La Bolsa de Shanghái pidió a GAC Group detalles sobre el desempeño de su negocio automotriz durante 2025, después de que la compañía reportara una combinación de menor demanda, crecimiento de inventarios y un aumento en los costos asociados con la fabricación de vehículos.

GAC, que cotiza en ese mercado bajo la clave 601238, recibió el requerimiento el 30 de enero. La empresa respondió el 15 de marzo mediante un documento de 26 páginas en el que explicó los factores que afectaron sus operaciones durante el año pasado.

Uno de los principales puntos estuvo relacionado con el comportamiento de Trumpchi y AION. Las dos marcas comercializaron 609 mil 242 unidades en 2025, una reducción de 22.83 por ciento frente al año anterior. El menor volumen de ventas tuvo consecuencias sobre la producción y dejó una mayor cantidad de vehículos en existencia.

Los inventarios conjuntos de ambas marcas aumentaron más de 35 por ciento durante el año. GAC describió este comportamiento como una “acumulación pasiva” de unidades terminadas y, ante la posibilidad de colocar parte de esos vehículos por debajo de su valor, elevó sus provisiones a casi cuatro veces el nivel previo.

El ajuste también alcanzó a determinados modelos de AION. En esos vehículos, los precios de venta disminuyeron con mayor rapidez que los costos de fabricación, por lo que la diferencia generó pérdidas adicionales sobre las unidades que permanecían almacenadas.

La menor producción modificó además la estructura de costos de la compañía. Los gastos de mano de obra, depreciación y amortización se distribuyeron entre una cantidad menor de automóviles, lo que llevó a GAC a calcular un incremento de alrededor de 40 por ciento en sus costos fijos por unidad.

La automotriz también aplicó reducciones de precio para estimular la demanda. En algunos de sus principales modelos, los descuentos se ubicaron generalmente entre 15 mil y 30 mil yuanes, equivalentes a unos 2 mil 232 y 4 mil 464 dólares. Con estas medidas, la empresa buscó elevar la comercialización en un contexto de menor volumen de ventas.

El deterioro de las condiciones del negocio no quedó limitado a las marcas propias de GAC. En su información a la Bolsa de Shanghái, el grupo incluyó la situación de sus empresas conjuntas, entre ellas GAC Honda, que reconoció un deterioro de activos cercano a 700 millones de yuanes, unos 104 millones de dólares.

GAC Honda también inició modificaciones en su infraestructura industrial, con el retiro, cierre o modernización de instalaciones destinadas a estampado, soldadura, pintura y ensamble. Los datos del grupo muestran que la participación de las marcas japonesas en las ventas de automóviles de pasajeros pasó de 24.1 por ciento en 2020 a 9.7 por ciento cinco años después.

En GAC Honda, además, más de 95 por ciento de las ventas de los últimos tres años correspondieron a vehículos con motores de combustión. En el conjunto de la operación automotriz de GAC, la combinación de menores ventas, mayores costos por unidad, inventarios más altos y ajustes en sus empresas conjuntas quedó bajo revisión de la Bolsa de Shanghái a partir de la información presentada por la compañía sobre sus resultados de 2025.

El encuentro se celebró los días 2 y 3 de septiembre en Centro Banamex, con la participación de representantes de los sectores de juego regulado, esports, fintech, inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales y ciberseguridad. La regulación, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible estuvieron entre los principales temas de discusión.

La inauguración contó con Edgar Ciceño Velasco, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación de la Secretaría de Economía; Omar Monroy, titular de Convenciones y Congresos del Fondo de Desarrollo Turístico; Genaro Lozano, embajador de México en Italia, Malta y San Marino, y Eman Pulis, fundador de SiGMA World.

Durante la apertura, Ciceño Velasco señaló que la realización de SiGMA en el país refleja la creciente relevancia de México y Latinoamérica dentro de una industria cada vez más relacionada con los servicios digitales, fintech, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

El encuentro coincidió con una definición relevante para el sector. Este jueves, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal prácticamente concluyó la revisión interna sobre casinos y centros de apuestas y ya cuenta con una propuesta para renovar el marco legal.

“Ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, señaló Rodríguez. La funcionaria agregó que la propia industria ha solicitado una actualización de la legislación.

La primera edición de SiGMA North America se desarrolló así en medio de la discusión sobre las reglas que definirán la siguiente etapa del sector en México. La eventual actualización de una legislación que data de 1947 abre un nuevo escenario para una industria que en los últimos años ha incorporado tecnologías, plataformas y modelos de negocio que no existían cuando se diseñó el marco jurídico actual. DA

Una investigación iniciada tras el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos en Ciudad Juárez llevó al aseguramiento de tres predios, donde las autoridades buscan establecer la posible operación de una red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de diésel.

Entre los elementos que forman parte de las indagatorias se encuentra LPE Transportes, empresa dedicada al transporte de personal. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que la compañía haya cometido algún delito.

¿Qué encontraron las autoridades?

Uno de los inmuebles asegurados está ubicado frente a Riberas del Bravo, en el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, y permanece bajo resguardo de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

Reportes publicados el 23 de julio de 2026 señalaron que en ese sitio fueron localizados autobuses utilizados para transporte de personal, además de estructuras que aparentaban haber sido empleadas para el despacho de combustible. Estos elementos forman parte de la evidencia que deberá ser revisada por las autoridades para determinar su relación con la investigación.

La indagatoria tiene como antecedente el descubrimiento de una toma clandestina en la zona de El Sauzal. Después de ese hallazgo se realizaron aseguramientos en otros puntos, con el objetivo de determinar si existe una conexión entre los inmuebles y establecer la posible ruta del hidrocarburo.

Las versiones periodísticas sobre el caso apuntan a una operación con capacidad para movilizar cientos de miles de litros de combustible al año. No obstante, el volumen y el destino del diésel aún requieren confirmación mediante documentación oficial y las pruebas que formen parte de la carpeta de investigación.

El origen del combustible, una de las claves

Uno de los aspectos que deberán esclarecer las autoridades es la forma en que el combustible habría sido adquirido, almacenado, trasladado y distribuido.

Para determinar esa ruta será necesario revisar documentos fiscales, registros de compra, movimientos financieros, bitácoras de vehículos, permisos y otros elementos que permitan establecer la trazabilidad del diésel. La presencia de infraestructura para el manejo de hidrocarburos, por sí sola, tampoco permite determinar quién la utilizó o cuál era su propósito.

Otro dato incorporado al contexto de las indagatorias es el crecimiento de la flota de LPE Transportes. En agosto de 2025, la empresa adquirió 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.

La incorporación de estas unidades refleja una ampliación de la capacidad operativa de la compañía, pero no acredita que los recursos destinados a la compra tuvieran un origen ilícito. Para establecerlo se requeriría una revisión financiera que, hasta ahora, no ha sido acreditada públicamente.

El costo del combustible también forma parte del contexto del sector. El diésel representa uno de los principales gastos para las empresas de transporte y, durante 2026, operadores de Ciudad Juárez reportaron presión sobre sus costos a causa del incremento del combustible.

Esa situación puede explicar el interés económico que tendría el uso de combustible de procedencia ilegal para cualquier operador, pero no constituye evidencia de que LPE Transportes haya recurrido a esa práctica. Para establecer una relación sería necesario acreditar el origen y destino del combustible utilizado por sus unidades.

¿Quiénes aparecen vinculados a la investigación?

En las versiones difundidas sobre el caso también figuran Jorge Ortega Trejo, conocido como “El Contador”, y Eduardo Ortega Ramírez, señalados por posibles vínculos con la estructura bajo investigación.

Hasta la fecha de corte no existe información oficial que confirme una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia contra ellos. Por ello, los señalamientos forman parte de una línea de investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad.

La investigación deberá establecer, con base en pruebas, si existe alguna relación entre LPE Transportes, los tres predios asegurados y la presunta red de combustible ilegal, además de determinar el origen del hidrocarburo y de los recursos involucrados.

Por ahora, los aseguramientos confirman la existencia de una investigación en curso, pero no permiten atribuir responsabilidad penal a la empresa o a las personas mencionadas. Cualquier conclusión deberá derivar de las pruebas reunidas y de las determinaciones de las autoridades competentes.