Durante la madrugada de este jueves 9 de enero ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en inmediaciones de San Juan del Río, en Querétaro, donde una persona murió y siete más fueron detenidas.

Los hechos ocurrieron cerca de la una de la mañana en Avenida Monterrey, acceso a la comunidad de Cazadero, en los límites con el estado de Hidalgo.

🚨 Enfrentamiento en San Juan del Río, Querétaro

Civiles armados se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional.

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Reportan un presunto agresor muerto, otro herido y siete detenidos. pic.twitter.com/qAE0BfOIZf

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 9, 2025

Se sabe que la agresión ocurrió cuando la Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia en la zona y fueron emboscados por civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta.

El ataque ocurrió un día después de que las autoridades desmantelaran diversos puntos ilegales de venta de combustible, también conocido como huachicol, en San Juan del Río.

Sin embargo, de momento no se ha confirmado si los detenidos formaban parte de un grupo delictivo dedicado al huachicol en Querétaro.

Medios locales informaron que durante el enfrentamiento uno de los civiles armados fue abatido, mientras que siete de los implicados fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La zona donde ocurrió la agresión se encuentra bajo resguardo de elementos federales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que revisará la problemática de los presuntos adeudos de más de 112 millones de pesos que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y sus filiales mantienen con pequeñas y medianas empresas.

Durante su conferencia matutina del 9 de noviembre, la mandataria fue cuestionada por la reportera Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx, sobre la falta de pago a contratistas que participaron en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Debido a su tamaño, (los proveedores) han tenido que recurrir ya a despidos de trabajadores, a préstamos y a endeudarse para sobrepasar la situación, la cual ya es insostenible. Ante esto mi pregunta sería, Fonatur, Comunicaciones y Transportes, o incluso, Sedena, que fueron las que contrataron a ICA y presuntamente tendrían adeudos con ésta ¿podrían tomar cartas en el asunto para que cientos de trabajadores mantengan sus fuentes de ingreso?”, planteó Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx.

El perjuicio es en contra de pequeñas y medianas empresas como ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, Marco Antonio Valdez, Kypcon Ingenieros Civiles y Construcciones Peñascos.

Sheinbaum explicó que los procesos de pago a contratistas en obras públicas suelen ser complejos debido a los trámites administrativos involucrados, como la supervisión y aprobación de estimaciones.

Por su parte, la reportera cuestionó si desde dependencias como la Defensa tomarán acciones para garantizar que la compañía de Guadalupe Phillips y sus filiales cumplan con sus responsabilidades.

Así, aunque Sheinbaum Pardo aseguró desconocer si existían adeudos, se dijo segura de que se atenderá a las afectadas, ya que al cierre fiscal de 2024 fue positivo en términos de pagos a contratistas y que cualquier saldo pendiente responde a procesos administrativos que requieren supervisión y aprobación de estimaciones de obra.

“Hay un procedimiento largo para poder pagar una estimación de obra, eso es importante que se conozca, cuando una empresa contratista hace una obra, para poder cobrar lo que corresponde que hizo, que viene después de la obra que realizó, pues hay estimaciones a veces son paquetes muy grandes que describen claramente qué obra se hizo, hay supervisión de qué esta obra se llevó a cabo, entonces a lo mejor hay estimaciones pendientes que no se han pagado, se tendrían que pagar y seguramente, no conozco que tenga adeudos, pero si tiene adeudos, estoy segura que los van a saldar”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Construcciones Peñascos, KYPCON, Marco Antonio Valdez Gutiérrez e ICAPSA han pedido intervención gubernamental para asegurar el cumplimiento de los pagos, esenciales para su supervivencia en el sector, ya que ni ICA ni filiales como Constructora El Cajón, Hidroeléctrica Yesca, Península Maquinaria y Equipo Pesado, Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados, o Constructora MT de Oaxaca, han respondido a los intentos para conciliar sobre el caso.

De acuerdo con las quejosas, durante su colaboración con ICA y subsidiarias, su proveeduría fue utilizada para la conclusión de proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

El proceso para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanza con paso firme hacia su etapa decisiva. Con el 31 de enero como fecha límite para integrar las listas de aspirantes, los nombres de reconocidos juristas comienzan a perfilarse para competir en las elecciones del 1 de junio de 2025.

Entre los aspirantes destacan figuras como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Marisela Morales Ibáñez, Roberto Gil Zuarth y Carlos Enrique Odriozola Mariscal, cada uno con trayectorias notables en distintos ámbitos del derecho y la administración pública.

En el caso de Odriozola Mariscal, este abogado con más de tres décadas de experiencia, ha centrado su carrera en la defensa de los sectores más vulnerables. Como fundador del Centro Contra la Discriminación (CECODI), ha litigado casos emblemáticos que han sentado precedentes en la Suprema Corte, especialmente en temas de discriminación laboral, derechos de las mujeres y protección contra la violencia de género.

Entre los logros destacados de Odriozola figura su lucha contra la discriminación laboral por edad. En 2007, impulsó más de 30 demandas civiles contra empresas que excluían a trabajadores mayores de 35 años, logrando un fallo histórico de la Primera Sala de la SCJN bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar. También jugó un papel relevante en el caso ADR 1387/2012, relacionado con la inclusión laboral de personas con discapacidad, cuyo fallo fue emitido por la ministra Olga Sánchez Cordero.

Además, Odriozola ha trabajado en la defensa de ejidatarios en casos emblemáticos, como el de Holbox, y en la protección de figuras públicas como Andrea Legarreta y Adal Ramones, a quienes representó en demandas por ataques mediáticos y violación al derecho al honor.

El 12 de febrero, el Senado integrará y revisará las listas finales de aspirantes, que serán remitidas al Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso histórico busca garantizar la elección de ministros que representen una visión de justicia y equidad para México.

Con perfiles diversos y trayectorias sólidas, el proceso de selección para la SCJN promete una contienda que marcará un precedente en el Poder Judicial del país.