El devastador impacto ambiental del Cártel de Jalisco Nueva Generación en América Latina

La violencia en México se intensificó tras un operativo militar en el sur del estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En represalia, el cártel desató una ola de ataques y bloqueos en varios puntos del país que ya dejan más de 60 personas muertas.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Mantenía una extensa red dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Su expansión también ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Investigaciones periodísticas de Mongabay Latam documentan cómo miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico viven atrapados entre la pobreza, la extorsión y la violencia, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.

En tierra, la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG. Además, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. En Ecuador, bandas de piratas asociadas al cártel mexicano controlan puertos y extorsionan a pescadores artesanales, extendiendo la violencia más allá de las fronteras mexicanas.

Jalisco es el segundo estado productor de aguacate en México. Imágenes satelitales revelan cómo la expansión de este cultivo ha generado una grave pérdida de bosque. A esto se suma que detrás de este negocio hay mafias criminales que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico mexicana están atrapados entre la pobreza y la violencia del narcotráfico. El Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza los mares para expandir sus negocios ilícitos. Investigamos el caso.

Más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. Así lo revela la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que además encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación lidera esta red criminal.

Más del 70 % de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, en Ecuador, paga extorsiones para salir a pescar. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos, desapariciones y asesinatos. Piratas y bandas como Los Lobos, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, controlan el narcotráfico en el puerto

Opinión de Raymundo Sánchez

Lo dijo perfecto el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la conferencia mañanera del pasado lunes: “Se demostró la fuerza del Estado mexicano”, en referencia al operativo del Ejército con el que se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, uno de los más peligrosos capos del planeta.

En efecto, la acción militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que la fuerza del Estado mexicano es mucho mayor a la de cualquier grupo delictivo, con lo que se modifica la percepción sobre el poder real y efectivo de la delincuencia organizada.

Bastaron un impecable trabajó de inteligencia entre México y Estados Unidos, y un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, al mando de Omar García Harfuch, para dejar acéfalo al mayor grupo criminal de México, al que se le atribuyen más de 75 mil homicidios, la desaparición de 10 mil personas en Jalisco y un poderío económico de 20 mil millones de dólares.

Un cártel que, además, opera en 29 de las 32 entidades de México, y cuyos tentáculos se extienden a 40 países de Europa, América, Asia, África, y a las 50 entidades de Estados Unidos. Un poder mucho mayor al que en su momento tuvo el colombiano Pablo Escobar. Pero ni así le alcanzó para evadir la acción del gobierno mexicano el pasado domingo.

En ese sentido, el operativo ejecutado por la Defensa Nacional fue en sí mismo un muy poderoso mensaje para los miembros de la delincuencia organizada, que hasta el sexenio pasado se les dejó imponer su ley, controlar 70 por ciento del territorio nacional, poner y quitar gobernantes y crear un Estado paralelo, mientras Palacio Nacional les daba abrazos y a lo mucho les advertía que los acusaría con su abuelita.

Ahora, el gobierno cambió la ecuación a los maleantes y a sus cómplices en la política: el Estado dio un primer paso para recuperar el monopolio del uso de la fuerza y los territorios que les cedieron en el sexenio pasado. Y lo hace con calibres de uso exclusivo del Ejército.

También les hizo entender que la primera mujer presidentA no repetirá la historia del culiacanazo, cuando el 17 de octubre de 2019 el entonces presidente López ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, inmediatamente después de que fuerzas federales lo habían aprehendido en Culiacán.

Pero, sobre todo,

el operativo para eliminar a El Mencho mostró al mundo que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas sí tienen la capacidad de combatir con éxito a los grupos delictivos

, del tamaño que sean, sin la intervención operativa de agentes estadounidenses. Y que, si sus antecesores en el gobierno no lo hicieron, evidentemente fue porque no quisieron. ***

EN EL VISOR:

Toda la cuatroté respaldó y felicitó a la presidentA Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que resultó abatido el capo

Nemesio Rubén Oseguera.

No así el fundador del movimiento, cuyo silencio dice más que mil palabras.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR RAYMUNDO@HERALDODEMEXICO.COM @R_SANCHEZP

Opinión de Alejandro Piña

Hace unos días, la responsable de comunicación social de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dijo algo que debería prender todas las alertas: es difícil acabar con el crimen organizado porque “el narcotráfico es uno de los mayores empleadores” del país. El deslinde presidencial fue inmediato. Y tenía que serlo, porque esa frase, aunque sea un “desliz”, deja al descubierto una idea peligrosa: que el crimen es necesario.

Ese mito circula desde hace años: “sí, hacen daño, pero dan trabajo”; “ponen orden”; “ayudan donde el gobierno no llega”. Y no es casual, el sociólogo Diego Gambetta mostró que las organizaciones mafiosas no sobreviven sólo por la fuerza y la violencia, también se presentan como proveedoras de protección en contextos de ausencia estatal.El mito prospera ahí: en el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. Pero entender por qué surge no significa aceptarlo. De hecho, aceptarlo es el primer paso para resignarse.

El crimen organizado no “da empleo” como quien abre una fábrica o un negocio. Lo que hace es reclutar: jóvenes que no ven salida, personas atrapadas por necesidad, familias amenazadas, comunidades asfixiadas. Cuando alguien entra a ese mundo, rara vez entra por vocación. Entra porque lo empujan, por la falta de oportunidades o por el miedo. Y cuando el “trabajo” viene con un arma, una amenaza o una deuda, eso no es trabajo: es coerción.

Las y los menores reclutados por la delincuencia organizada enfrentan un riesgo extremo de no llegar a la adultez. Estimaciones basadas en testimonios y en el análisis de especialistas en seguridad y derechos humanos advierten que, tras ser incorporados a estas redes criminales, su expectativa de vida se reduce drásticamente: en muchos casos, sobreviven apenas entre uno y tres años más. Detrás de estas cifras hay historias marcadas por la marginación, pero también una responsabilidad colectiva ineludible: la de impedir que la infancia y la adolescencia sigan siendo terreno fértil para estructuras que los desechan con la misma facilidad con la que los reclutan.

Además, el cuento de que el crimen “genera economía” se cae cuando miras el otro lado de la balanza: lo que destruyen. Pregúntale a cualquier comerciante que vive bajo cobro de piso si el crimen “da orden”. El crimen no impulsa negocios: los exprime. No crea empresas: las cierra. No produce riqueza: la roba. Los costos de seguridad privada, los negocios que bajan cortinas, los emprendedores que renuncian, las rutas de transporte extorsionada. Todo esto es economía real que se rompe.

Y está la otra parte: la vida cotidiana. El crimen te cobra por vender, por mover mercancía, por abrir, por existir. “Paga y te dejo trabajar”, esa es la lógica. No es un empleador: es un parásito que se cuelga del esfuerzo de la gente y lo convierte en tributo.

Incluso, cuando un grupo criminal “pavimenta una calle” o “financia una fiesta” no está resolviendo problemas: está comprando silencio y legitimidad. Es la misma lógica del cobro de piso, pero en versión simbólica: te doy algo para que me toleres, para que me veas como necesario, para que el Estado parezca ausente y yo parezca inevitable.

Y el daño más grave es el que no se ve en números, pero se siente en generaciones completas: niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento. Ahí, el mito se vuelve tragedia, porque no es “empleo” lo que ofrecen: es cárcel o muerte. Es romper trayectorias escolares, destruir familias, cancelar futuros. Eso no es una salida, es una condena.

Por eso, el problema de esa frase no es solo que sea imprudente. Es que normaliza la idea de que el crimen puede cumplir funciones sociales. Y, cuando la aceptamos, el estándar ciudadano se derrumba: dejamos de exigir seguridad, justicia y desarrollo, y nos conformamos con sobrevivir.

Desmontar este mito debería ser parte de la estrategia de seguridad. Combatir la inseguridad no termina en operativos e inteligencia, también es quitarle el relato al crimen organizado, quitarle el “prestigio”, quitarle la falsa etiqueta de “necesario”. Y, sobre todo, dar alternativas reales: empleo digno, educación, comunidad y un Estado que aparezca en serio. Porque la única “estabilidad” que ofrece el crimen es el miedo. Y México merece algo más fuerte que el miedo: merece confianza y paz.