La declaración patrimonial de Ana Isaura Amador Nieto, actual coordinadora general de Cercanía Ciudadana de Zapopan y presidenta municipal interina durante 2024, registra una operación inmobiliaria que posteriormente coincide con un contrato de arrendamiento celebrado por el Ayuntamiento dentro del mismo desarrollo.

De acuerdo con los documentos patrimoniales, en 2023 la funcionaria reportó la compra de un departamento en Aladra Residencial por 2 millones 690 mil 876 pesos, además de un financiamiento por ese mismo monto. El documento señala como otorgante del crédito a “Aladra Residencial” y establece un saldo pendiente de 2 millones 384 mil 796 pesos al cierre del periodo.

La información adquiere relevancia por una operación realizada por el gobierno de Zapopan dos años después. En 2025, el Ayuntamiento suscribió el contrato multianual CO-0177/2025 con LODI Residencial, S.A.P.I. de C.V., para el arrendamiento de oficinas en el desarrollo Aladra Residencial, por un monto superior a 15.5 millones de pesos.

Los registros municipales señalan a LODI Residencial como proveedor y especifican que los espacios arrendados se encuentran en el “Desarrollo Inmobiliario denominado Aladra Residencial”. La contratación se realizó mediante adjudicación directa, según la documentación del propio Ayuntamiento.

La relación temporal entre las dos operaciones es uno de los aspectos que plantean dudas entre fuentes de la administración municipal consultadas para esta nota. El primer registro corresponde a la adquisición y financiamiento del inmueble por parte de Amador Nieto; posteriormente aparece la contratación de espacios para oficinas municipales en el mismo complejo habitacional.

Las interrogantes también alcanzan los criterios que utilizó el gobierno municipal para elegir ese inmueble como sede de oficinas y las razones para recurrir a un procedimiento de contratación directa.

A este contexto se agregan inconsistencias en los datos asentados en distintas declaraciones patrimoniales de la funcionaria. En el documento correspondiente a 2023, tanto el departamento como el crédito por 2 millones 690 mil 876 pesos tienen como fecha el 6 de enero de 2023.

Sin embargo, en una declaración posterior, el mismo departamento figura con una fecha de adquisición distinta: 13 de abril de 2022. El registro del adeudo también presenta modificaciones.

Mientras en la declaración de 2023 el pasivo aparece como un “crédito hipotecario” otorgado por Aladra Residencial y fechado el 6 de enero de 2023, en el documento posterior está identificado como “otro (especificar)”, con fecha del 13 de agosto de 2022 y el mismo monto original.

Amador Nieto ocupa actualmente la Coordinación General de Cercanía Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan y en 2024 asumió de manera interina la presidencia municipal.

La documentación deja pendientes de aclaración tanto las diferencias en las fechas y clasificación de la operación patrimonial como las condiciones bajo las cuales se concretó el financiamiento del departamento. También queda por precisar si existió alguna relación entre esa operación privada y la posterior contratación municipal de oficinas en Aladra Residencial.

Cuatro policías de Quintana Roo fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de tres jóvenes en el municipio de Othón P. Blanco, informó el titular de la Fiscalía estatal, Raciel López Salazar, quien señaló que los elementos enfrentarán cargos por desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo.

Tres policías municipales y uno estatal, señalados por hechos ocurridos el 29 de agosto

Los detenidos fueron identificados como José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N”, de los cuales tres son policías municipales y uno es policía estatal.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de agosto en el Boulevard Bahía, cuando los implicados habrían interceptado a una de las víctimas para entregarlo a un grupo delincuencial.

Dos de los jóvenes retenidos fueron liberados horas después, mientras que un tercero apareció la noche del 31 de agosto tras ser agredido a golpes.

Fiscal advierte que podrían enfrentar más de 50 años de prisión; detenidos en prisión preventiva

“No vamos a tolerar a ninguna autoridad que abuse, mucho menos que sean cómplices de grupos delincuenciales; los policías tienen una gran responsabilidad de cuidar y proteger a la ciudadanía. Estos malos policías ya fueron puestos a disposición del Juez de Control, por los delitos mencionados, por lo que van a enfrentar un proceso que podría derivar en pena de más de 50 años de prisión”, enfatizó López Salazar.

Los cuatro elementos quedaron en prisión preventiva en tanto un Juez de Control determina su situación jurídica en próximos días.

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realizó una visita de verificación a un establecimiento hospitalario en Acapulco, Guerrero, que derivó en la suspensión total del inmueble y el aseguramiento de medicamentos y diversos bienes, con una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos.

Verificación detectó irregularidades en manejo de medicamentos; aseguran fármacos caducos y sin registro

La intervención se derivó de un alertamiento relacionado con el posible desvío de medicamento controlado hacia Estados Unidos.

Personal naval y de Cofepris identificaron diversas irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos, así como la existencia de fármacos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, caducos, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y a granel.

También se detectó falta de controles suficientes para garantizar el correcto manejo y custodia, ausencia de documentación legal que acreditara la tenencia legítima y falta de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes.

Suspensión total del establecimiento como medida de protección sanitaria

Derivado de las irregularidades, la autoridad sanitaria determinó la suspensión total del establecimiento como medida de protección a la salud de la población, y se aseguraron medicamentos controlados y no controlados, un inmueble, equipo y aditamentos hospitalarios.

La acción se realizó en apego a las disposiciones nacionales y a los compromisos internacionales de México en materia de control de estupefacientes.

La suspensión y el aseguramiento contribuyen a reducir riesgos para la salud al impedir la utilización de medicamentos caducos, sin registro sanitario o sin documentación que acredite su procedencia legítima.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con autoridades sanitarias e instituciones nacionales e internacionales para proteger la salud de la población.