La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones que representan reveses importantes para el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Elektra y Grupo Salinas. La segunda sala de la Corte rechazó por unanimidad tres recursos legales relacionados con el magnate, marcando un contraste con la decisión favorable que obtuvo la semana pasada, cuando se declaró impedida a la ministra Lenia Batres Guadarrama para conocer uno de los juicios promovidos por Salinas Pliego, dice el medio La Jornada.

1. Rechazo de tres recursos legales

a) Impedimento 7/2025

Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, promovió este recurso con el objetivo de que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz Ahlf no participaran en la resolución del recurso de reclamación 616/2024, relacionado con un juicio de amparo directo en revisión. En este amparo, Salinas Pliego impugnó un crédito fiscal en su contra por más de 1,431 millones de pesos.

La segunda sala, en un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, rechazó por unanimidad este impedimento. Además, la Corte determinó imponer una multa a Grupo Elektra, que oscilará entre 30 y 300 días de salario, al considerar que la promoción de la recusación tuvo como objetivo entorpecer o dilatar el procedimiento del amparo, en violación del artículo 250 de la Ley de Amparo.

b) Recurso de reclamación 31/2025

Este recurso, también promovido por Grupo Elektra, fue rechazado por la Corte. La empresa buscaba impugnar el desechamiento de otro impedimento que había presentado contra la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La segunda sala consideró que no había fundamento para proceder con este recurso.

c) Recurso de reclamación 676/2025

Salinas Pliego impugnó mediante este recurso un acuerdo de la Presidencia de la segunda sala, emitido el 9 de diciembre de 2023, que turnó a la ministra Lenia Batres Guadarrama el impedimento 45/2024. Dicho impedimento fue desechado la semana pasada, cuando se declaró a Batres impedida para conocer el juicio de amparo en revisión relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

2. Multa a Grupo Elektra por dilación procesal

La Corte determinó que Grupo Elektra actuó de manera dilatoria al promover el impedimento 7/2025, lo que justificó la imposición de una multa. Esta decisión sienta un precedente sobre el uso indebido de recursos legales para retrasar procedimientos judiciales.

3. Declaración de impedimento de la ministra Lenia Batres

En un hecho paralelo, la segunda sala declaró impedida la semana pasada a la ministra Lenia Batres Guadarrama para participar en la revisión de un amparo promovido por Salinas Pliego en diciembre de 2021. Este amparo buscaba impugnar la solicitud de la UIF para acceder a la información patrimonial del empresario.

La decisión se tomó por unanimidad, con los votos de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán (ponente) y Jorge Mario Pardo Rebolledo (integrante de la primera sala que se sumó para este caso). Los ministros consideraron que Batres carecía de objetividad para conocer del amparo, basándose en publicaciones que ella hizo en la red social X (antes Twitter) desde 2014, donde utilizó calificativos despectivos contra Salinas Pliego.

Batres abandonó la sesión antes de la votación, argumentando que la decisión era un acto de “sometimiento y complicidad” con los “poderes fácticos”. Su retirada provocó la falta de quórum, lo que impidió la resolución de 36 asuntos adicionales en la agenda de la segunda sala.

4. Contraste con la primera sala

En contraste con las decisiones de la segunda sala, la primera sala de la SCJN desechó por unanimidad el recurso de impedimento 2/2025, promovido por Grupo Elektra. En este recurso, la empresa buscaba declarar impedidas a la ministra Batres y al ministro Pérez Dayán para conocer del recurso de reclamación 544/2024. Sin embargo, los detalles de esta resolución no fueron hechos públicos.

5. Devolución de expedientes

Adicionalmente, la segunda sala determinó devolver dos expedientes a tribunales colegiados para que sean revisados nuevamente y se emita una nueva sentencia o se confirme la existente.