Juan y Elisa* son una pareja de jubilados cubanos de más de 80 años.

Sus pensiones no superan los 5.800 pesos mensuales en conjunto (US$11,6 según el cambio informal), mientras que una botella de aceite y una caja de 30 huevos valen alrededor de US$7.

Se levantan cada día; compran un pan en el mercado estatal, lo parten a la mitad y lo desayunan con té azucarado.

A veces cuidan niños y personas con discapacidad de sus vecinos, lo que les permite recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.

Por la noche terminan la otra mitad del pan y beben más té.

Así pasan una jornada «buena» en una rutina en la que solo se puede vivir al día.

El de Juan y Elisa es uno de los casos vulnerabilidad extrema que se dan en Cuba estudiados por la socióloga Mayra Paula Espina, de la Universidad de La Habana.

La licenciada observa cada vez más disparidades en un país con datos limitados sobre desigualdad y pobreza.

No lejos de la casa de los pensionistas, un supermercado privado oferta queso de cabra, yogur, embutidos, pescados y jamón español.

Es una minoría la que puede pagar sus precios, pero aún así el negocio prospera.

Desde que el gobierno socialista de Cuba aprobó la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a fines de 2021, el otrora monopolio estatal de la venta de alimentos cede protagonismo ante la iniciativa privada.

Es un cambio de modelo que para muchos cubanos ha supuesto disponer de un abanico más amplio de productos alimenticios y de primera necesidad que antes se encontraban a cuentagotas.

Pero que también, según Espina y el investigador cubano-estadounidense de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, ha terminado por destapar la desigualdad en una isla que en los años 80 había logrado una equidad asombrosa.

«Ya en los años dorados de la revolución había desigualdad, pero a fines de los 90 se empezó a notar más. Hoy los precios del sector privado son inasequibles para la mayoría de cubanos y se vive una desigualdad rampante que antes no se veía», le dice Bustamante.

Las grietas de la igualdad

Cuba vive su peor crisis energética y económica desde que en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, su principal aliado político y comercial, y las finanzas de la isla colapsaron.

Hoy el país sufre los estragos de sus deficiencias productivas, la caída del turismo, el embargo económico estadounidense y las tensiones con el gobierno de Donald Trump, que amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Venezuela fue durante décadas el mayor proveedor de combustible de Cuba, pero se apoyo quedó cortado con la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas a comienzos de enero.

Tras la debacle de los 90, Cuba nunca se recuperó del todo.

Hoy muchos cubanos recuerdan aquel «Periodo Especial» porque, como entonces, conviven con un racionamiento extremo, largos apagones, restricciones de transporte y dificultades para acceder a alimentos.

Sin embargo, la crisis actual no afecta a todos de la misma forma que antes.

Cuba alcanzó un envidiable nivel de igualdad en en los años 80, dos décadas después del triunfo de la revolución socialista de Fidel Castro.

«Grupos en desventaja ascendieron en un proceso de igualamiento que alcanzó un coeficiente Gini bajísimo, de un 0,24», describe Espina.

El índice Gini es cómo el Banco Mundial mide la inequidad, siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad.

Por comparar, EE.UU. obtuvo un 0,40 en 1989. Uruguay, a menudo destacado como uno de los países menos desiguales de América Latina, ha oscilado entre 0,39 y 0,40 en los últimos cuatro años.

«Pero la crisis de los 90 interrumpió los avances en Cuba. Grupos rezagados que habían mejorado, como la población no blanca, mujeres y residentes del campo, fueron los primeros en verse afectados», analiza Espina.

La economía cubana se contrajo un tercio de su producto interior bruto (PIB) tras el colapso soviético.

Una de las medidas que implantó el gobierno cubano fue legalizar el uso del dólar.

«Circularon dólares estadounidenses y pesos cubanos. El país también se abrió más al turismo», cuenta Bustamante.

La igualdad se agrietó. «La gente que trabajaba en turismo o recibía remesas accedía a dólares o al desaparecido peso cubano convertible (CUC) vivía mucho mejor», añade el investigador.

Con la dolarización convivieron dos tipos de tiendas de distribución de alimentos: unas dolarizadas y más surtidas; y otras en moneda nacional, en muchos casos subsidiadas, con oferta limitada.

A comienzos de los 2000 el salario medio en Cuba en el sector estatal rondaba los 200 pesos cubanos, equivalentes a unos US$10 al cambio.

Quien no tenía familiares en el exterior o trabajaba en alguna industria vinculada al turismo o comercio extranjero debía buscar entradas adicionales, ya fuese vendiendo bienes o servicios o recurriendo al multiempleo informal.

Durante décadas, y hasta hoy, ha sido común que profesionales con títulos universitarios trabajen en sectores distintos al que correspondía a sus estudios para obtener ingresos suficientes.

Liberalización privada

Espina evita hablar de ganadores o perdedores del colapso de los 90, pero advierte que hubo quien ascendió aprovechando la gestión de la crisis y quien cayó estrepitosamente.

A pesar de ello, un factor continuaba maquillando las desigualdades que afloraban entre los cubanos.

«El Estado seguía siendo el gestor de la desigualdad. Las tiendas surtidas y dolarizadas, llamadas TRD, estaban en manos de militares. Pero ahora es el sector privado quien ocupa más ese espacio. No son la raíz, pero sí el chivo expiatorio del problema», explica Bustamante.

La liberalización de las empresas privadas fue una medida adoptada por el gobierno cubano tras los golpes de la pandemia y el desmantelamiento, por parte de Trump, del acercamiento económico entre Cuba y EE.UU. que se dio durante la segunda presidencia de Barack Obama (2013-2017).

Al cierre de 2024 había alrededor de 10.000 Mipymes privadas activas en Cuba, de acuerdo a cifras oficiales, con el 60% registradas en La Habana, la capital.

La mayoría se dedican a la agricultura, industrias manufactureras –excepto el azúcar–, hoteles y restaurantes; construcción, comercio y reparación de efectos personales.

«El sector privado ha demostrado una capacidad para importar bienes que el Estado no tenía y está siendo una enorme ayuda para muchos en estos momentos delicados», reflexiona Bustamante.

Meses antes de la liberalización de las Mipymes, Cuba reunificó sus monedas y dejó al peso cubano como moneda oficial.

Fue un error, según Bustamante. «Se devaluó el peso y el sector privado, necesitado de dólares para importar bienes, recurrió al mercado informal interno. Eso disparó el costo de las transacciones y los precios se volvieron inasequibles para la mayoría».

Bolsillos segmentados

El académico sostiene que la economía de Cuba está segmentada.

Espina añade que la caída en el acceso a alimentos y medicamentos subvencionados no ayuda a mitigar la precarización y la desigualdad.

Según su trabajo de campo, estima que alrededor del 45% de la población cubana vive en situación de pobreza económica, mientras que en la otra punta se sitúa un 11%-13% que vive en condiciones por encima de la media.

«Son aproximaciones riesgosas porque no están hechas a partir de estadísticas oficiales, sino de datos como el precio de la canasta básica, los ingresos del sector privado, salarios, pensiones y experiencias personales», aclara la investigadora.

Brasil, a menudo señalado por el Banco Mundial como uno de los países más desiguales de América Latina, tiene un índice de pobreza del 23%.

Espina describe que la segmentación de la sociedad cubana se refleja en los diferentes tipos de supermercados.

«Hay unos ‘bodegones’ muy surtidos con productos nacionales orgánicos y de importación de mucha calidad y precios altos, donde solo compran frecuentemente los de capa media-alta: gente que trabaja en embajadas, extranjeros y cubanos que alcanzan ese nivel».

Más diseminadas por los barrios hay otras tiendas con oferta más limitada, menos calidad y precios más bajos, aunque igualmente costosos para la media.

«Los encuentras en municipios más humildes, en bajos de edificios, con apenas un mostrador. Ahí accede un grupo más variado de modestas remuneraciones», explica la profesora.

Por último, la población con ingresos muy bajos busca las ofertas de menor precio o recibe asistencia social del Estado o de alguna iglesia.

Otra alternativa para comprar bienes son algunos supermercados estatales dolarizados y mercados agropecuarios, con precios igualmente restrictivos.

También existen tiendas online donde familiares en el extranjero compran productos a sus parientes en Cuba que son distribuidos a los hogares en una especie de «Amazon cubano», describe Bustamante.

«El tema de los alimentos es un indicador grande de pobreza. En otros tiempos, la distribución subvencionada aseguraba un mínimo. Podías ser pobre, pero tenías para comer lo esencial. Hoy eso desapareció», asegura Espina.

«Todo aquel por debajo de ese 11% que calculo con mejores condiciones debe recurrir al multiempleo formal e informal y obviar la calidad y diversidad de lo que come. Otros, en extrema pobreza, mendigan o comen de basureros», añade.

«La Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas»

En julio de 2025, la exministra cubana del Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió después de unas polémicas declaraciones en las que cuestionó la mendicidad.

«Hay gente que se hace pasar por mendigo para ganar dinero fácil», había dicho ante la Asamblea Nacional.

El caso generó fuertes críticas en redes sociales y el presidente Miguel Díaz-Canel censuró públicamente los comentarios de Feitó por considerarlos «desconectados de las realidades que vivimos».

«No se defiende a la Revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos», declaró el mandatario, quien reconoció la existencia de mendigos en la isla.

El PIB cubano ha caído un 11% en los últimos años.

«Desde la pandemia Cuba vive entrampada, desgastada, sin poderse recuperar», dice Espina.

Eso se ha notado en la migración, con más de un millón de cubanos abandonando la isla entre 2021 y 2023. Es el mayor éxodo en la historia del país.

Medidas aperturistas como la liberalización del sector privado no encauzan el rumbo aunque supongan una vía de escape para muchos.

Ahora, con la escasez crítica de combustible, Espina teme que ese 11%-13% que vive en buenas condiciones disminuya porque, por ejemplo, en ese grupo hay muchos que dependen del transporte para subsistir.

En un discurso a comienzos de febrero, Díaz-Canel aseguró que estaba dispuesto a «un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema», aunque «sin presiones».

Trump ha repetido que hay conversaciones en marcha entre ambos ejecutivos, algo negado por su homólogo cubano.

El fondo que puede tocar Cuba parece pender de una relación, la de Washington y La Habana, que en más de 60 años ha dado pocos síntomas de normalizarse.

*Juan y Elisa son nombres ficticios para respetar la confidencialidad de las investigaciones de la socióloga Mayra Paula Espina.

Autoridades del condado de San Diego detuvieron el 5 de marzo de 2026 al obispo caldeo Emanuel Shaleta en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por autoridades locales y reportada por ACI Prensa.

El religioso enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho por lavado de dinero y un agravante por delito financiero de “cuello blanco”, según registros judiciales citados por el medio especializado en información de la Iglesia católica.

Tras el arresto, las autoridades trasladaron al obispo a la Cárcel Central de San Diego. Los registros judiciales indican que la fianza se fijó en 125 mil dólares para uno de los cargos de malversación.

La investigación comenzó en agosto de 2025 después de que un representante de la Catedral Caldea de San Pedro Apóstol, ubicada en la ciudad de El Cajón, entregara a las autoridades documentos y testimonios relacionados con el manejo de recursos de la iglesia, según informó ACI Prensa.

Las autoridades del condado asignaron el caso a la unidad especializada en delitos financieros, que inició una indagatoria sobre movimientos de fondos vinculados con la administración de la diócesis.

El arresto ocurrió cuando Shaleta intentaba abordar un vuelo con destino a Roma, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses.

Emanuel Shaleta: origen y trayectoria dentro de la Iglesia católica caldea

Emanuel Hana Shaleta nació en Fishkhabour, en el norte de Irak, dentro de una comunidad vinculada a la Iglesia católica caldea.

Recibió la ordenación sacerdotal el 31 de mayo de 1984 y comenzó su ministerio pastoral en comunidades caldeas vinculadas a la Iglesia católica oriental.

La Iglesia caldea forma parte de las iglesias orientales que mantienen comunión con la Santa Sede y que conservan tradiciones litúrgicas propias.

El 9 de agosto de 2017 el papa Francisco lo nombró obispo de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol en San Diego, jurisdicción que atiende a comunidades caldeas en el oeste de Estados Unidos.

La instalación oficial como obispo se realizó el 29 de agosto de ese mismo año.

Como responsable de la eparquía, Shaleta encabezó la administración de parroquias y actividades pastorales de la comunidad caldea en California y otros estados del país.

La catedral principal de la diócesis se encuentra en la ciudad de El Cajón, en el condado de San Diego, una zona donde reside una de las comunidades caldeas más numerosas fuera de Medio Oriente.

Investigación interna en la Iglesia antecede al arresto del obispo

Antes de la detención, Shaleta enfrentaba una investigación dentro de la Iglesia relacionada con denuncias sobre el manejo de recursos de la diócesis.

Según reportes citados por ACI Prensa, la investigación eclesiástica se abrió después de que surgieran señalamientos sobre la administración financiera de la diócesis.

En enero de 2026, el obispo presentó su renuncia al cargo episcopal en medio de la investigación interna.

Durante una misa celebrada el 22 de febrero de 2026, Shaleta rechazó públicamente las acusaciones que circulaban en redes sociales y medios de comunicación.

El religioso afirmó que las versiones difundidas sobre su conducta no correspondían a los hechos.

Algunas de esas versiones mencionaban presuntas conductas personales fuera del ámbito eclesiástico, pero esas afirmaciones no forman parte de los cargos presentados por las autoridades estadounidenses.

Proceso judicial en Estados Unidos y seguimiento del caso

El caso contra el obispo se desarrolla en tribunales del estado de California, donde deberá responder a los cargos relacionados con presuntos delitos financieros.

Las autoridades investigan el manejo de fondos vinculados con actividades de la diócesis y recursos provenientes de donaciones y operaciones administrativas.

El proceso judicial continuará con audiencias en tribunales locales mientras la fiscalía presenta las pruebas relacionadas con los movimientos financieros investigados.

Opinión de Elisur Arteaga Nava

“… a los hombres grandes no hay que tocarlos y, si se los toca, es preciso acabar con ellos (Istorie fiorentini, libro IV, 30, en Machiavelli, tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze, 1971, p. 735).

Este domingo que pasó (22 de febrero de 2026) fuimos testigos de una aplicación práctica del principio maquiavélico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho y algunos de sus guardaespaldas fueron eliminados. La autoridad comenzó a imponerse. Lo hizo a cambio de pagar un precio elevado en vidas humanas. Esas pérdidas, por el lado que se les vea, son lamentables; mucho más lo son cuando se trata de elementos castrenses, cuya acción se enderezó a imponer la vigencia de la ley y en acatamiento de órdenes emanadas de superiores jerárquicos. Que alguien muera en cumplimiento del deber es lamentable; el sacrificio es digno de reconocimiento y encomio. Son héroes en un mundo en el que suponíamos ya no se daban.

El costo en vidas, sobre todo de aquellos que cayeron en cumplimiento de su deber, fue inmenso. Muchas familias quedaron en estado de indefensión.

La zona en que tuvieron lugar los hechos estuvo y está en estado de sitio: no se permite la libre circulación ni el ejercicio pleno de las libertades; está convertida en un distrito militar y sus habitantes sujetos a revisión: de sus personas y de sus domicilios. Lo que es explicable y, a la vez, lamentable. Lo es por cuanto a que en la Constitución existen bases para actuar de esa manera, que no se han agotado.

No se ha dispuesto una suspensión de derechos y garantías en los términos que establece el artículo 29 constitucional. Nadie lo ha hecho notar. Explica, pero no justifica, el que se haya procedido de esa manera el poder de fuego de la delincuencia, la violencia ejercida por ella, la gravedad de los hechos y el poder adquirido por Nemesio Oseguera, tanto en la zona de los hechos como en el país, en general.

Nemesio Oseguera era un grande en el sentido maquiavélico. Lo era por razón de los hombres armados, recursos económicos y armamento con que contaba y de los que disponía. También lo era por las grandes porciones del territorio nacional que tenía bajo su control. Había que acabar con esa situación.

Pese a lo anterior, todo demuestra que el respeto de la Constitución, como sucedió durante los gobiernos priistas, sigue siendo potestativo y no obligatorio también para los gobiernos morenistas.

AMLO, por las razones que hayan sido, no se metió con Nemesio Oseguera pese a que sabía de su existencia, de su actuación, de su vida y milagros. Su inacción es imperdonable e inexcusable. Dejó crecer el problema hasta que se volvió incontrolable. Como en todo: en su ánimo de quedar bien con todos, el llamado “mejor presidente que ha tenido México”, dejó crecer también ese problema.

Una vez iniciada la lucha contra la delincuencia, por aconsejar la prudencia política, es preciso llevarla hasta sus últimas consecuencias. La presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, en general, saben que tienen el apoyo de los mexicanos. Ella, sabiendo que cuenta con el Congreso de la Unión, para no seguir violando la Carta Magna, debe echar mano de la institución prevista en el artículo 29 constitucional. Mucho más se justifica hacerlo para pacificar y restablecer el orden en el territorio nacional.

Por virtud de las acciones emprendidas el domingo 22 de febrero se tocó a un grande: a Nemesio Oseguera; muerto éste, la política realista aconseja que también se toque a sus cómplices y a todas las ramificaciones de su organización criminal. Existen los medios constitucionales para fundar las acciones que se emprendan.

De actuarse de manera tímida o ilegal, es esperarse que la reacción de la delincuencia organizada se deje sentir durante el Mundial de Futbol. Hay muchos elementos de tecnología avanzada para atentar contra quienes participen en la competencia o de quienes asistan a ella. Por ello, iniciada que fue la acción, nada debe detenerla; se debe ir hasta sus últimas consecuencias.

Ironía de la vida: la zona en que el Mencho operaba, detalles menos detalles más, es la misma en la que actuó el tuerto Manuel Lozada, alias el Tigre de Álica. Éste, aprovechándose de la inestabilidad en que cayó el país por virtud de la guerra de Tres años y de la invasión francesa, estuvo en posibilidad de levantar un ejército de bandoleros de más de siete mil hombres (J. Meyer, Manuel Lozada, Tusquets, México, 2015, p. 127); él, con base en su poder real, se dio el lujo de disponer de una reforma agraria aplicable en la zona bajo su control. Traicionó a la República y al presidente Juárez; apoyó a Maximiliano.

Porfirio Díaz, el 10 de noviembre de 1871, como general en jefe del Ejército Constitucionalista, reconoció y declaró como un muevo estado al séptimo cantón de esa entidad (Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, tomo XV, México, 1970, p. 546). El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente, declaró la región como distrito militar y, con base en esa declaración, mandó al ejército; puso al frente del ejército a dos militares excepcionales: Ramón Corona y Sóstenes Rocha. Las tropas federales acabaron con el bandolerismo generalizado que había en la zona. Manuel Lozada fue fusilado el 19 de julio de 1873. Para resguardo de la zona, durante el resto del siglo XIX la región siguió siendo un distrito militar.

El Constituyente de 1917 dispuso que el séptimo distrito se convirtiera en un nuevo estado con el nombre de Nayarit (art. 47 de la Constitución).

Entre el Tigre Manuel Lozada y el Mencho existe otra coincidencia: en la caída de ambos hubo faldas de mujer de por medio.

Una vez emprendida la acción de persecución y castigo contra esa delincuencia específica, es preciso llevar la acción hasta sus últimas consecuencias. Se tocó a un grande: es preciso, como dice Maquiavelo, spegnere, extinguirlo, acabarlo, pero hacerlo con base en la ley; se debe impedir que sus seguidores se reagrupen y reaccionen y que lo hagan con perjuicio de los mexicanos y del Estado de derecho.