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Controlaba crimen abasto, precios…

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Agencias

Encabezados por un operador del cártel de La Familia Michoacana, una red criminal que sometía a comerciantes de la región, a los que obligaba a vender productos que les asignaban a un sobreprecio, fue desarticulada en un operativo de autoridades federales y estatales en 14 municipios del sur del Estado de México.

Si los comerciantes no aceptaban, eran agredidos o ejecutados.

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 Ocho personas fueron detenidas. El principal fue identificado como Eli «N», quien se desenvolvía en el municipio de Valle de Bravo como «empresario» y se ostentaba como dueño de la casa «Jimex», una distribuidora de materiales de construcción en la región.

Eli es acusado de secuestro y extorsión, además de ser identificado como el jefe del sometimiento de comerciantes del lugar, quienes eran obligados a vender la mercancía que el cártel decidía y al precio que imponía.

A Eli le incautaron ranchos con lagos y caballerizas en Amanalco, municipio cercano a Valle de Bravo. También se había hecho dueño de minas de grava.

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«(Eli) tenía una de las casas de materiales más notables de la zona», dijo el Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

 En la región básicamente no se podía comprar ningún producto de construcción si no contaba con su visto bueno y si no era transportado por sus propios medios, detalló.

Los otros siete detenidos ocupaban «puestos gerenciales» en la red.

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Según la autoridad, eran el controlador de la distribución de pollo, el de carne, el jefe de un sindicato transportista, una contadora y tres operadores criminales del grupo.

No hubo ningún otro comerciante detenido. Tampoco fue capturado ningún capo de La Familia Michoacana, como los hermanos Hurtado Olascoaga, que dominan en el Edomex y Guerrero.

Las autoridades aseguraron que Eli era el operador designado por La Familia para la distribución de cemento y materiales de construcción en esos 14 municipios.

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«El 31 de enero de 2025, en complicidad con otra persona, habría interceptado a una víctima, a quien al parecer amenazó y subió por la fuerza a un vehículo, a bordo del cual le exigieron un pago inicial y un porcentaje semanal de sus ventas», explicó el Fiscal, «y le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales en su establecimiento ‘Jimex’».

Cervantes informó que Eli obligaba a que no sólo el material le fuera comprado a sobreprecio, sino que se transportara en vehículos bajo el dominio de sindicatos transportistas sometidos o integrantes de la mafia criminal.

El operativo incluyó cateos en 63 establecimientos comerciales de 14 municipios mexiquenses. Varios de los establecimientos pertenecían a pequeños comerciantes que estaban sometidos por Eli y La Familia Michoacana.

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Las autoridades estatales indicaron que regresarían el material decomisado en esos cateos a los comerciantes que estaban bajo el yugo de La Familia.

Sin embargo, con las acciones policiales, los comerciantes tuvieron un doble sometimiento: el de la mafia y el de la autoridad.

«Los criminales someten a personas y, en ocasiones, a comunidades completas a un excesivo incremento de precios sobre productos muy específicos, de modo que los pobladores se ven imposibilitados a recurrir a otros lugares», dijo el Fiscal.

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Esta red criminal, indicaron las autoridades, fijaba sobrecostos de precios en cemento y varilla, de hasta un 71 por ciento, o en el caso de un millar de block, de hasta 122 por ciento.

En el caso de pollo establecían sobreprecios de hasta un 53 por ciento y, en el caso de carne de res, de hasta un 47 por ciento.

 Una parte clave de la operación era la red de distribución en manos de dos sindicatos: Libertad y Bradosva.

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 Este sindicato lo dirigía Gonzalo «N», que es uno de los detenidos que imponía bajo amenaza cuotas de 15 mil pesos por ingreso de material que no fuera adquirido a La Familia.

 La red fue detectada en Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Donato Guerra, Villa Victoria, Texcaltitlán, San Felipe del Progreso, Malinalco, Temascaltepec, Ixtlahuaca, Tlatlaya, Tenancingo, Sultepec y Amanalco.

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Una acción inesperada, pero necesaria

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Opinión de Elisur Arteaga Nava

“… a los hombres grandes no hay que tocarlos y, si se los toca, es preciso acabar con ellos (Istorie fiorentini, libro IV, 30, en Machiavelli, tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze, 1971, p. 735).

Este domingo que pasó (22 de febrero de 2026) fuimos testigos de una aplicación práctica del principio maquiavélico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho y algunos de sus guardaespaldas fueron eliminados. La autoridad comenzó a imponerse. Lo hizo a cambio de pagar un precio elevado en vidas humanas. Esas pérdidas, por el lado que se les vea, son lamentables; mucho más lo son cuando se trata de elementos castrenses, cuya acción se enderezó a imponer la vigencia de la ley y en acatamiento de órdenes emanadas de superiores jerárquicos. Que alguien muera en cumplimiento del deber es lamentable; el sacrificio es digno de reconocimiento y encomio. Son héroes en un mundo en el que suponíamos ya no se daban.

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El costo en vidas, sobre todo de aquellos que cayeron en cumplimiento de su deber, fue inmenso. Muchas familias quedaron en estado de indefensión.

La zona en que tuvieron lugar los hechos estuvo y está en estado de sitio: no se permite la libre circulación ni el ejercicio pleno de las libertades; está convertida en un distrito militar y sus habitantes sujetos a revisión: de sus personas y de sus domicilios. Lo que es explicable y, a la vez, lamentable. Lo es por cuanto a que en la Constitución existen bases para actuar de esa manera, que no se han agotado.

No se ha dispuesto una suspensión de derechos y garantías en los términos que establece el artículo 29 constitucional. Nadie lo ha hecho notar. Explica, pero no justifica, el que se haya procedido de esa manera el poder de fuego de la delincuencia, la violencia ejercida por ella, la gravedad de los hechos y el poder adquirido por Nemesio Oseguera, tanto en la zona de los hechos como en el país, en general.

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Nemesio Oseguera era un grande en el sentido maquiavélico. Lo era por razón de los hombres armados, recursos económicos y armamento con que contaba y de los que disponía. También lo era por las grandes porciones del territorio nacional que tenía bajo su control. Había que acabar con esa situación.

Pese a lo anterior, todo demuestra que el respeto de la Constitución, como sucedió durante los gobiernos priistas, sigue siendo potestativo y no obligatorio también para los gobiernos morenistas.

AMLO, por las razones que hayan sido, no se metió con Nemesio Oseguera pese a que sabía de su existencia, de su actuación, de su vida y milagros. Su inacción es imperdonable e inexcusable. Dejó crecer el problema hasta que se volvió incontrolable. Como en todo: en su ánimo de quedar bien con todos, el llamado “mejor presidente que ha tenido México”, dejó crecer también ese problema.

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Una vez iniciada la lucha contra la delincuencia, por aconsejar la prudencia política, es preciso llevarla hasta sus últimas consecuencias. La presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, en general, saben que tienen el apoyo de los mexicanos. Ella, sabiendo que cuenta con el Congreso de la Unión, para no seguir violando la Carta Magna, debe echar mano de la institución prevista en el artículo 29 constitucional. Mucho más se justifica hacerlo para pacificar y restablecer el orden en el territorio nacional.

Por virtud de las acciones emprendidas el domingo 22 de febrero se tocó a un grande: a Nemesio Oseguera; muerto éste, la política realista aconseja que también se toque a sus cómplices y a todas las ramificaciones de su organización criminal. Existen los medios constitucionales para fundar las acciones que se emprendan.

De actuarse de manera tímida o ilegal, es esperarse que la reacción de la delincuencia organizada se deje sentir durante el Mundial de Futbol. Hay muchos elementos de tecnología avanzada para atentar contra quienes participen en la competencia o de quienes asistan a ella. Por ello, iniciada que fue la acción, nada debe detenerla; se debe ir hasta sus últimas consecuencias.

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Ironía de la vida: la zona en que el Mencho operaba, detalles menos detalles más, es la misma en la que actuó el tuerto Manuel Lozada, alias el Tigre de Álica. Éste, aprovechándose de la inestabilidad en que cayó el país por virtud de la guerra de Tres años y de la invasión francesa, estuvo en posibilidad de levantar un ejército de bandoleros de más de siete mil hombres (J. Meyer, Manuel Lozada, Tusquets, México, 2015, p. 127); él, con base en su poder real, se dio el lujo de disponer de una reforma agraria aplicable en la zona bajo su control. Traicionó a la República y al presidente Juárez; apoyó a Maximiliano.

Porfirio Díaz, el 10 de noviembre de 1871, como general en jefe del Ejército Constitucionalista, reconoció y declaró como un muevo estado al séptimo cantón de esa entidad (Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, tomo XV, México, 1970, p. 546). El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente, declaró la región como distrito militar y, con base en esa declaración, mandó al ejército; puso al frente del ejército a dos militares excepcionales: Ramón Corona y Sóstenes Rocha. Las tropas federales acabaron con el bandolerismo generalizado que había en la zona. Manuel Lozada fue fusilado el 19 de julio de 1873. Para resguardo de la zona, durante el resto del siglo XIX la región siguió siendo un distrito militar.

El Constituyente de 1917 dispuso que el séptimo distrito se convirtiera en un nuevo estado con el nombre de Nayarit (art. 47 de la Constitución).

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Entre el Tigre Manuel Lozada y el Mencho existe otra coincidencia: en la caída de ambos hubo faldas de mujer de por medio.

Una vez emprendida la acción de persecución y castigo contra esa delincuencia específica, es preciso llevar la acción hasta sus últimas consecuencias. Se tocó a un grande: es preciso, como dice Maquiavelo, spegnere, extinguirlo, acabarlo, pero hacerlo con base en la ley; se debe impedir que sus seguidores se reagrupen y reaccionen y que lo hagan con perjuicio de los mexicanos y del Estado de derecho.

 

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Más allá del narcotráfico

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El devastador impacto ambiental del Cártel de Jalisco Nueva Generación en América Latina

La violencia en México se intensificó tras un operativo militar en el sur del estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En represalia, el cártel desató una ola de ataques y bloqueos en varios puntos del país que ya dejan más de 60 personas muertas.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Mantenía una extensa red dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Su expansión también ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Investigaciones periodísticas de Mongabay Latam documentan cómo miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico viven atrapados entre la pobreza, la extorsión y la violencia, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.

En tierra, la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG. Además, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. En Ecuador, bandas de piratas asociadas al cártel mexicano controlan puertos y extorsionan a pescadores artesanales, extendiendo la violencia más allá de las fronteras mexicanas.

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Jalisco es el segundo estado productor de aguacate en México. Imágenes satelitales revelan cómo la expansión de este cultivo ha generado una grave pérdida de bosque. A esto se suma que detrás de este negocio hay mafias criminales que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico mexicana están atrapados entre la pobreza y la violencia del narcotráfico. El Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza los mares para expandir sus negocios ilícitos. Investigamos el caso.

Más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. Así lo revela la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que además encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación lidera esta red criminal.

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Más del 70 % de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, en Ecuador, paga extorsiones para salir a pescar. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos, desapariciones y asesinatos. Piratas y bandas como Los Lobos, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, controlan el narcotráfico en el puerto

 

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El Mencho es el mensaje

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Opinión de Raymundo Sánchez

Lo dijo perfecto el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la conferencia mañanera del pasado lunes: “Se demostró la fuerza del Estado mexicano”, en referencia al operativo del Ejército con el que se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, uno de los más peligrosos capos del planeta.

En efecto, la acción militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que la fuerza del Estado mexicano es mucho mayor a la de cualquier grupo delictivo, con lo que se modifica la percepción sobre el poder real y efectivo de la delincuencia organizada.

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Bastaron un impecable trabajó de inteligencia entre México y Estados Unidos, y un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, al mando de Omar García Harfuch, para dejar acéfalo al mayor grupo criminal de México, al que se le atribuyen más de 75 mil homicidios, la desaparición de 10 mil personas en Jalisco y un poderío económico de 20 mil millones de dólares.

Un cártel que, además, opera en 29 de las 32 entidades de México, y cuyos tentáculos se extienden a 40 países de Europa, América, Asia, África, y a las 50 entidades de Estados Unidos. Un poder mucho mayor al que en su momento tuvo el colombiano Pablo Escobar. Pero ni así le alcanzó para evadir la acción del gobierno mexicano el pasado domingo.

En ese sentido, el operativo ejecutado por la Defensa Nacional fue en sí mismo un muy poderoso mensaje para los miembros de la delincuencia organizada, que hasta el sexenio pasado se les dejó imponer su ley, controlar 70 por ciento del territorio nacional, poner y quitar gobernantes y crear un Estado paralelo, mientras Palacio Nacional les daba abrazos y a lo mucho les advertía que los acusaría con su abuelita.

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Ahora, el gobierno cambió la ecuación a los maleantes y a sus cómplices en la política: el Estado dio un primer paso para recuperar el monopolio del uso de la fuerza y los territorios que les cedieron en el sexenio pasado. Y lo hace con calibres de uso exclusivo del Ejército.

También les hizo entender que la primera mujer presidentA no repetirá la historia del culiacanazo, cuando el 17 de octubre de 2019 el entonces presidente López ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, inmediatamente después de que fuerzas federales lo habían aprehendido en Culiacán.

Pero, sobre todo,

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el operativo para eliminar a El Mencho mostró al mundo que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas sí tienen la capacidad de combatir con éxito a los grupos delictivos

, del tamaño que sean, sin la intervención operativa de agentes estadounidenses. Y que, si sus antecesores en el gobierno no lo hicieron, evidentemente fue porque no quisieron. ***

EN EL VISOR:

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Toda la cuatroté respaldó y felicitó a la presidentA Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que resultó abatido el capo

Nemesio Rubén Oseguera.

No así el fundador del movimiento, cuyo silencio dice más que mil palabras.

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POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR RAYMUNDO@HERALDODEMEXICO.COM @R_SANCHEZP

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