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Chiapas contrata deuda… para tapar boquete de 12 mil mdp que dejó Manuel Velasco

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El gobierno de Chiapas, encabezado ahora por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, se enfila a endeudarse más… pero para tapar el boquete financiero que dejó la gubernatura del verde-ecologista Manuel Velasco Coello (2012-2018), aliado de la 4T.

Aunque el mandatario Ramírez Aguilar recibió del Congreso estatal la autorización para solicitar créditos por hasta 12 mil millones de pesos y pese a que anunció como una de sus prioridades el aumento de recursos para el combate a la inseguridad que padece el estado, la millonaria cifra es exactamente la misma a la suma a la deuda adquirida en la administración de Velasco.

Además, a la par del anuncio sobre el aumento del presupuesto para tareas de seguridad, la realidad es que el gasto público recibirá un golpe financiero, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso vía fast track.

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Pese a que la deuda pública estatal se disparó durante el sexenio de Juan Sabines, el gobernador verde-ecologista también contrató empréstitos, mientras que el morenista Rutilio Rendón no recurrió a créditos, pero en su gobierno se pagaron altos intereses por deudas vigentes.

El decreto del presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado precisa que el techo de endeudamiento servirá para hacer una reestructuración o refinanciamiento de deudas específicas, cuyas fechas e instituciones bancarias donde se adquirieron corresponden a las que contrató Manuel Velasco durante su gobierno, por los 12 mil millones de pesos.

El anteproyecto de presupuesto fue presentado al Congreso por el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, apenas ocho días después de asumir el cargo, fue turnado de manera inmediata y para el 26 de diciembre último estaba ya aprobado, prácticamente sin debate alguno de la Legislatura con mayoría de Morena.

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De acuerdo con el decreto publicado el 31 de diciembre, para el paquete fiscal de 2025 el presupuesto de egresos de la entidad será de casi 132 mil millones de pesos a ejercer por los tres poderes y organismos autónomos.

El secretario de Finanzas declaró que habría prioridad presupuestal sobre el tema de seguridad pública.

El fast track legislativo fue evidente. En la sesión en que se aprobó hubo pocas intervenciones en tribuna como las de la diputada del PAN Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y la de los diputados por Morena Javier Jiménez y María Mandiola, el primero exsecretario de Hacienda estatal y la segunda, presidenta de la Comisión de Hacienda. Esta última, que fue funcionaria del gobierno de Rutilio Escandón, subió a la tribuna a defender las obras de Escandón, actualmente cónsul de México en Miami.

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Opacidad

En Chiapas, el debate sobre la orientación del “paquete fiscal” no existió. Al no conocerse su contenido antes de su aprobación, los sectores sociales, económicos y productivos ignoraban cuánto será la inversión gubernamental en su sector.

“Cada presupuesto gubernamental por supuesto que significa una inversión pública. Siempre hay –o debería haber– prioridades de gobierno y, en consecuencia, habrá perdedores y ganadores; por eso se necesita transparencia. Aquí aprueban todo”, denuncia en entrevista el economista Jorge López Arévalo, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

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En Chiapas, dice el profesor de la UNACH:

Hay una democracia de baja intensidad. Es imposible un debate entre la sociedad y el gobierno. No hay presupuesto participativo ni parlamento abierto.

Doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, López Arévalo destaca que la contratación de deuda se destinaría a pagar deuda generada en el periodo 2012-2018, cuando gobernó la entidad el abanderado del Partido Verde, aliado de la 4T y actual senador Manuel Velasco.

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“Dice que fue invertido en obras productivas, pero eso es lo que dice la ley, pero por lo general no se observa y a cualquier cosa se le llama inversión productiva”, agrega.

Las deudas de Velasco

De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre último, el Ejecutivo estatal, vía la Secretaría de Finanzas, está facultado para solicitar créditos financieros hasta por 12 mil millones de pesos.

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El decreto precisa que ese crédito no incluirá intereses y que se podrá adquirir con “las instituciones financieras del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, para destinarlo al refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de largo plazo a cargo del Estado”.

También se dictó que el financiamiento “podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito, a un plazo de hasta veinticinco años contados a partir de la fecha de contratación o de la primera disposición de cada contrato de crédito”.

El decreto indica que el financiamiento será destinado al refinanciamiento y reestructura de todos o cualesquiera de cinco créditos que el gobierno estatal mantiene con la banca comercial mexicana y con Banobras. Esos créditos fueron adquiridos con Banorte, Santander y BBVA.

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Tres de esos créditos fueron contratados el mismo día, el 12 de junio de 2014, y cada uno con algunas de las instituciones bancarias señaladas, por lo que corresponden al sexenio de Manuel Velasco.

Dos meses después de esos tres primeros créditos (es decir, en agosto de ese año) el gobierno de Velasco celebró otro contrato, ahora con Banobras y repitió la operación financiera en febrero de 2018 con la misma institución gubernamental.

Esos cinco créditos tienen un saldo a noviembre último de 12 mil millones de pesos totales, precisamente la cantidad por la que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo adquirir deuda.

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Incluso señala que la “fuente de pago” será “hasta el treinta por ciento de las participaciones presentes y futuras que corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo se entregan a los municipios”.

Recibirán más dinero

Además del rubro de seguridad pública, otras áreas del gobierno estatal recibieron un sustancial incremento presupuestal, como la oficina de la gubernatura. El último año de gobierno de Rutilio Escandón se programaron poco más de 34 millones de pesos para esa cartera; en este 2025 el presupuesto que tendrá la oficina de su sucesor Eduardo Ramírez es de 54 millones.

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El presupuesto para la operatividad de la Secretaría de Hacienda, ahora de Finanzas, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrán ajustes al alza.

Las dependencias que vieron incrementado su presupuesto fueron la Secretaría de Seguridad del Pueblo en mil millones de pesos más y la de Obras Públicas, que pasó de más de dos mil millones de pesos a cuatro mil millones. Creció también el monto para el Poder Legislativo.

Donde no hay buenas noticias es en la atención a las mujeres, ya que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género disminuyó. En 2024 fue del orden de 67.8 millones de pesos y para este 2025 será de 63.8 millones.

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Tampoco para el campo chiapaneco hay aumento. La dependencia encargada de los proyectos recibirá 191.6 millones de pesos cuando en 2024 le fueron asignados 239.1 millones.

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Morena no es México, no se engañen

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Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

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Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

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Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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Sheinbaum relanza al PAN

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Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |

Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.

Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.

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Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.

Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.

El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.

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POR JUAN IGNACIO ZAVALA

@juanizavala

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Incongruencias

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Opinión de Raymundo Riva Palacio

¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.

Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?

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No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.

Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.

No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.

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Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.

Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.

La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.

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En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.

Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.

La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?

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Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.

No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.

rrivapalacio2024@gmail.com

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