No busca eliminar la violencia, le preocupa que los contenidos sean expuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la integración de un grupo de trabajo que desarrollará una propuesta normativa para que las plataformas digitales eliminen contenidos relacionados con la violencia y refuercen los mecanismos de control sobre este tipo de material. El esfuerzo será encabezado por la Consejería Jurídica y respaldado por diversas instituciones federales y académicas.

“Estoy formando un grupo, conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica, en el que participa la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital. Estamos invitando instituciones académicas, expertos. Y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso; es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales. Para ello, conformo este grupo de trabajo”*, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el Gobierno de México implementa acciones para atender la salud mental de las niñas, niños y jóvenes como “El ABC de las emociones” y la Línea de la Vida. En ese sentido, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a madres y padres de familia para prestar atención a los contenidos que consumen sus hijos en plataformas digitales.

Respecto a los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General número 13 ubicada en Torreón, Coahuila, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras la agresión de dos jóvenes mayores de edad, un integrante del personal directivo perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas, mismas que reciben atención médica y las autoridades del Gobierno de Coahuila mantienen seguimiento a su evolución.

Ante esto, señaló que, por instrucción de la Presidenta, se avanzará en la prevención, en la reducción de riesgos y en contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia; por ello, se contemplan las siguientes líneas de trabajo:

1. Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.
2. Fortalecimiento del programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.
3. Llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijas e hijos, fortalecer la comunicación y, ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.
4. Impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.

Asimismo, puntualizó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.

En tanto que se fortalecen las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios. También con apoyo del CNI se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos para identificar patrones, amenazas o posibles llamados a cometer actos de violencia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró que las plataformas deben asumir su responsabilidad sobre contenidos de violencia y demostrar que serán sitios seguros para los menores de edad, a la par que se reforzará la estrategia en aulas construyendo vínculos de confianza con las y los jóvenes, así como con asambleas con madres y padres de familia.

La cancelación de la patente de Alejandro Moreno Morales, quien estuvo al frente de la Notaría Pública número 2 de Zacatelco, San Luis Potosí, quedó nuevamente bajo revisión judicial después de que un juez federal ordenó reponer el procedimiento que llevó a la sanción.

El fallo surgió de un juicio de amparo promovido por Moreno Morales. Aunque la resolución ordena revisar el proceso administrativo, no determina que los señalamientos que dieron origen al expediente carezcan de sustento ni elimina las irregularidades que la autoridad estatal tomó en cuenta para imponer la sanción.

El caso comenzó con el expediente administrativo 19/2023, derivado de una queja contra el entonces titular de la notaría. La Dirección de Notarías concluyó esa etapa en enero de 2025 y remitió el asunto a la Secretaría de Gobierno estatal para la determinación correspondiente.

El 26 de mayo de 2025, la autoridad resolvió cancelar la patente de Moreno Morales. La medida se ejecutó un mes después y tuvo como fundamento presuntas violaciones a los artículos 218 y 225 de la Ley del Notariado.

Entre los hechos que la autoridad revisó estuvo el manejo de dinero que clientes entregaron para cubrir impuestos y otras contribuciones. Los recursos debían ser entregados a las autoridades correspondientes dentro de los plazos establecidos.

La resolución estatal consideró que esas conductas constituían infracciones sancionables conforme a la legislación notarial. El procedimiento también tuvo como antecedente una queja administrativa presentada de manera formal.

A este expediente se sumó otro señalamiento en julio de 2025. Una particular afirmó que durante tres años entregó más de 400 mil pesos a Moreno Morales para el pago de impuestos, gastos y trámites relacionados con la regularización de un predio. De acuerdo con su señalamiento, el proceso no concluyó.

El panorama cambió en mayo de 2026, cuando un juez federal concedió el amparo solicitado por Moreno Morales y ordenó reponer el procedimiento que derivó en la cancelación de la patente. La resolución consideró fundados algunos de los argumentos presentados por el exnotario.

El fallo, sin embargo, se refiere al procedimiento administrativo y no establece que las irregularidades señaladas en el expediente 19/2023 sean inexistentes. Tampoco constituye una resolución que absuelva a Moreno Morales respecto de los hechos que dieron origen a la sanción.

El Gobierno estatal presentó una impugnación contra la decisión del juez federal. Por ello, el caso permanece bajo revisión de un Tribunal Colegiado, cuya resolución determinará los siguientes pasos para el procedimiento y la situación jurídica de la patente.

Así, el litigio mantiene dos aspectos centrales: la legalidad del procedimiento que llevó a la cancelación de la patente y los hechos administrativos que motivaron la sanción.

La reposición del procedimiento implicaría que la autoridad revise nuevamente el proceso que culminó con la cancelación y determine lo que corresponda conforme a la resolución judicial y a los antecedentes que integran el expediente.

La posibilidad de que México exija nacionalidad mexicana exclusiva a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podría tener efectos en los mecanismos de cooperación de seguridad con Estados Unidos, advirtió Luis Alberto Rosas, conocido en redes sociales como Tumbaburross.

El planteamiento fue defendido por sus impulsores bajo el argumento de fortalecer la soberanía y prevenir conflictos de lealtad entre los titulares de los poderes ejecutivos. Sin embargo, la iniciativa también abrió una discusión sobre las consecuencias que podría tener en las acciones contra el crimen organizado.

Para Tumbaburross, existe un aspecto que ha recibido poca atención: la participación de funcionarios mexicanos con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, como interlocutores entre ambos países.

La ciudadanía de ambos países permite a estos funcionarios, de acuerdo con su análisis, conservar condiciones de comunicación y confianza con autoridades estadounidenses, lo que facilita la cooperación en investigaciones sensibles relacionadas con estructuras criminales, posibles vínculos políticos y redes de protección de los cárteles.

De concretarse la obligación de renunciar a la segunda nacionalidad para contender por los cargos mencionados, advierte, podría generarse un riesgo. Los funcionarios perderían esa condición y podrían quedar más expuestos a posibles represalias en México, situación que podría desincentivar su colaboración con agencias estadounidenses.

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, coincidió en cuestionar la propuesta y la calificó como un “gravísimo error”. Asimismo, rechazó que tener dos nacionalidades suponga una doble lealtad y sostuvo que esta debe determinarse por la conducta del servidor público, no por el pasaporte que posee.

El planteamiento se presenta en medio de la presión ejercida desde Washington para que México combata tanto a las organizaciones criminales como a las presuntas redes de protección política e institucional vinculadas con ellas.

Desde la perspectiva de Tumbaburross, por ello, la discusión no debería concentrarse solamente en la identidad del documento que posee un funcionario, sino en sus verdaderas lealtades y en las herramientas de interlocución que México podría conservar o perder para enfrentar a grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.