Orizaba.- El Teleférico de Orizaba suspendió este domingo su servicio como medida de seguridad, luego de detectarse una señal sonora en una pieza que ya estaba contemplada para reemplazo dentro de su programa de mantenimiento. No se reportaron incidentes y en ningún momento se puso en riesgo a los usuarios, confirmaron autoridades.

Fernando Trueba Coll, encargado del Teleférico, informó que aunque el equipo aún podía seguir operando, se tomó la decisión de detenerlo y adelantar los trabajos de mantenimiento para salvaguardar al público.

La suspensión se dio en un día de alta afluencia turística, ante ello, personal del atractivo informó a los visitantes y realizó la devolución del costo de los boletos.

Quienes se encontraban en la parte alta del Cerro del Borrego fueron informados de la situación y descendieron a pie por el sendero natural.

Trueba Coll explicó que la refacción ya fue solicitada para su fabricación, por lo que se aprovechará el paro para adelantar labores preventivas. La fecha de reapertura se dará a conocer una vez que se tenga la pieza y finalicen los trabajos.

El servicio permanecerá cerrado hasta que concluya la revisión técnica y se cuente con las condiciones necesarias para una operación segura.

En el descenso ordenado de los visitantes participaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, la coordinación de Turismo y personal del Ecoparque Cerro del Borrego.

Un hombre fue asesinado a balazos durante un ataque armado registrado en la colonia 20 de Noviembre, en San Andrés Tuxtla, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada directamente con armas de fuego. Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia.

Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece bajo reserva y no se ha informado sobre personas detenidas.

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz dejó de ser el filtro para proceder penalmente contra alcaldes y síndicos, al aprobar con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención una reforma que elimina la declaración de procedencia como requisito previo para investigarlos y procesarlos por la probable comisión de delitos.

Hasta ahora, para proceder penalmente contra esas autoridades se requería que dos terceras partes del Congreso determinaran si había lugar a retirarles la protección procesal conocida como fuero. Con la reforma, la Fiscalía y los jueces podrán actuar sin esperar una autorización previa del Poder Legislativo.

Al tratarse de una reforma a la Constitución de Veracruz, la aprobación del Congreso no concluye el procedimiento. Para que el cambio entre en vigor deberá ser avalado por la mayoría de los 212 ayuntamientos del estado, mediante sesiones de Cabildo.

Los municipios cuentan con 30 días naturales, a partir de que reciban el proyecto, para comunicar su decisión al Congreso; si no responden dentro de ese plazo, la reforma se tendrá por aprobada por ese ayuntamiento.

Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.

La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden común.

De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra.

Fuente: Agencias