Grupos criminales en Michoacán también reclutan a coheteros o artesanos en pirotecnia para fabricar —con pólvora— los explosivos que usan como minas terrestres y en drones contra sus rivales y las fuerzas de seguridad.

Autoridades federales confirmaron que algunas personas de este oficio son incorporadas bajo amenazas a las filas de los cárteles y otras se unen por su voluntad, debido a sus conocimientos en la elaboración y manejo de material explosivo.

Según el subdirector del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Carlos Roberto Gómez Ruiz, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras adquieren material en ferreterías y roban el que se utiliza en la industria minera, como la dinamita.

“Recuerden que tenemos un área de artesanos en pirotecnia [en Michoacán], así como hay gente de corporaciones que desertan y se pasan del otro lado, igual artesanos se pasan del otro lado y pues fabrican la pólvora, y cuando es material de minería, también sabemos que en México hay mucha minería y la minería maneja explosivos para hacer el rompimiento de piedra, y ese mismo material es el que la delincuencia se roba y lo utiliza”, reveló.

En Michoacán, organizaciones criminales como el CJNG, Los Viagras y Caballeros Templarios, entre otras, han aplicado tácticas de guerra convencional, incluyendo la colocación de minas y el uso de drones con explosivos para controlar territorios y amedrentar tanto a fuerzas de seguridad y rivales como a la población civil.

Las autoridades federales identifican a la Tierra Caliente de Michoacán, que abarca municipios como Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Múgica, Parácuaro, Aguililla y Tumbiscatío, como la región más afectada por la colocación de minas artesanales o artefactos explosivos improvisados (AEI) y el lanzamiento de drones con explosivos, que han provocado la muerte de militares y civiles en diferentes comunidades.

La sierra que une a los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Los Reyes, Coalcomán y Cotija está minada por el CJNG en Michoacán, que mantiene una estrategia de expansión en el estado. A través de brechas y caminos de terracería se puede llegar a estas localidades, por lo que el grupo liderado por el capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cubrió con explosivos esta región colindante con Jalisco para evitar el ingreso de sus rivales, según fuentes del gabinete de seguridad.

Por esta franja minada se puede llegar de Cotija a Tepalcatepec a través de la comunidad de Santa María del Oro, Jalisco. También de Cotija a Buenavista Tomatlán y de ahí a Aguililla, a través de la localidad Paredes del Ahogado, en donde el año pasado murieron dos militares por la explosión de una “narcomina”.

De la localidad de Tazumbos, donde se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, se puede llegar a la tenencia de La Ruana y de ahí a Punta de Agua y Buenavista Tomatlán.

De Punta de Agua se puede llegar al Aguaje, en Aguililla, la tierra de El Mencho, sin tocar carretera. “Todo es una zona minada”, señalaron las fuentes consultadas.

La utilización de minas antipersonales y AEI ha tenido consecuencias devastadoras. Además de las víctimas civiles, miembros de las Fuerzas Armadas han perdido la vida en explosiones mientras patrullaban áreas controladas por el crimen organizado.

Desde la puesta en marcha del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos se han decomisado 3 mil 454 explosivos improvisados, la mayoría en Apatzingán y Buenavista Tomatlán, según datos de la SSP de Michoacán.

Ante esta problemática, un juez federal ordenó a los gobiernos federal y de Michoacán implementar acciones efectivas para identificar y desactivar las zonas minadas, con el objetivo de prevenir el desplazamiento forzado de personas y proteger a la población.

Al conceder una suspensión definitiva a un grupo de jornaleros que tramitó un amparo contra la omisión de autoridades para destruir los artefactos explosivos sembrados, el titular del Juzgado Primero de Distrito, Sergio Santamaría Chamú, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá instruir a las dependencias competentes en la parte social y económica para la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas de “narcominas”.

“Deberán implementar las acciones que resulten efectivas para que, salvaguardando en la mayor amplitud posible los derechos humanos de las personas quejosas, les garanticen la prohibición de ser objeto de desplazamiento forzado, como consecuencia de la situación que prevalece en esa zona del estado de Michoacán, motivada por la colocación de los mencionados artefactos explosivos, que pudiera ser determinante para que abandonen sus hogares o empleos, por temor a perder la vida o sufrir graves daños en su integridad personal [como ocurrió en el caso de mujeres de la población de Aguililla]”, expuso en un acuerdo publicado.

Opinión de José Viñas | El Universal |

¿Ir a votar o no? Es una de las preguntas que más me han hecho conforme se acerca el día de la elección judicial. Este llamado “proceso electoral extraordinario” será diferente a cualquier comicio que haya vivido México. El espectáculo que ha representado la aprobación de la reforma y el proselitismo de la interminable lista de candidatos es diferente y también sus consecuencias, aunque anticipadas, están siendo inéditas. Ciertamente, no me propongo aquí responder a la pregunta que me han hecho mis lectores y personas de mi círculo cercano, pues creo que la respuesta es una decisión que debe obedecer a la conciencia de cada persona, conducida, en el mejor de los casos, por su sentido cívico. A mi parecer, las y los mexicanos tenemos tres alternativas frente al proceso. Aquí me propongo analizar cada una de ellas con sus implicaciones y compartir la conclusión a la que he llegado.

La primera, y quizá la más obvia, es ir a votar. A diferencia de otros procesos electorales, poco se ha promovido en este el “voto responsable” o “voto informado”. No es ningún secreto que, al momento de tomar decisiones, la información hace la diferencia. Incluso podemos asociar la no-posesión o desinformación con un riesgo mayor al momento de decidir lo que sea. En una elección esto no es distinto. La historia nos enseña que la información detrás de cada voto acerca o aleja el proceso, y el resultado, del óptimo social, ese punto que representa la mejor alternativa para el país. Esto es completamente diferente a lo que a menudo repite la cacofonía popular de votar por las y los menos malos. Así, el resultado de esta elección se acercará al óptimo social en la medida en que cada votante conozca a las más de 3,000 personas candidatas a alguno de los más de 800 cargos (Werner et al., 2025).

Luego, ir y anular el voto. En términos prácticos, esto se conoce como una protesta activa. Es decir, quien no esté de acuerdo con la Reforma Judicial, podrá ir y expresar su protesta mediante la anulación de su voto. En el caso de que el óptimo social fuera un alto porcentaje de votos nulos, este dependerá de la confianza en el conteo de los mismos. Por primera vez en más de 30 años, no serán los funcionarios de casilla, emanados de la ciudadanía, quienes cuenten los votos, sino personal contratado por el INE. Los resultados del conteo realizado, lejos del ojo público, en las oficinas distritales del INE podrían tardar hasta 12 días en publicarse, lo que pone en duda la efectividad del voto nulo como forma de protesta.

Finalmente, no votar. Aquí vale la pena resaltar la diferencia entre legalidad y legitimidad. Lo que ha dado legalidad o constitucionalidad a este ejercicio es que ha emanado de un proceso de reforma que fue aprobado, aunque de manera cuestionable (Ruiz Massieu Salinas, 2024; Cossío Díaz, 2025; Viñas Maguey, 2024), por el Congreso y está en la Constitución. La legitimidad solo se la puede dar el apoyo popular. Una forma de medir la legitimidad de una elección es mediante el nivel de participación. De aquí que no ir a votar constituya una forma de protesta pasiva. A diferencia del voto nulo, que cuenta como participación y suma a la legitimidad de la elección sin importar el resultado, no ir a votar es la mejor forma de expresar el rechazo popular, de deslegitimar el proceso.

Las consecuencias que ya ha tenido la abrupta aprobación de la Reforma Judicial, junto con la experiencia de otros países que eligen, mediante el voto popular, a quienes tienen el poder de impartir justicia, permiten dimensionar en qué medida este proceso aleja o acerca a México del óptimo social. Primero, la cascada de incertidumbre generada a raíz del avance y posterior aprobación de la Reforma Judicial. La economía mexicana está estancada: no hay nuevas inversiones, la productividad no crece y el peso atraviesa por una falsa estabilidad frente al dólar, además de estar sobrevaluado frente a otras monedas. Sobre la experiencia internacional, está el caso de Bolivia. Como lo ha señalado Santiago Corcuera (2025), la elección popular de las personas impartidoras de justicia termina por politizar una función del Estado que no tendría que ser política. En conclusión, la forma más contundente de protestar contra el despropósito que representa la Reforma Judicial es no ir a votar.

@JosePabloVinasM

Opinión de Eduardo Andrade | El Universal |

Cualquiera que sea la posición que se adopte frente al proceso electoral del próximo domingo, es innegable su naturaleza histórica. Es verdad que en el siglo XIX los ministros de la Corte eran electos popularmente, pero la elección era indirecta, de modo que la experiencia de elegir por voto directo a todos los juzgadores es inédita. Como toda novedad muestra defectos que deberán corregirse, pero no le privan de viabilidad y legitimidad.

Se plantea como problema la complejidad de las boletas. Esa objeción contiene un menosprecio respecto de la capacidad de comprensión de la gente. Efectivamente el diseño de las boletas es muy diferente al que estamos acostumbrados, pero no supone una dificultad insuperable. Valga establecer un símil con diseños como el de las quinielas de apuestas deportivas, que son perfectamente comprendidos por millones de personas. Un informe dado a conocer por de The Mexican Online Gambling Market, indica que en 2024 cerca de 52 millones de mexicanos participarían en dichas apuestas, lo cual demuestra que es muy amplia la capacidad de entendimiento de boletas complicadas. Se dirá que hay una diferencia de intensidad de intereses, cierto, pero mi argumento se centra en rechazar la idea de que las boletas sean inmanejables.

Los sectores opositores que presumen de ser cultos equivocan la estrategia al invitar a la abstención, cuando podrían tener mayor influencia en la promoción de personas candidatas que se identifiquen con su posición ideológica. Teóricamente, podrían analizar mejor las trayectorias de los participantes e inclinarse por aquellos cuyos antecedentes jurídicos les parezcan más confiables. Este examen puede hacerse en el micrositio Conóceles de la página del INE y serviría para orientar el voto, incluso de manera colectiva. Es curioso que los opositores a las políticas gubernativas no sean capaces de movilizarse organizadamente para una finalidad política específica como esta. Ya han tenido varias oportunidades, como la consulta pública y la revocación del mandato, pero aunque llenen el Zócalo, no pueden llenar las urnas.

Nada impide que agrupaciones de ciudadanos, que no sean partidos políticos, promuevan el voto a favor de determinados candidatos. Grupos ideológicamente identificados, presenciales o mediante redes sociales, pueden difundir las trayectorias de los postulados a quienes apoyan, ubicar sus números y dónde escribirlos en las boletas, llevando sus miembros consigo una guía para recordar los números de las personas que han seleccionado. Esa selección previa es requisito para votar consciente y eficazmente y es difícil que se lleven en la memoria los números escogidos.

La movilización de ciudadanos participativos, mientras los partidos políticos no intervengan, no debería considerarse indebida, sino una demostración de conciencia cívica. La derecha no ha sabido aprovechar esa posibilidad y por eso se ha lanzado al absurdo intento de boicotear una elección que, si actuaran con inteligencia, les hubiera podido servir para impulsar a candidatos cuyas carreras jurídicas les pareciesen más afines.

La resistencia al cambio y a la adopción de nuevas vías para la atención de problemas como la ineficiencia del Poder Judicial, no ayuda en nada al perfeccionamiento de nuestros procesos democráticos.

Por eso me parece que la mejor opción es salir ¡a votar!

Magistrado en retiro.