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Rehenes de la extorsión en México

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Llegaron los dos chavos a última hora de la noche con la mirada cruzada. El neón de la taquería decía “abierto” en letras rojas como de rótulo de viejo cine de barrio. En el lateral del carrito de acero inoxidable desfilaban, en un panel electrónico, las palabras Tacos Ruben’s, taquería chingona. Ya entrados en la treintena, los dos jóvenes resaltaban en la oscuridad de la colonia Escandón, en el centro de Ciudad de México. Él, por su metro noventa; la güera, por el pelo rubio y esas curvas de quirófano que, semanas después, cuando ya se había teñido el cabello de negro para confundir su rastro, la delatarían ante los ojos de los policías.

Comieron en silencio, pero con una actitud que hizo que el hijo de Rubén Orozco, el hombre que puso nombre a la taquería, le dijera a su padre: “Estos son medio payasones”. Orozco, que se había ausentado unos minutos del puesto, reparó por primera vez en ellos. Se inquietó.

—Volteo a ver al joven y me está escaneando. Se me queda viendo muy raro.

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Lo recuerda con detalle porque aquel día era el cumpleaños de su mujer. Estaba de buen ánimo, enero acababa, las cosas marchaban, era noche de celebración. Miró al hombre del metro noventa a los ojos y preguntó:

—¿Qué se le ofrece? ¿Qué le falta?

El hombre apartó la mirada. Cuando la pareja terminó de comer, se acercó a pagar. Dijeron que eran nuevos en el barrio, que querían hacer una fiesta de bienvenida con una buena taquiza, que si les podía dar su teléfono para contactarlo. El taquero primero se resistió, dio excusas educadas, pero ante la insistencia acabó cediendo. Luego se fue a casa y dejó a su hijo terminando de recoger. El puesto suele cerrar sobre medianoche, pero después todavía queda un rato de limpieza. Una hora después, su teléfono sonó.

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—Don Rubén, ¿qué pasó? ¿Cómo está?

—Bien, dígame.

—Pues acabo de mandar a mi gente.

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—¿Y qué gente? ¿De qué se trata?

—No te hagas, ya sabes de qué se trata. ¿Cuánto vale la tranquilidad de tu familia?

De 59 años, Orozco gasta complexión de boxeador, es un tipo alto y fornido, profesor de karate en el barrio, diestro también en Haidong Gumdo, el arte de la espada coreana. Luego están las décadas en la taquería, el manejo del cuchillo de carnicero, una mano derecha como una maza de carne. La cabeza disciplinada por las katas, el carácter templado por el trabajo: al principio no se preocupó, pero la voz del otro lado de la línea se metió en su cabeza.

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—¿Cooperas o paso por tu hijo, que todavía está lavando?

La conversación telefónica duró 40 minutos y, para el final, Orozco había aceptado pagar 20.000 pesos, unos 1.050 dólares. Los extorsionadores sabían que en Tacos Ruben’s trabajaba toda la familia, que aceptaban tarjetas de crédito, que después de su aparición en la serie de Netflix Las crónicas del taco su clientela se había multiplicado. Orozco aceptó enviarles dos retiros sin tarjeta, una modalidad en la que, con un número de referencia, cualquiera puede sacar dinero de la cuenta de alguien, en cualquier cajero. Durante la llamada mandó un retiro de 9.000 pesos y acordó completar el resto al día siguiente.

En la mañana, Orozco se levantó a las seis y fue al mercado de la Merced a surtirse para la taquería. Para las 14.00 ya había enviado el dinero que faltaba. Pensó que lo peor había pasado. Pero a las 20.30, el teléfono sonó otra vez:

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—Dice el jefe que no es suficiente, que no puede ser que en 20 años tú no tengas un ahorro.

Eran criminales de poca monta, pero Orozco no lo sabía. Le dijeron que pertenecían a La Unión Tepito, la mafia capitalina por excelencia, fuerte en la zona norte del centro. Decían que si no tenía dinero en el banco se lo pidiera prestado a un amigo, que vendiera su carro, que le echara imaginación. Asustada, la familia echó cuatro camisetas en una maleta, recogió la camioneta, aparcada en el estacionamiento público frente a Tacos Ruben’s, contrató una mudanza para llevarse el puesto y huyeron. De salida, fueron a la Fiscalía a denunciar. Cinco horas después, en una fría madrugada de enero, la familia abandonaba Ciudad de México.

Siete millones

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En la jerga policial, lo que sufrió la familia Orozco se llama extorsión directa o física: cuando hay contacto directo con el criminal. La llamada telefónica completaba la visita previa de los dos jóvenes a la taquería, que solo necesitaron su número celular para engancharle, la pinza perfecta.

Orozco hizo algo que casi nadie hace: denunciar al momento. El hombre actuó por inercia, no esperaba avance alguno. Esa misma noche, él y su mujer se instalaron en un pueblo a 60 kilómetros de la capital. El hijo del taquero, resguardado con su hermana en casa del novio de ella, puso un mensaje en la cuenta de Instagram de la taquería, dando las gracias a los clientes de tantos años, despidiéndose de ellos y culpando, sin más detalles, a la extorsión.

Aquel mensaje en redes se hizo viral. Tanto, que el alcalde de Miguel Hidalgo, paraguas distrital de la colonia Escandón, Mauricio Tabe, cliente habitual de la familia Orozco, les preguntó cómo podía echar una mano. Orozco conocía al funcionario de sus visitas al puesto, pero nunca se le ocurrió pedirle ayuda. Tabe los envió a la Dirección de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión de la policía de Ciudad de México. Una vez ahí, la investigación empezó a avanzar. Era mediados de febrero.

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Como parte de la oleada violenta que atenaza a México, la extorsión se ha convertido, a la fuerza, en una de las prioridades de la Administración. Según la encuesta de victimización y percepción de la seguridad en el país, que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística, es el tercer delito que más sufre la población. En 2023, último año de estudio, 5.213 mexicanos de cada 100.000 dijeron haber sido víctimas de extorsionadores. Es decir, casi siete millones de ciudadanos al año: más de 18.000 cada día, 780 por hora, 13 al minuto.

Cobro de piso, apoyos a líderes comerciantes que nadie ha elegido, estímulos a la autoridad… Son diferentes formas de llamar a la extorsión, que en México es ya una epidemia. Delincuentes cobran piso a vendedores de tortillas, pollo o huevo. Criminales exigen pagos a comerciantes por instalar puestos en mercados callejeros, por abrir negocios en zonas de alta, media y baja plusvalía, o por producir tequila y mezcal. Policías piden cooperación a conductores para seguir su camino… Extorsionan a productores de plátano, a ciudadanos que tienen familia en Estados Unidos y mandan remesas, a albañiles y migrantes. A todos.

Parte del problema es la cantidad de casos que se denuncian, prácticamente ninguno. Según la encuesta mencionada arriba, el 96,7% de las víctimas de extorsión no denuncian los hechos, seguramente temerosos de las consecuencias. No es una cifra excepcional en el panorama mexicano. Según los cálculos de diferentes organizaciones dedicadas a monitorear el sistema de justicia, los niveles de impunidad en el país superan el 90%. Es decir, que nueve de cada 10 delitos nunca se resuelven.

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En la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana creó hace siete años una dirección especial contra la extorsión. Pablo Vázquez, jefe de la policía, ha señalado varias veces estos meses que hace falta cierta “madurez institucional” para encarar el problema. Si todo va bien, las denuncias subirán y así será por un tiempo. La dependencia señala que el año pasado atendieron 2.288 casos, la gran mayoría, 2.099, extorsiones telefónicas. Este año, solo hasta abril, ya eran en total 519. Uno de los mandos de la dirección, entrevistado varias veces en estos meses, señala que ese es el camino. “Hay que denunciar”, zanja.

Líderes y mafias

El sol de una tarde de abril cuece los toldos que cubren las calles República de Argentina, de Perú, de Bolivia, la frontera entre el turístico Centro Histórico y el barrio bravo de Tepito. Calles sobrepobladas de puestos de venta callejeros, las voces de cientos de personas, radios con cumbias densas bajo el calor espeso de invernadero, carga y descarga, qué va a llevar, pásele, pásele. Diana Sánchez Barrios, diputada local, activista trans, líder de comerciantes, avanza Argentina arriba esquivando cuerpos. La rodea una escolta policial y un séquito de fieles.

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El color de los toldos cartografía el mapa del poder en el Centro. En estas calles, los rojos pertenecen a la organización de Sánchez Barrios; los azules, a otro líder. Solo en la Cuauhtémoc, la alcaldía más céntrica, unos 100 líderes de comerciantes se reparten el territorio con escuadra y cartabón, según el cálculo de la mujer, que hace unos meses sufrió un atentado a balazos en el centro, del que sobrevivió de milagro.

Los comerciantes pagan cuotas a sus líderes a cambio de protegerlos de las autoridades y de otros líderes, una situación tan normalizada que nadie asume lo que en realidad es: otra forma de extorsión. La venta callejera es un pastel extremadamente lucrativo con muchas porciones a repartir. Sánchez Barrios calcula —y estimaciones del CIDE le dan la razón— que hay dos millones de vendedores ambulantes en la urbe, de los que apenas unos 100.000 funcionan con permisos legales, en una ciudad de nueve millones de habitantes.

Los vendedores que laboran sin permiso lo hacen bajo el amparo de líderes como Sánchez Barrios. “Sabemos muy claramente de dónde a dónde llega cada organización y nos respetamos”, expone. No queda muy clara la estabilidad de esos acuerdos. En la última década, el gremio de líderes comerciantes cuenta 14 asesinatos, la mayoría cometidos por jóvenes encapuchados que huyen luego por el laberinto del centro, quemando las ruedas de una moto, como en el caso de la lideresa.

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En el centro, los dominios de Sánchez Barrios lindan con los de otros líderes, muchos relacionados con La Unión Tepito, mafia con la que siempre han vinculado a la líder comerciante, sin que la justicia haya podido probarlo. “Cada líder [de la Unión] tiene sus calles, que controla con su gente”, señala un alto mando policial de la ciudad. “A veces, para algunas cosas, jalan juntos. Hay muchas células delictivas y cuando agarramos a uno, el otro ya se quiere apoderar de sus calles. En Tepito, es el pan de cada día. O pagas o te secuestro. Puede que estén incluso en un reclusorio y que tengan condenas de casi cadena perpetua, pero desde ahí siguen controlando. No te puedes meter porque esa calle es suya y si te metes, balacera”, añade.

La extorsión a los comerciantes supone un ingreso importante. Está tan normalizado, cuenta el mando, que a veces llegan vendedores con la policía pidiendo que negocien con los criminales para que les cobren menos. “¡Y la cosa es que no les cobren!”, exclama. El cobro de piso comenzó como un rumor en el centro y se extendió durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), narra Sánchez Barrios. “Fue un momento de mucho caos social. La gente tenía que irse, dejar sus puestos, sus negocios, y se iban sin avisar, de repente: ‘Oye, ¿y fulano?’, ‘no, pues ya no está’. Llegaron, lo amenazaron, lo extorsionaron y se fue», sigue la mujer. “Y ahí van, deteniendo a las cabezas [del crimen], pero pues, no para. Ahora salen [nuevos cabecillas], pero salen menores de edad, que es lo que más te preocupa. Y los agarran, y se matan, y vuelven a salir más menores de edad, y es algo sin controlar”, zanja.

“Eso es violencia, viejo”

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En una sala gris y triste hay un hombre que cuenta su ruina a regañadientes. Durante la pandemia su negocio quebró, las facturas se acumularon, hubo que volver a empezar. Los inicios son caros. Los bancos no atienden a la gente como él, trabajadores que viven al día, sin historial crediticio, dueños de nada, sin herencias, siquiera un lote baldío olvidado allá en el pueblo que hipotecar. Buscó opciones menos ortodoxas.

Le dicen el gota a gota porque te atrapan poco a poco y, cuando quieres darte cuenta, el agua te ha llegado al cuello. El hombre, cuyo nombre no aparece aquí por seguridad, comenzó con un préstamo pequeño. Lo cubrió y pidió otro. Ese primer prestamista era conocido, había sido cliente, cuate y amigo, un usurero, sí, pero del barrio de toda la vida: hasta sus madres se conocían.

Pero pronto, el hombre no pudo pagar. Así que pidió otro préstamo, a otro prestamista. Y cuando tampoco pudo pagar, pidió otro préstamo, a un tercer prestamista. La deuda se enmarañó, el caldo se hizo espeso. En pocos meses, debía 80.000 pesos de intereses caníbales. Ahí comenzaron los “va a valer madres si no empiezas a pagar”, los “voy a venir a hacer desmadre a esta casa y a ti te voy a matar”. Un día, pasaron por su negocio: gente pesada, de camionetas grandes y nuevas y sin placas, hombres armados, “en la colonia todos sabemos”. Le dieron tablazos por todo el cuerpo. El hombre huyó, rompió el chip del teléfono, quiso desaparecer.

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El hombre tiene unos 40 años. Cuenta su historia en el área de secuestro y extorsión de la sede de la policía de la capital, una caja de cerillos de concreto sobre la glorieta de Insurgentes. Una luz blanca, tenue, como de aeropuerto viejo, ilumina la habitación. En el medio, una mesa en forma de U. El hombre se sienta en el centro, junto a un familiar. Agentes de diferentes campos —jurídico, cibernético, análisis táctico, investigación de campo, psicología, 14 personas en total, contando a reporteros y víctimas— escuchan y preguntan.

El hombre no quiere estar aquí, pero tiene que: él se fue del barrio, pero sus padres se quedaron. Los extorsionadores no tardaron en encontrarlos. Está en shock, se le olvidan los nombres, las fechas. Un agente de pelo engominado, camisa de mezclilla desabrochada y urgencia en la voz dirige la sesión. Frena al hombre cuando se atropella, pide detalles, intenta establecer una cronología con cierta lógica, un testimonio defendible ante un juez. Hace preguntas como:

—¿Le llegaron a amenazar con un arma?

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—Nomás la sacaban.

—Eso es una amenaza, viejo, es violencia.

El hombre quiere huir de la ciudad, teme que puedan encontrarlo. Una psicóloga interviene con voz dulce: “La verdad es que lo que has venido haciendo no ha funcionado. El miedo te está paralizando. Creo que tienes mucha desconfianza y lo entendemos, pero necesitamos que confíes en nosotros”.

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No todo es paranoia: lo lógico es que desconfíe. Ha pasado la vida en una colonia donde la diferencia entre la policía y los malandros es el uniforme. Y a veces ni siquiera. El gran reto es conseguir que las víctimas de extorsión, habitualmente personas con poco dinero y mucha necesidad, confíen en que son distintos a los uniformados con los que acostumbran a lidiar, que crea en las instituciones contra lo que dicta su experiencia.

—De este lado somos más, somos la gente que te apoya.

—¿Y qué pasa con las represalias? El papá del que me amenaza trabaja en la Secretaría.

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—Nosotros somos la Secretaría.

—Ya, pero se escucha mucho de corrupción y eso.

Un día distinto, un funcionario de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc reconocerá: “Denunciar un delito es una pesadilla. Es un sistema que está diseñado para disuadir la denuncia. El hoyo negro es el sistema de justicia”. Hoy, el equipo multidisciplinar necesita la denuncia. Uno tras otro intervienen. Dicen cosas como “no te haremos falsas promesas”, “somos diferentes, por eso estamos escuchándolos”.

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Le convencen: si los extorsionadores quisieran matarlo, ya estaría muerto. Le dicen: lo que quieren es tu dinero. Le repiten: no podemos darte garantías de nada, pero cuando aparecemos, este tipo de bandas se esfuman.

El hombre saldrá de la Secretaría de Seguridad e irá a interponer la denuncia.

Un Audi negro

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A una reunión como la del hombre del gota a gota llegaron, a mediados de febrero, Rubén Orozco y su esposa. Ambos se sentaron en la mesa en U de la sala y contaron lo sucedido. La visita de aquella pareja de jóvenes no tan jóvenes –“payasones”, como le había dicho su hijo– la llamada posterior, la extorsión, los retiros sin tarjeta, la huida familiar… Los agentes escucharon, tomaron nota. Algunos hacían preguntas, unas más generales, otras más concretas, el aspecto de los payasones, su vehículo, las referencias de los retiros, etcétera.

Orozco y su esposa sintieron que el aire se llenaba de oxígeno, él más que ella. Llevaban dos semanas durmiendo en moteles, con sus hijos desperdigados. Pero lo que habían escuchado en aquella sala gris y triste les había llenado de confianza. Pensaron en volver enseguida. Los agentes les habían dado un “código águila”, que servía para avisar a las patrullas del barrio. “Desde ese mismo día, pusieron una carpa de seguridad en la esquina”, cuenta Orozco.

Los policías se pusieron a trabajar. El director de los “leopardos de las nieves”, nombre interno de la dirección contra el secuestro y la extorsión, encargó el caso a uno de sus jefes de unidad. Lo primero era comprobar las cámaras públicas del lugar, ver si alcanzaban a observar a los payasones y su vehículo, tratar de reconstruir el camino que habían tomado después de visitar la taquería, con suerte ubicar su guarida. Pero el plan se cayó casi desde el principio. Como habían pasado más de siete días desde la visita, las imágenes, cosas del protocolo, se habían borrado.

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Meses después de aquello, una mañana fresca de mayo, el jefe Jaguar, nombre inventado para proteger la identidad del policía, recuerda la investigación. “Con las cámaras depende, hay algunas que se borran a los siete días. Otras, en cambio, están hasta tres meses, depende mucho del lugar”, cuenta. Los policías se apoyan también en cámaras de seguridad privadas, mejores muchas veces que las públicas, con mayor resolución, incluso audio. Pero aquella vez no hubo suerte. Cerca de la taquería de Orozco hay una gasolinera con cámaras, pero las imágenes tampoco eran demasiado buenas.

Jaguar y su equipo cambiaron entonces de estrategia. Orozco había mandado retiros sin tarjeta a los extorsionadores, que los habían cobrado poco después. Había que buscar los cajeros donde habían acudido, comprobar el día, la hora y, de nuevo, mirar las cámaras. Ahí sí hubo algo de suerte. En la cámara de uno de los cajeros se alcanzaba a ver a la mujer que había ido a la taquería. En la otra, aparecía el coche en el que había llegado la mujer a Tacos Ruben’s, un Audi negro, tipo deportivo. No se veía la matrícula, pero sí el engomado en la parte trasera, un distintivo que ayuda en la identificación de los vehículos.

Era todo un reto, buscar una aguja en un pajar. “La cámara del cajero donde se veía el carro estaba sobre Circuito Interior”, cuenta el jefe Jaguar, en referencia a la gran circunvalación que rodea el centro ampliado de la capital. “Nos dimos cuenta de que cerca había un arco carretero”, uno de los pórticos gubernamentales con cámaras superpotentes, presentes en vialidades importantes de la ciudad, capaces de registrar las placas de los carros que pasan por debajo. Tenían la hora del retiro, el Audi negro debía haber pasado minutos antes bajo el arco. “En el primer barrido sacamos 300 posibles coches”, cuenta. “Luego, en un segundo barrido, seleccionamos solos los audis y lo bajamos a 10. Al final, nos quedó uno, el único que traía el engomado en el vidrio trasero”.

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Ubicado el carro, la obtención de los números de matrícula fue casi automática. “Enseguida pedimos el historial de esa placa, y vimos que había pasado por el mismo arco varias veces recientemente”, cuenta el mando policial. La cuestión era esperar. En el momento en que el Audi negro pasara de nuevo bajo un arco carretero, las cámaras del C-5, el sistema público de vigilancia, lo seguirían. Tuvieron que esperar unos días, pero al final ocurrió. En la segunda semana de febrero, el Audi negro paso debajo de un arco en el norte de la ciudad. La alarma saltó y los monitoristas del C-5 lo siguieron hasta la colonia Pensador Mexicano, en la esquina noreste del Circuito Interior. Jaguar mandó dos autos con varios agentes de incógnito. No tardaron en ver el coche.

“El problema es que le habían quitado las placas y el engomado estaba tapado”, cuenta el mando policial. Los agentes hicieron guardia dos días, hasta que, por fin, una mujer salió de una casa cercana al Audi negro, con las matrículas en la mano. Era la misma de la cámara del cajero y de la taquería. “Se había tintado el pelo de negro, pero las cirugías plásticas la delataban”, sigue Jaguar. Los agentes la fotografiaron, vieron como abría el carro, arrojaba las placas en la parte de atrás, se montaba y se iba. No la detuvieron todavía: tenían que acabar de cerrar la pinza con la telefonía. Cuando la compañía del celular desde el que habían extorsionado a Orozco les dio la información, comprobaron que el aparato había sido usado precisamente allí, en la colonia Pensador Mexicano.

Segunda Visita

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Los extorsionadores sucumbieron al más humano de los errores: la avaricia. No contentos con los 20.000 pesos que le habían sacado la primera vez a la familia Orozco, volvieron por más. Ocurrió a mediados de febrero, cuando la policía ya había localizado al Audi negro en Pensador Mexicano. Para entonces, Rubén Orozco y su esposa acababan de reabrir su puesto. El hombre había cambiado su número de teléfono, una puerta cerrada a los extorsionadores. “Fue en el lapso de dos o tres días que perdimos de vista a la mujer”, dice Jaguar, un descuido. La mujer había salido una noche de casa con el auto y, en el cambio de guardia, los policías se despistaron.

En esos días, la mujer, a quien la policía identificó más tarde como Fabiola, volvió en el Audi negro a Tacos Ruben’s. Esa vez la acompañaba otro hombre. Alerta, Orozco bajó del puesto en cuanto la vio, las manos pringosas de picar suadero. La atajó a media banqueta: no quería que se acercara a su familia un centímetro más. Ella le dijo que le diera inmediatamente otros 20.000 pesos. Desde el coche, el hombre le gritó, “¡pero ya, en chinga!”. Él se llevó la mano al bolsillo del delantal y sacó 2.000, lo que tenía. “Y la chava me los agarra, se sube al carro y se van. Como diciendo, ‘volvemos, ¿no?’, algo así”, dice el hombre.

Orozco llamó enseguida al jefe Jaguar y le contó lo que había pasado. Le dijo que habían llegado en el Audi negro, que la mujer era la misma, pero que el hombre no. La policía ubicó el vehículo enseguida, gracias a las cámaras de seguridad. Días más tarde, compañeros de Jaguar detuvieron a Fabiola, a su acompañante el día de la primera visita a la taquería, Sareb, y a otra mujer. Los tres estaban en el Audi negro, con droga en los bolsillos. Jaguar llamó a Orozco para que fuera a la Fiscalía a reconocerlos. De los tres, el hombre reconoció a Fabiola y Sareb.

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Los Orozco viven tranquilos de vuelta en su barrio. Hace poco celebraron su 20 aniversario con tacos para toda la clientela. Los asiduos llegan, la familia sirve y los olores a carne frita, a lengua hervida, a salsas y limón cortado, dibujan una placidez callejera difícil de igualar. De la banda de extorsionadores faltan al menos dos personas por detener, el hombre de la segunda visita, y un tercero, que aparece en una de las cámaras de los cajeros. Orozco no parece preocupado. “No puedes vivir en una psicosis”, dice. “Por salud mental, no debes estar temeroso de todo y de nada, ¿no? Sí, te pasó, okay. Pero no quiere decir que te va a pasar todo el tiempo”.

Mónica González y Gladys Serrano

Mónica Juárez Martín y Ángel Herdora

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Fernanda Castro

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LAS COSAS QUE NO ENTIENDO

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YANGA FOCO ROJO en inseguridad. Y no es para menos, pues en días recientes un abogado ampliamente conocido y estimado entre la comunidad yanguense fue privado de la vida por personas desconocidas sin que, como es costumbre, la Policía Municipal pudiera siquiera darse una idea de quien o quienes cometieron el crimen. No es para menos, teniendo como jefe máximo a un Johnny Bravo región cuatro, pues a medio año de gobierno, Rafael Aguilar Martínez, está más interesado en que luzca bien el fleco de su cabello, que, en gobernar a su municipio, donde los habitantes se preguntan que, va a hacer ahora el alcalde tras está lamentable perdida. Por lo menos en lo inmediato, todo parece indicar que mantenerse indiferente, pues es bien conocida su costumbre de no asistir a las mesas de seguridad en donde se definen líneas de acción para precisamente, reforzar la vigilancia en los municipios. Lo que sí es un hecho, es que subirse al ladrillo de la presidencia municipal al parecer ya lo mareó, pues antes atendía a todo mundo y ahora, ni de su carro se quiere bajar para saludar a quienes le brindaron su apoyo en campaña o se han acercado para intentar apoyarlo. En Yanga es evidente que ni siquiera hacen falta detractores externos, pues Rafael tiene al enemigo en casa, donde cada equipo avanza en direcciones separadas mientras don Rafa Bravo, se la lleva tranquilo y como dicen los Wapayasos: relajado relajado relajado.

LE QUEDÓ GRANDE el cargo a Angélica Peña Martínez, que, en menos de un año, ya convirtió a Cuitláhuac en cueva de ladrones. En poco más de 5 meses, los robos y ejecuciones incrementaron de manera alarmante y no bastando con eso, las alarmas se encendieron al ser detenido el comandante de la Policía Municipal y cinco de sus elementos, a quienes se acusa del delito de desaparición. A la par, la Fiscalía General de la República les sumó cargos por secuestro y tortura. Así como usted lee, los encargados de garantizar la seguridad de los habitantes, eran los mismos que los desaparecen. Y es que no es lo mismo hacer una aparición fugaz en eventos públicos, tomarse la foto y salir corriendo, o alzar la mano para votar una reforma importante a distancia mientras se encuentra en una fiesta, a gobernar uno de los municipios donde la inseguridad se vive a diario.

BACHES, DE ZENTLA AL MUNDO y es que, ante el anuncio de que se grabarán varias escenas de la película “La Mansión” en este municipio, a la alcaldesa, Miriam Lopez Cid le entró la desesperación y ahora sí, mandó a bachear la carretera que conduce a Corazón de Jesús Piña, donde se filmará la cinta. La falta de tacto y nula capacidad de dialogo, que caracterizan a su administración, género malestar entre los habitantes de la zona, quienes afirman que ni siquiera se les consultó sobre el cierre de la carretera que los afectará durante una semana. Y es que, mientras en Huatusco la gente está emocionada y busca acercarse a los sets de grabación, además que se sienten orgullosos porque las calles de la ciudad quedarán inmortalizadas en una película, en Zentla, los baches serán la carta de presentación del municipio. Mientras tanto, quienes deseen entrar o salir de la zona, tendrán que esperar varias horas para poder pasar, ya que todo parece indicar que la administración municipal no tomó previsiones de rutas alternas o bueno, algo para no perjudicar a la ciudadanía, quien por cierto, se sigue preguntando en donde está la señora presidenta, a quien ahora solo pueden ver en fotografía, porque disponible, ya no está para nadie. Por ahora es todo, hasta la próxima.

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El turno de Adán Augusto

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Opinión de Raymundo Riva Palacios | El Financiero |

La visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado. No hay detalles sobre la investigación en su contra, pero la pista que se le sigue desde el año pasado es conocida por el gobierno.

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El interés en el senador se descubrió aquí en septiembre, cuando, tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual financió ocho campañas para gobernador en 2021 (https://shorturl.at/kX61R).

La información que recibió García Harfuch fue la razón de la insistencia de la presidenta para que aceptara una embajada, que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por López Obrador, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que finalmente renunció a ella en febrero. López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México, que es lo que sugería Rubio que se llevara a cabo, en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses han cuestionado, en sus conversaciones con las mexicanas, la debilidad de las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde fundó la organización criminal La Barredora, que era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. Esa organización se extendió a la frontera con Guatemala con el respaldo del exgobernador de Chiapas y cuñado del senador, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre el cual ya se abrió una investigación paralela.

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La confirmación del Departamento de Estado al gobierno mexicano de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción en contra de López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del expresidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente. Los hijos de López Obrador, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente en el contrabando de combustible.

El gobierno estadounidense le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Los dos han negado que la información sobre sus visas que dio a conocer el diario Los Angeles Times fuera cierta. La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales.

La información que se ha enviado desde Washington, por lo que ha trascendido, no se detendrá en esos gobernadores. Sin que se hayan dado a conocer los nombres de quienes están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado, incluye a otro número no precisado de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel de Morena; y aunque predominan los militantes de ese partido, también hay investigaciones contra funcionarios estatales y locales de otros institutos.

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La información de la cancelación de la visa de López Hernández coincidió con una serie de acciones en el Capitolio para fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal y ubicar su combate como un asunto de seguridad nacional. El 14 de mayo, el senador republicano, John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional (https://shorturl.at/AP7yN). La iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.

No es el único presunto crimen por el que lo están investigando. Los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que buscó introducir ganado, aparentemente de Nicaragua, que en realidad provenía de Venezuela, y que creó una red criminal que atraviesa Chihuahua, un estado que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, donde respalda con apoyo político y sus financieros, a la senadora Andrea Chávez. La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están a nombre de prestanombres vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador.

El senador ha sido discreto, pero eficaz. Su principal financiero, Fernando Padilla, que inyectó dinero en la precampaña de la senadora Chávez y se ha convertido en el principal fondeador de recursos de Iván Silva, que dirige la empresa consultora Heurística y que es el principal estratega electoral de la presidenta. La relación entre Sheinbaum y López Hernández no es buena, y, al igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue invitado a no asistir al discurso de la presidenta hace dos domingos para celebrar dos años de su victoria en las urnas.

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Las investigaciones contra el senador y los tres gobernadores, de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno mexicano, ha provocado que algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas. No se reveló quiénes de los cuatro son los que no pueden utilizar el dinero que tengan en cuentas en aquel país, ni sobre el detalle de las propiedades que asegurarán las autoridades estadounidenses.

López Hernández es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, por su presunto papel de haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México.

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Morena no es México, no se engañen

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Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

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Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

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Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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