Opinión de Jorge Triana

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum se estrelló en la Cámara de Diputados. Morena no consiguió la mayoría calificada y la presidenta sufrió su primera gran derrota legislativa. En el gobierno estaban convencidos de que tenían los votos y terminaron descubriendo que su coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo no era tan sólida como presumían. Fue un enorme fracaso, por donde se le vea.

La reacción llegó casi de inmediato. Apenas 24 horas después de la votación, la presidenta anunció lo que llamó Plan B de reforma electoral. En teoría se trataría de una nueva ruta para impulsar cambios mediante leyes secundarias. En realidad, se trata de una maniobra evidente para tratar de eclipsar la derrota política. El paquete que se ha mencionado incluye varias ideas: adelantar la consulta de revocación de mandato para que coincida con la elección intermedia de 2027, permitir consultas populares sobre temas electorales, reducir el tamaño y el presupuesto de Congresos locales y ayuntamientos, introducir ajustes relacionados con la elección judicial y recortar salarios dentro del Instituto Nacional Electoral. Algunas de estas propuestas no son nuevas. Si se empatara la revocación con la elección legislativa, la contienda dejaría de centrarse en el Congreso y se convertiría en un plebiscito alrededor de la presidenta. La elección de medio sexenio se transformaría en una campaña donde la figura presidencial dominaría el debate público. El discurso que acompaña estas propuestas es el de siempre: austeridad, reducción del costo del sistema político y eliminación de privilegios. Es un argumento que suena bien y que conecta fácilmente con parte de la opinión pública. El problema aparece cuando se revisan los números. Si se recortaran algunos legisladores en Congresos pequeños, el ahorro sería de algunas decenas de millones de pesos, una cifra marginal frente a presupuestos estatales que se cuentan en miles de millones. Algo similar ocurre con los cabildos municipales. Reducir algunos regidores difícilmente cambia de manera significativa las finanzas de un ayuntamiento. El ahorro termina siendo más simbólico que real. Pero más allá del contenido de las propuestas, lo que llama la atención es otra cosa: la falta de reflejos y creatividad política. La presidenta está repitiendo exactamente el mismo libreto que utilizó Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos años.

En 2022 López Obrador presentó una reforma constitucional electoral. Como respuesta nació la llamada marea rosa. La iniciativa también fue rechazada en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada. Tras esa derrota anunció un “Plan B” para modificar leyes secundarias e intentar imponer por otra vía parte de los cambios que no había podido aprobar en la Constitución. Su esfuerzo terminó en la Suprema Corte, que invalidó el paquete de reformas por violaciones al proceso parlamentario. Ese mismo año ocurrió algo muy parecido en otro tema. El presidente envió al Congreso una reforma constitucional en materia eléctrica que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como monopolio estatal. La iniciativa fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada. La reacción fue inmediata. Al día siguiente se votó otra iniciativa presidencial para “nacionalizar” el litio. Aquello fue una pantomima legislativa. El litio ya está nacionalizado en México desde la Constitución de 1917 y, si se quiere ser más estricto, desde la de 1857, que estableció el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo. La medida no cambiaba nada esencial. Su función era propagandística: fabricar una victoria para enterrar la derrota. La lógica que hoy se observa con el llamado Plan B de Sheinbaum es exactamente la misma. Después de un revés legislativo importante necesita producir rápidamente una nueva iniciativa que permita cambiar la conversación pública y proyectar la idea de que el gobierno sigue avanzando y conserva y nada ha cambiado. No se trata de una estrategia particularmente innovadora. Es manejo de crisis, control de daños y operación cicatriz. La presidenta intenta recuperar el control de la agenda pública después de una durísima derrota política. Cuando una reforma nace como respuesta a un golpe político suele tener un objetivo distinto al que se anuncia en el discurso. No se trata de mejorar el sistema electoral ni de controlar el gasto público excesivo. Se trata de cerrar filas, reconstruir la narrativa y cobrar la factura política de la derrota.

Por eso el nombre correcto no es Plan B, es Plan V de venganza. _____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

Opinión de José Gil Olmos |

La alianza duró lo que dura la conveniencia, y la caducidad de dicha alianza de los partidos del Trabajo y Verde con Morena se terminó, pues ya no les convenía mantenerla luego de las intenciones de recortarles presupuesto y posiciones políticas como sigue pretendiendo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora con el Plan B de reformas electorales.

Durante casi toda su vida política el PT y el PVEM han sobrevivido gracias a la ayuda que han tenido de los partidos en el gobierno.

El PT y el PVEM han sido y son rémoras que se montan en los partidos fuertes. Primero a espaldas del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Y de ahí tienen el usufructo obteniendo un total de 151 curules en las cámaras de diputados y del Senado, así como presidencias municipales y gubernaturas.

Pero por sí solos no tienen la fuerza y el apoyo ciudadano para mantenerse. Y no lo tienen porque están muy alejados para lo que supuestamente fueron creados.

El Partido del Trabajo no tiene ninguna representatividad en el gremio de los trabajadores y el Partido Verde es únicamente el negocio de la familia González que no encabezan ninguna defensa del medio ambiente, sino lo contrario: la aprovechan para realizar negocios inmobiliarios con las reservas naturales como ahora lo está haciendo en Quintana Roo.

A lo largo de su participación electoral desde las elecciones de 1994 los dos partidos han obtenido su registro con base en alianzas. Por sí solos su crecimiento es nulo o escaso. Por ejemplo, de acuerdo con el INE, el PT tiene una reducción de sus militantes de 24% en su padrón, pues paso de 457 mil 624 en el periodo 2023-2025 a 351 mil 925 en el más reciente corte.

Por su parte, el Verde tuvo un crecimiento de unos 150 mil afiliados en el mismo lapso, pero no porque tenga más simpatizantes de su causa, sino gracias a las maniobras que hizo el ahora senador y exgobernador Manuel Velasco principalmente en las comunidades indígenas de Chiapas.

La fama que precede a ambos partidos es de escándalos de corrupción, nepotismo, negocios, influyentismo y violaciones a la ley electoral. Sobre esto último, tanto el PT como el PVEM son los más sancionados por el INE pues entre ambos han desembolsado 191 millones 456 mil pesos de multas por violar la ley electoral.

El PT ha sido el más multado con 89 millones 578 mil pesos en 2023, y 33 millones 263 mil de enero a agosto de 2024, es decir, más de 122 millones de pesos. En tanto que el Partido Verde tuvo una reducción de 48 millones 479 mil pesos de sus prerrogativas de 2023, así como 20 millones 135 mil hasta agosto de este año por sanciones.

Con Morena los dos partidos han tenido sus mejores momentos pues vendieron caro sus votos en las elecciones de 2018 y 2024 y en recompensa para lograr las reformas enviadas desde Palacio Nacional. En la actualidad, PVEM tiene 77 diputaciones y PT 51 en la Cámara de Diputados de México. Mientras que en el Senado el Verde tiene 14 escaños y el Partido del Trabajo nueve.

Si se rompe la alianza con Morena para la elección intermedia de 2027, en que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, tanto el PT como el partido Verde difícilmente por sí solos mantendrán la misma presencia.

Cabe aquí la posibilidad de que busquen nuevas alianzas para seguir sobreviviendo. Así lo han hecho toda su vida y esa es la única forma en que mantengan su registro para 2030.

Morena, por su parte, podría apostar a ir en alianza con los nuevos partidos que alcanzarían su registro. Sus votos reforzarían la hegemonía de Morena en la Cámara de Diputados y en las 17 gubernaturas.

Pero hasta ahora las negociaciones están detenidas porque los posibles partidos nuevos: PAZ, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia, no tienen aún el registro del INE. Ya se verá cómo operan en Morena ante la amenaza del rompimiento definitivo con PT y PVEM y si el llamado Plan B electoral llega a buen puerto.

Juan y Elisa* son una pareja de jubilados cubanos de más de 80 años.

Sus pensiones no superan los 5.800 pesos mensuales en conjunto (US$11,6 según el cambio informal), mientras que una botella de aceite y una caja de 30 huevos valen alrededor de US$7.

Se levantan cada día; compran un pan en el mercado estatal, lo parten a la mitad y lo desayunan con té azucarado.

A veces cuidan niños y personas con discapacidad de sus vecinos, lo que les permite recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.

Por la noche terminan la otra mitad del pan y beben más té.

Así pasan una jornada «buena» en una rutina en la que solo se puede vivir al día.

El de Juan y Elisa es uno de los casos vulnerabilidad extrema que se dan en Cuba estudiados por la socióloga Mayra Paula Espina, de la Universidad de La Habana.

La licenciada observa cada vez más disparidades en un país con datos limitados sobre desigualdad y pobreza.

No lejos de la casa de los pensionistas, un supermercado privado oferta queso de cabra, yogur, embutidos, pescados y jamón español.

Es una minoría la que puede pagar sus precios, pero aún así el negocio prospera.

Desde que el gobierno socialista de Cuba aprobó la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a fines de 2021, el otrora monopolio estatal de la venta de alimentos cede protagonismo ante la iniciativa privada.

Es un cambio de modelo que para muchos cubanos ha supuesto disponer de un abanico más amplio de productos alimenticios y de primera necesidad que antes se encontraban a cuentagotas.

Pero que también, según Espina y el investigador cubano-estadounidense de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, ha terminado por destapar la desigualdad en una isla que en los años 80 había logrado una equidad asombrosa.

«Ya en los años dorados de la revolución había desigualdad, pero a fines de los 90 se empezó a notar más. Hoy los precios del sector privado son inasequibles para la mayoría de cubanos y se vive una desigualdad rampante que antes no se veía», le dice Bustamante.

Las grietas de la igualdad

Cuba vive su peor crisis energética y económica desde que en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, su principal aliado político y comercial, y las finanzas de la isla colapsaron.

Hoy el país sufre los estragos de sus deficiencias productivas, la caída del turismo, el embargo económico estadounidense y las tensiones con el gobierno de Donald Trump, que amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Venezuela fue durante décadas el mayor proveedor de combustible de Cuba, pero se apoyo quedó cortado con la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas a comienzos de enero.

Tras la debacle de los 90, Cuba nunca se recuperó del todo.

Hoy muchos cubanos recuerdan aquel «Periodo Especial» porque, como entonces, conviven con un racionamiento extremo, largos apagones, restricciones de transporte y dificultades para acceder a alimentos.

Sin embargo, la crisis actual no afecta a todos de la misma forma que antes.

Cuba alcanzó un envidiable nivel de igualdad en en los años 80, dos décadas después del triunfo de la revolución socialista de Fidel Castro.

«Grupos en desventaja ascendieron en un proceso de igualamiento que alcanzó un coeficiente Gini bajísimo, de un 0,24», describe Espina.

El índice Gini es cómo el Banco Mundial mide la inequidad, siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad.

Por comparar, EE.UU. obtuvo un 0,40 en 1989. Uruguay, a menudo destacado como uno de los países menos desiguales de América Latina, ha oscilado entre 0,39 y 0,40 en los últimos cuatro años.

«Pero la crisis de los 90 interrumpió los avances en Cuba. Grupos rezagados que habían mejorado, como la población no blanca, mujeres y residentes del campo, fueron los primeros en verse afectados», analiza Espina.

La economía cubana se contrajo un tercio de su producto interior bruto (PIB) tras el colapso soviético.

Una de las medidas que implantó el gobierno cubano fue legalizar el uso del dólar.

«Circularon dólares estadounidenses y pesos cubanos. El país también se abrió más al turismo», cuenta Bustamante.

La igualdad se agrietó. «La gente que trabajaba en turismo o recibía remesas accedía a dólares o al desaparecido peso cubano convertible (CUC) vivía mucho mejor», añade el investigador.

Con la dolarización convivieron dos tipos de tiendas de distribución de alimentos: unas dolarizadas y más surtidas; y otras en moneda nacional, en muchos casos subsidiadas, con oferta limitada.

A comienzos de los 2000 el salario medio en Cuba en el sector estatal rondaba los 200 pesos cubanos, equivalentes a unos US$10 al cambio.

Quien no tenía familiares en el exterior o trabajaba en alguna industria vinculada al turismo o comercio extranjero debía buscar entradas adicionales, ya fuese vendiendo bienes o servicios o recurriendo al multiempleo informal.

Durante décadas, y hasta hoy, ha sido común que profesionales con títulos universitarios trabajen en sectores distintos al que correspondía a sus estudios para obtener ingresos suficientes.

Liberalización privada

Espina evita hablar de ganadores o perdedores del colapso de los 90, pero advierte que hubo quien ascendió aprovechando la gestión de la crisis y quien cayó estrepitosamente.

A pesar de ello, un factor continuaba maquillando las desigualdades que afloraban entre los cubanos.

«El Estado seguía siendo el gestor de la desigualdad. Las tiendas surtidas y dolarizadas, llamadas TRD, estaban en manos de militares. Pero ahora es el sector privado quien ocupa más ese espacio. No son la raíz, pero sí el chivo expiatorio del problema», explica Bustamante.

La liberalización de las empresas privadas fue una medida adoptada por el gobierno cubano tras los golpes de la pandemia y el desmantelamiento, por parte de Trump, del acercamiento económico entre Cuba y EE.UU. que se dio durante la segunda presidencia de Barack Obama (2013-2017).

Al cierre de 2024 había alrededor de 10.000 Mipymes privadas activas en Cuba, de acuerdo a cifras oficiales, con el 60% registradas en La Habana, la capital.

La mayoría se dedican a la agricultura, industrias manufactureras –excepto el azúcar–, hoteles y restaurantes; construcción, comercio y reparación de efectos personales.

«El sector privado ha demostrado una capacidad para importar bienes que el Estado no tenía y está siendo una enorme ayuda para muchos en estos momentos delicados», reflexiona Bustamante.

Meses antes de la liberalización de las Mipymes, Cuba reunificó sus monedas y dejó al peso cubano como moneda oficial.

Fue un error, según Bustamante. «Se devaluó el peso y el sector privado, necesitado de dólares para importar bienes, recurrió al mercado informal interno. Eso disparó el costo de las transacciones y los precios se volvieron inasequibles para la mayoría».

Bolsillos segmentados

El académico sostiene que la economía de Cuba está segmentada.

Espina añade que la caída en el acceso a alimentos y medicamentos subvencionados no ayuda a mitigar la precarización y la desigualdad.

Según su trabajo de campo, estima que alrededor del 45% de la población cubana vive en situación de pobreza económica, mientras que en la otra punta se sitúa un 11%-13% que vive en condiciones por encima de la media.

«Son aproximaciones riesgosas porque no están hechas a partir de estadísticas oficiales, sino de datos como el precio de la canasta básica, los ingresos del sector privado, salarios, pensiones y experiencias personales», aclara la investigadora.

Brasil, a menudo señalado por el Banco Mundial como uno de los países más desiguales de América Latina, tiene un índice de pobreza del 23%.

Espina describe que la segmentación de la sociedad cubana se refleja en los diferentes tipos de supermercados.

«Hay unos ‘bodegones’ muy surtidos con productos nacionales orgánicos y de importación de mucha calidad y precios altos, donde solo compran frecuentemente los de capa media-alta: gente que trabaja en embajadas, extranjeros y cubanos que alcanzan ese nivel».

Más diseminadas por los barrios hay otras tiendas con oferta más limitada, menos calidad y precios más bajos, aunque igualmente costosos para la media.

«Los encuentras en municipios más humildes, en bajos de edificios, con apenas un mostrador. Ahí accede un grupo más variado de modestas remuneraciones», explica la profesora.

Por último, la población con ingresos muy bajos busca las ofertas de menor precio o recibe asistencia social del Estado o de alguna iglesia.

Otra alternativa para comprar bienes son algunos supermercados estatales dolarizados y mercados agropecuarios, con precios igualmente restrictivos.

También existen tiendas online donde familiares en el extranjero compran productos a sus parientes en Cuba que son distribuidos a los hogares en una especie de «Amazon cubano», describe Bustamante.

«El tema de los alimentos es un indicador grande de pobreza. En otros tiempos, la distribución subvencionada aseguraba un mínimo. Podías ser pobre, pero tenías para comer lo esencial. Hoy eso desapareció», asegura Espina.

«Todo aquel por debajo de ese 11% que calculo con mejores condiciones debe recurrir al multiempleo formal e informal y obviar la calidad y diversidad de lo que come. Otros, en extrema pobreza, mendigan o comen de basureros», añade.

«La Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas»

En julio de 2025, la exministra cubana del Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió después de unas polémicas declaraciones en las que cuestionó la mendicidad.

«Hay gente que se hace pasar por mendigo para ganar dinero fácil», había dicho ante la Asamblea Nacional.

El caso generó fuertes críticas en redes sociales y el presidente Miguel Díaz-Canel censuró públicamente los comentarios de Feitó por considerarlos «desconectados de las realidades que vivimos».

«No se defiende a la Revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos», declaró el mandatario, quien reconoció la existencia de mendigos en la isla.

El PIB cubano ha caído un 11% en los últimos años.

«Desde la pandemia Cuba vive entrampada, desgastada, sin poderse recuperar», dice Espina.

Eso se ha notado en la migración, con más de un millón de cubanos abandonando la isla entre 2021 y 2023. Es el mayor éxodo en la historia del país.

Medidas aperturistas como la liberalización del sector privado no encauzan el rumbo aunque supongan una vía de escape para muchos.

Ahora, con la escasez crítica de combustible, Espina teme que ese 11%-13% que vive en buenas condiciones disminuya porque, por ejemplo, en ese grupo hay muchos que dependen del transporte para subsistir.

En un discurso a comienzos de febrero, Díaz-Canel aseguró que estaba dispuesto a «un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema», aunque «sin presiones».

Trump ha repetido que hay conversaciones en marcha entre ambos ejecutivos, algo negado por su homólogo cubano.

El fondo que puede tocar Cuba parece pender de una relación, la de Washington y La Habana, que en más de 60 años ha dado pocos síntomas de normalizarse.

*Juan y Elisa son nombres ficticios para respetar la confidencialidad de las investigaciones de la socióloga Mayra Paula Espina.