Columnas
Chiapas contrata deuda… para tapar boquete de 12 mil mdp que dejó Manuel Velasco

El gobierno de Chiapas, encabezado ahora por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, se enfila a endeudarse más… pero para tapar el boquete financiero que dejó la gubernatura del verde-ecologista Manuel Velasco Coello (2012-2018), aliado de la 4T.
Aunque el mandatario Ramírez Aguilar recibió del Congreso estatal la autorización para solicitar créditos por hasta 12 mil millones de pesos y pese a que anunció como una de sus prioridades el aumento de recursos para el combate a la inseguridad que padece el estado, la millonaria cifra es exactamente la misma a la suma a la deuda adquirida en la administración de Velasco.
Además, a la par del anuncio sobre el aumento del presupuesto para tareas de seguridad, la realidad es que el gasto público recibirá un golpe financiero, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso vía fast track.
Pese a que la deuda pública estatal se disparó durante el sexenio de Juan Sabines, el gobernador verde-ecologista también contrató empréstitos, mientras que el morenista Rutilio Rendón no recurrió a créditos, pero en su gobierno se pagaron altos intereses por deudas vigentes.
El decreto del presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado precisa que el techo de endeudamiento servirá para hacer una reestructuración o refinanciamiento de deudas específicas, cuyas fechas e instituciones bancarias donde se adquirieron corresponden a las que contrató Manuel Velasco durante su gobierno, por los 12 mil millones de pesos.
El anteproyecto de presupuesto fue presentado al Congreso por el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, apenas ocho días después de asumir el cargo, fue turnado de manera inmediata y para el 26 de diciembre último estaba ya aprobado, prácticamente sin debate alguno de la Legislatura con mayoría de Morena.
De acuerdo con el decreto publicado el 31 de diciembre, para el paquete fiscal de 2025 el presupuesto de egresos de la entidad será de casi 132 mil millones de pesos a ejercer por los tres poderes y organismos autónomos.
El secretario de Finanzas declaró que habría prioridad presupuestal sobre el tema de seguridad pública.
El fast track legislativo fue evidente. En la sesión en que se aprobó hubo pocas intervenciones en tribuna como las de la diputada del PAN Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y la de los diputados por Morena Javier Jiménez y María Mandiola, el primero exsecretario de Hacienda estatal y la segunda, presidenta de la Comisión de Hacienda. Esta última, que fue funcionaria del gobierno de Rutilio Escandón, subió a la tribuna a defender las obras de Escandón, actualmente cónsul de México en Miami.
Opacidad
En Chiapas, el debate sobre la orientación del “paquete fiscal” no existió. Al no conocerse su contenido antes de su aprobación, los sectores sociales, económicos y productivos ignoraban cuánto será la inversión gubernamental en su sector.
“Cada presupuesto gubernamental por supuesto que significa una inversión pública. Siempre hay –o debería haber– prioridades de gobierno y, en consecuencia, habrá perdedores y ganadores; por eso se necesita transparencia. Aquí aprueban todo”, denuncia en entrevista el economista Jorge López Arévalo, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
En Chiapas, dice el profesor de la UNACH:
Hay una democracia de baja intensidad. Es imposible un debate entre la sociedad y el gobierno. No hay presupuesto participativo ni parlamento abierto.
Doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, López Arévalo destaca que la contratación de deuda se destinaría a pagar deuda generada en el periodo 2012-2018, cuando gobernó la entidad el abanderado del Partido Verde, aliado de la 4T y actual senador Manuel Velasco.
“Dice que fue invertido en obras productivas, pero eso es lo que dice la ley, pero por lo general no se observa y a cualquier cosa se le llama inversión productiva”, agrega.
Las deudas de Velasco
De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre último, el Ejecutivo estatal, vía la Secretaría de Finanzas, está facultado para solicitar créditos financieros hasta por 12 mil millones de pesos.
El decreto precisa que ese crédito no incluirá intereses y que se podrá adquirir con “las instituciones financieras del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, para destinarlo al refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de largo plazo a cargo del Estado”.
También se dictó que el financiamiento “podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito, a un plazo de hasta veinticinco años contados a partir de la fecha de contratación o de la primera disposición de cada contrato de crédito”.
El decreto indica que el financiamiento será destinado al refinanciamiento y reestructura de todos o cualesquiera de cinco créditos que el gobierno estatal mantiene con la banca comercial mexicana y con Banobras. Esos créditos fueron adquiridos con Banorte, Santander y BBVA.
Tres de esos créditos fueron contratados el mismo día, el 12 de junio de 2014, y cada uno con algunas de las instituciones bancarias señaladas, por lo que corresponden al sexenio de Manuel Velasco.
Dos meses después de esos tres primeros créditos (es decir, en agosto de ese año) el gobierno de Velasco celebró otro contrato, ahora con Banobras y repitió la operación financiera en febrero de 2018 con la misma institución gubernamental.
Esos cinco créditos tienen un saldo a noviembre último de 12 mil millones de pesos totales, precisamente la cantidad por la que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo adquirir deuda.
Incluso señala que la “fuente de pago” será “hasta el treinta por ciento de las participaciones presentes y futuras que corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo se entregan a los municipios”.
Recibirán más dinero
Además del rubro de seguridad pública, otras áreas del gobierno estatal recibieron un sustancial incremento presupuestal, como la oficina de la gubernatura. El último año de gobierno de Rutilio Escandón se programaron poco más de 34 millones de pesos para esa cartera; en este 2025 el presupuesto que tendrá la oficina de su sucesor Eduardo Ramírez es de 54 millones.
El presupuesto para la operatividad de la Secretaría de Hacienda, ahora de Finanzas, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrán ajustes al alza.
Las dependencias que vieron incrementado su presupuesto fueron la Secretaría de Seguridad del Pueblo en mil millones de pesos más y la de Obras Públicas, que pasó de más de dos mil millones de pesos a cuatro mil millones. Creció también el monto para el Poder Legislativo.
Donde no hay buenas noticias es en la atención a las mujeres, ya que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género disminuyó. En 2024 fue del orden de 67.8 millones de pesos y para este 2025 será de 63.8 millones.
Tampoco para el campo chiapaneco hay aumento. La dependencia encargada de los proyectos recibirá 191.6 millones de pesos cuando en 2024 le fueron asignados 239.1 millones.
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TENSIÓN EN POZA RICA

A S I E S !
Por Mario NORIEGA VILLANUEVA
Parece nada pero que Poza Rica está en tensión porque puede ser objeto de un nuevo fraude electoral, eso, mi quien lo dude y conforme a lo que se dice en Xalapa y concretamente en el Consejo Estatal del organismo público local electoral desde donde se dio la orden de posponer para el sábado 7 de este mes, los casos que se ven «difíciles», sin más ni más, solo están creando un conflicto social que hoy con un presunto fraude que se ventila, hizo pensar a la ciudadanía que esa fue una jugarreta esperando que el pueblo estalle, para tomar otro tipo de medidas e imponerse sobre la voluntad de una mayoría de votantes.
En verdad, deseamos y pedimos que no se vaya a provocar uns situación de gravedad, a lo que contrariamente se dio en el consejo municipal del OPLE desde los resultados preliminares y hasta la lectura final del total de la votación, con el triunfo al MC pero hubo por ahí «algo» que hizo anunciar otra cosa muy diferente a lo mandatado por los votantes que así como en tiempos del PRI, determinaron por sobre el voto mayoritario, se llevaran los paquetes electorales a , Xalapa, donde generalmente se tuercen los resultados para imponer a quien les ordenan «de arriba» que así se haga sin importarles las reacciones que una mala decisión puede causar, total a ellos no les importa nada que no sea salirse con la suya.
Esta vez sin embargo, el pueblo que decidió el domingo primero de este junio, a quien quiere para presidente municipal, se muestra muy molesto y decidido como nunca antes cuando lo tenían dominado y se hacía lo que sus enemigos quisieron.
Por eso la tensión puede estallar porque los votantes defenderán su sufragio, ante todo y es a lo que nadie que actúe con honradez, pudiera querer.
Sugerencias, criticas y comentarios; marionoriegav8@gmsil.com
Columnas
Trump pierde a jueces

Opinión de José Carreño Figueras | El Heraldo de México |
El debate en torno a jueces politizados, partisanos o ideologizados ocurre en todo el mundo, especialmente en México luego de la elección judicial del domingo, pero se da también en momentos en que se registra un creciente distanciamiento entre el presidente Donald Trump y el Poder Judicial en Estados Unidos.
La sorpresa no está en los choques de Trump con jueces liberales, sino sus cada vez más frecuentes choques con jueces conservadores, incluso muchos que él mismo nombró durante su primer mandato (2016-2020), y que siguen una doctrina literal de aplicación de la letra de la ley sin consideraciones políticas. En el papel Trump, parecería estar en una situación muy favorable: disfruta de una ventaja considerable en los tribunales federales, especialmente la Suprema Corte.
De aquellos, 1,700 en total, nombró ya a 234, pero de los nueve jueces supremos, seis son conservadores, incluso tres designados por él, y tres son considerados como liberales. Trump, sin embargo, parece convencido de que esa situación le permite manejarse con «manga ancha» y prescindir de la supervisión judicial o, simplemente, tener su acuerdo de antemano.
Pero no ha sido así. De acuerdo con Paul Collins, profesor de Estudios Legales y Políticos de la Universidad de Massachussetts-Armherst, «aunque pueda parecer extraño que los jueces nombrados por Trump estén fallando en su contra, en realidad no lo es tanto. En cambio, es un ejemplo de lo que sucede cuando un presidente se extralimita en su autoridad y adopta posturas legales que ni siquiera sus propios jueces designados pueden respaldar». De hecho, parece una conclusión compartida por analistas conservadores, no necesariamente pro-Trump.
Durante su primer régimen, Trump se apoyó en las recomendaciones de la Sociedad Federalista, un grupo de abogados de ideología conservadora, que presenta ahora como empeñada en adelantar por separado sus propias ambiciones y agenda en vez de las posiciones del gobierno.
Pero la agrupación fundada en 1982 ha sido definida como una agrupación «organizada más en torno a un enfoque judicial compartido que a lealtades personales» y renuente a la intimidación. «Es probable que los jueces simpatizantes de la Sociedad Federalista perciban el ataque de Trump como lo que realmente es: un rechazo a la idea de que incluso los jueces afines deberían poder frenarlo, y una promesa de no nombrar más que aduladores sin principios en el futuro», aseguró el analista Andrew Egger, de la publicación conservadora cibernética The Bulwark (El Baluarte).
Trump, sin embargo, ha tenido triunfos significativos, como el apoyo que el año pasado le dio la Suprema Corte al aprobar una redefinición del concepto de inmunidad presidencial que le permitió cubrirse legalmente y escapar a acusaciones sobre su presunta responsabilidad en el motín del seis de enero de 2021. Para Trump no es suficiente ahora que sus decisiones enfrenten rechazo judicial a decisiones sobre universidades, despidos del gobierno federal, deportaciones masivas y tácticas policiales de mano dura.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
COLABORADOR JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE
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Mundial 2026. La magistral jugada estadounidense… y México de comparsa

Opinión de Eduardo Gaytán Mendieta | Expansión |
Exactamente dentro de un año el balón rodará en el Mundial de 2026. Una Copa del Mundo histórica, sí, pero no por las razones que en México nos quieren vender. Nos han repetido hasta el hartazgo que seremos la primera nación en organizar tres Mundiales. Lo que no dicen es que esta tercera vez seremos apenas un actor de reparto; no el protagonista, ni siquiera el antagonista. México aparece como comparsa de una jugada maestra de negocios, concebida y ejecutada con precisión quirúrgica por Estados Unidos.
La candidatura “United 2026” fue una estrategia brillante en la que el país de las barras y las estrellas no solo consiguió quedarse con el pastel, sino además hacer que México le ayudara a hornearlo. Y claro, de paso y con gusto compartir algunas migajas. Estados Unidos aprovechó la pasión futbolera de nuestro país, su peso simbólico ante la FIFA y su condición de puente cultural con América Latina para construir una candidatura irrefutable. ¿El resultado? 78 de los 104 partidos se jugarán en suelo estadounidense. Canadá, un país sin tradición futbolera, tendrá 13, y México, el único de los tres con fútbol en las venas, 13 también; dicho sea de paso, ninguno más allá de los octavos de final. Lo repito para que quede claro: ningún partido de cuartos, semifinales y mucho menos la final se jugará en México. La gran fiesta del fútbol pasará por nuestro territorio como un desfile de luces del que apenas veremos el reflejo. Ah, pero claro, tenemos la inauguración; premio de consolación. Realidad brutal para quienes aún creen que México “co-organiza” el Mundial. Esto suena bien en discursos políticos y spots promocionales, pero no resiste un análisis serio. No hay co-organización posible cuando uno pone los estadios, los aficionados y la pasión, y el otro se queda con los negocios, el calendario y la gloria. Estados Unidos no compartirá el Mundial: lo administrará. Cuando de negocio se trata, ellos mandan. Y el negocio es monumental. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo pasará de 64 a 104 partidos, incrementando los ingresos por derechos televisivos, patrocinadores y venta de boletos de forma exponencial. Con la venta de entradas y derechos de transmisión generará más de 7,000 millones de dólares (2.5 veces el PIB de Belice), según estimaciones preliminares. El 75% de esos partidos, con su respectivo valor comercial, se jugarán en nuestro vecino país del norte; lo demás es utilería. Canadá y México son apenas escenografía, piezas necesarias para dar credibilidad a una propuesta que, sin ellos, habría sido (probablemente) rechazada por la FIFA ante las nuevas exigencias geopolíticas de inclusión regional. Y mientras que, ciudades como Nueva York o Los Ángeles se frotan las manos para cada una recibir una derrama cercana a los 500 millones de dólares, en México ya comenzaron las alertas, especialmente con el hospedaje. La Ciudad de México, que recibirá apenas cinco partidos, espera a cinco millones de visitantes; una cifra que rebasa por mucho la capacidad hotelera de 54,000 habitaciones disponibles, (de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México). ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la infraestructura, la movilidad, la seguridad, los servicios para responder a esa demanda? La respuesta, incómoda pero necesaria es: no. México tiene estadios, sí. Tres grandes sedes: el Estadio Azteca, (aún en remodelación y una prohibición de cambio de nombre por parte de la FIFA, por cierto), el BBVA en Monterrey y el Akron en Guadalajara, pero mostró muy poco músculo político y económico para influir en el diseño del torneo, y bajó la voz en la repartición de los partidos clave. No es un Mundial compartido. Es el Mundial estadounidense, con licencia simbólica para que México presuma ser “triple sede histórica”. El resto es marketing. La narrativa triunfalista que desde ya promueven autoridades y medios de comunicación es, en el mejor de los casos, ingenua; en el peor, cínica. Nos vendieron una fiesta que no organizamos. Nos prestaron una etiqueta que no nos pertenece. Y ahora, nos piden que celebremos como si verdaderamente fuéramos protagonistas.
México debe aspirar a mucho más. Si íbamos a compartir la Copa, debimos negociar en serio. Elevar considerablemente el número de partidos, exigir ronda de cuartos y semifinales, garantizar beneficios comerciales tangibles, asegurarnos una porción real del control organizativo. No se hizo. Y hoy, a 12 meses del silbatazo inicial, solo queda la parafernalia. El Mundial de 2026 será un éxito…para Estados Unidos que entendió perfectamente el valor comercial del futbol, y que supo usar a México como palanca emocional para acceder a él. A nosotros nos toca mirar, aplaudir… y pagar la cuenta. El futbol es negocio. Y en este negocio nos tocó ser extras. ______ Nota del editor: Eduardo Gaytán Mendieta (X: @legaytane) es un comunicólogo y estratega en medios de comunicación, CEO y fundador de la agencia E3 Media. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como Imagen Televisión, Televisión Mexiquense y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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