Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que suprime la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las sindicaturas.

El dictamen, que registró una votación de 38 a favor, 9 en contra y una abstención, emitido por la instancia legislativa integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

La Comisión coincide con la propuesta de suprimir la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas. “Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona señalada”, añade.

Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.

La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden común.

De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra.

En Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia; en San Luis Potosí, la reforma constitucional de 2017 eliminó ese procedimiento; y en Guanajuato y Querétaro la responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender necesariamente el inicio del proceso penal de una autorización previa del Poder Legislativo.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Alejandro Porras Marín subrayó que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo. Agregó que la modificación legal no declara culpable a alguien en específico y que no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o jueces; ejemplificó que a nivel nacional tres de cuatro entidades cuentan con normativas en las cuales no se requiere una protección constitucional para munícipes e indicó que si la investigación corresponde a las instituciones y el fincamiento de responsabilidades a los Tribunales, el Congreso no debe mantener una autorización previa para que la justicia pueda actuar.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, anunció su respaldo a la propuesta autoría de la gobernadora Rocío Nahle García y consideró que la referida reforma es una medida contra la impunidad, “porque el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal, y así lo recoge el dictamen cuando precisa que su propósito es evitar que ese requisito sea un obstáculo para investigar y perseguir los delitos”.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su coordinador, el diputado Enrique Cambranis Torres, manifestó que la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos la han propuesto siendo gobierno u oposición. Cuestionó que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordó que la declaración de procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo más transparente y que opere con rigor.

La diputada María Elena Córdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), indicó que el instituto político al cual pertenece tiene una postura firme, “quien cometa un delito, que sea investigado; quien resulte responsable, que responda ante la justicia”. Puntualizó que no defiende a alguien ni facilita la impunidad, pero argumentó que la reforma tiene un problema de fondo, “no elimina el privilegio, decide quien lo conserva”.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar precisó que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la función pública, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que ocupa y mientras lo ocupa, “retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que no defiende privilegios ni a delincuentes; externó que en una democracia el poder necesita límites y que el poder absoluto requiere límites absolutos. Agregó que si bien la ciudadanía exige investigar todos los delitos perpetrados, la tarea de las y los legisladores es ocuparse de que las reformas sean implementadas correctamente.

El diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra del dictamen e informó que ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que el Congreso les hará llegar. “la inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que habrá un procedimiento previo”.

En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, María Elena Cordova Molina y Victoria Gutiérrez Pérez y el diputado Diego Castañeda Aburto. En relación con las reservas, participaron las legisladoras Indira de Jesús Rosales San Román y Luz Alicia Delfín Rodríguez.