Denuncian defensores de derechos humanos

Obligada a cavar trincheras, montar retenes, entregar sus bienes, mostrar sus teléfonos, sus mensajes, callar, pedir permiso hasta para oficiar un servicio religioso, hacerla de servidumbre, o ser abusada sexualmente, así vive la población de las zonas sierra-fronterizas de Chiapas.

Las personas están atrapadas en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, documentó una red de organizaciones de la sociedad civil.

En un informe difundido este martes, las defensoras señalaron que los grupos criminales utilizan estrategias y mecanismos que, de acuerdo al marco legal del Derecho Internacional Humanitario, tiene las características de un Conflicto Armado No Internacional.

El documento está firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Resaltan que la situación en la que viven más de medio millón de habitantes de al menos 12 municipios chiapanecos se agrava porque los hechos han sido negados reiteradamente por el gobierno mexicano, en particular por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

El informe titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, detalla que los grupos del crimen organizado operan a pesar de que las fuerzas armadas del gobierno mexicano tienen una fuerte presencia en la región.

Según testimonios de la población afectada, los militares han actuado de manera cómplice u omisa a favor de estos grupos.

El documento desglosa los rasgos de complicidad y consentimiento de las estructuras de gobierno, como militares, la Fiscalía estatal, cuerpos policiacos y funcionarios, a las fuerzas criminales.

“Tal es el grado de inserción, que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, refiere uno de los pobladores que participó en el informe.

Los organismos humanitarios detallan que el Estado mexicano tiene responsabilidades éticas y jurídicas, y la negativa a proteger a la población civil de los atentados de los grupos armados organizados podría llevarlo a responder ante cortes internacionales.

Por ello, piden a la comunidad internacional realizar una misión de verificación en los municipios afectados, con el propósito de instar a las autoridades mexicanas a asumir sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos humanos en la zona.

El informe también explica que frente a esta situación, a pesar de las amenazas y asesinatos, la población civil ha salido a la calle, ha hecho llamados de auxilio públicos pidiendo la intervención de las autoridades, como la marcha por la paz que se dio en enero de 2023.

Sin embargo, los organismos humanitarios también reconocen que como estrategias de supervivencia para evitar ser torturados o asesinados, pobladores se han visto obligados a participar en acciones violentas, a servir como vigilantes o sicarios.

Ello, añaden, está provocando la fragmentación de los vínculos comunitarios al desconfiar de los propios vecinos, además de importantes efectos psicosociales, principalmente estrés y paranoia.

Por esta situación, los organismos pidieron nuevamente al gobierno reconocer que en Chiapas se vive una situación de conflicto armado que exige la atención humanitaria hacia la población.

A la comunidad internacional pidieron realizar una misión de verificación en los municipios afectados por la situación de violencia reportada en el informe, investigar y definir el conflicto como Conflicto Armado No Internacional.

Esto para definir responsabilidades en términos jurídicos nacionales e internacionales, que puedan llevar ha acciones para la desarticulación de la violencia.