El Congreso vota por última vez este jueves la Ley de Servicios de Atención al Cliente, que obliga a las empresas a responder en menos de tres minutos —y no solo con contestadores automáticos—, frena las reseñas falsas en internet y prohíbe que los influencers publiciten apuestas. Conocida como ley SAC e impulsada por el Ministerio de Consumo, la iniciativa regula prácticas que considera perjudiciales para los consumidores, desde las llamadas de spam hasta la renovación automática de suscripciones a plataformas de streaming, además de los largos plazos en la resolución de reclamaciones. El texto ya superó su primer trámite en el Congreso y pasó por el Senado, y ahora afronta su votación definitiva.

En el Senado, los principales cambios aprobados con enmiendas propuestas por el PP, que tiene mayoría absoluta, han sido ampliar el plazo para resolver reclamaciones, de 15 a 30 días hábiles, y reducir del 95 % al 90 % el porcentaje mínimo de llamadas que deben contestarse en menos de tres minutos.

Otro cambio importante ha sido el relativo a la atención a la clientela en lenguas cooficiales. El Congreso había aprobado que los consumidores de comunidades con lengua cooficial pudieran ser atendidos en su idioma desde cualquier punto de España, pero el Senado limitó esta obligación. Con el argumento del elevado coste que supondría para las empresas, el PP modificó el texto para que el uso de estas lenguas dependa de la ubicación de la sede empresarial, no del lugar de residencia del cliente. También se aprobó la eliminación de la obligación de formar al personal en lenguas cooficiales. Hoy, la Cámara votará si se mantienen estos cambios, que previsiblemente serán rechazados. Estas son algunas de las principales claves de la normativa.

Freno a las llamadas de ‘spam’

Uno de los puntos destacados es la acción contra las llamadas telefónicas de spam. Las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las que no usen ese prefijo y declarar nulos todos los contratos realizados en llamadas no consentidas. La ley ya prohíbe desde 2023 estas llamadas intrusivas, pero las compañías siguen contactando personas con diferentes excusas, como que el usuario ha brindado su consentimiento al aceptar cookies en una página web, que es un antiguo cliente, o que no ha pedido eliminar sus datos de los registros.

El Ministerio para Transformación Digital lanzó el pasado mayo una iniciativa para reducir estas llamadas, gracias a la cual asegura haber evitado 48 millones de ellas en los primeros cuatro meses, pero las principales organizaciones de consumidores consideran que no está funcionando: tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como Facua realizaron sendas encuestas en las que demostraban que cada vez había más spam telefónico.

Atención telefónica más rápida

Las principales novedades del texto recaen sobre los servicios de atención al cliente, donde los consumidores llaman para recibir información, reclamar o solicitar algún servicio posventa. Cuando entre en vigor, las empresas estarán obligadas a limitar los tiempos de espera telefónicos a tres minutos en al menos el 95 % de las llamadas (o al 90 % si se mantiene la enmienda del PP), acortar el plazo de resolución de consultas a 15 días (o a 30 días, como aprobó el Senado) y a prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots para atender quejas y consultas. La norma establece que, cuando el consumidor solicite hablar con una persona, la empresa lo garantice. Tampoco podrá cortar una llamada porque el tiempo de espera sea elevado. Los call centers de compañías de más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación deberán atender las consultas en las lenguas cooficiales (catalán, gallego y euskera).

Avisos de renovación de suscripciones digitales

Queda prohibida la renovación automática de las suscripciones a servicios de streaming, como Amazon, Spotify o Netflix. Las empresas deberán informar al usuario 15 días antes del vencimiento del plazo para que tenga la posibilidad de elegir no renovar el servicio y comunicarle el vencimiento de dicho plazo y de las consecuencias de no confirmar la cancelación de la renovación. En la actualidad, muchas veces no se envía ese aviso previo y se producen renovaciones sistemáticas de servicios no requeridos.

Esta medida está pensada para evitar que se extiendan los abonos o membresías a aplicaciones de las que el consumidor hasta ha olvidado estar suscrito. Por eso, en los contratos de duración determinada, pero renovables, los servicios de atención a la cliente deberán avisar con antelación suficiente para que los clientes puedan darse de baja si así lo desean.

Gastos de gestión más claros

La nueva legislación también obliga a las empresas a incluir los gastos de gestión en el precio final de las entradas y servicios. Aquellos que muchas veces aparecen en los tiques para conciertos a último momento, cuando ya se decidió la compra y se está por hacer el pago. El texto exige que se muestre siempre el precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario.

Según la ley, los gastos de gestión no pueden ser superiores a los costes adicionales soportados por el consumidor al adquirir presencialmente las entradas para los mismos eventos o espectáculos. Tampoco se puede cobrar un adicional por rectificar errores ortográficos o tipográficos en el nombre del usuario en las contrataciones online. De la misma forma, está prohibido cobrar de más por la impresión de la entrada, o la recepción y almacenaje de esta en el móvil.

Prohibidas las reseñas falsas

La iniciativa intentará prohibir las reseñas falsas en internet. Aquellos espacios en donde los consumidores valoran bares, restaurantes y hoteles, son útiles para elegir a dónde ir, pero pueden tener información engañosa. Muchas empresas, sobre todo de restauración, se quejan de que reciben comentarios falsos que perjudican su ranking y la percepción de los consumidores que las usan para decidir a qué establecimiento ir. La modificación legal propuesta por Consumo permitirá a los empresarios solicitar la retirada de una reseña cuando puedan acreditar que quien la escribe no utilizó el servicio o el comentario es falso. También pretende prohibir la compraventa de comentarios, obligar a indicar si se ha verificado que la reseña la ha escrito un consumidor real y que se ha escrito durante los 30 días posteriores a la compra o visita.

Se podrá aportar pruebas que demuestren que una factura que se muestra en la reseña ha sido manipulada; demostrar que los precios a los que alude no son reales; mostrar listas de clientes que acrediten que la persona que ha puesto la reseña no ha utilizado del servicio. Los comentarios en webs como TripAdvisor, TheFork o Booking o Amazon, pueden ser determinantes para elegir un producto o servicio por sobre otro. Por eso, Consumo dice intentar regularlas para garantizar su veracidad y no que perjudiquen al turismo y la hostelería.

Los ‘influencers’ no podrán anunciar apuestas

La norma también incluye nuevas restricciones a la publicidad del juego, que el Tribunal Supremo tumbó en abril del año pasado por no haberse aprobado en forma de ley. Desde entonces, se volvió a permitir que personajes famosos o infuencers publiciten apuestas y que se puedan regalar bonos de bienvenida a nuevos clientes. La ley SAC vuelve a prohibir ambos aspectos a través de una enmienda. Mientras, las otras restricciones que instaló el decreto se mantienen, como el veto a los anuncios de casas de apuestas durante las retransmisiones deportivas, la prohibición de que estas marcas patrocinen deportes y la limitación de la publicidad en televisión, radio y YouTube en la franja horaria de 00.00 a 05.00 de la madrugada.

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Fuente: Agencias