Opinión de Alberto Guerrero Baena

El escándalo que nos desnuda

Hay momentos en que una crisis política deja de ser un episodio coyuntural para convertirse en radiografía. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es exactamente eso: una imagen clínica, brutal y sin filtros de lo que ocurre cuando un Estado decide que la militancia pesa más que el derecho, que la lealtad política importa más que los tratados internacionales firmados con tinta y compromiso solemne. La acusación formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —cargos de crimen organizado, posesión de armas y tráfico de drogas— no llegó de la nada. Llegó con expediente, con evidencia, con nombre y apellido. Y la respuesta de México fue, en el mejor de los casos, vergonzosa.

El tratado que nadie quiere leer La FGR: fiscal de partido, no fiscal de la república

No se trata de defender la injerencia extranjera ni de aplaudir la narrativa de Washington. Se trata de algo mucho más simple y mucho más incómodo: México tiene obligaciones jurídicas firmadas que no puede ignorar cada vez que el acusado porta credencial de militante oficialista. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, suscrito en 1978 y en vigor desde 1980, establece un protocolo claro, ordenado y sin ambigüedades. Cuando una autoridad judicial extranjera formula una solicitud de captura provisional o extradición, los canales son precisos: la vía diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la intervención de la Fiscalía General de la República como autoridad central, la valoración jurídica del expediente y, en su caso, la detención provisional del reclamado mientras se resuelve el fondo del asunto. El tratado no tiene cláusula de excepción por afinidad partidista. No existe el artículo que diga ‘salvo que el requerido sea gobernador del partido en el gobierno’. Sin embargo, lo que hemos presenciado es exactamente lo contrario al protocolo. La Cancillería mexicana respondió con indignación performativa, acusando intromisión a la soberanía nacional. La FGR optó por el silencio cómplice y la omisión deliberada. Nadie tocó las puertas que el tratado señala. Nadie procesó el expediente con la seriedad jurídica que la situación exige. En su lugar, funcionarios de alto rango construyeron una defensa ideológica de un hombre señalado de tener vínculos con estructuras criminales que llevan décadas desangrando a Sinaloa y al país. Ningún episodio de este escándalo resulta más grave —ni más revelador— que la actuación pública del vocero de la Fiscalía General de la República. Su papel, definido con precisión quirúrgica por la Constitución y por el propio Tratado de Extradición, es uno solo: recibir la solicitud formal de la autoridad requirente, analizar su contenido con rigor técnico-jurídico, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado bilateral y activar los mecanismos procesales correspondientes. Eso es todo.

La Cancillería: ventanilla con delirios de tribuna

No hay más. No hay margen para el discurso patriótico, no hay espacio para la trinchera ideológica, no existe ningún fundamento legal que autorice al vocero de la institución persecutora del Estado mexicano a salir ante los medios a defender a un gobernador acusado con el lenguaje encendido de un militante de mitin. Lo que hizo la FGR, a través de su vocería, no fue derecho. Fue propaganda. Y esa distinción no es semántica: es la diferencia entre una institución que funciona y una que ha sido capturada. Mientras el vocero argumentaba soberanía herida y agravios geopolíticos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construía su caso con la parsimonia y la metodología que caracteriza a esa oficina: sin aspavientos, sin ruido mediático, con la certeza de quien sabe que los tiempos legales le pertenecen. Nueva York no tiene prisa porque el derecho no la obliga a tenerla. Presentará sus pruebas cuando el proceso lo requiera, con la solidez que los tribunales federales estadounidenses exigen. Mientras tanto, México desperdició su única ventana de actuación institucional seria haciendo exactamente lo que no debía: política. La FGR no es el departamento jurídico del partido gobernante. No es la oficina de comunicación del Ejecutivo federal. Es, por mandato constitucional, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal y de actuar como autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional. Esa función no admite matices partidistas ni soberanismos de doble discurso. Admite una sola cosa: obediencia al marco jurídico vigente, con independencia de quién sea el imputado. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, en los procesos de extradición, un papel técnico perfectamente delimitado: es la ventanilla diplomática por la que transita formalmente la solicitud extranjera hacia la autoridad central, que es la FGR. Su función es de canal, no de juez. Es de transmisión, no de deliberación política.

La gobernanza criminal: el elefante en la habitación La salida que nadie quiere tomar

La Cancillería no tiene atribuciones para calificar el mérito jurídico de una acusación formulada por un tribunal extranjero, ni para emitir juicios de valor sobre la pertinencia política de una solicitud de extradición. Eso no está en su mandato. Nunca lo estuvo. Sin embargo, la SRE decidió abandonar su rol de operador jurídico-diplomático para convertirse en vocera de indignación nacional. Cada declaración pública de la Cancillería en este caso fue un paso fuera de su competencia legal y un paso dentro del pantano político. El resultado es predecible: México debilitó su posición negociadora, exhibió la porosidad de sus instituciones ante la presión política interna y envió a Washington un mensaje que ningún gobierno responsable debería enviar: que los tratados bilaterales se cumplen de manera selectiva. Detrás del escándalo Rocha Moya existe una pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido con honestidad: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en los procesos electorales y en el ejercicio del poder público? La sospecha fundada de financiamiento criminal a campañas políticas no es una invención de fiscales con agenda geopolítica. Es una realidad documentada, denunciada por investigadores, periodistas y organismos internacionales durante años. La diferencia es que ahora tiene rostro institucional, un gobernador en funciones, un nombre que obliga a responder. Ignorarlo es, en sí mismo, una política pública: la del avestruz. La solución no es ideológica. Es jurídica y exige decisión institucional. La FGR debe activar los mecanismos del tratado, analizar el expediente sin condicionamientos políticos y determinar si procede la detención provisional conforme a sus artículos. La SRE debe regresar a su función de canal diplomático y dejar de emitir juicios que no le corresponden. El Poder Judicial debe garantizar independencia frente a presiones del Ejecutivo. Ninguna de estas acciones implica rendirse ante Washington. Implica cumplir con obligaciones que México asumió soberana y libremente hace más de cuatro décadas.

El caso Rocha Moya no es únicamente la historia de un gobernador acusado. Es la historia de un sistema que, cuando se ve acorralado, elige la trinchera ideológica sobre el Estado de Derecho. La ley no es optativa. Ni siquiera cuando el acusado es militante. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.