El presidente municipal de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes, se encuentra gravemente delicado de salud, tras ser internado de emergencia el día de ayer en el Hospital Gervasio Aguilar. La noticia ha generado inquietud dentro y fuera del Ayuntamiento, no solo por el estado del alcalde, sino también por el manejo de la administración municipal ante su ausencia.

Según fuentes internas del Ayuntamiento consultadas por este medio, Remes se encuentra en condiciones críticas y escasamente puede atender cualquier asunto de gobierno. Aunque no se han revelado detalles médicos oficiales, la situación ha obligado a que el Palacio Municipal prácticamente se haya convertido en una extensión hospitalaria improvisada, en donde se le da seguimiento médico desde sus oficinas.

Lo que preocupa aún más, según testimonios de empleados municipales y fuentes cercanas a la administración, es que algunos funcionarios allegados al alcalde estarían aprovechando su deteriorado estado de salud para asumir funciones que no les corresponden, tomando decisiones sin justificación legal o administrativa clara. Esta situación abre una nueva etapa de incertidumbre institucional en Poza Rica, que ya venía arrastrando una gestión marcada por la polémica, la falta de resultados y un creciente rechazo ciudadano.

El silencio oficial y las sospechas internas
A pesar de que las versiones sobre su estado comenzaron a circular desde tempranas horas del día anterior, el equipo de comunicación del Ayuntamiento ha mantenido total hermetismo respecto a la situación de salud del alcalde. Solo se ha limitado a confirmar su hospitalización y su “delicado” estado, sin emitir un comunicado oficial ni aclarar si se ha designado a un encargado formal de despacho o suplente temporal, como establece la normativa en estos casos.

Este vacío ha generado malestar e inquietud entre regidores, directores y trabajadores del municipio, que se enfrentan a una gestión acéfala, mientras algunos cercanos a Remes estarían moviéndose con libertad para gestionar recursos, aprobar gastos o dar órdenes que no les corresponden jerárquicamente.

Una administración debilitada y una figura reprobada

Fernando Remes ha sido uno de los alcaldes más cuestionados por la ciudadanía pozarricense en los últimos años. Desde su llegada al cargo, su gestión ha sido señalada por presunta ineficiencia, favoritismos y falta de transparencia. Numerosos sectores sociales, empresariales y ciudadanos han expresado su descontento con la forma en que se ha manejado el gobierno local, e incluso han solicitado en varias ocasiones su renuncia o auditorías específicas.

Hoy, con su salud comprometida y con el aparato institucional funcionando a medias, la administración municipal enfrenta un escenario todavía más complejo: una administración sin liderazgo, sin claridad en la sucesión interna y bajo sospecha de irregularidades.

¿Qué sigue para Poza Rica?
La Ley Orgánica del Municipio Libre establece mecanismos para suplir temporal o definitivamente a un alcalde incapacitado. Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado a conocer si se ha activado algún protocolo formal. Mientras tanto, el municipio continúa operando en la sombra, sin un rostro visible que rinda cuentas o asuma la responsabilidad plena de la administración.

La salud de Fernando Remes, más allá del aspecto personal —por el que se le desea una pronta recuperación—, pone en evidencia una vez más la fragilidad institucional que vive el municipio y la necesidad urgente de mayor transparencia en el manejo del poder local.

Seguiremos informando conforme se actualice esta situación crítica. Por ahora, el destino político de Poza Rica permanece en suspenso, entre el hospital y los pasillos del Ayuntamiento.

Poza Rica, Ver – En un hecho que ha causado controversia en el ámbito político local, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Demetrio Pérez, se encuentra en el centro de las críticas por colocar nuevamente a su esposa la licenciada Reyna Juárez Avilés en posiciones privilegiadas dentro del Ayuntamiento de Poza Rica. Este fenómeno, según denuncias de diversos sectores políticos, no ha sido la primera veces pues ya tiene varias administraciones que la colocan en puesto dentro del ayuntamiento, lo que ha venido ocurriendo desde que Pérez asumió su cargo, permitiéndole manejar, desde su puesto, los hilos conductores de la «democracia» en el municipio. Negociando en lo oscurito para beneficiarse creando conflictos de interés evidentes.

Recientemente, la presencia de la esposa del presidente consejero en la administración municipal ha sido más que evidente, y muchos la han señalado por su apoyo directo y público a la candidata Adanely Rodríguez. Si bien Rodríguez es vista como una pieza clave dentro de lo que algunos llaman el «Pulpo Remes», la situación ahora da un giro preocupante al evidenciarse que la influencia en las decisiones políticas y electorales podría provenir directamente desde el INE.

El respaldo de De e trío Pérez a su esposa la licenciada Reyna Juárez Aviles en estos cargos municipales ha generado alarma entre voces críticas dentro de la política local. Muchos advierten que, de continuar al frente del INE, el presidente consejero podría socavar la transparencia del proceso electoral en la región, afectando la confianza pública en las instituciones democráticas. Las críticas se centran especialmente en el temor de que el uso indebido de su poder institucional para favorecer a ciertos actores políticos perjudique la equidad y legitimidad de las próximas elecciones.

“Si Demetrio Pérez sigue al frente del INE, no habrá transparencia en las elecciones, y su esposa continuará siendo una figura recurrente dentro de la nómina municipal, como ha ocurrido en diversos periodos”, expresaron algunas voces dentro de la oposición política.

Este fenómeno se percibe como un conflicto de intereses, en donde la familia del presidente consejero parece estar influyendo directamente en las decisiones que deberían ser imparciales y transparentes, lo cual levanta serias dudas sobre la imparcialidad del INE en el contexto electoral local.

Las autoridades políticas han comenzado a hacer un llamado a la remoción de Demetrio Pérez de su puesto en el INE, argumentando que su permanencia al frente de la institución podría seguir erosionando la confianza en el sistema electoral y los procesos democráticos de Poza Rica.

El tiempo dirá si las demandas de transparencia y justicia serán escuchadas o si el poder de los involucrados continuará manteniendo su curso dentro de la administración local. Lo cierto es que la situación sigue siendo un tema candente que promete generar más polémica en los próximos meses.

Docentes de inglés del Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR) denuncian públicamente una grave situación laboral: desde febrero de 2025 no han recibido el pago de sus honorarios, a pesar de continuar impartiendo clases de forma regular.

La dirección del plantel, encabezada por el Dr. Jesús Huerta Chúa, ha señalado de forma verbal que “Xalapa no ha enviado los recursos”. Sin embargo, en una reunión celebrada el pasado 24 de marzo con directivos del instituto, se negó a emitir cualquier documento que reconociera la deuda pendiente. Además, esta reunión se llevó a cabo en condiciones irregulares, pues se les pidió a los docentes entregar sus teléfonos celulares antes de ingresar, bajo el argumento de que la información tratada era “confidencial”, lo que generó un ambiente de presión e intimidación.

Durante el encuentro, el director expresó de forma tajante: “El que no quiera seguir trabajando, se puede ir”, lo que fue interpretado como una amenaza velada para forzarlos a continuar sin recibir pago.

A pesar de que el Centro de Lenguas cuenta con más de 600 alumnos que pagan colegiaturas de $1,200 pesos bimestrales —generando ingresos suficientes para cubrir la nómina—, los pagos siguen sin efectuarse. A esto se suma una práctica recurrente en el plantel: durante mucho tiempo, a los maestros no se les entregaba ningún contrato, ni siquiera una copia del mismo, lo que los dejaba en total indefensión jurídica.

Ante estos hechos, los maestros de inglés exigen la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para que se respeten sus derechos laborales, se realicen los pagos pendientes y se garantice que esta situación no vuelva a repetirse.