Pese a que en 2016, Fernando Schütte Elguero fue acusado de fraude inmobiliario por 40 millones de pesos, mediante EGP Evaluación y Gestión de Proyectos suma al menos una docena de adjudicaciones directas, acumuladas incluso después que se giró la respectiva orden de aprehensión en su contra

El caso surgió a partir de transacciones realizadas en el edificio ubicado en el número 17 de la calle Roberto Koch, en Paseos de las Lomas, donde Schütte Elguero y su socio, Francisco Javier de Pablo Serra, a través de la firma Auge Inmobiliario, vendieron departamentos sin informar que el inmueble estaba en garantía con BBVA Bancomer. Los compradores, al percatarse de la situación, presentaron denuncias legales.

Así, aunque en 2016, el Juez 39 penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictaminó la acción penal en su contra y se detuvieron las adjudicaciones a favor de EGP Evaluación y Gestión de Proyectos, las contrataciones continuaron inmediatamente en 2017 con un convenio en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), seguido de otros cuatro acuerdos (2018-2022), sin concurso de por medio, en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), dirigido por José Alfonso Iracheta Carroll desde diciembre de 2018.

Previo al inicio de la querella por el millonario fraude, dicha compañía también fue adjudicada en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el haber de Fernando Schütte figura haberse desempeñado como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNSSP), además de ser uno los principales convocantes a la Marcha Blanca contra la inseguridad en 2004.

En la plantilla de accionistas de EGP Evaluación y Gestión de Proyectos no solo aparece Schütte Elguero, también se enlista a Mario Moises Rozenstein Szraiber, quien presidió la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y quien también fue denunciado penalmente por la Función Pública, tras vender un predio que le pertenecía al gobierno federal en Sierra Gorda, Lomas de Chapultepec, a precios por debajo de los del mercado.

Fernando Schütte Elguero también es fundador de otras firmas en el ramo inmobiliario, entre ellas Edificación y Desarrollo Bloque, en donde también participa Amado Felipe Vega Robledo, político priista que coordinó en San Luis Potosí a los seguidores de Xóchitl Gálvez en la última campaña por la Presidencia de la República.

Solo dos años después de las acusaciones de fraude que persiguieron a su padre, en 2018, Javier Schütte Ricaud creó el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados, que al no contar con prestigio en el nicho ha tomado a su cargo casos mediáticos como el de Ainara, quien inició un proceso contra la youtuber YosStop y el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Tal como se observa en la página oficial de la firma, el bufete presume defender a servidores públicos acusados de blanqueo de capitales y contrabando, incluso en ejemplos que resonaron a nivel nacional por su importancia político-económica.

“Patrocinamos exitosamente la defensa de un Subsecretario del Gobierno Federal respecto de acusaciones en su contra de extorsión, así como de haber filtrado audios de conversaciones de miembros del gabinete”, se lee en el sitio correspondiente.

A inicios de diciembre, Schütte y Delsol Gojon Abogados se convirtió en el equipo litigante de Hernán Gómez Bruera, señalado de presuntamente cometer daño moral, pornografía en perjuicio de un menor de edad, además de acoso sexual en el Congreso Iberosfera 2022, entre otros abusos contra el alumnado.

Javier Schütte Ricaud, hijo de Schütte Elguero, nunca transparentó sus percepciones durante su paso como asesor jurídico de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.