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo se entregan a los municipios”.

Recibirán más dinero

Además del rubro de seguridad pública, otras áreas del gobierno estatal recibieron un sustancial incremento presupuestal, como la oficina de la gubernatura. El último año de gobierno de Rutilio Escandón se programaron poco más de 34 millones de pesos para esa cartera; en este 2025 el presupuesto que tendrá la oficina de su sucesor Eduardo Ramírez es de 54 millones.

El presupuesto para la operatividad de la Secretaría de Hacienda, ahora de Finanzas, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrán ajustes al alza.

Las dependencias que vieron incrementado su presupuesto fueron la Secretaría de Seguridad del Pueblo en mil millones de pesos más y la de Obras Públicas, que pasó de más de dos mil millones de pesos a cuatro mil millones. Creció también el monto para el Poder Legislativo.

Donde no hay buenas noticias es en la atención a las mujeres, ya que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género disminuyó. En 2024 fue del orden de 67.8 millones de pesos y para este 2025 será de 63.8 millones.

Tampoco para el campo chiapaneco hay aumento. La dependencia encargada de los proyectos recibirá 191.6 millones de pesos cuando en 2024 le fueron asignados 239.1 millones.

Opinión de Héctor de Mauleón | El Universal |

Moctezuma le dijo aquella mañana a Hernán Cortés, en lo alto del Templo Mayor:

—Mira, Malinche, nuestra ciudad.

Abajo, en el centro del lago, estaba el espejismo de Tenochtitlan.

La pequeña isla original se había convertido en un inmenso terraplén artificial sobre el que flotaban templos, casas, palacios, calzadas y huertos.

La imborrable primera impresión de Bernal Díaz del Castillo ha atravesado los siglos. Pocos historiadores resisten la tentación de citarla:

“Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho de ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas como veíamos (…) solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonaban más de una legua, y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño y llena de gente no la habían visto”.

Aquella ciudad, que en cosa de 200 años se había convertido en capital de un imperio, nunca había sido atacada. A los mexicas les bastaba con alzar los puentes que se hallaban sobre las tres calzadas que conectaban la ciudad con la tierra firme, para que Tenochtitlan se volviera inexpugnable.

A lo largo de los siglos, pocos han resistido, también, el impulso de citar los versos del antiguo canto: “¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? / ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? / Con nuestras flechas, / con nuestros escudos, / está existiendo la ciudad. / México-Tenochtitlan subsiste!”.

Chichimeca significa “linaje de perros”. Entre el siglo XII y el siglo XIII llegaron en oleadas a los valles centrales: contribuyeron a la ruina del imperio tolteca y poco a poco fueron conquistando a sus vecinos del sur. Entre esos grupos se movía uno que parecía jugar un papel insignificante. Los dirigían cuatro sacerdotes que cargaban sobre las espaldas a un dios desconocido: Huitzilopochtli. Un dios que les hablaba incansablemente.

Los datos que existen sobre ese grupo mezclan la historia con el mito. Es un relato que hemos escuchado todos y cuyo origen procede de un códice perdido al que se conoce como Crónica X, del que probablemente abrevaron el cronista indígena Hernando Alvarado Tezozómoc y el fraile dominico Diego Durán para escribir, respectivamente, sus magnéticas Crónica mexicana e Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme.

Una versión en español de esa crónica perdida, creada pocos años después de la Conquista, fue descubierta en condiciones dramáticas por el erudito José Fernando Ramírez la noche de 1856 en que la biblioteca del Convento Grande de San Francisco iba a ser demolida: debido a eso, Manuel Orozco y Berra la bautizó con el nombre de Códice Ramírez.

Ignacio Bernal ha relatado la llegada de esa tribu de ínfima importancia a los valles centrales. Llevaban caminando cuando menos un siglo por territorios que hoy forman el norte de México. “Rápidamente adquirieron una fama —bien merecida— de pendencieros, crueles, ladrones de mujeres, falsos a su palabra”, escribe Bernal. “Nadie conocía sus rostros. En todas partes les preguntaban: ‘¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen?’. Y no solo les hacían esas preguntas, sino que los arrojaban, los perseguían y los acosaban”, agrega Fernando Benítez.

Un episodio los pinta de cuerpo entero: piden la mano de la hija del rey de Culhuacán: “Te suplicamos nos concedas, nos des tu collar, tu pluma de quetzal, tu hijita doncella”. Apenas el rey se las concede, siguiendo las órdenes de su dios terrible, la asesinan, la desuellan, hacen que un sacerdote se vista con los pellejos, y luego invitan al padre de la novia a que vaya a adorarla con hule, incienso, papel y flores.

El rey de Culhuacán los había enviado a Tizapán con la secreta esperanza de que murieran de hambre en aquel sitio infestado de serpientes. Pero se las acabaron todas. Según la Crónica Mexicáyotl, Huitzilopochtli volvió a hablarles para que siguieran buscando el lugar preciso en que habrían de levantar su templo. Para entonces llevaban casi dos siglos sin poder quedarse en ningún sitio. Se hallaban eternamente preparados para la guerra.

De acuerdo con Ignacio Bernal, eran una mezcla de inteligencia práctica mezclada al fanatismo y al desdén por el sufrimiento.

Gutierre Tibón calcula que caminaban desde 1116, que habían caminado 208 años hasta que hallaron “lo que nos dijo y ordenó Huitzilopochtli”: “el lugar en que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en que es desgarrada la serpiente y acaecerán muchas cosas”.

Era un pequeño islote que emergía de las aguas, y que ninguno de los habitantes del valle había ocupado. Se hallaba protegido por las aguas y por el espesor de los carrizos, las juncias, las espadañas. Roca, tunal, águila: “En este lugar ha de ser México”, dijeron los sacerdotes. Según se ha convenido era el año 2 Casa: 1325 para nosotros; se están cumpliendo 700 años

Levantaron un templo hecho con lodo y varas. Decidieron ir a los mercados con peces, aves, ranas, moscos, para adquirir por medio de trueque madera, leña y cal de piedra con los cuales comenzar a construir su ciudad.

Quién diría que en pocos años Tenochtitlan se habría vuelto “señora y princesa, cabeza y reina de todas las ciudades”. Que unos años más tarde, se leería en los Memoriales de Culhuacán: “En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan”.

Opinión de Gerardo Lozano Dubernard | El Universal |

Hace poco más de veinte años vi la película «El informante», basada en un caso real, donde la empresa tabacalera Brown & Williamson y en general toda la industria del tabaco, fueron condenadas por la justicia estadounidense a un pago multimillonario derivado de daños y perjuicios causados a la salud por añadir sustancias adictivas a los cigarros.

En esta historia, Jeffrey Wigand, un científico empleado de esta empresa, movido por sus principios y valores, decide exponer los peligros ocultos del consumo de tabaco en el conocido programa “60 Minutos” de la cadena de televisión CBS, teniendo consecuencias graves para él. Sin duda, esta película sirve de analogía con el acoso que sufren los alertadores o denunciantes de corrupción.

Wigand experimentó un aislamiento social significativo, ya que su familia y colegas se alejaron de él, de modo que la soledad y el aislamiento intensifican su estrés y ansiedad. Al igual que Wigand, los alertadores de corrupción enfrentan represalias severas por exponer la verdad, como la pérdida del empleo, amenazas a su seguridad o campañas de desprestigio.

Además, esta historia muestra cómo las amenazas legales pueden usarse para intimidar a los denunciantes. Wigand enfrentó múltiples demandas judiciales para disuadirlo de continuar con su denuncia. Este uso de la ley como arma es común en casos de corrupción, sometiendo a los denunciantes a largos y costosos procesos legales para quebrantar su voluntad. Los acusados de corrupción usarán todo su poder para tratar de silenciar a los denunciantes, creando en ellos una atmósfera de temor.

La película también analiza el conflicto entre la línea editorial y los intereses financieros de CBS, ante la amenaza de demandas legales en caso de publicarse esta investigación. En este contexto, se destaca la importancia de los medios de comunicación y el apoyo público en la protección de los denunciantes. Sin el apoyo de los medios, las denuncias de Wigand podrían haber sido ignoradas. De manera similar, los denunciantes de corrupción dependen del apoyo de los medios y la sociedad para asegurar que sus revelaciones tengan el impacto necesario.

El acoso a los denunciantes perpetúa un ciclo de impunidad que erosiona la confianza pública en las instituciones. La valentía de los denunciantes es crucial para romper este ciclo y promover la integridad. A decir verdad, muy pocos denunciantes cuentan con apoyo necesario o medios para enfrentar estas adversidades. La historia de Wigand recuerda la necesidad de sistemas sólidos de protección para los denunciantes, incluyendo leyes que protejan su identidad, mecanismos de seguridad y apoyo psicológico. Sin estas protecciones, muchos optan por el silencio, permitiendo que la corrupción continúe.

Esta analogía entre lo sucedido a Jeffrey Wigand y los denunciantes de corrupción resalta el valor e integridad necesarios para enfrentar a poderosos intereses económicos y políticos. Aunque las circunstancias varían, la búsqueda de la verdad y la justicia es la misma.

Esta historia muestra que una denuncia puede tener un impacto benéfico significativo en la sociedad y contrasta con la realidad de México. Desde el 2023 un grupo de personas y organizaciones ciudadanas, lideradas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción han trabajado en una propuesta de reforma al artículo 73 constitucional, con la finalidad de que se proteja a los alertadores de corrupción. Ojalá que esta iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en abril de 2024 se retome y apruebe en la presente legislatura, pues es imperativo para avanzar en la detección y sanción de actos de corrupción.

Experto en fiscalización. “X”: @gldubernard