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Detectan red de fayuca de gasolina y diesel de EU a México

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Cada 10 días ingresa al país un buque con hidrocarburos con datos falsos sobre la carga para evadir los impuestos, lo que se conoce como huachicoleo fiscal.

A las 07:23 horas del miércoles 19 de marzo arriba el buque tanque petrolero Challenge Procyon al puerto de Tampico, en Tamaulipas, con 10 millones de litros de diesel a bordo.

El combustible se descarga a través de mangueras a camiones cisterna, mismos que harán base en el terreno de una empresa de fletes cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, y luego se encargarán de distribuirlo en 18 estados.

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Una vez resguardado el combustible, comienza la operación: elementos de seguridad federales aseguran el Challenge Procyon, que pertenece a la naviera Altamarítima, e incautan los 10 millones de litros de diesel en la empresa de fletes.

El Challenge Procyon había ingresado a México de manera legal, zarpando la tarde del 16 de marzo en el puerto de Beaumont, Texas; sin embargo, su tripulación afirmó que transportaba aditivos para la fabricación de lubricantes. Operaciones de inteligencia han detectado que cada 10 días ingresa a México un buque cisterna cuyo capitán miente sobre la carga de hidrocarburos que lleva al país, con el fin de evadir impuestos que deben pagar combustibles como la gasolina y el diesel.

Fuentes de seguridad consultadas, que solicitaron el anonimato, aseguran que esos combustibles de contrabando, ingresados bajo el modus operandi de huachicoleo fiscal, son de mala calidad y regularmente no logran venderse en Estados Unidos, pero en México el negocio es redondo.

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“El huachicoleo es cuando una persona roba gasolina para venderla de manera ilegal… Pero aquí la traen de otro lugar, no está probado que realmente sea robada, el delito es introducción ilegal al país”, explican.

Un negocio de muchos

Las fuentes consultadas remarcan que existe una red de complicidad que incluye desde dueños de gasolinerías, transportistas y trabajadores portuarios, entre otros. “El diesel proviene de Houston y es de mala calidad, entonces lo que no pueden vender en Estados Unidos lo envían a México y llega a 18 estados del país”, detallan.

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Así, a precio de mercado legal en México, se venden gasolina y diesel de menor calidad y que fueron introducidos sin pago de impuestos. El aseguramiento del buque Challenge Procyon es parte de las nuevas operaciones de inteligencia que el gobierno federal lanzó contra el llamado huachicoleo fiscal.

De acuerdo con las estimaciones de Onexpo Nacional, que agrupa a los gasolineros, el huachicoleo fiscal alcanza a introducir de manera ilegal hasta 300 mil barriles diarios, equivalentes a más de 40 millones de litros por día de combustibles que ingresan al país bajo otra denominación para no pagar los impuestos que les corresponderían en las aduanas.

Uno de cada tres litros es huachicol

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Según consideran empresarios gasolineros, uno de cada tres litros de combustible que se comercializan en el país es ilícito, ya sea obtenido a través de tomas clandestinas o importado de forma ilegal bajo otra fracción arancelaria en el esquema denominado huachicoleo fiscal, o bien que es combustible con químicos y mezclas ilegales.

Empresarios detallaron que diariamente se venden en el país 180 millones de litros de combustibles automotrices, por lo que alrededor de 60 millones se comercializan ilegalmente. Esa cantidad representa un daño estimado a la economía equivalente a 525 mil 600 millones de pesos al año, que serían pérdidas para el erario, para Petróleos Mexicanos (Pemex), para importadores privados y comercializadores; también significa daños en los motores de los vehículos y, finalmente, ganancias para grupos del crimen organizado.

“Hemos visto que, en los últimos meses, el combustible ilícito ha aumentado más en el país”, señalaron las fuentes empresariales. México recibió en sus puertos 4 mil 34 embarcaciones petroleras sólo en 2023, según los datos más recientes de la Secretaría de Marina. De esos buques tanque, al menos 276 llegaron a Tampico.

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De acuerdo con especialistas, cerca de 70% de la gasolina que llega a México lo hace a través de los puertos y aduanas más cercanos a Estados Unidos.

Un buque tres veces asaltado

El buque cisterna Challenge Procyon fue construido por la empresa japonesa Kyoei Tanker en 2011. Bajo la bandera de Singapur, atracó al menos en dos ocasiones en territorio nacional y fue asaltado en tres, antes de ser incautado por autoridades federales mexicanas.

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De acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional, la embarcación que hoy pertenece a la naviera Altamarítima fue asaltada por piratas en dos ocasiones durante 2014 en Indonesia, y la última ocurrió en el puerto de Callao, Perú, en diciembre de 2022.

En la página web de Altamarítima se describe a la empresa como una de las principales agencias navieras consignatarias de buques, proveedora de servicios portuarios y de transporte marítimo en México. Detalla que cuenta, desde hace cinco años, con el respaldo de Norton Lilly International y Ultramar.

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Detienen al empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz en Torreón por venta ilegal de hidrocarburos

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Dos vehículos tipo pipa que transportaban combustible de procedencia ilícita fueron asegurados en la madrugada del jueves en Torreón, Coahuila, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Coahuila y elementos de la Policía Estatal.

Los conductores de ambas unidades fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Horas después del aseguramiento, el empresario del sector gasolinero Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono” Muñoz, acudió a las instalaciones ministeriales con el objetivo de intervenir a favor de los choferes, quienes, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, trabajan bajo su dirección.

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Según información preliminar, la presencia del empresario se tornó tensa debido a un presunto comportamiento agresivo, tanto de su parte como de sus escoltas. Como resultado, autoridades procedieron a detenerlos en el sitio.

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Durante su aseguramiento, a Muñoz Luévano se le realizaron pruebas toxicológicas y se le hallaron sustancias prohibidas entre sus pertenencias. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial respecto al tipo y cantidad de la sustancia encontrada ni sobre las condiciones de su detención.

El caso permanece bajo investigación de la FGR y se prevé que en las próximas horas se defina la situación legal tanto de los conductores de las pipas como del empresario y su equipo de seguridad.

De acuerdo a medios locales, en el año 2024, “El Mono” Muñoz concluyó una sentencia por su responsabilidad en delitos vinculados al narcotráfico, acusado por las autoridades de Estados Unidos. En mayo de 2019 se declaró culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal de Texas en los Estados Unidos.

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Reetiquetan productos para venderlos como ‘Hecho en México’

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Chinos ‘mañosos’

Empresarios y comerciantes chinos reetiquetan productos procedentes del país asiático para colocarles la marca “Hecho en México”, para hacerlos pasar por nacionales y burlar a las autoridades alertó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Se ha detectado que esta práctica se lleva a cabo principalmente en edificios utilizados como bodegas en el Centro Histórico de la ciudad, donde se sustituyen las etiquetas originales de los productos para burlar la regulación aduanera y comercial.

Ropa, calzado, juguetes y más

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Ropa, calzado, iluminación, electrodomésticos, herramientas, juguetes y muebles, se encuentran entre los productos más afectados dijo Gutiérrez Camposeco.

En muchos casos, estas mercancías no cumplen con las normas mínimas de seguridad ni de calidad, advierta.

«Por ejemplo, hay juguetes chinos que no cumplen con las normas mexicanas de seguridad. Si se le da un juguete eléctrico sin regulación a un menor, puede causar un incendio. Lo mismo ocurre con herramientas defectuosas o aparatos eléctricos sin certificación», detalló.

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El líder empresarial afirmó que no se tiene un censo de las marcas de los productos que están siendo sometidos a este reetiquetado puesto que “esa es obligación de las autoridades”.

Urge poner orden

Señaló que, para frenar esta actividad, el gobierno podría iniciar con poner orden para terminar con la ocupación ilegal de edificios de la zona centro, algunos considerados como patrimonio histórico.

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Comerciantes y líderes empresariales alertaron que al menos 600 bodegas clandestinas que almacenan toneladas de productos ilegales, operan en el Centro, como publicó Excélsior el 8 de abril.

Estas instalaciones, dijo Alejandro Gazal, presidente de la Asociación Civil ProCentrhico, violan el uso del suelo y ponen en riesgo tanto a la población como al patrimonio de la ciudad.

Edificios son usados como bodegas

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Gutiérrez Camposeco indicó que la CANACO no tiene una cifra exacta de cuántos edificios operan como bodega, “pero sí tenemos conocimiento de que el reetiquetar productos chinos se está dando en estos edificios, que son patrimonio histórico, y que están siendo utilizados ilegalmente como bodegas”.

Según un diagnóstico de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el 55% de estas bodegas se concentra en el perímetro comprendido entre las calles República de Ecuador, Argentina, Perú y Brasil.

«La ocupación ilegal de estos edificios representa un riesgo para comerciantes, clientes y vecinos. No cumplen con medidas de protección civil ni normas estructurales. Además, deteriora el valor patrimonial de la zona», afirmó Camposeco.

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Ante esta situación, la CANACO CDMX llamó al Gobierno Federal a endurecer aranceles a productos chinos, hasta del cien por ciento, incluyendo a los vehículos provenientes del país asiático.

“No podemos permitir que siga esta invasión y que México se quede con los brazos cruzados viendo cómo se afecta a los consumidores y se dañan gravemente sectores productivos, con el riesgo de pérdida de empleos”, subrayó el dirigente.

En una conferencia de prensa, Vicente Gutiérrez afirmó que el sector está a favor de la competencia, “pero una competencia que sea legal, formal y leal”, concluyó.

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Baja California: “Fuera, fuera”, gritan a la gobernadora Marina del Pilar en visita a Mexicali

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrentó una jornada de contrastes durante su visita a Mexicali. Durante la presentación de un programa de apoyos económicos para el pago de servicios básicos, un grupo de ciudadanos interrumpió su discurso con consignas en su contra.

El acto, realizado como parte de una entrega de subsidios para cubrir recibos de agua y luz, fue escenario de una manifestación en la que los asistentes corearon “fuera Marina”. La gobernadora pausó brevemente su intervención, pero continuó con el evento a pesar de las protestas que persistieron en el lugar.

Minutos más tarde, otro grupo de asistentes expresó respaldo a la mandataria con gritos de “no estás sola”, apoyo que la funcionaria difundió a través de sus redes sociales. En su mensaje, reiteró el compromiso de su administración con los sectores vulnerables y calificó los subsidios como parte de un acto de justicia social.

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La protesta no fue un hecho aislado. Días antes, habitantes de Mexicali organizaron una “carne asada masiva” en el centro cívico de la ciudad como forma simbólica de manifestación. Más de cien personas participaron en la reunión convocada para exigir la revocación de mandato de la gobernadora.

Además de la presión ciudadana, Marina del Pilar se ha mantenido en el centro del debate público tras confirmarse que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa. La gobernadora declaró no haber recibido una explicación formal sobre el motivo y aseguró que proporcionará información conforme avance el caso.

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Mientras tanto, han surgido diversas versiones en medios de comunicación sobre posibles causas. Algunas apuntan a una presunta investigación que involucra a su esposo, Carlos Torres, por supuestos vínculos con el tráfico de combustible.

El caso continúa abierto y ha generado distintas expresiones ciudadanas en Baja California, en un contexto en el que el gobierno estatal busca mantener la operación de programas sociales mientras enfrenta cuestionamientos sobre la figura de la mandataria.

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