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El tamaño de la elección judicial

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Opinión de Amador Narcia / El Universal /

Se habla y se habla, pero poco trasciende de la Reforma Judicial. No pasamos de la nota de que ministros, magistrados y jueces deben ser elegidos por el pueblo porque actualmente el Poder Judicial es una cueva de corruptos (¡Pero si achú!).

Quienes entienden de estos temas consideran que como está planteada se perdería un contrapeso frente al Poder Ejecutivo.

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La reforma judicial plantea que la elección de los jueces será organizada por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Al parecer, este escollo no sería mayor, pues el nombre del organismo encargado de organizar la elección se ajustaría al INE y cuando cambie de nombre, se volvería a modificar. Eso, dicen, es algo común en materia legislativa.

Pero lo que no es común es que la reforma plantea la elección de todos los magistrados, incluidos de los poderes locales del país.

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La iniciativa del Presidente propone que el Artículo 96 constitucional establezca que los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en elecciones ordinarias.

En la reforma al 116 constitucional dice que “las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realizarán conforme a las bases que establece esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación”.

Se abrirán foros para escuchar opiniones, pero la discusión y votación en la Comisión se realizará en agosto, se turnarán a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y serán votadas en septiembre por la nueva legislatura.

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Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, elaborado por el INEGI, al cierre de 2022, el Poder Judicial de la Federación tenía 54,388 servidores públicos, divididos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal.

A nivel federal hay 32 circuitos en el país, uno por cada entidad federativa, y en esos circuitos hay unos 447 juzgados de Distrito, 270 Tribunales Colegiados, 128 Tribunales Laborales y 39 de Apelación.

En ese engranaje hay 768 jueces de Distrito que actúan cuando hay sospecha de que los derechos humanos fueron violados. Sus decisiones pueden ser impugnadas y llevadas a un Tribunal Colegiado, que está conformado por tres magistrados. En todo el país, a nivel federal hay 951 magistrados.

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A nivel local es difícil saber el número exacto de juzgadores. En la Ciudad de México, hay 454 jueces y magistrados. Según un conteo propio, en el resto del país, hay más de tres mil 700 juzgadores.

Por ejemplo, en Aguascalientes hay nueve magistrados y 31 jueces. Campeche tiene 17 magistrados y 13 jueces. Chiapas cuenta con 26 magistrados y 88 jueces. Guerrero, 24 magistrados y 83 jueces. En Jalisco hay 34 magistrados y 305 jueces locales. Quintana Roo, 14 magistrados y 14 jueces. Zacatecas, 10 magistrados y 96 jueces.

Es decir, en el primer trimestre del año se tendrían que elegir más de 5 mil 400 cargos. Ooooootra elección que nos va a costar a todos.

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Y para que se confirme que piensa el pueblo bueno, ahora mismo se realiza una encuesta patrocinada por Morena. El ciudadano llegó con una consulta y con otra se irá.

Monitor republicano

Resulta incomprensible que la presidenta electa se siga arriesgando en las carreteras del país. Nadie le criticaría que use transportes aéreos militares. En el accidente de ayer en Coahuila, ya murió una persona.

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Lluvia provocó severas inundaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán

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Coatzacoalcos, Veracruz.- Las fuertes lluvias que se registraron la noche de este miércoles 20 de noviembre, por el paso del Frente Frío 10, generaron desbordamiento de arroyos, avenidas inundadas, árboles y semáforos derivados, en municipios del sur de Veracruz.

Las precipitaciones intensas comenzaron a registrarse desde las 20:00 horas y se extendieron durante casi dos horas, provocando las mayores afectaciones en Coatzacoalcos y Minatitlán, donde el agua ingresó a algunos hogares, aunque en menor proporción.

En el Puerto de Coatzacoalcos, se reportaron decenas de calles inundadas, y el desbordamiento de los canales de aguas residuales, donde una camioneta fue arrastrada por la corriente hacia un canal de aguas residuales, y el conductor y su acompañante estuvieron a punto de quedar atrapados.

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El incidente se registró después de las 21:00 horas sobre la avenida Jirafas, frente al fraccionamiento Punta Caracol, un sector que siempre se inunda cuando se registran precipitaciones intensas. De acuerdo con el reporte, se trata de una camioneta, blanca Pickup, propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo conductor perdió el control, derivado de la gran cantidad de agua que avanzaba sobre la calle.

La unidad quedó con la parte frontal dentro del canal de aguas, por lo que el conductor y su acompañante, abandonaron la unidad antes de que esta cayera por completo. Y fueron auxiliados por vecinos que se acercaron tras ver el incidente. Posteriormente arribaron cuerpos de emergencia y elementos policiacos, quienes solicitaron la intervención de una grúa para sacar la unidad, quedando todo en un susto.

En tanto que, en Minatitlán se reportó el desbordamiento de los arroyos La oaxaqueña y Ordaz, provocando que las viviendas cercanas se vieran afectadas por filtración de agua. En fraccionamientos privados como la Soto Inés, también se reportaron inundaciones por el colapso de las alcantarillas.

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En esta localidad, se viralizó un video donde se observa como un refrigerador es arrastrado por la corriente sobre la calle 26 de abril en el Centro de la ciudad.

Cuerpos de emergencia y elementos policiacos, se movilizaron para ayudar a las personas que resultaron afectadas, en su mayoría automovilistas varados.

Las lluvias cesaron después de las 22:00 horas, pero se espera continúen para este jueves 21 de noviembre, por lo que la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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