Osvaldo Antonio Sotelo 

Un joven originario de Villa Allende perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital IMSS-Bienestar Valentin Gómez Farías, luego de resultar herido en un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del martes.

La víctima fue identificada como Óscar Javier Reyes Primo, de 24 años, quien fue agredido a balazos y auxiliado por paramédicos en la calle Rafael Herrera, de la colonia Miramar, en la congregación de Villa Allende.

Tras el atentado, los servicios de emergencia lograron trasladarlo con vida al nosocomio ubicado en la cabecera municipal. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada, el joven tenía su domicilio en la calle Carolino Anaya de la colonia Las Escolleras, también en Villa Allende.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.

El cargo Muere en el hospital joven atacado a balazos en Villa Allende apareció primero en CDPNOTICIAS.

Fuente: Agencias

Irma Santander

La sentencia contra Elvis Alexis ‘N’, responsable del feminicidio en grado de tentativa en agravio de Janeth Francisco López, fue reducida 10 años.

Tras la resolución judicial en Coatzacoalcos, la pena original de 53 años y 8 meses disminuyó a 43 años y 8 meses, mientras la víctima permanece a la espera de nuevas resoluciones ante posibles amparos de la defensa.

Sin embargo, Janeth Francisco, busca agotar nuevas instancias legales, lo que mantiene a la víctima bajo la incertidumbre de un posible amparo adicional.

La víctima confirmó la resolución judicial tras la audiencia realizada el pasado 17 de junio.

“Sí, es real, le redujeron 10 años; tuve la audiencia oficial el 17 de este mes y me indican que tiene otro amparo por solicitar”, declaró Janeth al respecto de este nuevo revés en su proceso de búsqueda de justicia.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 14 de marzo de 2021, a solo unas semanas de haber contraído matrimonio en Coatzacoalcos, Janeth fue víctima de una agresión brutal a manos de su esposo. Según los testimonios y las investigaciones judiciales, tras una discusión, el sujeto la apuñaló, estranguló y posteriormente la atropelló.

A pesar de la gravedad de los hechos, Janeth logró sobrevivir, aunque enfrentó secuelas físicas severas, incluyendo daños internos y lesiones permanentes en una pierna, lo que desencadenó un largo y doloroso proceso de recuperación.

Tras los hechos, el agresor huyó del país, permaneciendo en calidad de prófugo por más de un año. Fue hasta diciembre de 2022 cuando las autoridades lograron localizarlo en California, Estados Unidos, logrando su detención y posterior deportación a México, siendo trasladado a Coatzacoalcos para enfrentar los cargos.

PROCESO JUDICIAL Y SENTENCIA

El 1 de marzo de 2023, el agresor fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas y violencia familiar.

El 12 de marzo de 2025, el Poder Judicial de Veracruz emitió una sentencia de 53 años y 8 meses de prisión, la cual fue celebrada en su momento como un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en la región.

Sin embargo, con esta reciente modificación a 43 años y 8 meses, y ante la posibilidad de que la defensa interponga nuevos recursos legales, el caso de Janeth Francisco López permanece en una etapa de incertidumbre judicial, manteniendo a la víctima en espera de que la resolución final quede firme.

Irma Santander 

A más de tres meses de la explosión en el pozo petrolero Krem-1, en Las Choapas, expertos y defensores ambientales advirtieron  que la contingencia es  una crisis ambiental de alcance internacional, caracterizada por la falta de transparencia de las autoridades.

Luis Phegiel Hernández Verastegui, abogado ambientalista, denunció  la falta de congruencia entre los informes oficiales emitidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la realidad observada en el sitio.

Según el especialista, las afirmaciones de la empresa petrolera  sobre el control del siniestro carecen de veracidad.

“Pemex podrá decir lo que quiera, pero nosotros tenemos instituciones mentirosas, esa es la realidad, instituciones que le mienten al pueblo”, enfatizó Hernández Verastegui, quien señaló que las imágenes satelitales contradicen los reportes técnicos que aseguran que el incendio ha sido sofocado.

UNA CRISIS DE IMPACTO

Para el abogado, el problema ha rebasado las fronteras de Las Choapas, afectando gravemente a municipios aledaños como Coatzacoalcos.

“El accidente en el Pozo Krem-1 es una crisis ambiental internacional; es un daño al medio ambiente de manera global y es algo que debe ser atendido de manera inmediata”, declaró.

Advirtió sobre las consecuencias del fenómeno químico.

“Es una reacción química que nos está creando un efecto invernadero, el incremento en las temperaturas percibidas en la región debido a la combustión prolongada de químicos y combustibles”, explicó.

La emergencia comenzó la noche del 5 de marzo de 2026, cuando trabajos de perforación a 3,300 metros de profundidad provocaron un flujo inesperado de gas. Tras un incendio inicial, Pemex informó que el incidente estaba bajo control.

Sin  embargo, el 7 de marzo un nuevo incendio en el equipo de perforación desmintió dicha versión. A pesar de los constantes reportes de la empresa durante junio de 2026, donde aseguraron el “control operativo” y la fase final de saneamiento, los pobladores y expertos sostienen que el riesgo persiste.

EXIGENCIA DE INDEMNIZACIÓN Y REUBICACIÓN

Ante la falta de acción del Gobierno Federal, Hernández Verastegui hizo un llamado urgente para que se proteja a las comunidades afectadas.

“Están en todo su derecho de reclamar una indemnización patrimonial por el daño que les causa, que tengan que ser reubicados y que el gobierno no está reubicando a la gente”, puntualizó.

El abogado comparó la inacción mexicana con la respuesta del gobierno estadounidense ante el desastre de East Palestine, Ohio, en 2023, donde las autoridades evacuaron y reubicaron a los ciudadanos de manera inmediata.

Finalmente, exigió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y reiteró  que la omisión institucional constituye una violación flagrante al derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto constitucional.