Nacionales
La FGR y el arte de no ver
Opinión de Alberto Guerrero Baena
El escándalo que nos desnuda
Hay momentos en que una crisis política deja de ser un episodio coyuntural para convertirse en radiografía. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es exactamente eso: una imagen clínica, brutal y sin filtros de lo que ocurre cuando un Estado decide que la militancia pesa más que el derecho, que la lealtad política importa más que los tratados internacionales firmados con tinta y compromiso solemne. La acusación formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —cargos de crimen organizado, posesión de armas y tráfico de drogas— no llegó de la nada. Llegó con expediente, con evidencia, con nombre y apellido. Y la respuesta de México fue, en el mejor de los casos, vergonzosa.
El tratado que nadie quiere leer La FGR: fiscal de partido, no fiscal de la república
No se trata de defender la injerencia extranjera ni de aplaudir la narrativa de Washington. Se trata de algo mucho más simple y mucho más incómodo: México tiene obligaciones jurídicas firmadas que no puede ignorar cada vez que el acusado porta credencial de militante oficialista. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, suscrito en 1978 y en vigor desde 1980, establece un protocolo claro, ordenado y sin ambigüedades. Cuando una autoridad judicial extranjera formula una solicitud de captura provisional o extradición, los canales son precisos: la vía diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la intervención de la Fiscalía General de la República como autoridad central, la valoración jurídica del expediente y, en su caso, la detención provisional del reclamado mientras se resuelve el fondo del asunto. El tratado no tiene cláusula de excepción por afinidad partidista. No existe el artículo que diga ‘salvo que el requerido sea gobernador del partido en el gobierno’. Sin embargo, lo que hemos presenciado es exactamente lo contrario al protocolo. La Cancillería mexicana respondió con indignación performativa, acusando intromisión a la soberanía nacional. La FGR optó por el silencio cómplice y la omisión deliberada. Nadie tocó las puertas que el tratado señala. Nadie procesó el expediente con la seriedad jurídica que la situación exige. En su lugar, funcionarios de alto rango construyeron una defensa ideológica de un hombre señalado de tener vínculos con estructuras criminales que llevan décadas desangrando a Sinaloa y al país. Ningún episodio de este escándalo resulta más grave —ni más revelador— que la actuación pública del vocero de la Fiscalía General de la República. Su papel, definido con precisión quirúrgica por la Constitución y por el propio Tratado de Extradición, es uno solo: recibir la solicitud formal de la autoridad requirente, analizar su contenido con rigor técnico-jurídico, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado bilateral y activar los mecanismos procesales correspondientes. Eso es todo.
La Cancillería: ventanilla con delirios de tribuna
No hay más. No hay margen para el discurso patriótico, no hay espacio para la trinchera ideológica, no existe ningún fundamento legal que autorice al vocero de la institución persecutora del Estado mexicano a salir ante los medios a defender a un gobernador acusado con el lenguaje encendido de un militante de mitin. Lo que hizo la FGR, a través de su vocería, no fue derecho. Fue propaganda. Y esa distinción no es semántica: es la diferencia entre una institución que funciona y una que ha sido capturada. Mientras el vocero argumentaba soberanía herida y agravios geopolíticos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construía su caso con la parsimonia y la metodología que caracteriza a esa oficina: sin aspavientos, sin ruido mediático, con la certeza de quien sabe que los tiempos legales le pertenecen. Nueva York no tiene prisa porque el derecho no la obliga a tenerla. Presentará sus pruebas cuando el proceso lo requiera, con la solidez que los tribunales federales estadounidenses exigen. Mientras tanto, México desperdició su única ventana de actuación institucional seria haciendo exactamente lo que no debía: política. La FGR no es el departamento jurídico del partido gobernante. No es la oficina de comunicación del Ejecutivo federal. Es, por mandato constitucional, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal y de actuar como autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional. Esa función no admite matices partidistas ni soberanismos de doble discurso. Admite una sola cosa: obediencia al marco jurídico vigente, con independencia de quién sea el imputado. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, en los procesos de extradición, un papel técnico perfectamente delimitado: es la ventanilla diplomática por la que transita formalmente la solicitud extranjera hacia la autoridad central, que es la FGR. Su función es de canal, no de juez. Es de transmisión, no de deliberación política.
La gobernanza criminal: el elefante en la habitación La salida que nadie quiere tomar
La Cancillería no tiene atribuciones para calificar el mérito jurídico de una acusación formulada por un tribunal extranjero, ni para emitir juicios de valor sobre la pertinencia política de una solicitud de extradición. Eso no está en su mandato. Nunca lo estuvo. Sin embargo, la SRE decidió abandonar su rol de operador jurídico-diplomático para convertirse en vocera de indignación nacional. Cada declaración pública de la Cancillería en este caso fue un paso fuera de su competencia legal y un paso dentro del pantano político. El resultado es predecible: México debilitó su posición negociadora, exhibió la porosidad de sus instituciones ante la presión política interna y envió a Washington un mensaje que ningún gobierno responsable debería enviar: que los tratados bilaterales se cumplen de manera selectiva. Detrás del escándalo Rocha Moya existe una pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido con honestidad: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en los procesos electorales y en el ejercicio del poder público? La sospecha fundada de financiamiento criminal a campañas políticas no es una invención de fiscales con agenda geopolítica. Es una realidad documentada, denunciada por investigadores, periodistas y organismos internacionales durante años. La diferencia es que ahora tiene rostro institucional, un gobernador en funciones, un nombre que obliga a responder. Ignorarlo es, en sí mismo, una política pública: la del avestruz. La solución no es ideológica. Es jurídica y exige decisión institucional. La FGR debe activar los mecanismos del tratado, analizar el expediente sin condicionamientos políticos y determinar si procede la detención provisional conforme a sus artículos. La SRE debe regresar a su función de canal diplomático y dejar de emitir juicios que no le corresponden. El Poder Judicial debe garantizar independencia frente a presiones del Ejecutivo. Ninguna de estas acciones implica rendirse ante Washington. Implica cumplir con obligaciones que México asumió soberana y libremente hace más de cuatro décadas.
El caso Rocha Moya no es únicamente la historia de un gobernador acusado. Es la historia de un sistema que, cuando se ve acorralado, elige la trinchera ideológica sobre el Estado de Derecho. La ley no es optativa. Ni siquiera cuando el acusado es militante. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Nacionales
Dejan ejecutada a una mujer en Villahermosa
La mañana de este viernes 05 de junio del 2026 se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona de Lagartera Primera Sección, municipio de Centro, tras el hallazgo de una mujer sin signos vitales cerca de la entrada a Jolochero.
De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo fue localizado alrededor de las 6:32 de la mañana. La víctima vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla y tenis blancos con detalles en color rosa.
En el lugar también fue encontrada una cartulina con el siguiente mensaje:
“Se te habló 🐕 y te valió. Vamos sobre ustedes, ya los tenemos bien cuadrados. Los que sigan yendo en tu cuerda. No quisiste línea, ahora vas a ver qué pasa. Sigue con tu barredora.
Ya deja de reclutar menores para trabajar, tengan 🥚 y no sean mugrosos. Y tú Chiapas del pochi blanco sin número, estás listo.”
La zona fue acordonada por las autoridades para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación.
Hasta el momento, la mujer permanece en calidad de desconocida y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las circunstancias de este hecho y la identidad de la víctima.
Columnas
Morena no es México, no se engañen
Opinión de Jorge Romero Herrera
El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.
Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.
Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.
En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.
Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.
Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.
Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Nacionales
Menor sin vida es hallado en el interior de una maleta en Tecate, Baja California
En un camino de terracería ubicado en la Sección Cafetalera de la colonia Nueva Hindú, en Tecate, Baja California, fue localizado el cuerpo de un pequeño de entre 4 y 5 años de edad dentro de una maleta abandonada.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre el equipaje
Quienes habitan esa zona fueron los que dieron aviso a la policía acerca de una valija tirada a un costado de la vialidad.
Una vez en el sitio, los oficiales confirmaron que en el interior del equipamiento se encontraba el cuerpo de un niño, por lo que procedieron a delimitar la zona mientras aguardaban la llegada de los peritos forenses.
Como parte de las indagatorias correspondientes, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al punto para custodiar el perímetro.
Sobre el estado del menor, los primeros informes refieren que “el cuerpo del niño estaba calcinado”.
Incógnita sobre la identidad y las causas del deceso
Por el momento no se ha podido establecer quién era el niño hallado sin vida, ni tampoco se ha determinado lo que provocó su fallecimiento.
De acuerdo con la información disponible, hasta el momento se desconoce la identidad del niño víctima, así como la causa de muerte.
-
Nacionaleshace 2 añosEmboscan a policía estatal de Michoacán hay 27 policías muertos
-
Estataleshace 2 añosLinchan a sicario por muchedumbre en Martínez de la Torre
-
Estataleshace 8 mesesDesastre en Poza Rica y la región por inundaciones
-
Estataleshace 3 añosMUERE PETROLERO TRAS SER BALEADO EN POZA RICA
-
Columnashace 2 añosReparto de “hueso” fractura al frente opositor

