Opinión de Sara Morga

La crisis detonada en torno a Rocha Moya expone algo que trasciende la política: la soberbia de quienes gestionan el poder como patrimonio propio, indiferentes al sustento de cada trabajadora y trabajador mexicano, y la confusión -deliberada o cínica- entre servir a la patria y portar la camiseta de un partido.

Había una vez -hace no tanto- un gobierno con una popularidad y un poder exorbitantes, muy parecido al personaje de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas: uno que con decisiones absurdas colocó a sus habitantes al borde de peligros innecesarios. Dentro de ese reino, lleno de personajes que azotaban la tranquilidad de la gente, uno de ellos se convirtió en el epicentro de una crisis evitable, porque cegado por la ambición olvidó que pertenecía a un universo donde siempre existe alguien más fuerte. Ese alguien llegó.

Para un sistema que a través de muchos de sus líderes ha atropellado la legalidad y el equilibrio de millones de personas, ese poder externo que los amenaza resulta, paradójicamente, más un contrapeso que un “extraño enemigo”. Por eso no se siente en el país esa efervescencia patriótica que sus voceros reclaman: se siente, en cambio, un alivio mezclado con esperanza. La gente distingue entre la patria y quienes la administran mal.

Nadie debería sorprenderse. Dentro de este país de las maravillas, ningún poder interno hubiera podido hacerles frente, porque todas las instituciones atienden al deseo de unos cuantos. Mismos que desmembraron la red de trabajadores del gobierno, vaciaron hasta en un 70% la capacidad operativa del aparato público y cargaron a las PyMES con obligaciones que las propias instituciones de gobierno jamás cumplieron. El resultado fue previsible: creció la informalidad como mecanismo de subsistencia ante la ausencia del Estado como empleador confiable.

La inestabilidad laboral no es nueva en México. Lo nuevo es la velocidad con que se normalizó. Las plazas vinculadas a estructuras políticas -maestros en zonas de conflicto, empleados de dependencias siniestradas, contratistas de obras paralizadas- se convirtieron en fichas de negociación en un tablero que nadie les pidió a ellos que jugaran. Eso no es la patria ejerciendo su soberanía. Eso es un partido usando la nómina como rehén.

Mientras los trabajadores esperaban saber si sus contratos serían renovados, sus jefes de departamento recibían instrucciones ambiguas, sus sindicatos guardaban un silencio elocuente y los medios afines al gobierno festejaban cada comunicado como si fuera Waterloo. La maquinaria discursiva de la lealtad partidista rugía a plena potencia: “Hay que defender el proyecto”. ¿Cuál proyecto? ¿El de los sueldos atrasados, el de los contratos suspendidos, el de la incertidumbre como política de Estado o el del moche?

Porque esa confusión -la de creer que defender a un cuadro político es defender a México- es el barniz ideológico con que se pinta la precariedad para que parezca heroísmo. Al trabajador que teme perder su empleo si no marcha, si no firma, si no publica la foto correcta en sus redes, se le acusa de mal mexicano y se le premia con la extensión de su contrato temporal y el título de patriota si obedece. En realidad, está siendo un rehén cómodo. Y la patria -esa que el himno invoca con toda su épica- no tiene nada que ver con eso.

La crisis de Rocha Moya -con sus aristas penales, sus silencios federales, sus operadores saltando de bando- dejó al descubierto que la estabilidad laboral en ciertos sectores no depende de la ley, ni del contrato colectivo, ni del desempeño del trabajador. Depende de qué tan alineada esté la entidad con el humor de las figuras más altas del régimen en turno. Eso es exactamente lo contrario a lo que debería ser una república seria. Los empleados de base tienen derechos consagrados. Los maestros comisionados tienen derechos. Los trabajadores de confianza y los eventuales tienen derechos. Pero cuando la línea entre el Estado y el partido se borra -cuando la oficina de gobierno y el comité municipal comparten agenda, presupuesto y lealtades- esos derechos se vuelven papel mojado, inútil a la hora de cobrar la quincena. En México, durante los meses más álgidos de la crisis de violencia e ingobernabilidad, hubo familias que no sabían si el ingreso de enero llegaría en febrero, en marzo o nunca. Eso no es administración pública. Es extorsión estructural. Y se llama así aunque nadie levante la voz en el Congreso para ponerle ese nombre. Mientras tanto, la élite política que durante años explotó la separación entre el “nosotros” y el “ustedes”, que abandonó las formas, la ética pública y el rigor técnico como criterios de gobierno, hoy se queja de que otro país -más fuerte, pero con formas de ejercicio del poder notablemente similares- los quiera aplastar. La simetría incomoda. Mucha gente olvida las palabras, pero no olvida cómo la hizo sentir una política. Y una política que negó a millones salir de la pobreza por méritos propios difícilmente puede esperar que el T-MEC se firme o garantice, si se consolida, nos sea favorable. Para entender por qué, basta mirar qué sectores están en juego. Manufactura y maquila Sin acceso preferencial al mercado estadounidense, los aranceles del régimen OMC encarecerían exportaciones entre 3.5% y 25% según el sector. El resultado inmediato: cierres de línea, reducción de turnos y despidos masivos en Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Jalisco. Industria automotriz México es el primer exportador de vehículos a EE.UU. Las reglas de origen del T-MEC exigen 75% de contenido regional. Sin acuerdo, GM, Ford, Stellantis y las armadoras asiáticas instaladas en México perderían acceso preferencial y evaluarían reubicar producción. El sector emplea directa e indirectamente a más de un millón de mexicanos. Derechos laborales El Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral del T-MEC obliga a México a garantizar libre asociación y negociación colectiva bajo pena de sanciones arancelarias por planta. Sin tratado vigente, desaparece el incentivo estructural para sostener las reformas laborales de 2019, que ya de por sí se aplican de forma desigual.

PyMES exportadoras

Las pequeñas y medianas empresas integradas a cadenas de valor con EE.UU. y Canadá no tienen espalda financiera para absorber aranceles repentinos. Sin T-MEC, muchas dejarían de ser competitivas y cerrarían, engrosando la informalidad que el propio gobierno ayudó a construir.

Nearshoring e IED

Las empresas que relocalizaron operaciones desde Asia hacia México en 2022–2024 condicionaron esa decisión a la permanencia del tratado. Un T-MEC roto o desfavorable frenaría esa oleada y con ella decenas de miles de empleos formales proyectados en el centro y norte del país. Es imperdonable que la política interna, que pretende proteger a unos cuantos, nos genere costos a todos. POR SARA MORGAN CONSULTORA EQUITY JOB LAB