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El Gobierno de López Obrador prohibió a las autoridades ambientales fiscalizar y clausurar las obras del Tren Maya

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El Tren Maya, megaproyecto mimado del presidente Andrés Manuel López Obrador, levantó en cinco años un lazo ferroviario de 1.500 kilómetros por la península de Yucatán. Un tiempo récord presumido como una hazaña por el Gobierno anterior, quien volcó todo el apoyo de la Administración y un presupuesto ilimitado para materializar el proyecto. Y, aunque se aseguró que todo se hizo con respeto y apego a las leyes, la realidad es que el Tren Maya gozó de una protección gubernamental para sus múltiples y reiterados incumplimientos ambientales, como nunca se había visto en el sector. Tanto que se prohibió a las autoridades fiscalizar y sancionar las obras, aunque tenían pruebas de graves y repetidos ilícitos que en cualquier otro caso hubieran supuesto clausurar su construcción.

Esto lo revelan documentos internos de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) obtenidos por EL PAÍS y lo corroboran funcionarios del organismo, que denuncian que no les dejaron hacer su trabajo. Los promotores del megaproyecto retorcieron la legislación ambiental en contra del consejo de sus asesores y de los estudios ambientales, comenzando las obras con permisos incompletos y defectuosos. El Gobierno no permitió que las autoridades del sector inspeccionaran el proyecto durante dos años, aunque se acumulaban denuncias populares de sus afectaciones. Además, cuando finalmente se permitió a los inspectores evaluar la construcción y encontraron delitos ambientales como deforestación, cambios de uso de suelo ilegales, bancos de material sin permiso, obras secundarias sin registrar o falta de autorizaciones, desde el Gobierno de López Obrador se dio la orden a la Profepa de ignorar estas violaciones y dejar que el Tren Maya siguiera su curso. Este periódico pidió postura a las autoridades, pero a cierre de edición no habían respondido.

El Tren Maya fue la gran apuesta para el sureste del sexenio anterior. López Obrador prometió, en infinitas ocasiones, que el megaproyecto se haría con total respeto a la legislación ambiental, llegando a la hipérbole de prometer, durante una entrevista, que no se tumbaría “ni un solo árbol”. A medida que las quejas públicas por los impactos ambientales se acumulaban, el Gobierno y el propio López Obrador negaron estas acusaciones, tildando a cualquier crítico como “pseudoambientalista”. De hecho, uno de sus últimos actos como presidente fue declarar completo el Tren Maya, diciendo que “es la obra más importante que se ha construido en México y el mundo en los últimos tiempos”.

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El Gobierno ha intentado vender que los daños ambientales solo ocurrieron en el sistema de cenotes y cuevas del tramo 5, pero estos delitos se dieron por todo el proyecto y sus obras asociadas; y desde la Administración se negó su existencia y los ocultaron. Cuando el Instituto Nacional de Transparencia, tras varias solicitudes de información y recursos de revisión elaboradas por este periódico, ordenó a las autoridades entregar copia de las actas de las inspecciones de la Profepa, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal lo impugnó ante la Suprema Corte de Justicia.

Los documentos en poder de EL PAÍS fueron elaborados en enero de 2024, cuando López Obrador ya había protagonizado la primera de las tres inauguraciones que tuvo el Tren Maya y presumió haber logrado construir, en solo cuatro años, cuatro de los siete tramos. Para esta primera etapa, que sigue el trazado de un ferrocarril de carga en activo, la documentación enlista nueve “relevantes pendientes”, es decir, incumplimientos. Destacan deforestación en superficies “no contempladas en las autorizaciones”, “cambios de uso de suelo en derecho de vía”, “informes de cumplimiento pendientes”, “bancos de materiales sin autorización”, “modificaciones pendientes en las autorizaciones de los cuatro tramos”.

Para los tramos 5, 6 y 7, que van de Cancún a Escárcega y en esa fecha todavía en construcción por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los “relevantes pendientes” son más graves. Falta de “estudios técnicos justificativos” para los tramos que atraviesan la Reserva de Biósfera de Calakmul, “remoción de vegetación y vestigios arqueológicos sin autorización”, inexistencia de “programas de reforestación y reubicación de fauna y flora”, “modificaciones de las obras sin autorización”, “bancos de materiales sin autorización”, “afectación de drenajes naturales, manejo inadecuado de residuos”… Esta construcción era la ecológicamente más compleja, al ser todo vía de nueva construcción y atravesaba ecosistemas como la Selva Maya, la Reserva de la Biósfera de la Calakmul, y todo el sistema de cuevas y cenotes de la península de Yucatán.

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“Este trato no lo he visto nunca en todos los años que llevo trabajando”, dice categórico un inspector de Profepa que estuvo en las visitas. Con dos décadas de experiencia en el sector, pide no revelar su nombre por miedo a perder su trabajo. El inspector describe un laberinto kafkiano. Como López Obrador hizo un evento de inauguración, fue público y notorio que las obras del Tren Maya habían comenzado en junio de 2020. En Profepa lo sabían, pero no tuvieron una indicación oficial para acudir a inspeccionarlas.

Luego, con el proyecto ya en construcción, se fue ingresando una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para cada uno de los tramos. Una MIA es un estudio técnico-científico que analiza los efectos que puede ocasionar un proyecto sobre el medio ambiente y la salud humana. Señala medidas preventivas y debe ser aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de comenzar su construcción. Para acelerar el proceso, el Gobierno de López Obrador publicó lo que se llamó “el decretazo”, que obligaba a la Semarnat a aprobar provisionalmente cualquier MIA, que presentase la Administración pública, dando un año de plazo para lograr una autorización definitiva.

Con estas autorizaciones provisionales, la Profepa elaboró un calendario de visitas. La primera fue en junio de 2022, cuando las obras llevaban ya dos años. “Nos pidieron ir, pero con la idea de ayudar al proyecto. Si algo estaba mal, se iba a plasmar, pero teníamos que decirles cómo corregirlo”, recuerda el inspector. “Lo que querían es que las autorizaciones coincidieran con lo que había en campo, ya que todas se habían copiado del tramo 1 y los papeles no coincidían con la realidad; así que íbamos, verificábamos y todo era incumplimiento”.

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Este tipo de procedimiento administrativo de Profepa consiste en una visita de inspección, ya sea de oficio o por denuncia, en la que si se observan incumplimientos quedan registrados en un acta. El infractor tiene una semana para presentar nuevas pruebas, tras los que la autoridad evalúa y hace un emplazamiento, que es un acuerdo que notifica a una persona o empresa sobre sus presuntas irregularidades ambientales. Les da un plazo de 15 días hábiles para presentar otras pruebas y descargos, antes de que la Profepa emita una resolución administrativa, como, por ejemplo, una clausura de las obras si los incumplimientos son graves.

“Nos pidieron que fuéramos asesorando a los constructores para que cumplieran sus pendientes ambientales. El problema es que no nos hacían caso. Las fallas eran reiteradas. Y fue peor con el ejército, que tenía la instrucción de acabarlo a toda velocidad, y cualquier cosa que les decíamos era un retraso”, explica. Lo mismo ocurría con las obras secundarias, que incluían hoteles, bancos de material, estaciones de carga… Además, al cabo de un año, las autorizaciones provisionales ya se habían vencido y los promotores no habían logrado sacar las definitivas a tiempo.

“Llegamos a un punto donde no nos dejaban visitar las obras, ni nos dejaban emplazar para que cumplieran con la ley”, acusa, “esto nos lo ordenó directamente la entonces titular de Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, por instrucciones de [María Luisa] Albores”. Ella fue la tercera secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de López Obrador.

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n junio de 2024, Mendoza Vera acudió a la Cámara de Diputados, donde varios periodistas le preguntaron por el Tren Maya y las afectaciones ambientales. “La Profepa ha estado trabajando, llevando a cabo las inspecciones correspondientes, advertimos que hay lugar a formular observaciones, que pueden llevar a irregularidades”, aseguró, “tiene que haber consecuencias legales; si un servidor público agacha la vista para no ver las irregularidades, mejor que renuncie”. Hacía seis meses que estaban, sobre su escritorio, los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

“No podemos decir que no queremos el Tren Maya”

Los documentos en poder de EL PAÍS revelan un esquema de protección sin precedentes a un megaproyecto que supuso enormes daños ambientales. Estos han sido reconocidos por la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador. “Llegamos el 1 de octubre de 2024 y ya estaba el Tren Maya, por lo tanto, no es que nosotros podamos decir que no queremos el Tren Maya”, dijo hace pocos meses dijo la actual secretaria de Medio Ambiente, Alica Bárcena, “la restauración que requiere es una restauración integral”.

Asesores legales contactados por EL PAÍS explican que todos los actores involucrados tienen una responsabilidad legal. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Sedena, como promotores ante la Secretaría de Medio Ambiente, son los responsables directos de que el proyecto cumpla las leyes ambientales. Las constructoras, como Consorcio Ica, Mota-Engil o Grupo Carso, ejecutaron físicamente las acciones que causaron el daño. Y Semarnat y Profepa fallaron en vigilar y hacer cumplir la ley, sin inspeccionar ni atender las más de 230 denuncias populares, incluidas las de la propia Administración pública.

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En marzo de 2022, el Ayuntamiento de Solidaridad, en Quintana Roo, mandó un oficio a Profepa. En él informó que, tras una denuncia ciudadana, acudieron a un predio donde encontraron un desmonte de selva de 2 kilómetros de largo por 20 metros de ancho. Los presentes les dijeron que era para la vía del Tramo 5 del Tren Maya y no presentaron autorización alguna. El reporte incluye varias fotografías donde se ve la tala ilegal. La Profepa no acudió a inspeccionar esta zona hasta julio de 2023, más de un año después.

En total, de acuerdo a una solicitud de información realizada por este periódico, el Gobierno asegura que se talaron 7.2 millones de árboles para el Tren Maya, concentrada más de la mitad en los tramos 5 y 6. Pero estudios independientes, como el elaborado por la organización CartoCrítica, cuantifican que el proyecto supuso una deforestación equivalente a más de 60 kilómetros cuadrados, prácticamente la misma superficie que Ciudad Nezahualcóyotl, el enorme suburbio de la capital mexicana. Otros estudios lo suben hasta casi el doble. La inmensa mayoría, sin autorización.

También la investigación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza—una institución ciudadana que documenta afectaciones a ecosistemas causadas principalmente por gobiernos y corporaciones—, enlista otros daños ambientales como la fragmentación del territorio, la destrucción de hábitat de la flora y fauna, la interferencia en los flujos hidrológicos naturales o los daños irreversibles al sistema de cuevas al perforar el terreno con maquinaria pesada e implantar cientos de pilotes de más de 40 metros de profundidad.

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De acuerdo a las leyes mexicanas, Profepa, Semarnat, Fonatur y Sedena tienen una responsabilidad administrativa por omisión, acción o actuación irregular. También civil, con obligación de reparar el daño. Pero además hay una posible implicación penal. No ejecutar la supervisión, los dictámenes o las medidas de control—como conocer que en un megaproyecto se deforesta, se compra material a canteras sin autorización o cambian las obras sin permiso, y pasarlo por alto—, son conductas sancionables penalmente si se demuestra colusión, encubrimiento o negligencia.

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Morena no es México, no se engañen

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Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

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Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

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Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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Sheinbaum relanza al PAN

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Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |

Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.

Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.

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Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.

Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.

El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.

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POR JUAN IGNACIO ZAVALA

@juanizavala

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Incongruencias

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Opinión de Raymundo Riva Palacio

¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.

Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?

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No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.

Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.

No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.

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Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.

Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.

La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.

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En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.

Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.

La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?

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Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.

No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.

rrivapalacio2024@gmail.com

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